Cristina Sánchez Andrade
Expediente 577/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 577/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/10/2017
Partes del expediente
- Cristina Sánchez Andrade
Actuaciones
- Principal
- Téngase por recibido el telegrama de cuenta . . . enviado por . . . por medio del cual solicita se acuse recibo de los autos del juicio de amparo . . . acúsese recibo de estilo correspondiente e infórmese al . . . este Juzgado Federal, aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida . . .
- Principal
V I S T A la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende . . . se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO . . . archívese el presente asunto como concluido . . . .
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el exhorto . . . no fue posible llevar cabo la notificación ordenada el veintiseis de abril de dos mil diecisiete que en lo conducente dice. . . " Vista la boleta de recepción número 004060/2017, a la que anexa los autos del juicio de amparo número 437/2017, remitido por el JUEZ SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON SEDE EN NEZAHUALCÓYOTL, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por CRISTINA SÁNCHEZ ANDRADE, y juicio de amparo que contiene el acuerdo de fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete, del que se advierte que el citado órgano jurisdiccional, resolvió declararse legalmente incompetente, por lo que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Tribunal Federal, acepta la competencia planteada y se avoca a su conocimiento; acúsese recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, vista la demanda promovida por CRISTINA SÁNCHEZ ANDRADE por propio derecho contra actos del Fiscal General de Justicia en el Estado y otras autoridades, que hace consistir textualmente en: [.] LA OMISIÓN DE ORDENADA DE FORMA ARBITRARIA POR PARTE DEL PROCURADOR Y SUBPROCURADOR ASÍ COMO DEL FISCAL A CARGO DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE S.T TOLIMAN EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO Y EL PROPIO MINISTERIO PÚBLICO DE LA AGENCIA INVESTIGADORA DEL MUNICIPIO DE ST. TOLIMAN DEL ESTADO DE QUERÉTARO DE SEGUIR INTEGRANDO LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO E.M/154/10 DE FORMA ARBITRARIA Y A ESPALDAS DE LA SUSCRITA PUESTO QUE NO ME HA DADO EL DERECHO DE COMPARECER ANTE DICHAS AUTORIDADES A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE EJERCER MI DERECHO DE DEFENSA, Y VULNERADO EL DEBIDO PROCESO AL QUE TENGO DERECHO, PUES EN SU CASO SE ME IMPIDE OFRECER MEDIOS DE PRUEBAS QUE PUDIERAN DESVIRTUAR LA ACUSACIÓN QUE EXISTE EN CONTRA DE LA SUSCRITA PUES EN TODO ESTE TIEMPO QUE HAN VUELTO A SEGUIR INTEGRANDO LA AVERIGUACIÓN PREVIA A LA SUSCRITA NO SE LE HIZO SABER EL CAMBIO DE AUTORIDAD MINISTERIAL QUE SEGUIRÁ INTEGRANDO LA MISMA Y MUCHO SE LE HA HECHO SABER LOS MEDIOS DE PRUEBA OBTENIDOS, LOS CUALES ES POSIBLE SEAN OBTENIDOS EN FORMA ARBITRARIA E ILÍCITAMENTE PUES DICHA AUTORIDAD MINISTERIAL NO ES LA QUE ESTABA A CARGO DE LA INVESTIGACIÓN Y A LA SUSCRITA NUNCA SE LE HIZO SABER LAS CAUSAS POR LAS CUALES UNA AUTORIDAD MINISTERIAL DE OTRA ENTIDAD TENDRÍA QUE SEGUIR INTEGRANDO LA MISMA, VULNERANDO ASÍ LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA SUSCRITA, SIN PERMITIR UNA DEFENSA ADECUADA PARA LA QUEJOSA ." Del contenido íntegro de la demanda de amparo se advierte que la misma es manifiesta y notoriamente improcedente, por lo que debe desecharse de plano, por las razones que a continuación se exponen: El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano." El citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, nuestro Más Alto Tribunal del País ha resuelto que la revisión a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público de acreditar determinados hechos para demostrar los elementos del cuerpo del delito que se imputan al indiciado que, concatenados entre sí, den como resultado una presunción iuris tantum que demuestre los elementos del ilícito en cuestión y su probable responsabilidad. En esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditamiento de la actualización del delito, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos debiendo para ello, necesariamente buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de los inculpados". Lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 19 constitucional. De ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21, primer párrafo, de la Ley Fundamental (anterior a sus reformas publicadas respectivamente en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho), le impone la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten la existencia de un delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, destruyendo las pruebas aportadas por el representante social, lo cual no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de probar la actualización de los mismos. Por esos motivos, nuestro Alto Tribunal del País ha sostenido el criterio reiterado de que, por regla general, la integración de la averiguación previa no es susceptible de control constitucional. Lo expuesto como se advierte de las tesis aisladas LXIII//2004 y 1a. CXXXV/2004, sustentadas por el Pleno y Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que respectivamente se localizan a fojas mil ciento trece y trescientos cincuenta y uno, Tomos XX, diciembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dicen: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control." "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad.". Entonces, con independencia de su naturaleza y la investigación de que se trate, la integración de esta averiguación previa y la eventual resolución sobre el ejercicio de aquélla (acto futuro incierto), no le irrogan perjuicio alguno a la quejosa, cuenta habida que precisamente tiene la finalidad de recabar y desahogar diversos medios de prueba en la indagatoria y respecto de lo cual se insiste, constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar si los hechos son o no delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a la impetrante, el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sea considerada probable responsable, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Lo anterior más aun cuando actualmente la Ley de Amparo en su artículo 107, fracción VII , ha sistematizado expresamente los actos en contra de los cuales procede el juicio de amparo indirecto tratándose del Ministerio Público en la investigación de los delitos, a saber: 1). Omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. 