Cristina Ponce Nieto
Expediente 209/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 1 actuación registrada, la última del 28 de septiembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 209/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 28/09/2020
Partes del expediente
- Cristina Ponce Nieto
Actuaciones
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), se hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso dejado el dos de octubre del presente año, y se notifica a la parte quejosa, el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, que dice: "Ensenada, Baja California, veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Vista, la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para realizarlo, es preciso señalar que por sentencia dictada por este juzgado el veintiuno de agosto de dos mil veinte (páginas 28 a 41), por una parte se sobreseyó en el juicio respecto del acto reclamado por Cristina Ponce Castro en representación de la menor Cristal Yamileth Martínez Ponce, a la autoridad responsable Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia en Ensenada Baja California, con sede en esta ciudad, consisten en la negativa de entregarle la custodia de dicha menor de edad; y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la menor quejosa Cristal Yamileth Martínez Ponce, para el efecto de que la referida autoridad responsable, realizara lo siguiente: "Deje sin efectos la determinación emitida el diecisiete de enero de dos mil veinte, en el expediente administrativo IM/ENS/001/4/2020, a través de la cual tuvo a su disposición a la niña ** y la tuvo por ingresada al albergue correspondiente. Emita una nueva determinación en la que, con base en los elementos que estime convenientes, resuelva de manera fundada y motivada, lo relativo al oficio sin número que le fue enviado por el juez calificador en turno, al que se anexó el informe policial homologado**, específicamente lo concerniente a la permanencia o no de la menor ** en un albergue temporal, tomando en cuenta las consideraciones expuestas en esta sentencia" Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo a la referida autoridad responsable (fojas 53 a 55). En acatamiento a ello, por oficio recibido en este juzgado el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el encargado del despacho de la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada del acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veingte, dictado en el expediente administrativo ** de su índice interno, en el que dejó insubsistente la determinación emitida el diecisiete de enero de dos mil veinte, que fue motivo de estudio en este amparo. Asimismo, allegó copia certificada del diverso proveído que dictado el veinticinco de agosto de dos mil veinte, en el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitió una nueva determinación, en la que tuvo por recibido el oficio sin número que le fue enviado por el juez calificador en turno, al que se anexó el informe policial homologado **, a través del cual se puso a su disposición a la niña **; en relación con ello determinó que en atendiendo a lo expuesto en el informe policial homologado de referencia, en el sentido que la menor de edad señaló haber sido violada por su padrastro, sin que los familiares que tuvieron conocimiento de ello, hubiesen dado aviso a las autoridades correspondientes, como lo dispone el artículo 9 de la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, del estado de Baja California, existía la posibilidad que la niña fuera víctima de un delito, como pudiera ser el de violación equiparada previsto y sancionado en el artículo 177 del Código Penal para el estado de Baja California, existiendo con ello, la posible vulneración de los derechos de la citada menor de edad a vivir en condiciones de bienestar y a su sano desarrollo integral, así como el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal establecidos en el artículo 11 de la citada ley especial; por lo anterior, y tomando en cuenta que al momento de ingreso y puesta a disposición de la citada menor de edad, dicha autoridad no contaba con dato alguno de familiar interesado en llevar a cabo el egreso y reincorporación de la niña **, la tuvo por ingresada a su disposición en las instalaciones de la institución de asistencia social privada "Casa Albergue Temporal para Niños IBP" en esta ciudad, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, del estado de Baja California, el cual dispone que cuando por cualquier motivo la Procuraduría tenga conocimiento que un menor se encuentra en estado de vulnerabilidad, deberá protegerlo y en su caso custodiarlo o ubicarlo en un albergue temporal, casa hogar, hogar sustituto o voluntario. De igual manera, precisó que en caso de presentarse ante dicha institución, algún familiar que solicitare el egreso y reintegración familiar de la menor edad, deberían practicarse los estudios de psicología, trabajo social, comparecencias y todo lo que fuese necesario a fin de determinar la viabilidad de reintegración de la niña, ello, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Protección