Cristina Pale Ruiz
Expediente 340/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 340/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Cristina Pale Ruiz
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la parte promovente lo haya hecho valer; con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PROMOVENTE CRISTINA PALE RUIZ, EL ACUERDO QUE DICE: La autorizada de la parte quejosa cumple la prevención realizada en autos; al respecto, se emite el siguiente pronunciamiento: PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura íntegra de los escritos de demanda y aclaratorio relativo, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la misma Ley. El artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece a la autoridad como parte en el juicio de amparo, la cual dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias, con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la Ley de Amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Tiene aplicación la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 199459 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Página: 118 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". De lo anterior, se advierte que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Cabe mencionar que en la ejecutoria que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, al respecto aprobó la siguiente tesis: Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Como se advierte de lo anterior, a efecto de determinar la procedencia del juicio de amparo que promueve la parte quejosa, se debe constatar si el acto que reclama afecta de manera unilateral la esfera jurídica del promovente, si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerarse si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad. HECHOS En el caso, del análisis íntegro del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: La falta de aportación al fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro, a favor de su finado hijo, relativa a los años 2009 a 2016, quien laboró para la Secretaría de Seguridad del Estado de Veracruz. La falta de pago total de aportaciones al fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro, a favor de su finado hijo, así como los intereses generados. El pago de la cantidad aprobada en la Cuarta Sesión Ordinaria del Fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro, celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Asimismo, de los antecedentes de la demanda se advierte lo siguiente: La promovente es progenitora del finado Fernando Mendoza Pale, quien laboró en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, hasta el ocho de septiembre de dos mil quince. Cabe destacar que la promovente es la beneficiaria de las prestaciones que correspondían al finado por el tiempo que laboró en dicha dependencia, entre ellas, la prestación denominada S.A.R. (Sistema de Ahorro para el Retiro). En razón de lo anterior, mediante escrito de diez de agosto de dos mil dieciséis, solicitó que se le entregaran los estados de cuenta actualizados de dicho fideicomiso, así como el pago correspondiente. Al respecto, se advierte que el Secretario del Fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro, mediante oficio FSAR/ST/306/2016 de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, en respuesta a la solicitud de la parte quejosa le informó que en Sesión Ordinaria del Fideicomiso celebrada el treinta y uno de agosto de ese año, determinó que la cantidad pendiente de aportar al fideicomiso de su finado hijo era de $4,876.30 (cuatro mil ochocientos setenta y seis pesos 30/100), por lo que dicha autoridad solicitó a la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz el depósito de las aportaciones correspondientes. CONCLUSIÓN En ese sentido, este órgano jurisdiccional respetuosamente considera que en el caso, los actos que la promovente reclama no corresponden con actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que éstos no derivan de una relación de supra a subordinación, como la que se suscita entre un ente público dotado de investidura pública y un particular, sino en un plano de igualdad y coordinación, por lo que difiere sustancialmente de la que se entabla entre una autoridad y el gobernado, lo cual se considera así, ya que el pago del fideicomiso que la promovente reclama se generó con motivo de la relación contractual que existía entre el finado Fernando Mendoza Pale con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz; en ese sentido la problemática que existe relativa al pago de dicho fideicomiso puede ser resuelta, en su caso, a través de una solución en la vía administrativa, mas no a través del juicio de amparo, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia. No es óbice a lo anterior que el artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, de Ley de Amparo, prevé la posibilidad que los particulares puedan adquirir la calidad de autoridad responsable, pues para esto los actos equivalentes a los de autoridad requieren de la existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación jerárquica respecto del quejoso; lo cual, como ya se expuso, no acontece en el presente asunto. En razón de lo anterior, el juicio de amparo no es el idóneo para combatir los actos que la quejosa reclama, en todo caso, tiene expeditos sus derechos para hacer valer el medio de impugnación ordinario que considere pertinente, ante la autoridad competente. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XXIII, y el 5, fracción II, de la Ley de Amparo.
