Cristina Soriano Sedeño

Expediente 826/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
826/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Cristina Soriano Sedeño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de catorce d noviembre de dos mil veintitrés, que dice: Juicio de amparo: 826/2023 Parte quejosa: ******************** Jueza: Nadyelly López Guevara Secretario: Mac Quetzin Murillón Duarte S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 826/2023; y R E S U L T A N D O 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el catorce de junio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido el mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, ********************, por su propio derecho y en su carácter de albacea y única heredera de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************o ********************o ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORA: Jueza Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el (sic) Estado de Morelos. IV.- ACTO RECLAMADO: 1.- Lo constituye: La resolución de fecha veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de REVOCACIÓN, interpuesto por la Lic. (sic) ********************, en su carácter de abogado patrono (sic) de la suscrita quejosa, dentro de la segunda sección denominada de inventarios y avalúos que se sigue en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********************, registrado bajo el número de expediente ********************en la segunda secretaría del Juzgado Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el (sic) Estado de Morelos." 2. Prevención, admisión y trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de quince de junio de dos mil veintitrés, este juzgado previno a la quejosa para que en el término de cinco días, manifestara bajo protesta de decir verdad lo siguiente: a) exhibiera una copia con el contenido del acto reclamado consistente en la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, o, b) en su caso, señalara qué se determinó en la resolución reclamada; lo anterior con la finalidad de fijar de manera correcta la litis y, en su caso la procedencia o no del juicio, prevención que se realizó con el apercibimiento que de no cumplir con ello dentro del plazo indicado, se tendría por no presentada la demanda. En cumplimiento a lo anterior, la aquí solicitante de amparo, mediante escrito presentado ante este Juzgado de Distrito el veinte de junio de dos mil veintitrés, subsanó la referida prevención en los siguientes términos: a) anexó copia del acto reclamado y b) transcribió los resolutivos de la respectiva resolución reclamada. Consecuentemente, por auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito admitió la demanda referida, pidió a la autoridad responsable su informe justificado, reservó acordar lo conducente respecto de la parte tercera interesada, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado respectivo. Además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Asimismo, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Finalmente, una vez sustanciado el juicio, la audiencia constitucional se celebró el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés; y C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo promovido contra un acto atribuido a una autoridad jurisdiccional local, el cual tiene ejecución en el lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado de amparo. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio, consiste en: Autoridades responsables 1. Jueza Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Jonacatepec. Acto reclamado La sentencia interlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, relativa a la segunda sección denominada inventario y avalúo del juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********************y/o ********************y/o ********************, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa en contra del acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés (en el que se dejó sin efecto la citación a sentencia respecto de la aprobación de inventario y avalúo y se ordenó devolver los autos a la secretaría a efecto de requerir a la aquí solicitante de amparo para que promoviera la acción civil que legalmente corresponda a fin de que perfeccionara el contrato privado de compraventa que exhibió para incoar la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario en cuestión, dado que no se encuentra inscrito ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, por lo que no puede ser oponible a terceros y por ello no se puede aprobar el inventario y avalúo propuesto). III. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Jueza Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Jonacatepec, pues además de que al rendir su informe justificado aceptó su existencia, tal afirmación se encuentra corroborada con las copias certificadas de las constancias que remitió del expediente ********************, relativo a la segunda sección denominada inventarios y avalúos del juicio sucesorio intestamentario a bienes de María de los Ángeles Evodia Sedeño Villalva, ********************y/o ********************, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, por tratarse de documentales públicas, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, y dentro de las que obra la resolución reclamada, en consecuencia, dichas aseveraciones y tales documentales resultan suficientes para acreditar su existencia. