Cristina Nava Mendoza

Expediente 980/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
980/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
06/11/2020

Partes del expediente

  • Cristina Nava Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    En la Ciudad de México, seis de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 99 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte, sin que a la fecha lo hubiese hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales procedentes se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Cristina Nava Mendoza, por su propio derecho. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Cristina Nava Mendoza por propio derecho, contra actos del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 980/2020-VII y se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Ahora bien, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento; tal como lo establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, del análisis al escrito inicial de demanda, se advierte que el promovente señala como acto reclamado la resolución de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dentro del expediente administrativo número R-0103/2019. En ese contexto, en relación con el acto reclamado, se advierte que se actualiza, de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. La anterior fracción, tiene relación con el diverso 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en lo que interesa, dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución. De la interpretación sistemática de las normas transcritas se evidencia que tratándose de las controversias a que se refiere el artículo 103 de la Constitución Federal, solamente procederá el amparo una vez que hayan sido agotados los recursos que procedan en el entendido de que, como éste es un medio de impugnación extraordinario, sólo procede contra actos definitivos, en relación con los cuales no exista recurso alguno cuya interposición pueda dar lugar a modificación, revocación o anulación del acto reclamado; por lo que debe acudirse a él sólo cuando se agotó previamente el recurso previsto por la ley ordinaria. Luego, en el caso que nos ocupa se advierte que el promovente del amparo no agotó el principio de definitividad previsto en la fracción XX del numeral 61, de la Ley de Amparo. Esto es así, en razón de que la resolución de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dentro del expediente administrativo número R-0103/2019, es un acto que debe ser combatido a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que disponen: "ARTÍCULO 3.- El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;" Sobre tales premisas, se desprende la procedencia del juicio de nulidad; lo que implica conforme a la anterior explicación que la legislación ordinaria prevé en favor del particular un recurso ordinario el cual debe agotarse previamente a la solicitud de amparo a fin de cumplir con el principio de definitividad de cual se ha dado cuenta. En este orden de ideas, el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente porque como ya se precisó, el promovente del amparo previo a instar la ampliación al juicio de garantías, debió indefectiblemente interponer el juicio de nulidad que contempla el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tomando en cuenta que el acto reclamado consiste básicamente en la resolución dictada por una autoridad administrativa que pone fin a una instancia, lo que indefectiblemente debió combatirlo a través del juicio contencioso administrativo previamente a la instancia constitucional y, así cumplir con el principio de definitividad, en virtud de que éste no contiene mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado. Lo anterior, en razón de que el artículo 28, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión que la que dispone el artículo 128 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS DEBE AGOTARSE EL DE NULIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL ONCE). El análisis del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, en términos de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la ley de la materia, en relación con el juicio de nulidad que se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con base en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite establecer que con motivo de la reforma a este último ordenamiento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, en vigor a partir del once de marzo de dos mil once, según el artículo segundo transitorio del decreto correspondiente, su artículo 28 no exige mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en los diversos 124, 125, 130, 131, 135 y 139 de la Ley de Amparo, debido a que ambas leyes son coincidentes en establecer para ello los siguientes: a) Puede solicitarse en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia; b) A la solicitud deben acompañarse copias tanto de la promoción como de las documentales que se ofrezcan, para correr traslado a las partes; c) Cuando se solicite contra actos que involucren determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, se concederá previa garantía o depósito; d) La garantía o depósito puede reducirse de acuerdo a la capacidad económica del quejoso, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado, de manera directa al pago del crédito; e) La suspensión se tramita por cuerda separada; f) Se otorga si no se afecta el interés social, no se contravienen disposiciones de orden público, no queda sin materia el juicio, cuando los actos no se hayan consumado irreparablemente y si se causan al demandante daños mayores en caso de no decretarse; g) Se prevé la posibilidad de impugnar el auto que decrete o niegue la suspensión; h) Si la ley del acto no prevé la suspensión ante autoridad ejecutora, dicha medida podrá decretarse y subsistirá mientras no se modifique o revoque y hasta que se emita sentencia firme; i) En tanto no se pronuncie sentencia en el juicio, se podrá modificar o revocar la resolución que decretó o negó la suspensión; j) Si se obtiene sentencia firme favorable, el solicitante de la suspensión podrá recuperar la garantía otorgada, pero si le es desfavorable, se hará efectiva. Aunado a ello, del referido artículo 28 se advierte que no precisa, como lo hace el 124 de la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión, cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público; sin embargo, tal omisión, lejos de erigirse como un requisito mayor para la procedencia de la medida cautelar, constituye una