Cristina Paola Torres Padilla

Expediente 1330/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1330/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
11/08/2021

Partes del expediente

  • Cristina Paola Torres Padilla

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio remitido vía interconexión por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, con el que acusa de recibo del oficio 19055/2021, mediante el cual se le envió el juicio de amparo 1330/2021, promovido por ********************, apoderado legal de ********************, en virtud de que este Juzgado el veintidós de julio del año en curso, se declaró legalmente incompetente conocer del mencionado asunto; asimismo, informa que aceptó la legal competencia y se avocó al conocimiento del asunto, el cual registró bajo el número ********************; de lo anterior, este Juzgado toma conocimiento, para los efectos legales que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y por cuanto no existe razón para que este expedientillo continúe en la Secretaría de este Juzgado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expedientillo, carece de relevancia documental, archívese como asunto totalmente concluido; realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se ubica dentro del archivo judicial reciente, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo este Juzgado federal se declaró carecer de competencia legal, por razón de materia. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo de cuenta, promovida por Israel Jaitovich Cortes, por propio derecho y quien se ostenta apoderado legal para pleitos y cobranzas de Cristina Paola Torrres Padilla, contra actos del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Dos, con sede en esta ciudad y Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Solidaridad, Quintana Roo. Fórmese expediente, y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado con el número 1330/2021-I. Ahora bien, en la especie este Juzgadora, estima que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las consideraciones que a continuación se exponen. La parte quejosa reclama de las responsables los siguientes actos: 1) Del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Dos, con sede en esta ciudad, la orden dictada en la carpeta de investigación P2-P2193/2019, consistente en el cierre de inmovilización del folio electrónico 62050, relativo al predio urbano, ubicado en 5 avenida Sur, sin número, entre calle 22 Sur y 16 Sur de la Localidad de Tulum, Quintana Roo, también identificado como predio urbano 5 Avenida Sur, sin número entre calle 22 sur y calle 16 sur, región 23, supermanzana 6, manzana 940, lote 10, en Tulum, Quintana Roo. 2) Del Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Solidaridad, Quintana Roo, la ejecución de la orden citada, que se realizó a través de la inscripción de dieciséis de julio de dos mil veinte, de la nota marginal de aseguramiento respecto del citado folio 62050. Sentado lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la demanda de amparo de cuenta, por los motivos siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De dicho numeral se establecen diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material; y lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes; y finalmente, la tercera se refiere cuando los actos no tienen ejecución material. Así de conformidad con la primera regla citada, lo que determina la competencia de los Jueces de Distrito es el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente, se ejecuten o se hayan ejecutado. En el particular, de la lectura de los actos reclamados y antecedentes contenido en la demanda de amparo, se aprecia que si bien el primero de los actos reclamados relativo a la orden de cierre de inmovilización de un folio perteneciente a un predio fue emitida por una autoridad con sede en esta ciudad, cierto es también que, la ejecución de dicha orden se está ejecutando por el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Solidaridad, Quintana Roo, quien tiene su sede fuera de esta entidad, donde la suscrita ejerce jurisdiccional territorial. Ciertamente, se aprecia que la ejecución de la orden de inmovilización reclamada se realiza en el Estado de Quintana Roo, debido a que el folio electrónico 62050, sobre el que se ordenó el cierre y cuya anotación marginal se reclama de la autoridad registral, corresponde precisamente a un inmueble ubicado en dicha entidad, esto es, el predio urbano, ubicado en 5 avenida Sur, sin número, entre calle 22 Sur y 16 Sur de la Localidad de Tulum, Quintana Roo, también identificado como predio urbano 5 Avenida Sur, sin número entre calle 22 sur y calle 16 sur, región 23, supermanzana 6, manzana 940, lote 10, en Tulum, Quintana Roo. De ahí que si en el caso, la ejecución del acto que reclama la parte quejosa se está ejecutado n el Estado de Quintana Roo, es inconcuso que este órgano carece de competencia legal para conocer de la demanda presentada. Así, dado que la ejecución del acto reclamado, se lleva a cabo en la localidad de Tulum, Quintana Roo, con apoyo en el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se