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. Es oportuna la presentación de la demanda de amparo, pues la abogada patrono de la parte quejosa fue notificada de la resolución reclamada en forma personal el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés; así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintinueve de mayo al dieciséis de junio de dos mil veintitrés, descontando el veintisiete y veintiocho de mayo, tres, cuatro, diez y once de junio, todos del año citado, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; por lo que si la demanda fue presentada el catorce de junio de dos mil veintitrés, antepenúltimo día, es concluyente su oportunidad. V. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, las partes no hacen valer causa de improcedencia alguna con relación al acto reclamado y este juzgado no advierte de oficio que se actualice una de ellas, de modo que procede ocuparse del fondo del asunto. VI. Antecedentes del acto reclamado. En principio, para un mejor entendimiento del presente fallo, resulta pertinente destacar los antecedentes jurídicamente relevantes que se narran enseguida, los cuales se obtienen de las constancias remitidas por la autoridad responsable: 1. Mediante escrito presentado por la aquí quejosa ante la Jueza de origen el tres de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente ********************relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********************y/o ********************y/o ********************, promovió la segunda sección de la sucesión referida denominada inventarios y avalúos, en la que señaló que el único bien inmueble que conformaba el acervo hereditario era el predio urbano ubicado en ********************actualmente ********************Además, para comprobar la propiedad del inmueble antes descrito anexó un contrato privado de compraventa de diecisiete de febrero de dos mil uno, celebrado entre ******************** y la de cujus ********************. De igual forma, exhibió el avalúo respectivo del inmueble señalado, practicado por el arquitecto********************. 2. Al respecto, la Jueza de origen mediante acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés requirió a la aquí quejosa para que exhibiera el certificado de libertad de gravamen expedido por el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, donde se encontrara inscrito el inmueble antes descrito para efecto de proveer lo conducente. 3. En cumplimiento a lo anterior, por escrito presentado el trece de marzo de dos mil veintitrés ante el Juzgado de origen, la aquí solicitante de amparo manifestó la imposibilidad que tenía para exhibir el certificado de libertad de gravamen requerido, pues el inmueble perteneciente a la masa hereditaria no se encontraba inscrito en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, no obstante, indicó que se encontraba inscrito ante la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Temoac, Morelos, bajo la cuenta catastral ********************4. Mediante acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, la Jueza de origen tuvo por hechas las manifestaciones de la aquí quejosa respecto a la imposibilidad de exhibir el certificado de libertad o de gravamen del inmueble que conforma el acervo hereditario, en consecuencia, consideró que la aquí solicitante de amparo reunió los requisitos del artículo 737 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos para aperturar la segunda sección de la sucesión intestamentaria en cuestión denominada "inventarios y avalúos", por lo que dio vista a la Agente del Ministerio Público de su adscripción para que manifestara lo que a su representación social le correspondía. 5. Una vez que la representación social adscrita al Juzgado de origen manifestó su conformidad con la apertura de la segunda sección indicada, por acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, la Jueza de origen turnó los autos para resolver lo que en derecho correspondiera. 6. Por auto de trece de abril de dos mil veintitrés, la Jueza de origen dejó sin efecto la citación a sentencia realizada en auto de treinta y uno de marzo del mismo año, ordenando devolver los autos a la secretaría respectiva para que proveyera lo conducente, por los siguientes argumentos: a) Señaló que el numeral 728 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos establece los requerimientos que debe llenar el inventario, entre ellos, los títulos, registros y demás documentos que amparen la propiedad de los bienes que formen parte del acervo hereditario, lo cual no aconteció en el caso particular. b) Explicó que el contrato privado de compraventa que fue exhibido para acreditar la propiedad no cumplió con las formalidades que la ley exige para poder ser considerado un título de propiedad que pueda ser oponible a terceros, es decir, que no estaba debidamente constituido el derecho real sobre el inmueble que pertenece a la masa hereditaria, para poder disponer o aprovechar total o parcialmente de dicho predio, siendo este derecho oponible a terceros. c) Señaló que si el bien inmueble no se encontraba inscrito ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos constituye una limitante que tienen los herederos para poder disponer del bien inmueble en cuestión, lo que es un obstáculo para poder aprobar el inventario, ya que es en esta etapa donde se analizan los títulos, registros y demás documentos que amparan la propiedad de los bienes que forman parte del acervo hereditario y al ser un título imperfecto el contrato privado de compraventa exhibido por la aquí quejosa, resultaba inconcuso