- Principal
Del estado procesal que guardan los autos del incidente de suspensión en que se actúa, así como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes quejosa y tercera interesada en proveído de seis de marzo del dos mil diecisiete (foja 69), sin que realizaran manifestación alguna. Acorde con lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto precisado en el párrafo que antecede, por lo que se ordena devolver debidamente endosado a favor de la parte quejosa el billete de depósito serie N 177040 por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), previa identificación, así como razón que por su recibo otorgue en autos; apercibiéndola que, de no comparecer ante este órgano jurisdiccional a recoger la citada garantía, una vez que transcurra el término de dos años, previsto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se declarará prescrito a favor del Fisco Federal.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PROMOVENTE CRISTINA PALE RUIZ, EL ACUERDO QUE DICE: Cristina Pale Ruiz promueve demanda de amparo contra actos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, residente en esta ciudad y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 340/2017. PREVENCIÓN PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido de la demanda de amparo se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS De los artículos 108, fracciones V y VI, 110, 112, 113 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte la facultad de este juzgado de Distrito de prevenir a la parte quejosa para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad, o se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo, o bien, no se exhiban las copias para el traslado de las partes. Además, la demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se advierta el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre (quien deberá acreditar su representación) y en la que el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, los hechos, abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Por otra parte, el artículo 110 de la Ley de Amparo establece que, de no presentarse la demanda de amparo a través de medios electrónicos, se acompañarán a su escrito las copias para correr traslado a cada una de las partes del juicio de amparo. HECHOS En el caso, del análisis íntegro del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: La falta de aportación al fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro, a favor de su finado hijo, relativa a los años 2009 a 2016, quien laboró para la Secretaría de Seguridad del Estado de Veracruz. La falta de pago total de aportaciones al fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro, a favor de su finado hijo, así como los intereses generados. El pago de la cantidad aprobada en la Cuarta Sesión Ordinaria del Fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro, celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Asimismo, de los antecedentes de la demanda se advierte que mediante escrito de diez de agosto de dos mil dieciséis, solicitó que se le entregaran los estados de cuenta actualizados de dicho fideicomiso, así como el pago correspondiente. Al respecto, se advierte que el Secretario del Fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro, mediante oficio FSAR/ST/306/2016 de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, en respuesta a la solicitud de la parte quejosa le informó que en Sesión Ordinaria del Fideicomiso celebrada el treinta y uno de agosto de ese año, determinó que la cantidad pendiente de aportar al fideicomiso de su finado hijo era de $4,876.30 (cuatro mil ochocientos setenta y seis pesos 30/100), por lo que dicha autoridad solicitó a la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz el depósito de las aportaciones correspondientes, quedando en espera de respuesta. Por otra parte, en su único concepto de violación solicita que este órgano jurisdiccional de conformidad con los artículos 1, 4 y 8 Constitucionales, al resolver este asunto, requiera a las autoridades responsables la inmediata respuesta y el pago correspondiente, ya que al momento de la presentación de la demanda no ha recibido respuesta ni pago alguno al respecto, a pesar de haberlo solicitado hace más de ocho meses. CONCLUSIÓN Se concluye respetuosamente que en la demanda de amparo existen irregularidades que deben ser subsanadas por la promovente, en virtud de que no precisó cuál es el acto que pretende reclamar en este asunto, si estos lo constituyen los precisados en los incisos 1), 2) y 3), o bien, la falta de respuesta que manifiesta en el único concepto de violación de la demanda. REQUERIMIENTO A efecto de permitir el efectivo acceso a la jurisdicción en favor de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase para que en el plazo de cinco días legalmente computado, por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumpla con lo siguiente: Precise cuál es el acto que pretende reclamar en este asunto. En caso de reclamar los actos precisados en los incisos 1), 2) y 3), indique si interpuso alguno medio de impugnación en su contra. Del escrito mediante el cual dé cumplimiento al inciso que antecede, deberá allegar las copias que resulten necesarias, para cada una de las partes en este asunto. Lo anterior se considera necesario para fijar la litis correctamente en este asunto y proveer lo conducente al trámite del mismo. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Registro No. 175345 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXIII, Abril de 2006Página: 990Tesis: I.7o.A.100 KTesis AisladaMateria(s): Común DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. 5. Cosa que sucede. 6. Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla ". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: " Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley. Asimismo, se hace saber a la parte promovente que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personal. Resulta aplicable, la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2007285 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 50/2014 (10a.) Página: 210 AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Se hace del conocimiento de la parte promovente, del delito en que pudieran incurrir quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta de a trescientos días: I.- Al quejoso, a su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. APERCIBIMIENTO Lo anterior, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a cualquiera de lo requerido, se tendrá POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Como lo señala la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Nora Angélica Mendoza Pale, debido a que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y como sus autorizados en términos del último párrafo de dicho artículo, a las restantes personas, por no contar con dicho registro. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la Ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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