Cristina Margarita Cabello Martínez

Expediente 1328/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1328/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
30/04/2019

Partes del expediente

  • Cristina Margarita Cabello Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1328/2018-VI, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el cuatro de abril de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formar XVI anexo; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de abril de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de cuatro de abril de dos mil diecinueve, a la parte tercero interesada Sucesión Testamentaria a bienes de Godofredo Federico Goettsch Fanjon, también conocido como Federico Godofredo Goettsch Fanjon, representada por conducto de Inés Alejandra Carballido Ortiz, en su carácter de heredera universal y albacea; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la sentencia de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe. Resolución que en lo conducente dice: Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A CRISTINA MARGARITA CABELLO MARTÍNEZ, contra la resolución de diez de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de prescripción de la ejecución forzosa de la sentencia definitiva derivada del expediente 361/1999, que reclamó del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe hasta hoy cuatro de abril de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1328/2018-VI, promovido por CRISTINA MARGARITA CABELLO MARTÍNEZ, y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, turnada y recibida el mismo día a este Juzgado, CRISTINA MARGARITA CABELLO MARTÍNEZ, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (fojas 1 a 6 del expediente principal). SEGUNDO. Trámite. El veintidós de agosto de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo; motivo por el cual la parte quejosa interpuso recurso de queja contra dicho proveído (fojas 8 a 11 y 13 del expediente principal). Por resolución emitida en el recurso de queja 214/2018, en sesión de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, determinó declarar fundado el recurso de queja (fojas 20 a 27 del expediente principal). En consecuencia, por auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó el informe justificado (fojas 28 a 30 del expediente principal). El trece de diciembre de dos mil dieciocho se ordenó emplazar a la parte tercero interesada Sucesión Testamentaria a Bienes de Godofredo Federico Goettsch Fanjon, también conocido como Federico Godofredo Goettsch Fanjon representado por Inés Alejandra Carballido Ortiz (foja 41 del expediente principal). Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional el quince de enero de dos mil diecinueve, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a la que se le atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama es: La resolución de diez de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 361/1999, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo cual se corrobora con las documentales consistentes en copias certificadas de diversas actuaciones que integran el juicio de divorcio necesario 361/1999-2, de donde se advierte la existencia del acto reclamado (anexos I al XVI); documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Al no advertir que se actualice causal de improcedencia del juicio, se analizará la constitucionalidad de los actos reclamados. Son infundados, los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, cuyo estudio se abordará conforme a estricto derecho, dado que no procede la suplencia de la queja, al derivar el acto reclamado de un asunto en materia civil, sin que se ubique en alguno de los supuestos previstos el artículo 79 de la Ley de Amparo. Previamente debe señalarse como antecedentes que se desprenden de las constancias del juicio de origen, lo siguiente: 1. El dieciséis de agosto de dos mil novecientos noventa y nueve, la aquí quejosa solicitó el divorcio necesario de Godofredo Federico Goettsch Fanjon, asunto radicado ante el Juzgado Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, bajo el número 361/1999-2 (fojas 1 a 8 del anexo XV). 2. La demanda fue admitida el seis de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, en auto de cinco de octubre de ese mismo año, se tuvo a Godofredo Federico Goettsch Fanjon dando contestación a la solicitud de divorcio necesario e interponiendo reconvención contra Cristina Margarita Cabello Martínez, (foja 41 del anexo XV). 3. Por auto de veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve, se tuvo a Cristina Margarita Cabello Martínez, dando contestación a la reconvención interpuesta (fojas 66 del anexo XVI). 4. Consecuentemente, el veinticinco de abril de dos mil tres, el Juez Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado dictó sentencia definitiva en el expediente 361/1999, al haberse acreditado el ejercicio de la acción de la aquí quejosa disolviendo el vínculo matrimonial con Godofredo Federico Goettsch Fanjon, quien no acreditó sus defensas y excepciones (fojas 197 a 212 del anexo XV). 5. Inconforme con lo anterior, Godofredo Federico Goettsch Fanjon interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a los Magistrados de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes por resolución de quince de noviembre de dos mil cinco, determinaron revocar la sentencia de veinticinco de abril de dos mil tres, y declararon procedente la acción de divorcio ejercitada por el citado tercero interesado, condenando entre otras cosas, a la demandada Cristina Margarita Cabello Martínez, al pago de la pensión alimenticia por la cantidad mensual de $5,700.00 (cinco mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional) (fojas 221 a 254 del anexo XV). 