reducción de las condicionantes que para tal efecto se exigen en el juicio de garantías, por lo que resulta de mayor indulgencia la suspensión en el juicio de nulidad. En ese contexto, queda de manifiesto que el mayor grado de requisitos previstos para otorgar la suspensión del acto impugnado apreciado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 56/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 1103, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.", ha quedado superado con la indicada reforma. Es importante destacar que conforme al artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, lo cual es compatible con el previsto por la Ley de Amparo para resolver sobre la suspensión provisional. Por otra parte, si bien es cierto que conforme al inciso d) de la fracción III del citado precepto el Magistrado instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que deberá rendir en el término de tres días, vencido el cual, con informe o sin él, aquél resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes, también lo es que los aspectos relativos al envío del informe y el plazo de decisión sólo difieren en que la Ley de Amparo dispone veinticuatro horas para que la autoridad rinda su informe previo, pero el plazo de tres días para resolver, con o sin informe es similar al de setenta y dos horas que establece la legislación de amparo. Aunado a ello, conviene precisar que el plazo otorgado por esta última ley a la autoridad demandada para que rinda su informe, no constituye un requisito de eficacia o de procedencia para el otorgamiento de la suspensión definitiva, en la inteligencia de que, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Constitución General de la República, la restricción sobre los términos de decisión se refiere a la suspensión provisional y no a la definitiva. Por tanto, antes de acudir al amparo debe agotarse el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que es el órgano competente para resolver esa clase de conflictos, en términos de los artículos 14, fracciones XI y XVI, y 15 de su ley orgánica, salvo que se actualice alguna excepción al mencionado principio de definitividad." requisitos previstos en el juicio de nulidad no son mayores a los señalados en la Ley de Amparo. No es óbice para arribar a la anterior conclusión que la jurisprudencia con número de registro 2001434 se refería a la Ley de Amparo abrogada, en virtud de que subsisten las mismas hipótesis de la Ley actual. Por tanto, se concluye que la suspensión en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no exige mayores requisitos de los que prevé la suspensión en el juicio de amparo indirecto. Sin que en el caso se esté en el supuesto de excepción al principio de definitividad y, por tales razones, debió agotarse el juicio ante el mencionado órgano antes de promoverse el juicio de amparo. A continuación se verificará si en el caso se actualiza alguna excepción al principio de definitividad distinta a las que anteriormente fueron objeto de estudio. 1. Cuando se impugnan leyes con motivo del primer acto de aplicación. Dicha excepción no aplica pues toda vez del capítulo de autoridades responsables y actos reclamados, se advierte que únicamente se controvierte un acto emitido por la autoridad administrativa. 2. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. Al respecto debe tomarse en cuenta que el quejoso considera preponderantemente que el acto reclamado infringe la garantía de legalidad por las razones expuestas en sus conceptos de violación, pues sostiene que se violan diversas garantías en atención a que carece de debida fundamentación y motivación. 3. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan. Al respecto, debe destacarse que al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño, toda vez que la resolución de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dentro del expediente administrativo número R-0103/2019, reclamada, es de su conocimiento. 4. Los que carecen de fundamentación. En este aspecto el motivo de violación que argumenta el quejoso es que hubo una indebida fundamentación y motivación, en cuyo supuesto, la parte demandante está obligada a observar el principio de definitividad. 5. En aquellos que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Tampoco se actualiza dicha excepción al principio de definitividad, en razón que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prevé el juicio contencioso administrativo, el cual tiene por objeto que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, confirme, revoque o modifique la resolución de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dentro del expediente administrativo número R-0103/2019. En virtud de que no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que debió promoverse el juicio contencioso administrativo antes de acudir a la instancia constitucional. En las condiciones apuntadas, en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de garantías, se estima colmada la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de garantías presentada por Cristina Nava Mendoza por propio derecho. Lo anterior con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la ampliación de demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Es aplicable al presente asunto la tesis I.13o.A.4 K del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Aguilera de Hombre, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente. Toda vez que no existe disposición legal que le prohíba a la quejosa o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, se autoriza su uso en el presente sumario; para lo cual deberán de cumplir previamente con los lineamientos establecidos en los artículos 2, fracción VII, 3 y 4, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19", relativos a la programación de citas para la consulta del expediente. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento delas partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de notificar las determinaciones que deban ser de carácter personal en el presente expediente, se habilitan días y horas inhábiles durante todo el procedimiento. En atención a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 referido; se exhorta a la parte quejosa para que: 1) De estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberá solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberá especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Por otro lado, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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