Cristina Martínez Cortés
Expediente 840/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Cristina Martínez Cortés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 840/2022 promovido por ***, en contra del acto de la autoridad que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de Cristina Martínez Cortés, los integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, vulneraron sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Cristina Martínez Cortés, promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito recibido en este juzgado el catorce de julio de dos mil veintidós, en contra del acto y la autoridad que más adelante se precisarán. Por acuerdo de quince de julio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, la cual registró con el progresivo 840/2022; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que pretenden ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, en el caso concreto se precisa que se tiene como autoridad responsable a la Sala Regional Del Sureste, debido a que la petición realizada por la quejosa se encuentra dirigida a ese cuerpo colegiado, tal y como se advierte del escrito presentado por la promovente del amparo y de quien reclama la omisión de cumplimentar la sentencia de tres de febrero de dos mil veintiuno en los autos del expediente 4167/19-15-01-1, de su índice, así como la omisión de acordar su escrito de treinta de mayo de dos mil veintidós presentado dentro del expediente 4167/19-15-01-1, del índice de la Sala Regional Del Sureste, y la falta de notificación del acuerdo respectivo. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe justificado la Magistrada Presidenta de la Sala Regional Del Sureste, negó la existencia del acto reclamado, agregando que el uno de agosto de dos mil veintidós ese órgano jurisdiccional, en atención a la promoción presentada por la actora el treinta de mayo pasado, procedió a hacer efectivo el apercibimiento decretado en el auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, imponiendo a la Encargada Titular de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, una multa mínima en cantidad de $28,866.00 y le requirió de nueva cuenta para que en el término de tres días hábiles informara el total cumplimiento dado a la sentencia; sin embargo, de la manifestación de la responsable se advierte la omisión reclamada por la disidente de mérito, puesto que la misma existía al momento de la presentación de la demanda (catorce de julio de dos mil veintidós), así mismo, que a la fecha de la presentación de la demanda el expediente origen cuenta con sentencia firme y que la misma, aún no se ha cumplimentado, como así lo revela el informe justificado y las documentales remitidas consistentes en copia certificada de los autos del expediente 4167/19-15-01-1, que tienen pleno valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, ya que la misma fue acordada con posterioridad a la fecha de la presentación de la demanda de amparo. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, de rubro y texto siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. VI. PROCEDENCIA Ahora, previo al estudio de fondo de este asunto, se procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea, que la invoquen las partes, o bien, se advierta por esta juzgadora, toda vez, que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En la especie, de oficio se advierte que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de cumplimentar la sentencia dictada a su favor en expediente 4167/19-15-01-1, de la Sala Regional Del Sureste, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que, este órgano constitucional estima que en su contra procede el recurso de queja previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Para evidenciar dicho aserto es necesario tener presente el contenido del precepto 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Del tramo normativo inserto se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por medio del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Es decir, el dispositivo transcrito establece que el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente cuando no se observe el principio de definitividad respecto de los actos provenientes de las autoridades jurisdiccionales. El aludido principio que rige al juicio constitucional implica que previo a la presentación de la demanda de amparo el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o los medios de defensa legales que procedan contra el proceder reclamado, siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación. El indicado motivo de improcedencia no es absoluto, toda vez que en el propio dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los supuestos de excepción enumerados, ya que en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer la acción constitucional, o bien, el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija al acto reclamado sea procedente. En ese contexto, la quejosa previo a instar a la Justicia Federal sobre el tópico de constitucionalidad derivado de un acto emanado de un ente judicial o que ejerce facultades materialmente jurisdiccionales debe agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate y una vez que con esos mecanismos ordinarios de defensa no se haya revertido los efectos del origen de la inconformidad procederá el ejercicio de la acción de amparo. En esa línea, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto previamente deben agotarse los medios ordinarios de defensa que la ley prevea contra los actos acaecidos dentro del procedimiento, ya que de no hacerlo se actualizaría la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional Ilustra lo anterior, la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de epígrafe y texto siguientes: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En la especie, como se puntualizó en el apartado de antecedentes, la disidente reclama de los integrantes de la Sala responsable, la omisión de cumplimentar la sentencia de tres de febrero de dos mil veintiuno en los autos del expediente 4167/19-15-01-1, de su índice. Dicha conducta negativa no tiene el carácter de definitiva, ya que para lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad y vencer la contumacia de una autoridad demandada, procede el recurso de queja previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En efecto, el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, del referido ordenamiento legal, establece: ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: . II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: [.] 3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia [.]" De la intelección de las porciones normativas transcritas puede colegirse que contra la omisión de dar cumplimiento a la sentencia, puede interponer el recuro de queja que prevé tal ordenamiento, de manera que la autoridad jurisdiccional obligue a las autoridades demandadas a cumplir con el fallo respectivo. Por consiguiente, previo a la promoción del presente juicio de derechos fundamentales, la inconforme debió interponer el recurso de queja ante la propia Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que a través de este medio ordinario de impugnación, la omisión reclamada puede ser superada y, por ende, ser modificada la contumacia de la autoridad responsable. Empero, al no haberlo hecho así, la peticionaria de amparo incumple con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, lo que trae como consecuencia que se actualice la hipótesis de improcedencia prevista por en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Es preciso indicar que en el caso no se surten las excepciones previstas en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, puesto que en el caso, el acto reclamado no es de los que importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se está en el supuesto de una persona extraña al procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis IV.