6. En esas condiciones, la aquí quejosa promovió juicio de amparo directo del cual conoció el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, registrándola con el número 156/2006, en el que determinó negar el amparo y protección de la justicia federal (fojas 255 a 301 del anexo XV). 7. Mediante escrito de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, Cristina Margarita Cabello Martínez, promovió incidente de prescripción de la ejecución de la sentencia, por cuanto a sus resolutivos "SEXTO y SÉPTIMO" relativos a la liquidación de la sociedad conyugal y la pensión alimenticia decretada con cargo a la quejosa (fojas 1 a 3 del anexo XVI). 8. En consecuencia, el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado admitió el incidente de prescripción en cita, corriéndole traslado al demandado incidentista -por conducto de la albacea de sus sucesión, en atención a que aquél falleció el seis de septiembre de dos mil diecisiete- quien, con escrito presentado el cuatro de abril de dos mil dieciocho, dio contestación (fojas 4, 134, 11 a 23 del anexo XVI). 9. Finalmente, mediante resolución de diez de agosto de dos mil dieciocho (que constituye el acto reclamado), el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado resolvió declarar improcedente el incidente de prescripción de la ejecución forzosa de la sentencia (fojas 282 a 286 del anexo XVI). Esencialmente sostiene en los conceptos de violación que la responsable viola las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; toda vez que para sustentar el sentido de su determinación, alude a las actuaciones efectuadas tendientes a ejecutar lo relativo a la pensión alimenticia, pero deja de advertir que respecto a la disolución de la sociedad conyugal no se ha tramitado nunca incidencia de liquidación alguna y que por ello era procedente decretar la prescripción solicitada; alegando por esa razón que la resolución reclamada es incongruente y está incorrectamente fundada y motivada. El concepto de violación deviene infundado; toda vez que fue correcto que el Juez responsable declarara improcedente el incidente de prescripción planteado, toda vez que, contrariamente a lo alegado por la quejosa, el término de cinco años que señala el artículo 714 del Código Procesal Civil del Estado, para que opera la prescripción de la acción para ejecutar la sentencia dictada en el juicio de natural, quedó interrumpido por la presentación de los incidentes de la parte actora en el juicio de origen, transcurriendo el primero de ellos en un lapso de aproximadamente doce días a partir de que se notificó a la parte demanda incidentista el contenido de la resolución en mención, para el efecto de dar cumplimiento a la misma de forma voluntaria y por cuanto al segundo de los incidentes se formuló y admitió a los dos años cinco meses, partir de que la aquí quejosa se hizo sabedora de la sentencia definitiva, de lo que dedujo que la ejecución de la sentencia estaba dentro del plazo de cinco años al que alude el citado numeral. Por ello es infundado lo alegado toda vez que parte de una premisa incorrecta al pretender que la autoridad responsable se pronuncie respecto de la prescripción de la liquidación conyugal de la sentencia, sin tomar en consideración que dicha liquidación y la pensión alimentaria forman parte de las prestaciones a las que fue condenada la impetrante en sentencia de quince de noviembre dos mil cinco, por ello no puede sustentarse que existan derechos autónomos sujetos a prescripción de manera autónoma e independiente por cada prestación a la que se le condenó en el juicio de divorcio necesario, pues independientemente de que el fallo contenga diversas prestaciones, éstas derivan de una misma sentencia que constituye cosa juzgada y, por ende, es un acto jurídico único e indivisible para efectos del ordinal 714 del Código Procesal Civil del Estado. Es importante señalar que la figura de la prescripción se da respecto de la ejecución de la sentencia, la cual se interrumpe con la realización de actos procesales tendientes a lograr la ejecución de la condena no existiendo disposición alguna que permita inferir que dicho lapso deba ser computado de manera individual y particular por cada uno de los derechos a ejecutar que consagra el acto jurídico decisorio al disponer que era procedente la acción de divorcio ejercida por Godofredo Federico Goettsch Fanjon en contra de Cristina Margarita Cabello Martínez, en consecuencia se declaraba disuelto el vínculo matrimonial, decretando la disolución de la sociedad conyugal previa liquidación y condenando a la aquí quejosa al pago de una pensión alimenticia por la cantidad de $5,700.00 (CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en favor de Godofredo Federico Goettsch Fanjon. Por tanto se reitera en el caso en estudio la parte actora del juicio de origen solicitó la ejecución de la sentencia dentro del término previsto en el numeral 714 del Código Procesal Civil del Estado pues como se observa promovió dos incidentes de pensión alimenticia, el primero presentado el treinta de mayo de dos mil siete y admitido al día siguiente y respecto del segundo el cuatro de septiembre de dos mil nueve, ordenándose su trámite el ocho del el mismo mes y año; no existiendo un precepto en el Código en mención que establezca la prescripción parcial del fallo, por lo cual, al tratarse de la restricción de un derecho, la prescripción deber operar de manera estricta en los supuestos que la ley prevé. De ahí que no era necesario que el Juez responsable se pronunciara respecto del incidente de liquidación de sociedad conyugal, sí como lo indicó en el particular existieron actos tendientes a ejecutar la sentencia de condena, aunque en aspectos diversos; pues con dichas actuaciones por disposición del artículo 174 de la Legislación adjetiva, se paralizó la prescripción del acto decisorio de condena, en oposición a lo alegado por la quejosa. Cierto es que la facultad de exigir lo sentenciado en un proceso jurisdiccional, mediante el procedimiento de ejecución, es un derecho sustantivo, al traducirse en la facultad de accionar la maquinaria judicial, a fin de obtener lo reconocido en la sentencia con calidad de cosa juzgada, de ahí que dichos incidentes son actos tendentes a solicitar la ejecución de la misma, los cuales al ser acordados favorablemente y determinar su procedencia por cuanto a lo solicitado, interrumpen la institución jurídica de la prescripción. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis 1a.CDXIV/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, página 230, número de registro 2008097 de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA. LA INSTITUCIÓN JURÍDICA QUE ACTUALIZA LA PÉRDIDA DEL DERECHO PARA PEDIRLA ES LA PRESCRIPCIÓN Y NO LA PRECLUSIÓN.". Así como la tesis I.10o.C.1c (10a). emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 2084, número de registro 2000866 cuyo rubro es: "PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA O DE UN CONVENIO JUDICIAL. LA INTERRUMPEN LOS ESCRITOS ACORDADOS FAVORABLEMENTE ORIENTADOS A ACTIVAR SU EJECUCIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).". Consecuentemente, la acción o el derecho para solicitar la ejecución de una sentencia constituye una cuestión diversa a la realización de los actos o formas para cumplimentarla, como es el trámite de liquidación, pero no en relación con los derechos derivados de la resolución, ya que la única figura jurídica que comprende la pérdida del derecho para pedir la ejecución es la prescripción que no opera de forma independiente respecto de algunas de las prestaciones, pues ello implicaría transgredir la cosa juzgada, al tener que dejarse sin efectos una parte de la resolución firme, efectuando para ello una interpretación extensiva de la norma, ya que no existe un artículo que establezca la prescripción parcial del fallo, por lo cual, al tratarse de la restricción de un derecho, la prescripción debe operar de manera estricta en los supuestos que la ley prevé. Además, las prestaciones condenadas no constituyen un derecho divisible o distinto, sino que tienen un mismo origen y fin, de modo que aunque su ejecución requiera un proceso distinto integrado con una serie de actos interdependientes y coordinados que varían de acuerdo a lo condenado, buscan la satisfacción de la obligación consignada en la sentencia en favor del solicitante. La anterior consideración se apoya en la tesis PC.IIIC.J/15 (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo III, página 2220, número de registro 2011588 de rubro: "SENTENCIA DEFINITIVA. EN SU EJECUCIÓN NO OPERA LA PRESCRIPCIÓN DE FORMA INDEPENDIENTE RESPECTO DE ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES (LÍQUIDAS O GENÉRICAS), PUES ELLO IMPLICARÍA TRANSGREDIR LA COSA JUZGADA.". Por tanto, contrariamente a lo alegado, la resolución reclamada no se encuentra incorrectamente fundada ni motivada, ni mucho menos resulta incongruente a lo reclamado en el juicio de origen por el impetrante, pues como se indicó el hecho que se declarara improcedente la prescripción solicitada en razón de los diversos incidentes promovidos como se explicó, precisamente de manera correcta fueron catalogados como actuaciones inherentes a lograr la ejecución del fallo y por ende como interruptores del plazo de prescripción pedido; de ahí que es infundado el concepto de violación hecho valer. En este orden de ideas al ser infundados los conceptos de violación analizados, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada en contra de la resolución de diez de agosto de dos mil dieciocho emitida por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A CRISTINA MARGARITA CABELLO MARTÍNEZ, contra la resolución de diez de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de prescripción de la ejecución forzosa de la sentencia definitiva derivada del expediente 361/1999, que reclamó del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe hasta hoy cuatro de abril de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de trece de diciembre del dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, trece de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de siete de diciembre de dos mil dieciocho, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las nueve horas con treinta minutos del quince de enero de dos mil diecinueve, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." Ahora bien, toda vez que en la presente contienda le asiste el carácter de tercera interesada a la ******************** en términos del inciso a) de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se instruye al Actuario para que emplace a la parte tercera interesada ********************, en el domicilio ubicado en ********************, al hacerlo deberá correr traslado con copia simple de la demanda, auto de admisión de demanda, así como del presente acuerdo; para que si a sus intereses conviene comparezca a juicio, además, les informe la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional y le requiera para que en el acto del emplazamiento, o bien, dentro del término de tres días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al en que ese surta efectos, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones que sean de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le harán por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 29, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al artículo 2° de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo el emplazamiento de la tercera interesada. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/5083/2018 de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano