Cristina Quintero Bolaños
Expediente 597/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 597/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Cristina Quintero Bolaños
Actuaciones
- Principal
(7) Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictado en este expediente, no fue recurrido dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ********************, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente se tuvo por no presentada la demanda, por lo que de conformidad al numeral 21, inciso b), del acuerdo general en cita, es susceptible de destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
(7)...Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la parte quejosa mediante proveído de dieciocho de abril del año en curso; sin que desahogara tal requerimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el acuerdo de referencia, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por********************
- Principal
(7) Agréguese a los autos el oficio de cuenta y visto su contenido, téngase al Juez Cuarto Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, devolviendo sin diligenciar por las razones que indica, el despacho 329/2023-7, del índice de este Juzgado de Distrito, circunstancia de la cual queda enterada esta juzgadora. Ahora bien, toda vez que fue devuelta la comunicación oficial, dese de baja en el libro de gobierno y en el expediente electrónico; háganse las anotaciones correspondientes. En consecuencia, ante la imposibilidad de realizar la notificación de referencia, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procédase a notificar por lista a la parte quejosa el citado auto de dieciocho de abril del año en curso y el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de Jurisprudencia 1ª./J. 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de dos mil ocho, visible en la página doscientos treinta y ocho, en su Novena Época, cuyo rubro indica: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles "PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS: I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ***, por derecho propio, contra actos del Congreso del Estado de Hidalgo y otra(s) autoridad(es). II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 597/2023-7. III. Prevención. El artículo 114 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: - - - I. Hubiera alguna irregularidad en el escrito de demanda; - - - II. Se hubiera omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; - - - III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; - - - IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y - - - V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda." De acuerdo al artículo citado, el juzgador federal deberá requerir a la parte quejosa en caso que no se hayan exhibido las copias necesarias de la demanda para correr traslado a las partes. Así, el numeral 110 de la ley reglamentaria en cita, establece que debe exhibirse una copia de la demanda para correr traslado a cada una de las partes. De acuerdo al artículo citado, el juzgador federal deberá requerir a la parte quejosa en caso que exista alguna irregularidad en el escrito de demanda o se hubiere omitido alguno de los requisitos establecidos en el diverso 108 de la ley de la materia, que establece lo siguiente: En el caso, la parte quejosa no exhibió fotocopias de la demanda de garantías cuando debió haber presentado seis, a fin de repartirlas entre las cinco autoridades señaladas como responsables y el fiscal federal adscrito, partes en el juicio constitucional en términos del artículo 5º, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo. Ello, sin que en caso se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos en el párrafo segundo del arábigo 110 de la ley de la materia. Por otra parte, en atención al referido artículo citado, se deberá requerir a la parte quejosa en caso que exista alguna irregularidad en el escrito de demanda o se hubiere omitido alguno de los requisitos establecidos en el diverso 108 de la ley de la materia, que establece lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: - - - I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; - - - II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; - - -III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; - - - IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; - - - V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; - - - VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; - - - VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Entre los requisitos establecidos en el numeral en cita, se encuentran los previstos en las fracciones III, IV y V, que compele a la quejosa a señalar con precisión a las autoridades responsables y con claridad los actos que a cada una de ellas se reclaman, asimismo, manifestar, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos que se le reclaman. En la especie, debido a la oscuridad de la demanda se advierte que le reclama dogmáticamente a las autoridades señaladas como responsables, la omisión de resolver la problemática con el "venero de agua caliente en poblado de ***que debe ser de la comunidad" (sic), a pesar de habérsela planteado a las responsables, la omisión de correr traslado y notificar a las entidades y autoridades correspondientes, como de expedir fotocopias certificadas de la notificación y traslado, siendo estas mismas circunstancias las que refiere en el capítulo de antecedentes el acto reclamado, de lo que se torna oscura e inteligible el escrito de garantías, pues en efecto no se advierte en primer término que problemática existe, cuáles son las peticiones que ha elevado ante las responsables ni cuándo las presentó, si se inició algún procedimiento administrativo en el que no se ha emplazado a las partes, en su caso, ante quién se sustancia, habida cuenta que reclama la omisión de expedir fotocopias certificadas. Al respecto, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala múltiples autoridades responsables, pero en el capítulo relativo a los actos reclamados, señala estos de manera genérica y sin precisar el acto que atribuye a cada autoridad, mucho menos precisa conforme a qué facultades previstas en qué norma el acto que reclama es atribuible a todas las autoridades que señala como responsables, situación que genera confusión en la litis, además que produce que las autoridades responsables no tengan certeza de lo que se les reclama a cada una de ellas. Basta la simple lectura de los actos reclamados, para advertir que la quejosa hace manifestaciones genéricas en cuanto a las múltiples omisiones que reclama, puesto que en ningún caso precisa el acto que reclama de las diversas autoridades que señaló. En el mismo sentido, la fracción V del numeral 