2). Resoluciones de reserva. 3). Resoluciones de no ejercicio. 4). Resoluciones de desistimiento de la acción penal, o; 5). Por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. De ahí que al no encontrarse entre estos supuestos una integración de la averiguación previa, en contra de lo que sostiene la quejosa, no incide en su esfera jurídica, esto es, no le causa un perjuicio actual, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que puede desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine, en su caso, que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. De ahí que la integración de la averiguación previa y eventual resolución sobre el ejercicio de aquélla, no inciden en su esfera jurídica (derechos fundamentales de audiencia y de defensa) para ser susceptibles de ese control constitucional al no tratarse de actos de ejecución irreparable, entendidos como tales conforme a la redacción actual de la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". No se soslaya lo manifestado por la quejosa en el sentido de que reprocha: "la omisión del Ministerio Público de citar o hacer comparecer a la suscrita para que declare dentro de la averiguación previa, contraviniendo con su actuar los derechos de defensa adecuada y debido proceso, los cuales son de especial atención, prerrogativas que como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vulnerando con su actuar el impedirme la posibilidad de desvirtuar la acusación, toda vez que atenta el derecho fundamental de una adecuada defensa y el debido proceso al no permitirme en tiempo y forma ofrecer de mi parte los medios de pruebas que en su caso pudiera desestimar el seguir investigando tales hechos contra la suscirta."; pues ello no le causa un perjuicio de imposible reparación, como requisito necesario para la procedencia del juicio de amparo indirecto, como lo establece claramente el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Ciertamente, el principio del debido proceso legal implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado solo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementos esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el Juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable; en ese orden de ideas, no es el citado principio del debido proceso legal el que atañe cumplir a la representación social, sino más bien, el principio acusatorio, en el que corresponde a la institución del Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de estos, como así se desprende de los artículos 19, párrafo primero, y 21 constitucionales, al disponer que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público; en ese tenor, es manifiesto que no se advierte inobservancia al debido proceso legal. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Ahora bien, se advierte de la demanda de amparo, que el domicilio señalado por la quejosa, lo es el ubicado en calle Monte de Piedad, número 297, colonia Evolución, ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, por lo que, con apoyo en lo dispuesto en los 298 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en relación con el Acuerdo General 3/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito gírese atento exhorto al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, EN TURNO, a efecto de que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva notificar a la quejosa CRISTINA SÁNCHEZ ANDRADE, el presente proveído, deberá requerirla para que dentro del plazo de tres días legalmente computados, señale domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad de Querétaro, apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por lista, aún las de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de la Materia, sin necesidad de acuerdo ulterior. En la inteligencia de que, se faculta al Juez exhortado para que proceda a llevar a cabo cuanta diligencia sea necesaria a efecto de practicar la encomendada, e inclusive remitirla a distinta autoridad con competencia diversa; en el entendido que, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, podrá llevar a cabo dicha diligencia en días y horas inhábiles. En consecuencia, con apoyo en los artículos 107, 108, 109 y 110, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, envíese la comunicación oficial referida por vía electrónica. Solicítese que una vez llevada a cabo la diligencia encomendada devuelva el exhorto vía electrónica Por otra parte, se tiene como autorizados de la parte quejosa, en términos del numeral 24 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, hasta en tanto obre registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las pares, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente. . ." asi mismo en auto de veintitres de mayo de dos mil diecisiete dice . . . ". . . requiérase al referido quejoso, para que en el plazo de tres días, contados a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. . . . . En la inteligencia, que de no dar cumplimiento a lo antes establecido en la forma y términos expuestos, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le surtirán efectos por medio de lista . . . "
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