que la sucesión debía iniciar la acción civil respectiva para poder constituir el derecho de propiedad que tiene sobre el bien multicitado. d) Mencionó que, una vez perfeccionado el título privado de referencia se estaría en condiciones de aprobar el inventario exhibido, fundando sus argumentos en los artículos 728, fracción I, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, así como en los diversos 999, 1237, 1238 y 1243 del Código Civil del Estado de Morelos vigente, de aplicación supletoria al juicio sucesorio intestamentario en cuestión. e) Por tanto, requirió a la aquí quejosa para que promoviera la acción civil que legalmente corresponda a fin de perfeccionar el contrato privado de compraventa que exhibió, a efecto de estar en condiciones de aprobar la segunda sección de la sucesión intestamentaria que nos ocupa. 7. En contra de dicha determinación, la aquí quejosa interpuso recurso de revocación, mediante el cual manifestó los siguientes agravios: a) Que sí cumplió con los requisitos que señala el artículo 728 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, ya que exhibió el original del título que ampara el único bien inmueble afecto a la sucesión, además hizo del conocimiento a la Jueza de origen que se encontraba inscrito ante la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Temoac, Morelos, bajo la clave ********************, por lo que no era factible que no se considerara como título de propiedad el contrato privado de compraventa que exhibió, ya que contrario a ello, dicho contrato es el documento mediante el cual se traslada el dominio de un inmueble. b) Transcribió los artículos 999, 1237, 1238, 1243, 1018, 1019, 1729, 1730, 1805 y 1807, todos del Código Procesal Civil vigente en el Estado de Morelos e indicó que el contrato de compraventa que exhibió sí cumple con las formalidades que exige la ley en la fecha de su celebración, pues el costo de la operación no excedió de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos, fue celebrado ante dos testigos y lo ratificaron ante la presencia del Juez competente. c) Señaló que el Registro Público de la Propiedad es una institución que sirve para dar publicidad a los actos jurídicos que deban ser inscritos, como en ciertos casos la compraventa de inmuebles lo cual tiene como finalidad que los terceros ajenos a la relación contractual puedan tener conocimiento de la celebración de esos actos y de la titularidad de los bienes enajenados, a fin de evitarles fraudes y perjuicios como consecuencia de la ignorancia de los mismos; por lo que si un acto que deba inscribirse no se inscribe, solo no surtirá efectos contra terceros, pero ello no significa que el acto sea inexistente, de tal manera, que el derecho de propiedad se genera del acto jurídico celebrado entre las partes y no depende de la inscripción de dicho acto en el registro público. 8. Por resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, la Jueza de origen resolvió el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, en la que al analizar los agravios expresados, sostuvo lo siguiente: a) Indicó que los agravios expresados por la recurrente eran inoperantes, dado que el expresar agravios es un acto de contra argumentación, que implica emitir razonamientos que desacrediten, desestimen, invaliden o tiendan a nulificar los fundamentos y motivos que sirvieron de sustento a la autoridad para fundar y motivar la resolución impugnada, o los derechos o actos omitidos; asimismo invocó diversos criterios aislados y jurisprudenciales para sostener su argumento. b) Por lo que una vez que explicó el significado de expresar agravios o la causa de pedir, confrontó los agravios expuestos por la recurrente -aquí quejosa-, en los que sostuvo que el contrato privado de compraventa exhibido como título cumplió con las formalidades que la ley establece para acreditar la propiedad del inmueble, sin embargo, el auto recurrido explica y justifica la necesidad de perfeccionar el título exhibido por la aquí solicitante de amparo, en razón de que es en la etapa de inventario y avalúo en la que se analizan los títulos, registros y demás documentos que amparen la propiedad de los bienes que forman parte del acervo hereditario, en términos del artículo 728, fracción I, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, a fin de evitar que en la etapa denominada "adjudicación" exista un obstáculo para llevar a cabo dicha actuación, lo cual quedó expresado en el auto motivo del recurso de revocación. Señaló que la recurrente en sus agravios únicamente realizó meras afirmaciones sin exponer fundadamente lo innecesario que era perfeccionar el título exhibido o bien, que lo requerido por esa autoridad judicial era carente de sustento jurídico o que vulneró sus derechos fundamentales sustantivos, aunado a que debía referirse al fundamento y razones decisorias que tendieran a evidenciar la ilegalidad del auto combatido, no obstante, de ser su obligación, de ahí la inoperancia de sus agravios. b) En ese sentido, declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, dejando firme el acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés. Determinación que constituye el acto reclamado. VII. Estudio de los conceptos de violación. El concepto de violación hecho valer por la solicitante de amparo contra el acto reclamado resulta infundado. Al respecto, es preciso señalar el concepto de violación esgrimido por la quejosa, el cual se resume de la manera siguiente: 1. Que la resolución combatida viola la esfera jurídica