estima que la autoridad competente para conocer de la demanda de amparo propuesta, lo es el Juzgado de Distrito en Quintana Roo, con sede en Cancún, dado que es quien ejerce jurisdicción en los municipios de Tulum y Solidaridad donde se halla el predio materia del cierre y reside la autoridad ejecutora, respectivamente. Por tanto, se reitera, con fundamento en los artículos 37 y 48, ambos de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal, se declara legalmente incompetente para tramitar la demanda de que se trata, y estima que debe conocer de ella el Juez de Distrito en turno en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún. Lo anterior, pues aun cuando la parte quejosa promovió su demanda en esta ciudad; sin embargo, al tratarse de un acto que requiere de ejecución material y estarse ejecutando en aquella entidad, ello es determinante para establecer la competencia y por las razones expuestas, se arriba al conocimiento de que la suscrita carece de competencia, para conocer de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 16/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2023065, Undécima Época, Materias(s): Penal, Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1541, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL QUE DETERMINA IMPROCEDENTE UNA SOLICITUD DE INDULTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar cuál Juzgado de Distrito es competente para conocer del amparo indirecto promovido contra el oficio dictado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en el que se determinó improcedente el indulto solicitado por una persona recluida en un Centro de Readaptación Social, ya que para uno el competente es el Juzgado de Distrito con jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad responsable, mientras que para el otro lo es el que ejerce jurisdicción en el lugar donde se ubique el Centro de Readaptación Social. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el Juzgado de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se ubica el centro penitenciario en el que se encuentra recluido el quejoso es el legalmente competente para conocer del amparo indirecto contra el oficio emitido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal por el que determinó improcedente el indulto, ya que el acto reclamado tiene una ejecución material al incidir en la permanencia del quejoso en el centro de readaptación en el que compurga la pena. Justificación: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas distintas de tracto sucesivo para determinar la competencia en amparo indirecto atendiendo a si el acto reclamado tiene ejecución unívoca, plural o carece de ejecución material. Ahora bien, en el caso es aplicable la primera regla, a saber, la relativa a que es competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Lo anterior es así, porque esta Primera Sala ha sostenido que los actos que determinen la permanencia de la persona en su lugar de reclusión generan una consecuencia material, es decir, una ejecución material. Ante ello, si una persona presentó una solicitud de indulto cuya concesión favorable implicaría, inter alia, la cesación de la privación de la libertad personal ante la extinción de la pena, la resolución que la determina improcedente tiene por consecuencia que permanezca en su situación actual y, por ello, tiene una ejecución material. Dicha ejecución material ocurrirá en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, porque allí se seguirá ejecutando la pena cuya extinción se solicitó." También se cita en apoyo a lo expuesto la jurisprudencia I.1o.P. J/6 (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Registro digital: 2018880, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, página 764, que señala: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de devolver un bien inmueble que fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias -ya que la autoridad ministerial liberó al inmueble del aseguramiento que le constreñía-, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el lugar donde se efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo37 y 48 de la Ley de Amparo, remítase este expediente original a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Quintana Roo, con sede en Cancún, para que a su vez la turne al Juzgado que corresponda. Con copia simple de la papeleta, demanda y de la presente determinación, fórmese el cuaderno de antecedentes, y se solicita al Juzgado de Distrito que corresponde conocer se sirva acusar el recibo de estilo, así como la resolución que tenga a bien emitir al respecto, a fin de acordar lo que en derecho corresponda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito inicial de demanda; asimismo, téngase como autorizados de la parte quejosa, a Rigel Eugenio Palomino López, Bertha Isela Castro Mejía y Mariem Janet Alcocer Zamora, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a la persona restante con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se les autoriza para el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

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