Cristina Paola Aldaz Chávez
Expediente 1571/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1571/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- C. I. A. G.
- Cristina Paola Aldaz Chávez
- Cristina Paola Aldaz Chávez y Otros.
- Myrna Elizabeth González Chávez
- C. I. A. G. y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierten en autos, en virtud de que se devolvieron los exhibidos por la parte quejosa el trece de marzo pasado. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Escrito parte quejosa. Agréguese a los autos el escrito presentado por el autorizado legal de la parte quejosa; en atención a su contenido, hágase devolución de las constancias que acompañó al escrito inicial de demanda, previa copia certificada que se deje en autos y la razón de recibo respectivo. Se autorizan copias simples. Por otro lado, en atención a su diversa petición, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia simple de las constancias que indica. En la inteligencia de que previa consulta con el actuario judicial adscrito, que realiza el seguimiento del expediente en que se actúa, se fijará día y hora para acudir a fotocopiar dichas constancias, y se entregarán en las instalaciones de este órgano jurisdiccional, previa razón de recibo que se asiente en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución Constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con once minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido del secretario Jesús Emmanuel Trejo Michel, con quien actúa, declara abierta la presente audiencia conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de admisión, constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informes justificados de las autoridades responsables; a lo que el juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa en auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, para que ampliara la demanda respecto al numeral o numerales del Código de Familia para el Estado de Sonora que refiere fueron aplicados en su contra por la autoridad registral, sin que ejerciera tal derecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la determinación de referencia y se resolverá el presente sumario únicamente por los actos inicialmente señalados. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que la parte quejosa los formuló. El juez acuerda: se tienen por reproducidas las manifestaciones realizadas por la citada parte, mismas que serán atendidas en el momento procesal oportuno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por perdido el derecho de las demás partes para expresarlos; se cierra esta fase y al no existir diligencia pendiente que desahogar, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ******************** Civil; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda. Mediante escrito de demanda recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, ******************** y ******************** por propio derecho y en representación de sus menores hijas ******************** y ********************, promovieron demanda de amparo, en contra de los actos atribuidos al Congreso del Estado de Sonora y otras autoridades. Se admite la demanda. El veintiocho siguiente, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el acto de aplicación de la porción normativa que se estima inconstitucional, tiene ejecución en el ámbito territorial en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. III. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del escrito de demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: La inconstitucionalidad de los artículos del Código de Familia para el Estado de Sonora que impiden a una pareja homoparental, registrar a sus hijos, atribuidos al gobernador Constitucional y al Congreso, ambos del Estado de Sonora, al haber participado en el procedimiento legislativo respectivo. El acto de aplicación del mencionado texto normativo a través de la negativa verbal o tácita de registrar a las menores quejosas atribuida a la directora General y a la oficial Primera, ambas del Registro Civil del Estado de Sonora. Inexistencia del acto reclamado No es cierto el acto reclamado a la directora General y a la oficial Primera, ambas del Registro Civil del Estado de Sonora, pues al rendir su informe justificado negaron el acto que se les atribuye. Ahora, a pesar de que la parte quejosa aportó como pruebas las documentales siguientes: Certificados de nacimiento de las menores quejosas ******************** y ******************** Copia certificada del acta de matrimonio de las quejosas ******************** y ********************. Solicitudes de registro de nacimiento de las menores quejosas ******************** y ********************. Éstas no corroboran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, ni desvirtúan las negativas formuladas por las citadas autoridades responsables; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia de los citados actos reclamados. Toda vez que, las documentales aportadas solamente resultan aptas para acreditar el nacimiento de las menores quejosas, las nupcias contraídas entre ******************** y ******************** y el llenado de los formatos para el registro del nacimiento de las menores quejosas, respectivamente. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo en relación con el acto de aplicación precisado bajo el inciso b) del apartado que antecede y, por ende, respecto al mismo se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Es menester señalar que la causa de sobreseimiento causada por la inexistencia de los actos de aplicación, atribuidos a la directora General y a la oficial Primera, ambas del Registro Civil del Estado de Sonora, debe hacerse extensiva también respecto de la acción constitucional relativa a la norma reclamada precisada bajo el inciso a) del aparatado III, pues su procedencia se encuentra condicionada a la de los actos a través de los cuales se individualizan éstas. Ello es así en virtud de que la pretensión del juicio biinstancial contra leyes es combatir el acto de aplicación para así destruir la lesión producida por la ley que lo funda. Sirve de apoyo a lo expuesto en la jurisprudencial 2a./J. 71/2000, sostenida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 235, tomo XII, agosto de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, de texto y rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Asimismo, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial 2a./J. 95/2005, visible en la página 328, tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del tenor literal: LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN. Conforme a los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, una ley autoaplicativa puede ser combatida en dos diferentes momentos: a) dentro de los 30 días a partir de su entrada en vigor, y b) dentro de los 15 días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos. Ahora bien, la existencia de estos dos plazos para combatir la ley no significa que simultáneamente puedan coexistir, pues tal circunstancia provocaría inseguridad jurídica. Por ello, si el quejoso impugna la ley a partir de su entrada en vigor, el plazo será el de 30 días, pero si la combate con motivo de su primer acto de aplicación, el plazo será de 15 días en los términos destacados. En ese tenor, si el quejoso combate la ley con motivo de su primer acto de aplicación, pero la demanda la presenta fuera del plazo de 15 días aludido, el juicio de garantías resulta improcedente por lo que hace al acto de aplicación y, consecuentemente, también lo será por lo que respecta a la ley, sin que resulte válido pretender que en relación con esta última se aplique el plazo de 30 días por tratarse de una ley autoaplicativa, pues aun cuando tenga este carácter, el quejoso la combatió a través de su primer acto de aplicación. En ese sentido, no es óbice a la anterior determinación el hecho de que respecto de la legislación tildada de inconstitucional, sea notoria su existencia, y por ende no esté sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, ello en virtud de las razones ya expuestas. Es importante dejar patente que con lo anteriormente resuelto, tampoco se soslaya el hecho de que la Primera Sala del Máximo Tribunal al resolver el amparo en revisión 152/2013, estableció la posibilidad de impugnar la parte valorativa de las normas jurídicas sin que exista un acto de aplicación concreto, cuando sus textos resulten estigmatizadores, ejecutoria de la que derivó la tesis 1a. CCLXXXIII/2014 (10a.), de textos y rubros siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. PERMITE IMPUGNAR LA PARTE VALORATIVA DE LAS NORMAS JURÍDICAS SIN NECESIDAD DE UN ACTO DE APLICACIÓN, CUANDO AQUÉLLAS RESULTEN ESTIGMATIZADORAS. Los significados son transmitidos en las acciones llevadas por las personas, al ser producto de una voluntad, de lo que no se exceptúa el Estado, como persona artificial representada en el ordenamiento jurídico. Así, las leyes no sólo regulan conductas, sino que también transmiten mensajes que dan coherencia a los contenidos normativos que establecen, ya que no regulan la conducta humana en un vacío de neutralidad, sino que lo hacen para transmitir una evaluación oficial sobre un estado de cosas, un juicio democrático sobre una cuestión de interés general. En este sentido, las leyes no sólo contienen una parte dispositiva, sino también una valorativa. Esta última es el producto de ciertas tesis sobre las que concurren las mayorías legislativas. Lo anterior es especialmente relevante considerar cuando se trata de estereotipos, pues la percepción social que hace sobrevivir un prejuicio contra un sector discriminado se sustenta en una compleja red de leyes y normas que regulan los intercambios de las personas para promocionar el rechazo a estos grupos, cuyo efecto es preservar un determinado mensaje oficial en la sociedad independientemente de la eficacia de determinados contenidos dispositivos de esa legislación. Luego, la discriminación no sólo se puede resentir cuando la norma regula directamente la conducta de un grupo vulnerable, sino también mediante aquellas normas que promocionan y ayudan a construir un significado