de la quejosa, ya que no está debidamente fundada y motivada, pues no le da una razón expresa del por qué a su criterio estimó inoperantes los agravios que esgrimió en el recurso de revocación. Además, señala que la Jueza de origen no consideró sus argumentos para el efecto de desvirtuar que al momento de promover la apertura de la segunda sección del juicio intestamentario en cuestión dio cabal cumplimiento a lo ordenado en el numeral 728 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, por lo que la autoridad responsable no fundó ni motivó la causa o razón del por qué la quejosa debe iniciar otro juicio o acción para efecto de perfeccionar el título de propiedad del bien afecto a la masa hereditaria. Puntualizado lo anterior, como se adelantó, el concepto de violación antes descrito es infundado, por las siguientes consideraciones: Del análisis de la resolución reclamada, se advierte que sí se encuentra debidamente fundada y motivada, pues la autoridad responsable expresó con precisión los preceptos legales aplicables al caso y señaló las circunstancias y razones particulares que tomó en consideración para llegar a su conclusión; de ahí que se estime que dicha resolución no carece de fundamentación, así como de la motivación respectiva. En efecto, el artículo 16 de la Carta Magna, en su párrafo primero establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Del contenido del artículo parcialmente transcrito, se advierte que todo acto de autoridad debe cumplir los siguientes requisitos: a) Que provenga de autoridad competente; y, b) Que en el documento escrito en que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Por fundamentación debe entenderse, que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por motivación, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Dicho en otras palabras, el artículo transcrito, en su párrafo primero, consagra el derecho humano de legalidad consistente en la debida fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en su actuar, lo que significa que cada uno de sus actos debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general, esto es, que la ley prevea una situación concreta para autorizar determinado acto, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, siempre y cuando expresen las circunstancias y modalidades del caso particular por las que consideran que los hechos encuadran dentro del marco establecido por la ley. Así, para que una autoridad cumpla con los extremos del párrafo primero del artículo 16 Constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos lógico jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Tal razonamiento encuentra sustento en la Jurisprudencia 204, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, con número de registro 238212, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Debe distinguirse entre falta y la indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad; la falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa; en cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, empero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa o bien ésta se interpreta en forma errónea. Ahora bien, contrario a lo que aduce la quejosa, la Jueza de origen sí funda y motiva las razones por las cuales declaró inoperantes los agravios esgrimidos por la solicitante de amparo en el recurso de revocación que interpuso ante la autoridad responsable, tal como se aprecia del siguiente extracto de la sentencia reclamada: "Ahora bien, en el caso en estudio se tiene que los agravios expresados por la recurrente se desestiman por inoperantes -una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante-, en virtud de que el expresar agravios es un acto de contra argumentación, el que implica emitir razonamientos que desacrediten, deslegitimen, invaliden o tienda a nulificar los fundamentos y motivos que sirvieron de sustento a la autoridad para fundar y motivar la resolución impugnada, o los derechos o actos omitidos. OVALLE FAVELA sostiene que: "La motivación del medio de impugnación consiste en la exposición de los razonamientos con base en los cuales el impugnador estima que el acto o la omisión combatidos no se apegan a derecho. A la exposición de argumentos o motivos de inconformidad contra el acto o la omisión impugnados se le denomina normalmente expresión de agravios". Por otro lado algunos conceptos que pueden clarificar un poco más la naturaleza de la expresión de agravios son establecidos por el propio Poder Judicial de la Federación, como se aprecia en los siguientes criterios: "AGRAVIOS, CONCEPTO DE." (transcribe) "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN." (transcribe) "AGRAVIOS." (transcribe) "AGRAVIOS. MODO DE EXPRESARLOS" (transcribe) Cabe señalar que de acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa pretendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1ª./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de la suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o legales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). En ese sentido y confrontado que fueron los hechos expuestos por el recurrente en su escrito de cuenta 2976, así como los argumentos que vierte en los que sostiene que el contrato privado de compraventa exhibido como "título" cumple con las formalidades que la ley establece para acreditar la propiedad del inmueble, sin embargo, el auto recurrido explica y justifica la necesidad de perfeccionar el "título" exhibido por la albacea de la sucesión intestamentaria, en