y Defensa de los derechos de los Menores y la Familia en el estado de Baja California. Asimismo, que si en las primeras diligencias practicadas por las distintas áreas profesionales de la Subprocuraduría, surgieran indicios de la existencia de algún delito cometido en perjuicio de la menor en cita, se presentaría la denuncia o querella ante la representación correspondiente, así como a otras autoridades competentes en materia de protección de menores en situación de vulnerabilidad. Por último, señaló que en caso requerido, se adoptarían las medidas establecidas en la legislación aplicable que fueran necesarias para brindarle a la niña una debida protección integral para posteriormente presentarlas ante la autoridad competente para ello, con el propósito de que sean calificadas dichas medidas; ello, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Federal. A las probanzas antes relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Por ende, mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; realizando manifestaciones al respecto la parte quejosa, a través del escrito con que se dio cuenta. En las relatadas condiciones, quien suscribe determina que la autoridad responsable Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia, con residencia en esta ciudad, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que demostró que dejó sin efecto la determinación emitida el diecisiete de enero de dos mil veinte, en el expediente administrativo **; asimismo, que emitió otra en la que de manera fundada y motivada, determinó lo conducente a la permanencia de la menor de edad ** en un albergue temporal, misma que fue puesta a su disposición a través del oficio sin número que le fue enviado por el juez calificador en turno, al que se anexó el informe policial homologado **, como se advierte de las constancias que allegó y que fueron valoradas con antelación. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo a lo determinado, las manifestaciones vertidas por la quejosa Cristina Ponce Castro en el escrito presentado ante este juzgado el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en el que refirió que a su parecer el auto dictado por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no está fundado ni motivado, ya que en el mismo la autoridad responsable señala que retiene a la menor debido a que ésta refirió que su padrastro la violaba y que tenían conocimiento de ello su madre, sus abuelos y su tía, pero que no corroboro dicha información, ya que ella, quien es su abuela, no vive en la misma casa en que habita la madre de la niña y habitaba el padrastro, por lo que no tenía conocimiento de dichos actos; sin embargo, es infundado dicho argumento, ya que los datos con los que contaba la autoridad responsable para emitir el acuerdo correspondiente que consistió en el auto de radicación o de inicio del expediente administrativo ** (el cual se ordenó dejar insubsistente y emitir uno nuevo subsanado los vicios apuntados en la sentencia de amparo), eran únicamente el oficio sin número que le fue enviado por el juez calificador en turno, al que se anexó el informe policial homologado **, por lo que en ese momento procesal, no le era dable corroborar la información expuesta en las constancias de referencia. Asimismo, no asiste la razón a la quejosa en el diverso argumento expuesto en el escrito de referencia, en donde señala que la responsable omitió mencionar que la menor actualmente ya no se encuentra "Casa Albergue Temporal para Niños IBP" ya que el veintiocho de mayo de dos mil veinte, fue reubicada en las instalaciones de la institución de asistencia social privada "Hogar para necesitados del Sauzal Asociación Civil" en esta ciudad, sin que lo hubiese hecho del conocimiento de los familiares; ya que dichas cuestiones no formaron parte de los efectos de la concesión de la protección constitucional, la cual se constriñó a que la responsable dejara sin efecto el auto de diecisiete de enero de dos mil veinte, dictado en el expediente administrativo ***, y dictara otro, en el que subsanara los vicios de forma que adolecía el primero, esto es, con la debida fundamentación y motivación y siguiendo los lineamientos dados en la sentencia, lo cual llevó a cabo, como se advierte de las documentales que aportó al sumario y que se valoraron con antelación. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso ordinal 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Ahora bien, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Por otra parte, de la certificación de cuenta, se advierte que obra en autos un tomo por cuerda separada, relativo al informe justificado rendido por la autoridad responsable Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia, con residencia en esta ciudad; por tanto, se ordena la devolución de dichas constancias a la autoridad responsable de mérito, para los efectos legales conducentes. Finalmente, se autoriza que los oficios relativos a la notificación de éste acuerdo se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes
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