Cristina Vega Arguello
Expediente 460/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 460/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Cristina Vega Arguello
Actuaciones
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 460/2020; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. El siete de septiembre de dos mil veinte, ..., por propio derecho, presentó demanda de amparo, que por acuerdo de veinticinco de siguiente, se admitió; seguido su trámite, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio, conforme con lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. El acto reclamado consiste en orden de aseguramiento de veintisiete de agosto de dos mil veinte, respecto del inmueble ubicado en calle Aldana número 11, torre 17, departamento 203, colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco, en esta ciudad, dictada en la carpeta de investigación CI-FIDAMPU/A/UI-2 C/D/0218/08-2020, por el delito de despojo, atribuido a: 1. Licenciada Adriana Rivera Martínez Cairo, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación, Seis sin detenido de la Agencia del Ministerio Público "C", Área de Despojos de la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales en Materia de Protección Urbana y, 2. Jefe General de la Policía de Investigación de la Jefatura General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La autoridad responsable identificada en el arábigo 2, al rendir su informe justificado negó el acto atribuido, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa; por tanto, al no existir medio probatorio en contrario, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de derechos fundamentales. Ahora, la autoridad identificada en el punto 1, al rendir su informe justificado indicó que dentro de la carpeta de investigación CI-FIDAMPU/A/UI-2 C/D/218/08-2020, instaurada por el delito de despojo, se emitió la determinación de veintisiete de agosto de dos mil veinte, en el que se decretó el aseguramiento del inmueble ubicado en calle Aldana número 11, torre 17, departamento 203, colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco, en esta ciudad, e informó que dicha indagatoria se había formado con motivo de la denuncia formulada por Jesús Alejando Rodríguez Nava; por lo que, anexó copias certificadas de las constancias con las que acredita su decir, las que adquieren valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, motivo por el cual, se tiene plenamente probado. No obstante lo anterior, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; " "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. .." De lo anterior se desprende que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien la actuación de una autoridad perjudique un derecho subjetivo legítimamente tutelado. De ahí que resulta necesario que el acto de autoridad vulnere, en perjuicio del gobernado, un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, esto es, que le cause un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esa circunstancia no se encuentra acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Tratándose de actos de molestia, como los aquí reclamados, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protege entre otros derechos constitucionales la propiedad y posesión, la cual debe tener sustento en alguna figura jurídica prevista en la ley (compraventa, comodato, arrendamiento, usufructo, etcétera). Lo anterior, implica la necesidad de que la parte promovente del amparo acredite plenamente la existencia de un título que constituya la causa generadora de aquella, de manera que se tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a la tenencia del bien o bienes que, en su caso, recienten la actuación de autoridad, esto es, debe demostrar que es titular del derecho conculcado por el acto reclamado (propiedad o posesión). Ahora, es dable citar los antecedentes que dieron origen al acto reclamado: El veinticinco de agosto de dos mil veinte, Jesús Alejando Rodríguez Nava presentó querella por el delito de despojo respecto del inmueble ubicado en calle Aldana número 11, torre 17, departamento 203, colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco, en esta ciudad. El veintisiete de agosto de dos mil veinte, la autoridad ministerial decretó el aseguramiento de dicho bien inmueble. El veintiocho de septiembre siguiente, dejó sin efectos dicha determinación y decretó la entrega en calidad de posesión del citado inmueble a favor de Jesús Alejando Rodríguez Nava al haber acreditado la propiedad del mismo y exhibió las llaves, por lo que, giró oficio a la policía de investigación a efecto de que se trasladara a dicho domicilio y quitara los sellos correspondientes. El diecinueve de octubre de esa anualidad, se tuvo por formulada la denuncia de Cristina Vega Arguelllo por el delito de fraude, ordenándose el desglose de la carpeta de investigación. En esa misma fecha, ante la solicitud de la ahora quejosa de la entrega de los bienes muebles que se encuentran en el interior del citado domicilio, la representación social estimó procedente su petición. Derivado de la resolución pronunciada en el Q.P. 149/2020 (dentro del incidente de suspensión que deriva del presente asunto) en la que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito declaró fundado dicho medio de impugnación estableciendo lo siguiente: "39. Del contenido de los criterios jurisprudenciales se advierte que los efectos de la suspensión no están supeditados a su notificación, y que en todo caso la autoridad está obligada a revocar su actuación, considerando el instante en que se otorgó la suspensión siempre que la naturaleza del acto ejecutado lo admita (en este supuesto sí es factible), debido a que se trata de bien inmueble que puede volverse a asegurar.(...) 42.al advertirse que la autoridad ministerial incurrió en defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva y con el fin de que la medida suspensional sea acatada deben retrotraerse las cosas al estado que estaban antes de la entrega del bien inmueble al tercero interesado realizada el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, esto es, ordenar a la agente del Ministerio Público a la Unidad de Investigación, Seis sin detenido de la Agencia del Ministerio Público "C", Área de Despojos de la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales en Materia de Protección Urbana decrete nuevamente dentro de la carpeta de investigación CI-FIDAMPU/A/UI- 2C/D/2018/08/2020 el aseguramiento del inmueble ubicado en Aldana número 11, Torre 17, departamento 203, colonia Del Gas, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, a fin de mantener viva la materia del amparo y evitar daños o perjuicios de difícil o imposible reparación a la parte quejosa." En tal virtud, la autoridad ministerial responsable en el citado cuaderno incidental retrotrajo las cosas al estado que estaban. Así las cosas, el acto reclamado lo constituye el acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veinte, dictado en la carpeta de investigación CI-FIDAMPU/A/UI-2 C/D/218/08-2020, a través del cual se decretó el aseguramiento del inmueble ubicado en calle Aldana número 11, torre 17, departamento 203, colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco, en esta ciudad; no obstante, la parte promovente no exhibió documento idóneo para acreditar su interés jurídico sobre el bien inmueble en cuestión. En efecto, para acreditar su interés jurídico sobre el bien inmueble antes citado, exhibió: 1. Copia simple del testimonio notarial 35,335 pasado ante la fe del Notario Público número 84 del entonces Distrito Federal, el cual contiene la transmisión de propiedad en ejecución de fideicomiso y extinción parcial del inmueble objeto del acto reclamado, así como en el inciso II de la misma escritura "El reconocimiento de adeudo con interés y garantía hipotecaria", celebrado por el señor Michael Ramírez Negrete, en favor del Instituto de Vivienda del Distrito Federal. 2. Contrato de compraventa celebrado entre Cristina Vega Argüello, en su carácter de compradora y Michael Ramírez Negrete, en su calidad de vendedor, respecto del inmueble que reclama del que contrario a lo que señala la promovente, no se desprende fecha cierta de su celebración. 3. Copia simple de la identificación oficial del vendedor. 4. Original de la tarjeta de presentación proporcionada por el vendedor, ostentándose como agente inmobiliario. Sin embargo, no resultan idóneas para demostrar tal extremo, pues el citado testimonio en todo caso únicamente acredita la transmisión de propiedad en ejecución de fideicomiso y extinción parcial del inmueble objeto del acto reclamado, así como en el inciso II de la misma escritura "El reconocimiento de adeudo con interés y garantía hipotecaria", celebrado por el señor Michael Ramírez Negrete, en favor del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, no así de la aquí quejosa. La citada identificación y tarjeta de presentación solo pudieran acreditar quién fue la persona que le ofreció en venta el inmueble de mérito. Mientras que el contrato de compraventa no es de "fecha cierta"; circunstancia que se actualiza a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, lo que en el caso no acontece. En este tenor, el documento privado exhibido no resulta suficiente para acreditar su interés jurídico y, en vía de consecuencia, para estimar que tiene la legal posesión del inmueble en el que se materializó el aseguramiento reclamado, dado que es ineficaz para demostrar que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, haya tenido el derecho de posesión del bien inmueble que dice afectado por el acto de autoridad reclamado; de ahí que no compruebe su interés jurídico para efectos del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 46/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Diciembre de 1999, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Lo anterior, sin que se inadvierte que en la citada carpeta de investigación el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se giró un citatorio al ocupante, poseedor, encargado, vigilante, arrendatario, propietario del referido inmueble y, el doce de octubre siguiente la aquí quejosa se presentó a rendir declaración por ser la que ocupó el domicilio hasta el veintiocho de agosto del referido año; empero, ello lo hizo en calidad de testigo, no de imputada, en donde narró la operación de compra venta que realizó con el supuesto vendedor, se querelló por el delito de fraude y solicitó se le permitiera sacara sus muebles. Ante tal situación, el diecinueve de octubre de dos mil veinte, la autoridad ministerial tuvo por formulada la denuncia de ... por el delito de fraude, ordenó el desglose correspondiente y considerando que Jesús Alejandro Rodríguez Nava se querelló por el delito de despojo cometido en su contra y contra quien o quienes resultaren responsables, ordenó la entrega a aquella de los bienes muebles que se encontraban en el interior del inmueble. Bajo tales consideraciones, procede tener por actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5º, fracción I, 6º, y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, y por ende procede sobreseer en el presente juicio, respecto de la orden de aseguramiento respecto del bien inmueble ubicado en calle Aldana número 11, torre 17, departamento 203, colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco, en esta ciudad. CUARTO. La parte quejosa no se opuso a la publicación de datos sensibles, por tal motivo deberán suprimirse sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 460/2020-V, promovido por .... SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que en su caso pueda contener esta resolución, en términos del considerando tercero. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio suscrito por el secretario del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del diverso, por el que se remitieron los autos del juicio de amparo 460/2020-V, original y copia del escrito de expresión de agravios, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la resolución dictada el trece de noviembre de dos mil veinte, el cual fue admitido y registrado con el número R.P. 22/2021. Notifíquese.
- Incidental
Agréguese el oficio 4127/2020, suscrito por el secretario de acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que acusa recibo de las copias certificadas relativas al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 460/2020; original y copia del escrito mediante el cual interpuso recurso de queja y formuló agravios el autorizado de la parte quejosa; informando que el citado medio de impugnación se admitió a trámite y quedó registrado con el número Q.P. 149/2020, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,802 expedientes
- Cristian Leyva López y Otros.847/2023
- Cristian Nabucodonosor Gobera Bojalil493/2015
- Cristian Quiroz Lugo688/2020
- Cristian Yair Zavala de Jesús184/2021
- Cristina González Martínez119/2022
- Cristina Lorena Ramos Ponce285/2019
- Cristo Pedro Mario Celis Estrada225/2017
- Cristóbal Luna Díaz813/2016
- Cristobal Sosa Sheridan93/2021
- Cristofer Alonso Fernández y Otros.220/2022
- Cristoper Ortega González573/2015
- Cristopher Castrejón Cid104/2019