Cristina Rodríguez de la Torre
Expediente 1754/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1754/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/11/2022
Partes del expediente
- Cristina Rodríguez de la Torre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a quince de noviembre de dos mil veintidós. Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado 4264/2022, que signa el Juez Especializado del Juzgado Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, del Secretario de Acuerdos y de los Secretarios Ejecutores, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que dentro del expediente 2265/2011, se dejó insubsistente la escritura otorgada en favor del tercer interesado, su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, así como el cambio de la cuenta predial, razón por la cual, se ordenó girar oficio al Notario Público número 56, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, licenciado Abelardo Sánchez Castellanos, a fin de que deje sin efecto la escritura pública número 870 ochocientos setenta, tomo IV cuarto, libro 6° sexto, de fecha veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en favor de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, adjudicatario del bien inmueble rematado, así como para que lleve a cabo la cancelación de la inscripción de la misma ante el Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, así como el cambio de cuenta predial, concediéndole el término de tres días, para que lleve a cabo lo ordenado, con el apercibimiento ahí contenido. Asimismo, informa que el Notario Público número 56 de Guadalajara, le informó que efectuó las anotaciones correspondiente en el protocolo a su cargo, a efecto de hacer constar que se decretó la nulidad de todo lo actuado en el juicio donde se ordenó la formalización en la escritura pública número 870, de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dejando sin efectos la transmisión realizada en dicho procedimiento, de igual manera el fedatario informó a la responsable la imposibilidad que tiene para dejar sin efectos la inscripción de la escritura antes descrita en el Registro Público de la Propiedad como ante la Dirección de Catastro de Tonala, Jalisco, a fin de que se realice el cambio de la cuenta predial; en consecuencia, se le tiene en vías de cumplimiento. Efectos sentencia. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que los efectos de la concesión del amparo son para que la autoridad responsable: ".SEXTO. Efectos de la protección de la justicia de la Unión. Acorde al artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se especifica que el efecto de la concesión del amparo consiste en que: Se inaplique a la quejosa el párrafo quinto del artículo 1070 del Código de Comercio; y, en consecuencia; 2. El Juez Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, deberá dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 2265/2011, a partir del acuerdo de cinco de agosto de dos mil once, en que ordenó emplazar mediante edictos a la parte demandada, aquí quejosa. Lo anterior, de conformidad con el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado en sesión de quince de noviembre pasado, al resolver contradicción de tesis 451/2016 de su índice, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN". Concesión y efectos que, igualmente, deben hacerse extensivos, respecto del secretario ejecutor, ya que los actos que se les reclaman son consecuencia de la nulidad decretada. Sin que lo anterior, como se dijo, implique que se declare insubsistente el emplazamiento y actuaciones derivados del mismo respecto del diverso demandado, ni tampoco en que este, en el juicio mercantil de origen, obtengan una renovación de plazos y oportunidad para aportar pruebas o formular alegatos, en atención al principio de relatividad de las sentencias de amparo previsto por el artículo 73 de la Ley de Amparo. Sin embargo, acorde al principio procesal de continencia de la causa, no puede haber dos sentencias ni dos etapas de ejecución; por tanto, los efectos de dejar insubsistente dicho fallo y toda la etapa de ejecución, también se hacen extensivos al demandado José Antonio Juárez Damián, porque la existencia del fallo respectivo es lo que da origen y fundamento a dicha etapa, de modo que al declarar insubsistente con la emisión de este fallo, es que deviene jurisdiccionalmente inviable su subsistencia." Requerimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgador federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Especializado del Juzgado Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada, completa y legible de las constancias con las cuales acredite el cumplimiento al fallo protector. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH
- Principal