108 antes citado, constriñe a la quejosa a precisar, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de dicho acto o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Cabe añadir, dicho requisito también es fundamental, pues tiene como propósito que la juzgadora de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales que le permitan emitir las medidas que correspondan y que establece la Ley de Amparo; de manera que se traduce en el único elemento con que cuenta el órgano de control constitucional para decidir, en su caso, sobre la admisión de la demanda. Luego, aunque es cierto que la promovente realizó dicha protesta y vertió algunos antecedentes, no menos verdad es también que omitió manifestar con toda precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los actos reclamados que reclama de cada autoridad; máxime que menciona de manera ambigua que existe omisión por parte de las autoridades respecto a la problemática relacionada con el venero de agua caliente en poblado de ***, asimismo exiguamente se logra advertir que se encuentra en trámite algún procedimiento administrativo en el cual no se ha emplazado a las partes intervinientes. Por lo demás, debe señalarse que se hace referencia que se presenta la demanda en favor de una comunidad, en relación con esto, el artículo 5º de Ley de Amparo, dispone: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: - - - I. El quejoso, teniendo el carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. - - - El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. - - - El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. - - - Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser el titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; - - - La víctima u ofendido del delito podrá tener el carácter de quejoso en los términos de esta Ley." Como se ve, el ordinal 5º aludido establece que asiste la calidad de quejoso a quien aduce ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo, individual o colectivo, y a su vez, plantea que alguna norma de observancia general, acto u omisión vulnera un derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por México en la materia, a condición que se trate de alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar la existencia del derecho subjetivo que se estima vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho de manera real, actual y directa. Por su parte, en casos distintos a los provenientes de autoridades jurisdiccionales en que la quejosa puede aducir contar con interés legítimo, debe acreditar que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, que el acto reclamado transgreda ese interés, ya sea de manera individual o colectiva, y que la promovente pertenezca a esa colectividad que en específico puede sufrir el agravio; elementos que por ser concurrentes, basta la ausencia de uno para producir la improcedencia del juicio. En apoyo se citan las jurisprudencias cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2007921 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 50/2014 (10a.) Página: 60 "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." "Época: Décima Época Registro: 2019456 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.) Página: 1598 INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." No obstante, la promovente omite precisar si promueve la demanda aduciendo ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, pues aunque refiere una colectividad, lo indiscutibles que es la única persona que suscribe la demanda de amparo así como que alega que no se ha resuelto la problemática del venero de agua caliente y que esta debe ser de la comunidad, sin precisar si habita en la misma. En efecto, omite manifestar si habita en el lugar en que dice existe una problemática, sin precisar cuál, que en su caso, lo haga formar parte de la colectividad que en específico pudiera sufrir un agravio y, a partir de ello, determinar si nos encontramos frente a la defensa de un interés legítimo (individual o difuso) o bien, de uno jurídico. Por tanto, se requiere a la parte quejosa para que, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, en el improrrogable término de cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, 1. Exhiba seis copias más de la demanda de amparo. 2. Precise el o los actos concretos que reclama de cada autoridad, así como la normatividad estructural por la que es factible atribuirle el acto correspondiente. 2. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 2.1 Los antecedentes de cada acto que le reclama a cada autoridad, para lo cual deberá ser clara y concisa al precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se le precisó en párrafos que preceden, asimismo, señalar en orden cronológico todos aquellos que tengan relación con los actos que aquí se reclaman, precisando primigeniamente cuál es la problemática que refiere de manera genérica y ambigua. 2.2 Si promueve la demanda aduciendo ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y cuál es la norma que establece éste; y, 2.3 Si habita en la comunidad de ***Se apercibe a la promovente que, en caso de no dar cumplimiento a las prevenciones señaladas, se tendrá por no presentada la demanda, así como que la manifestación jurada de hechos falsos puede configurar el delito de falsedad establecido en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que se castiga con pena de dos a seis años de prisión. En atención a que el cumplimiento de lo requerido implica hacer manifestaciones bajo protesta de decir verdad así como la integración de la demanda de amparo, no puede cumplirse a través de autorizado, conforme a la jurisprudencia que enseguida se cita: "Época: Décima Época Registro: 2007285 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 50/2014 (10a.) Página: 210 AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que exhiba las copias necesarias del escrito con que cumpla con lo prevenido, esto es, deberá exhibir el número de traslados suficientes para las autoridades responsables, además del fiscal de la adscripción, partes en el juicio constitucional de conformidad al artículo 5, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, en el entendido que, de no hacerlo así, no se tendrá por cumplido con lo prevenido. Apoya lo anterior, a contrario sentido, la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2006062 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: XVI.1o.A.19 K (10a.) Página: 1889 PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO EXIGIR COPIAS DEL ESCRITO QUE SÓLO TIENE COMO FUNCIÓN EXHIBIR O ALLEGAR AL JUZGADOR QUE REQUIRIÓ, UN DOCUMENTO PARA ACREDITARLA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 E INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 