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "c", de la vigente Ley de Amparo, el principio de definitividad únicamente sufre excepción en los casos siguientes: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento". Todo ello referido a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por consiguiente, si el quejoso, al reprochar una resolución que encuadre en ese tipo, pretende acogerse al argumento de que se encuentra reclamando una violación directa a la Constitución Federal (distinta del derecho de audiencia por falta de emplazamiento o porque sea ilegal éste y ya se encuentre concluido el juicio), hipótesis protegida por el artículo 107, fracción VI, del ordenamiento en consulta (al considerarse terceros extraños por equiparación), lo procedente será desechar la demanda de amparo, pues no deben confundirse las salvedades que se hacen a ese principio en la fracción XX del primer numeral invocado, porque ésta se refiere a actos que provienen de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y entre los cuales sí cabe como excepción al referido principio, la violación directa a la Constitución. Máxime que la irreparabilidad del acto no genera, una excepción a la regla de definitividad, ya que ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.) de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo. Por otra parte, de igual forma, se advierte que en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado consistente en la falta de acuerdo a la petición realizada por la quejosa ante la responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto, que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese tenor, la actualización de la citada causal de improcedencia, se demuestra con las documentales que la autoridad responsable remitió como prueba de su parte, las cuales adquieren valor probatorio pleno en los términos apuntados en el considerando que antecede. Ahora, como la quejosa reclamó de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la omisión de acordar su escrito de treinta de mayo de dos mil veintidós y la falta de notificación del acuerdo respectivo presentado en los autos del expediente 4167/19-15-01-1, del índice de la Sala Regional Del Sureste; y que el uno de agosto de dos mil veintidós ese órgano jurisdiccional, en atención a la promoción presentada por la actora el treinta de mayo pasado, procedió a hacer efectivo el apercibimiento decretado en el auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, imponiendo a la Encargada Titular de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, una multa mínima en cantidad de $28,866.00 y le requirió de nueva cuenta para que en el término de tres días hábiles informara el total cumplimiento dado a la sentencia; asimismo, la referida resolución fue notificada a la quejosa el dieciocho de agosto de esta anualidad con la vista dada con el informe justificado que se agregó el diecisiete del actual; se concluye que en la especie cesaron total e incondicionalmente los efectos del acto combatido, toda vez, que lo pretendido por la agraviada al promover el juicio de amparo, era que se diera contestación a la petición formulada; lo que aconteció el pasado uno de agosto de esta anualidad. De ahí, que en la especie, se advierte en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor; por haber cesado los efectos del acto reclamado; ello, porque cualquier retraso en que hubiera incurrido quedó purgado. Tiene aplicación al efecto la Jurisprudencia número 2ª/J 59/99, publicada en la página número treinta y ocho, del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de amparo, de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la propia ley de la materia. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por la promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Sin que impacte en la presente determinación que de las constancias de que remite la autoridad, no se advierta la notificación realizada a la parte quejosa, pues si bien la quejosa alega, entre otros, como conceptos de violación el contenido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que refiere que a toda petición deberá de recaer un acuerdo escrito, el cual deberá de hacérselo saber en breve termino. Cierto es también que la Primera Sala de nuestro máximo tribunal ya se ha pronunciado en el sentido que cuando se reclama la violación del artículo 8º dentro de un procedimiento jurisdiccional, como en el que actúa la quejosa, no puede considerarse como de ejecución irreparable, pues no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo, puesto que no se trata de una actuación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene el carácter de adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria, para obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada, así como de constreñirla a impulsar el procedimiento. Motivo por el cual, la falta de notificación no puede combatirse de forma autónoma, por no causa a la quejosa un daño irreparable. Apoya lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 7/2015 (10a.), y 1a./J. 8/2015 (10a.), publicadas en el Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil quince y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo I, abril de 2015, páginas 480 y 478, que reza: DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el informe justificado descrito en la cuenta; asimismo, se tiene al Tribunal administrativo responsable por anunciada la documental que exhibe, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva; en consecuencia, con el contenido de tales instrumentos dese vista a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otro lado, no es factible tener a la secretaria de acuerdos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por rendido el citado informe, porque no figura como responsable en este asunto y, por ende, carece de legitimación procesal pasiva para promover. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, no se advierte que obre constancia alguna de la que se advierta que la autoridad responsable haya quedado notificada del contenido del acuerdo dictado el quince de julio del año en curso, por el que se le solicitó su informe justificado; por tanto, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- Cristina Fregoso Zavala995/2022
- Cristina Galindo Pastelín1560/2014
- Cristina Heladia Balbuena García471/2018
- Cristina Hernández Rojas978/2018
- Cristina López Sibaja657/2023
- Cristina Lorenza Galván Pérez318/2018
- Cristina Ruiz Hernández1068/2016
- Cristina Ruìz Sànchez1138/2023
- Cristino Joaquín Jiménez Vera869/2020
- Cristobalito Jiménez Jarquín1055/2019
- Cristofer Avad Blanco González848/2017
- Crucita Enríquez Villalobos1576/2015