Zapopan, Jalisco, trece de octubre de dos mil veintidós. Quejoso solicita se regularice procedimiento. Se tiene por recibido el escrito signado por Luis Leonel Pérez Andrade, autorizado en amplios términos de la parte quejosa, a través del cual, solicita en esencia que se regularice el procedimiento toda vez que no considera que se actualiza la causal de improcedencia analizada en el acuerdo de diez de octubre de dos mil veintidós, en el cual, se sobreseyó el juicio de amparo que nos ocupa. a) No ha lugar a proveer de conformidad. Bajo dicha tesitura, indíquesele que no ha lugar a lo pretendido, y para mayor esclarecimiento de la negativa, se encuentra su sustento en lo siguiente: Del análisis de la demanda promovida en veintitrés de agosto de dos mil veintidós vía electrónica, por quien suscribe el escrito de cuenta, a nombre de Cristina Rodríguez de la Torre, se advierte que se reclama únicamente la falta de proveer los escritos presentados en dieciocho de marzo, dieciocho de abril y dieciocho de agosto, todos del dos mil veintidós, atribuidos al Juez Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. En ese contexto, prevía prevención, en séis de septiembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda respecto al acto reclamado consistente en la omisión de proveer los escritos el dieciocho de marzo, dieciocho de abril y dieciocho de agosto de dos mi mil veintidós, dentro del juicio 386/2016 del indice del Juzgado señalado como respnsable, para lo cual, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable. Luego, el Juez adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, rindió su respectivo informe mismo que fue acordado en cuatro de octubre de dos mil veintidós; allegando las constancias consistentes en la resolución dictada en treinta de septiembre de dos mil veintidós, en la que se advierte que, se acordaron los escritos señalados por la por la parte quejosa al momento de atribuirle el acto reclamado a la autoridad responsable, tal y como se desprende de la siguiente captura: En ese orden de ideas, toda vez que la demanda fue presentada vía electrónica en veintitrés de agosto del año en curso, y de las constancias allegadas por la autoridad responsable, consistentes en la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente 386/2016 del indice de la autoridad responsable, se sobrevino el supuesto previsto en el artículo 63, fracción V en relación con la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, esto es, la improcedencia del amparo promovido, por haber cesado los efectos del acto reclamado; y resultando de ello, la ocisocidad de examinar la constitucionalidad del acto atribuido a la autoridad responsable, toda vez que ya no surte los efectos reclamados inicialmente por la parte quejosa. Ahora bien, respecto a que no se le dio vista conforme al articulo 64, segundo párrafo de la ley de amparo, al respecto, toda vez que como en los párrafos precedentes se señaló, al actualizarse un causal de improcedencia, el Juzgador no tiene obligacion de dar vista en terminos del referido articulo, puesto que corresponde unicamente a los Tribunales Colegiados de Circuito tal atribución. Cobra aplicación por las razones que se expone la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de Registro digital: 2007628, que señala: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes." De igual forma por las razones que expone la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con númeo de Registro digital: 2008789 que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA, CUANDO SE ADVIERTE DE OFICIO UNA CAUSAL DISTINTA A LA EXAMINADA POR EL JUEZ DE DISTRITO. De la interpretación sistemática de la exposición de motivos del proyecto de decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, así como de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos y de los artículos 64 y 112 a 115 de la ley aludida, se aprecia la ampliación de la protección de los derechos fundamentales del gobernado. De este modo, en razón de esa salvaguarda ampliada, es que debe existir un procedimiento adecuado regido por el párrafo segundo del artículo 64 citado; de ahí que si en la resolución de un recurso de queja interpuesto en contra del desechamiento de plano de la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado de Circuito advierte de oficio la actualización de una diversa causal de improcedencia que no fue alegada por las partes, ni analizada por el órgano inferior, dará vista a la parte recurrente para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga. Lo que resulta necesario, además, en virtud de que, al conocer del referido recurso y concluir que el respectivo juicio de amparo es improcedente por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, emite una resolución definitiva e inimpugnable, a diferencia de las determinaciones que sobre ese aspecto dicta el órgano jurisdiccional que en primera instancia conoce de la demanda de amparo indirecto." -Lo resaltado es propio- En esas condiciones, tal y como