razón de que es en la etapa de los juicios sucesorios intestamentarios denominada "inventarios", donde se analizan los títulos, registros y demás documentos que amparen la propiedad de los bienes que forman parte del acervo hereditario, ello en términos del artículo 728, fracción I, del Código Procesal Familiar, a fin de evitar que en la etapa denominada "adjudicación" exista un obstáculo para llevar a cabo dicha actuación, lo cual, quedó expresado en el auto motivo del recurso de revocación y los hechos y argumentos que vierte la recurrente a criterio de quien resuelve son meras afirmaciones sin exponer fundadamente lo innecesario que es perfeccionar el "título" exhibido o bien que lo requerido por esta autoridad judicial sea carente de sustento jurídico, o bien que vulnera derechos fundamentales sustantivos, aunado a que debe referirse al fundamento, razones decisorias que tiendan a evidenciar la ilegalidad del auto combatido, no obstante de ser su obligación; de ahí que los conceptos de violación planteados devienen inoperantes. (.)" Entonces, de la lectura integral de las partes esenciales de la resolución reclamada antes transcrita, se advierte que la Jueza de origen sí dio razón fundada y motivada del por qué estimó inoperantes los agravios que esgrimió la recurrente en el recurso de revocación presentado, pues señaló que el auto recurrido explica y justifica la necesidad de perfeccionar el "título" exhibido por la albacea de la sucesión intestamentaria -aquí quejosa-, en razón de que es en la etapa de los juicios sucesorios intestamentarios denominada "inventarios", donde se analizan los títulos, registros y demás documentos que amparen la propiedad de los bienes que forman parte del acervo hereditario, ello en términos del artículo 728, fracción I, del Código Procesal Familiar, a fin de evitar que en la etapa denominada "adjudicación" exista un obstáculo para llevar a cabo dicha actuación. Por lo que, al analizar sus agravios en los que la aquí impetrante de amparo sostuvo que el contrato privado de compraventa exhibido como "título" cumple con las formalidades que la ley establece para acreditar la propiedad del inmueble, advirtió que los mismos no confrontaron la determinación recurrida, esto es, la aquí quejosa no expuso lo innecesario que es perfeccionar el "título" exhibido o bien que lo requerido por la autoridad responsable careciera de sustento jurídico, o que lo determinado le vulnera sus derechos fundamentales, entonces al no haber alegado tales cuestiones, la autoridad responsable declaró inoperantes sus agravios, de ahí que se estime que la determinación reclamada no carece de fundamentación y motivación. De igual forma, también es infundada la manifestación de la quejosa con relación a que la Jueza de origen no consideró el agravio en el que expresó que al momento de promover la apertura de la segunda sección del juicio intestamentario en cuestión dio cabal cumplimiento a lo ordenado en el numeral 728 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos. Pues contrario a ello, la Jueza de origen sí tomo en cuenta los agravios que la aquí quejosa esgrimió en su recurso de revocación, no obstante, no fueron analizados en cuanto al fondo dada la inoperancia de los mismos. A mayor abundamiento, la parte quejosa señala que esgrimió como agravio ante la Juez responsable el hecho de que cumplió con los requisitos que impone el numeral 728 de la ley adjetiva familiar del Estado de Morelos, esto es, que al promover la segunda sección de la sucesión intestamentaria en cuestión denominada "inventarios y avalúos" exhibió en original el título que ampara el único bien inmueble que forma parte de la sucesión, el cual cumple con todas las formalidades para acreditar la propiedad del mismo -que se celebró ante la presencia de dos testigos, ratificado ante la presencia del Juez de Paz competente, además que el costo de la operación no excedió de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos-. No obstante, como ya se dijo, dicho agravio no atacó las consideraciones del auto combatido en el recurso de revocación, pues en tal acuerdo se indicó que el contrato privado de compraventa que exhibió la aquí quejosa para acreditar la propiedad no cumplió con las formalidades que la ley exige para poder ser considerado como un título de propiedad que pueda ser oponible a terceros, lo que se traduce en que al no estar inscrito en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, constituye una limitación que tienen los herederos para poder disponer plenamente del bien antes mencionado, lo cual es un obstáculo para aprobar la segunda sección, ya que en esa etapa se analizan los títulos, registros y demás documentos que amparan la propiedad de los bienes que forman parte del acervo hereditario. Es decir, la Jueza de origen estableció la necesidad de inscribir el título exhibido por la aquí quejosa en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. No obstante, la aquí solicitante de amparo al interponer recurso de revocación en contra de dicha determinación, señaló en sus agravios que sí cumplió con lo que establece el artículo 728 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, al exhibir en original el título que ampara el único bien inmueble que pertenece a la sucesión intestamentaria, el cual cumple con las formalidades que exige la ley civil del Estado de Morelos para transmitir la propiedad, alegando que se celebró ante la presencia de dos testigos, ratificado ante la presencia del Juez de Paz competente