37/2001). El artículo 114 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, detalla los supuestos en que procede requerir al quejoso por las deficiencias, irregularidades u omisiones advertidas en su demanda; esto implica que no en todos los casos sean exigibles las copias del escrito por el que se desahoga un requerimiento formulado en esos términos, sino únicamente cuando sea, por sí mismo, aclaratorio, esto es, cuando en él se contengan datos o información dirigida a precisar la demanda, por ejemplo, tratándose de la hipótesis contenida en la fracción I de dicho artículo. Así, el escrito que sólo tiene como función exhibir o allegar al juzgador que requirió, un documento para acreditar la personalidad en el amparo indirecto, no constituye un escrito aclaratorio propiamente dicho, sino el medio por el cual se comparece a cumplir con la prevención, por lo que no es exigible determinado número de copias de éste. Lo anterior se explica al considerar que encuentra plena justificación la exigencia de copias de un escrito que contiene aspectos o información sustancial para el proceso, lo cual no acontece cuando en la fracción III del precepto referido se faculta al Juez de Distrito para requerir el documento con el que se intenta acreditar la personalidad, por lo que no es legal tener por no interpuesta la demanda ante la falta total o parcial en la exhibición de copias del libelo con el que se presentó lo solicitado, pues, en tal supuesto, el escrito no contiene información relevante para las partes. Por lo anterior, el criterio jurisprudencial P./J. 37/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 125, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO AL ESCRITO ACLARATORIO QUE LA ACREDITA.", que interpreta normas de la Ley de Amparo abrogada es inaplicable a los juicios regulados por la nueva ley, en términos de su artículo sexto transitorio." En el entendido que debería exhibir dos fotocopias sin certificar de la demanda y escrito aclaratorio para efectos de la suspensión solicitada, en el entendido que de no hacerlo así se procederá en términos del artículo 114, último párrafo, de la Ley de Amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: ***a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. Toda vez que el domicilio señalado por la parte inconforme se ubica en Atotonilco de Tula, Hidalgo, y este se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese despacho al Juez Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda, notifique este acuerdo a la parte quejosa en el domicilio ubicado en ***, Hidalgo; asimismo, en el acto de la notificación antes ordenado, le requiera para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por medio de la lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, sin necesidad de dictar ulterior acuerdo y sin perjuicio del derecho procesal que le asiste de señalar en cualquier etapa de este procedimiento domicilio para tales efectos; finalmente, en caso de ser necesario y a fin de evitar dilaciones procesales, se faculta al juez de referencia, para que habilite días y horas inhábiles al actuario de su adscripción, a efecto que realice la diligencia encomendada, esto con apoyo en los artículos 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. b. Notificaciones vía correo electrónico. Con fundamento en los artículos 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 3º y 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, en relación al artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, dígase a(los) promovente(s) que no ha lugar a practicarle(s) notificaciones vía correo electrónico, dado que al efecto debe(n) contar con número de usuario y firma electrónica del Poder Judicial de la Federación. En todo caso, los números telefónicos y/o direcciones de correos electrónicos proporcionados se utilizarán para establecer comunicación no procesal con las partes cuando exista necesidad al respecto, conforme al artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. c. Autorizado(s). Téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo en los términos restringidos de dicho numeral a ***, hasta en tanto acredite(n) contar con cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito d. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa en contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen. VI. Exhortación a que hace alusión el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: I. Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VII. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. VIII. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este juzgado, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. En todo caso, hágase del conocimiento de las partes que este tribunal presume su oposición a la publicación de sus datos personales y únicamente en caso de solicitud expresa, se obrará en contrario. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales."
- Principal
(2) Agréguese a los autos el oficio de cuenta y visto su contenido, téngase al Juez Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, devolviendo el despacho 262/2023-2, del índice de este Juzgado de Distrito diligenciado, circunstancia de la cual queda enterada esta juzgadora. Toda vez que fue devuelta la comunicación oficial, dese de baja en el libro de gobierno y en el expediente electrónico; háganse las anotaciones correspondientes Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que obran agregadas en autos las constancias de notificación al agente del ministerio público adscrito a este órgano jurisdiccional, quejosa, representante especial, tercera interesada y a las autoridades responsables (mismas que se amparan con los acuses de recibo de los oficios ******************** y 5234/2023 correspondientes a la notificación de la sentencia, así como 10473/2023 y 10474/2023 relativos a la interposición del recurso de revisión hecho valer) respecto de la sentencia terminada de engrosar el quince de marzo de dos mil veintitrés, así como del recurso de revisión interpuesto por ********************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa ********************. En consecuencia, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo y en observancia al auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés (fojas 125 a 128), remítanse el original del escrito de expresión de agravios firmado por ********************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa ********************, copia sin certificar del mismo, así como los autos originales del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en Turno, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, para la tramitación del citado medio de impugnación.
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