se adelantó, no ha lugar a proveer de conformidad lo peticionado. Quedando expedito su derecho de promover en la vía y forma que estime necesaria, lo que a su derecho convenga, lo anterior para los efcetos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Informe justificado. Por recibido el oficio de la Juez Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Pruebas. Por otra parte, se tienen como pruebas de su parte las copias certificadas que remite en apoyo a su informe justificado, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, en términos del numeral 119 de la ley de la materia. Designa delegados. Asimismo, respecto a lo que solicitan, con fundamento en el precepto 9 de la ley de la materia, téngaseles designando como delegados de su parte a las personas que indican. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, vistas las constancias exhibidas por la autoridad responsable junto con su informe justificado, se advierte que sobreviene un motivo de sobreseimiento en el presente juicio de amparo, como se verá a continuación. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, el acto reclamado por el cual se admitió la demanda en el presente juicio, mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, consiste esencialmente en la omisión de proveer los escritos presentados el dieciocho de marzo, dieciocho de abril y dieciocho de agosto de dos mi mil veintidós, dentro del juicio 386/2016. Por lo que del oficio de cuenta se advierte que, dentro del juicio natural, se dictó proveído en treinta de septiembre de dos mil veintidós, se proveyeron los escritos referidos en el párrafo anterior; por lo que, se advierte que han cesado los efectos de tal acto reprochado en esta sede de control constitucional: Por su parte, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo, se presentó de forma electrónica en veintitrés de agosto de dos mil veintidós, tal y como se advierte de la boleta emitida por la Oficina de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco: Por lo que, se arriba a la convicción de que en la data en que se instó el juicio de amparo en el que se actúa, cesaron los efectos de la omisión de que se duele el impetrante. Tiene aplicación la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal"." Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V , del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Alegato ministerial. Se tiene al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, formulando las manifestaciones que a manera de alegatos expresa, de conformidad a lo establecido en el numeral 124 de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, no obstante, en párrafos anteriores se determinó sobreseer el juicio de amparo que nos ocupa, por tanto se procede a proveer lo conducente. Solicitud copias. En atención a su solicitud, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, que se le expedirán las copias relativas a esta resolución, mediante oficio. Información relativa a la expedición de copias. Asimismo, se informa al aludido agente que en atención a las medidas de prevención para evitar la propagación del virus del Covid-19, acorde a los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acorde al artículo 36 del citado acuerdo, las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Asimismo, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se le exhorta a la utilización de dicha herramienta, para evitar su presencia física en las instalaciones de ciudad judicial y la consecuente concentración innecesaria de personas, lo anterior como medida de contención a la pandemia. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós Se ordena notificar sentencia. Vista la certificación de cuenta, se desprende que no obra constancia de que se hayan remitido los oficios respectivos de la sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintidós. En consecuencia, se ordena de manera inmediata, remitir los oficios conducentes a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Se comisiona. Así mismo, se comisiona al actuario de la adscripción el notificar personalmente a la parte quejosa respecto a la sentencia referida en el párrafo anterior. Hecho lo anterior, se instruye al actuario de la adscripción, que una vez realizada la diligencia encomendada, integre al expediente electrónico las constancias respectivas. Notifíquese y cúmplase.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 10,314 expedientes
- Cristina Franco Villafaña633/2019
- Cristina Guadalupe Rodríguez Sánchez2254/2021
- Cristina Guzmán López2305/2019
- Cristina Méndez Serratos y/o Cristina Méndez927/2017
- Cristina Morales Salazar849/2021
- Cristina Ochoa Vázquez2502/2021
- Cristina Sánchez Orozco2338/2019
- Cristina Valdivia Medina2276/2022
- Cristina Yoselyn Aranda Jiménez1773/2022
- Cristóbal García Huerta830/2020
- Cruz Antonio Orozco Pérez557/2019
- Cruz Arce Ibarra1115/2020