y, además que el costo de la operación no excedió de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos. Sin embargo, ello no atacó la consideración toral del acuerdo que recurrió a través del recurso de revocación, esto es, que su contrato privado de compraventa debía estar inscrito ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos para ser oponible a terceros, a efecto de que fuera aprobada la segunda sección denominada de inventarios y avalúos de la sucesión intestamentaria en cuestión. Pues para combatir tal determinación, debió alegar por qué no existe la necesidad de inscribir su contrato privado de compraventa en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos o bien, el motivo por el cual no debe perfeccionarse su título como lo requirió la autoridad responsable y los fundamentos legales de esos argumentos, sin que lo haya hecho así. Consecuentemente, la autoridad responsable estimó inoperante su agravio; por lo que contrario a lo que aduce la quejosa, su inconformidad sí fue considerada sin que haya sido motivo de análisis de fondo por haberse declarado inoperante, en virtud de que no atacó las consideraciones del auto que reclamó, de ahí que su concepto de violación resulte infundado. Luego, al haberse desestimado los conceptos de violación en estudio, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa. Por tanto, con fundamento, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** por su propio derecho y en su carácter de albacea y única heredera universal de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************o ********************y/o ********************, respecto del acto precisado en el considerando II de esta sentencia, por los fundamentos y motivos expuestos en el último de ellos. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe, hoy catorce de noviembre de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.

  2. Principal

    Audiencia Constitucional Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. En Cuernavaca, Morelos, a las once horas con treinta minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Rosa María Luna Mercado, secretaria con quien legalmente actúa, inició la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 826/2023, promovido por ******, por su propio derecho y con el carácter de albacea y única heredera universal de la sucesión intestamentaria a bienes de ********, sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, la secretaria hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado rendido por la autoridad responsable. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: La secretaria procede a dar cuenta con las pruebas ofrecidas por la quejosa y la autoridad responsable como anexo a su informe justificado. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza jurídica las pruebas documentales, exhibidas por la quejosa y la autoridad responsable. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: En el que la secretaria hace constar que ninguna de las partes ejerció ese derecho ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, quedan los autos en estado de resolución. Doy fe. (Firmado electrónicamente) Nadyelly López Guevara. Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos. (Firmado electrónicamente) Rosa María Luna Mercado Secretaria del Juzgado. Rosa María Luna Mercado, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, certifica: que la hora del cierre de la audiencia contenida en la evidencia criptográfica correspondiente a las firmas electrónicas, no coincide con la hora de la audiencia precedente, en razón de la carga de trabajo existente en este órgano jurisdiccional, tanto en audiencias como trámite y atención a las partes que asisten a consultar sus expedientes. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado de Distrito el veinticuatro de agosto del año en curso, informa que en el juicio de origen no existe contraparte ni persona que tenga interés contrario a la quejosa y remite copia certificada de la resolución interlocutoria sobre reconocimiento de herederos y nombramiento de albacea, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte, que por auto de catorce de julio del año en curso se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Jueza Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Jonacatepec, Morelos y remitió diversas constancias, sin embargo de las mismas no se advierte el nombre de la contraparte en el juicio de origen 394/2022-2 de su índice, o bien si la misma se encuentra emplazada. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se requiere a la autoridad en cita, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente auto, informe el nombre de la contraparte en el juicio de origen, así como el domicilio para emplazar a la misma, en el entendido que deberá remitir copia certificada de las constancias relativas en las que conste el domicilio y el carácter de la o las personas que tengas intereses contrarios a la parte quejosa, en el referido contradictorio de origen. Se le apercibe que de no cumplir el presente mandato, se le impondrá MULTA por el equivalente a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización diaria al momento en que se integra; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, en términos de lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, concatenado con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan nuevamente las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

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