social de exclusión o degradación, que si bien pueden no tener a los miembros de cierto grupo vulnerable como destinatarios, los efectos de su aplicación mediante la regulación de la conducta de terceros sí les genera un daño de estigmatización por discriminación. Así, esta Primera Sala estima que junto a la afectación material o tradicional que puede generar la parte dispositiva de una norma, puede existir una afectación inmaterial que produce el mensaje transmitido por la norma, es decir, por su parte valorativa. En otras palabras, el estigma por discriminación puede ser una afectación expresiva generada directamente por una norma, la cual comúnmente se traduce en una serie de eventuales afectaciones materiales secundarias, con motivo de la puesta en práctica del contenido prescrito por la norma, como es la exclusión de beneficios o distribución inequitativa de cargas. Sin embargo, lo relevante es que independientemente de las partes heteroaplicativas que contenga la norma, si existe una afectación de estigmatización por discriminación generada directamente en su parte valorativa, se debe reconocer interés legítimo para impugnarla, sin esperar el acto de aplicación. Cabe precisar que este tipo de afectación no diluye el concepto de interés legítimo en interés simple, pues no puede considerarse como un estigma la afectación ideológica que produce una ley en ciertos miembros de la población en general, ni permite hacer pasar como interés legítimo la mera percepción dañina subjetiva del quejoso, es decir, la disidencia u oposición a la norma. La afectación por estigmatización es una afectación concreta y distinguible de la mera oposición o disidencia ideológica a una ley, generable por un mensaje tachado de discriminatorio por la utilización de una de las categorías sospechosas establecidas en el artículo 1o. constitucional, del cual el quejoso es destinatario por ser miembro de uno de los grupos vulnerables identificados mediante una de esas categorías. Así, la estigmatización por discriminación no sólo depende de las impresiones subjetivas del quejoso, sino de una evaluación impersonal y objetiva del juzgador, lo que se determina mediante la derivación de entendimientos colectivos compartidos, el contexto social en que se desenvuelve y la historia de los símbolos utilizados." (No. de Registro: 2006962, Décima Época, Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, página: 146). Sin embargo, en el caso concreto, no es factible analizar dicho aspecto en relación con el Código de Familia para el Estado de Sonora, en virtud de que las solicitantes de amparo fueron omisas en precisar de manera puntal la porción normativa de la codificación en cita que reclamaban, lo anterior a fin de incluir dicho acto a la litis Constitucional; para estar en posibilidad de corroborar la existencia de la parte dispositiva del mismo y en su caso determinar si su parte valorativa es susceptible de considerarse estigmatizadora, con el objeto de establecer si la parte quejosa cuenta con interés legítimo para combatirlas, aun ante la ausencia de un acto de aplicación. En efecto, las impetrantes fueron omisas en ampliar su demanda en relación con los artículos reclamados en sede Constitucional, no obstante que por auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, se les dio vista para que con fundamento en el artículo 111 de la ley de la materia, en el término de quince días, manifestaran si era su deseo ampliar la demanda por lo que hace a los referidos actos; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, el presente juicio se resolvería por las autoridades y actos reclamados inicialmente. Asimismo, en la audiencia constitucional se hizo efectivo el apercibimiento referido en el párrafo que antecede, toda vez que las quejosas no realizaron manifestación alguna en el sentido indicado; por ende, se ordenó resolver respecto de los actos y autoridades indicadas en el escrito inicial. En esa línea de pensamiento, cabe decir que la suplencia de la deficiencia de la queja a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo no llega al extremo de modificar la litis Constitucional y resolver respecto de actos que no fueron señalados expresamente en el escrito de demanda de derechos o en su ampliación, por lo que es inconcuso que sobre el particular debe estarse al planteamiento que hizo la parte quejosa; consecuentemente quien resuelve debe sujetarse estrictamente al señalamiento de los actos reclamados hechos por el quejoso y no modificar la litis. Son aplicables a lo anterior las tesis con número de registro 2019603 y 211999, de la Décima y Octava Época, que taxativamente disponen: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO. NO TIENE EL ALCANCE DE QUE EL JUZGADOR CONSIDERE COMO ACTOS RECLAMADOS, AQUELLOS QUE EL QUEJOSO NO SEÑALÓ. De conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 7/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA.", la suplencia de la queja deficiente en el juicio constitucional se limita a mejorar, subsanar e invocar los conceptos de violación o agravios, entendidos como las lesiones