Cristina Yanet Sánchez Archundia
Expediente 817/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 817/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 12/12/2017
Partes del expediente
- Cristina Yanet Sánchez Archundia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
VII.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que las partes no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de catorce de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 187 a 189), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Así las cosas y visto el estado procesal que guarda el sumario en que se actúa del que se desprende que se encuentra debidamente integrado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, ya que mediante resolución de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete (fojas 153 a 169), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que en interlocutoria de ocho de junio de dos mil diecisiete (fojas 37 a 42) se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, inciso III). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia o relevancia. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Por otro lado, en términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días o por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió como anexo a su escrito inicial de demanda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Para lo cual se deberá dejar en su lugar copia simple por tratarse de un asunto concluido; asimismo, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para debida constancia legal. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. En otro aspecto, si bien es cierto que la notificación del presente acuerdo debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que el peticionario de amparo haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante proveído de uno de junio de la presente anualidad (fojas 19 a 23), se tuvo como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
VII.- Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesada, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto a la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo; razón por la cual, de conformidad a lo dispuesto por la fracción II del artículo 196 de la Ley de Amparo y tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, éste tribunal procede a estudiar si se dio cumplimiento a dicho fallo protector. En principio, cabe precisar que la parte quejosa hizo consistir esencialmente el acto reclamado en: Todas y cada una de las actuaciones que integran el expediente 511/2016, relativo al juicio ordinario civil de reivindicación, promovido por Victorina Rosas Domínguez, contra Isabel Castillo Flores y Miguel García Rosales, del índice estadístico del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, incluyendo la sentencia definitiva, así como el acuerdo de tres de mayo de dos mil diecisiete, por el cual el Juez señalado como responsable ordena a la Ejecutora de su adscripción poner en posesión a la parte actora del inmueble ubicado en Narciso Mendoza, número doscientos diecinueve (219), antes número veintidós (22), colonia Barrio Santa Bárbara, en Toluca, Estado de México, respecto del cual la quejosa ostenta tener mejor derecho. El treinta de junio de dos mil diecisiete (fojas 95 a 109), se dictó la sentencia correspondiente en el presente sumario, en la que se resolvió: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Cristina Yanet Sánchez Archundia, por derecho propio, contra los actos que atribuyó al Juez y Ejecutor, ambos adscritos al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por los motivos expuestos en esta determinación. Posteriormente, por auto de veinte de julio de la presente anualidad (foja 123), previa prevención, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la quejosa Cristina Yanet Sánchez Archundia, en contra de la sentencia dictada en el presente sumario constitucional, del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, bajo el número de revisión 218/2017 y en el que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Cristina Yanet Sánchez Archundia, contra la autoridad y por el acto precisados en el resultando ultimo de este fallo" En tales condiciones, el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete (fojas 170 y 171) se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento, el cual debería ser en los términos siguientes: "En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de se deje insubsistente la sentencia reclamada y se reponga el procedimiento para llamar al juicio de origen a la quejosa y mientras tanto, no se le prive de su derecho de propiedad y posesión derivado de la compraventa que presentó junto con su demanda". En acatamiento a la sentencia de mérito, mediante oficio registrado con el número de control interno 24812 (foja 181) el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, remitió copia certificada del auto de veintisiete de octubre del año en curso dictado en el expediente 511/2016 de su índice, con lo cual aduce se da cumplimiento al fallo protector. De las constancias remitidas, las cuales por ser documentos públicos tienen valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se advierte que el Juez responsable dejó insubsistente la sentencia de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 511/2016, de su índice estadístico. De igual forma, en esa misma fecha ordenó reponer el procedimiento para llamar a juicio a la aquí quejosa Cristina Yanet Sánchez Archundia, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.77 del Código de Procedimientos Civiles, ordenó emplazarla en su calidad de tercero, a fin de que dentro del plazo de nueve días diera contestación a la demanda instaurada y opusiera excepciones y defensas en su favor. Por lo anterior, se advierte que se encuentra cumplida la sentencia dictada en autos del presente juicio, para los efectos del artículo 196 de la Ley de Amparo, en virtud de que la responsable ha realizado los actos que dentro de sus atribuciones le fue requerido para dar cumplimiento al fallo protector. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En otro aspecto, si bien es cierto que la notificación del presente acuerdo debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que el peticionario de amparo y tercera interesada hagan valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante proveídos de uno de junio de la presente anualidad (fojas 19 a 23) y ocho de junio de dos mil diecisiete (foja 31), se tuvo como domicilio de la parte quejosa y tercera interesada, respectivamente, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
VII.- Visto el primer oficio de cuenta signado por el Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Civil de Toluca, Estado de México, mediante el cual acusa recibo del diverso 34887/2017, por el que se le remitieron las constancias que adjuntó a su informe justificado, en atención a lo solicitado mediante el proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete (fojas 170 y 171). Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los presentes autos para que surtan los efectos legales procedentes y téngase por cumplido lo solicitado y sin efectos el apercibimiento decretado en auto de veinticinco de octubre pasado (fojas 170 y 171). Por otra parte, visto el segundo oficio de cuenta signado por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por el cual en cumplimiento a la sentencia concesoria dictada en este sumario, remite copia certificada del auto dictado el veintisiete de octubre del año en curso, en el expediente 511/2016, de su índice estadístico, con el que aduce acreditar fehacientemente su acatamiento. Con fundamento en el artículo 221 de la referida codificación supletoria, agréguese para que surta los efectos legales a que haya lugar; y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista con el referido comunicado, a la parte quejosa y tercera interesada por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Tribunal de Amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. En otro aspecto, si bien es cierto que la notificación del presente acuerdo debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que el peticionario de amparo y tercera interesada hagan valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante proveídos de uno de junio de la presente anualidad (fojas 19 a 23) y ocho de junio de dos mil diecisiete (foja 31), se tuvo como domicilio de la parte quejosa y tercera interesada, respectivamente, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
VII.-ecibido el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, remite los presentes autos y su anexo consistente en un legajo de copias certificadas del expediente 511/2016, así como testimonio certificado de la ejecutoria dictada por el órgano colegiado de su adscripción, en sesión celebrada el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, con motivo del recurso de revisión 218/2017 interpuesto por la quejosa Cristina Yanet Sánchez Archundia, en contra de la resolución emitida en el presente sumario constitucional, cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Cristina Yanet Sánchez Archundia, contra la autoridad y por el acto precisados en el resultando ultimo de este fallo" Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexo para que surtan los efectos legales procedentes; acúsese el recibo de estilo correspondiente; y, glósese el cuaderno de antecedentes respectivo en la inteligencia que deberán desglosarse las copias simples que integran el mismo, debiendo quedar integrado con las actuaciones originales que con lo conforman. En esas condiciones, mediante oficio remítase a la autoridad responsable Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, las constancias que remitió como complemento a su informe justificado, consistentes en un legajo de copias certificadas de las actuaciones relativas al juicio 511/2016 y requiérasele para que dentro del término de tres días contados legalmente, acuse el recibo correspondiente; apercibido que de ser omiso, se hará acreedor a una multa que podrá ser de cincuenta y hasta mil días de la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Ahora, en acatamiento a la ejecutoria de mérito y con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, de cumplimiento a la ejecutoria, y remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten, por lo que se le remitirá copia de la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado. En el entendido que de no hacerlo así, o bien, de no informar la imposibilidad que tenga para ello en el plazo concedido, podrá hacerse acreedor a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo, así como de los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
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