Cristina Yohara Cazares Sánchez

Expediente 1615/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 42 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1615/2018
Año
2018
Actuaciones
42
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • Cristina Yohara Cazares Sánchez
  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio allegado por la superioridad, con el cual devuelve el expediente de este juicio, y dos tomos de pruebas; asimismo, remite testimonio de la resolución dictada en el incidente de inejecución de sentencia 10/2022, en el que se resolvió: "Único. Existe imposibilidad para cumplir con la sentencia de amparo dictada el seis de febrero de dos mil veinte, por el Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa en auxilio del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, dentro del juicio de amparo indirecto 1615/2018." Acúsese el recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, intégrese el cuaderno de antecedentes relativo, desglosando del mismo las fotocopias certificadas con que se formó, ya que son susceptibles de destrucción En ese contexto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, ordenándose el archivo definitivo del mismo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, de conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimento con el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptible de depuración, por haberse otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el seis de octubre de dos mil veinticinco. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente y solicítese la transferencia del expediente principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, devuélvanse a su lugar de origen las constancias remitidas por la autoridad responsable, relativas a la carpeta de investigación 0204-2018-52905, en dos tomos; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Finalmente, en cumplimiento al artículo 18, fracción III, inciso c), párrafo segundo, del acuerdo en comento, se requiere a las partes, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, en caso de haber exhibido documentación original y/o fotocopias certificadas, comparezcan ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para su devolución, apercibiéndoles que de no hacerlo, tales probanzas serán destruidas.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio 493/2021, dirigido al otrora Secretario de Seguridad Pública del Estado de Baja California, con sede en Mexicali; sin embargo, resulta un hecho notorio que dejó de existir con tal denominación, por tanto, a fin de que el presente expediente se encuentre debidamente integrado a efecto de ser remitido a la superioridad, reexpídase la citada misiva con la denominación actual de la autoridad responsable.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación con el pretendido cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar las constancias que obran en autos para determinar si dicho fallo se encuentra cumplido o no. En el presente asunto, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Cristina Yohara Cázares Sánchez, para los efectos siguientes: "[.] los efectos de la concesión del amparo, para que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Zona Mariano Matamoros, con sede en Tijuana, Baja California: Con plenitud de jurisdicción, provea de inmediato en la carpeta de investigación 0204-2018-52905, de su control, respecto a la medida de protección relativa a la quejosa; fundando y motivando adecuadamente su determinación, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción V, párrafo segundo, de la Constitución Federal; 109 fracción XVI; y, 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales; siguiendo los lineamientos trazados en esta sentencia; y, Notifique personalmente esa determinación a la quejosa, conforme a la normatividad aplicable al caso concreto". Posteriormente, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. En atención a lo solicitado, la autoridad responsable informó los actos tendentes a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Sin embargo, previo requerimiento, el agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación Zona Mariano Matamoros adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana, entre otras cosas, refirió que fue comisionado a dicha unidad investigadora a partir del dieciocho de mayo de dos mil veinte, circunstancia que acredita con la misiva 146/AUX/05/2020, signada por la Fiscal Regional Tijuana; asimismo, sostiene que del acta de entrega-recepción de las carpetas de investigación en trámite realizada el veintiséis del mismo mes y año, no se advierte trasmisión por parte del otrora titular de la unidad investigadora de la carpeta de investigación 0204-2018-52905, por lo que no le es posible dar seguimiento ni hacer determinación alguna, desconociendo de la existencia de la citada carpeta, así como del presente juicio de amparo, a más que los intentos realizados para localizar a la quejosa han resultado infructuosos, pues sólo se logró entablar comunicación con la agraviada a través de una llamada telefónica, en la que la propia impetrante manifestó: "[.] que no se encuentra en esta Ciudad, y no sabe la fecha de cuando va a regresar no proporcionando su domicilio para su localización [.]", por lo que ante tales circunstancias a la responsable vinculada le es imposible dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. En consecuencia, lo procedente es declarar la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento con el fallo protector, por lo que, una vez que transcurra para las partes el plazo previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, se ordenará remitir los autos del presente asunto al tribunal colegiado de circuito correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 196 de la ley de la materia. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el comunicado remitido por la autoridad responsable; en atención a su contenido, se le tiene informando la imposibilidad para acatar la sentencia de amparo, y al efecto, allega las constancias con las que refiere acreditar su aserto. En consecuencia, con el contenido de las constancias relativas al acato del fallo protector, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, legalmente computado, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez trascurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad vinculada; lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo.

Quedan 38 actuaciones en este expediente

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