que irroguen los actos reclamados o la sentencia. Por tanto, esa institución no tiene el alcance de que el juzgador considere como actos reclamados, aquellos que el quejoso no señaló, pues incluso el artículo 114, fracción II, en relación con el diverso 108, fracción IV, ambos de la propia ley, dispone que el órgano jurisdiccional debe requerir al promovente para que aclare su demanda cuando omita expresar los actos que de cada autoridad reclame y, si no cumple la prevención, no puede subsanarse esa deficiencia." (No. de Registro: 2019603, Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, página: 2799). "SUPLENCIA DE LA QUEJA, NO PROCEDE SUBSTITUIR LOS ACTOS RECLAMADOS A PRETEXTO DE LA. Del texto del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo reformada, se infiere que la suplencia de la queja en esta materia tiene el alcance de perfeccionar los conceptos de violación o los agravios, o incluso de elaborarlos cuando faltan en la demanda o en los recursos correspondientes; pero dicha suplencia opera exclusivamente cuando el quejoso es el reo y, por virtud de ella, no es posible sustituir o cambiar los actos expresamente reclamados ni las autoridades señaladas como responsables, al tenor del artículo 77, fracción I, del invocado ordenamiento, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben concretarse a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto o actos reclamados expresamente en la demanda y, en términos del diverso artículo 79, en los casos en que no proceda suplir la deficiencia de la queja, únicamente podrán corregirse los errores que se adviertan en la cita de preceptos constitucionales y examinarse en su conjunto los agravios y conceptos de violación, pero jamás substituir los actos reclamados en la demanda por los que aparezcan probados en autos. En efecto, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, a excepción de asuntos en materia agraria, no permite que se sustituyan los actos reclamados en la demanda por otros que se estimen probados. (No. de Registro: 211999, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página: 824). En el mismo sentido, apoya lo considerado, por mayoría de razón, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917, Septiembre 2011, tomo II, procesal constitucional 1, Común segunda parte-TCC décima primera sección -sentencias de amparo y sus efectos, página 2871, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO. Si bien es verdad que el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, establece que, en materia penal, operará la suplencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación, o de agravios del reo, también es cierto que la suplencia de la deficiencia de la queja, en materia penal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo en comento, consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado. Sin embargo, tal suplencia de la queja no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable." (No. de Registro: 202562, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, página: 567). Finalmente son inatendibles los alegatos formulados por la parte quejosa, dado que dichas manifestaciones no forman parte de la litis Constitucional, sin que ello implique transgresión a derecho procesal alguno. Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." (No. de Registro: 205449, Octava Época, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1994, Tomo 80, página: 14). Decisión. En las relatadas condiciones, al ser inexistente el acto de aplicación reclamado a las autoridades responsables precisado bajo inciso b) del apartado III, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Causa de sobreseimiento que se hace extensiva a la Ley tildada de inconstitucional. En mérito de lo expuesto, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por las accionantes del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 50916, de rubro y texto que se transcriben: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 61, 63, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo; se Resuelve. Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ******************** y ******************** por propio derecho y en representación de sus menores hijas ******************** y ******************** contra los actos atribuidos a las autoridades responsables precisadas en el apartado III, por las razones expuestas en el diverso considerando IV de esta resolución. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Alegatos. Agréguese a los autos el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que formula, sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. En el entendido que se encuentra transcurriendo el plazo concedido en auto de veinticinco de enero del año en curso, a efecto de que la parte quejosa ejerza su derecho de ampliar su escrito de demanda. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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- Cristina Soberanes Iñigo799/2022
- Cristo Guadalupe Guzmán Madero1616/2019
- Cristo Rey Osuna Cons1026/2023
- Cristobal Eduardo Navarro Belducea595/2023