Cristina Marcelina Tepole Tzanahua
Expediente 292/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 292/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Cristina Marcelina Tepole Tzanahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, once de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que de conformidad con la circular CAP/3/2020, se suspendieron plazos y términos procesales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al esquema trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid- 19; por lo que se suspendieron plazos y términos procesales en el presente asunto, dado que el acto reclamado no se ubica dentro de los calificados como urgentes. Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informó que el ordenamiento aplicable a partir del doce de enero del año en curso, para la operación de los órganos jurisdiccionales, con excepción de la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; por lo que a partir de esa fecha se ordenó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales. En consecuencia, se reanuda el presente asunto; en el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por tanto, vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en la que se negó el amparo y protección constitucional, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE NEGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de los documentos originales ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos.
- Principal
Córdoba, Veracruz, once de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que de conformidad con la circular CAP/3/2020, se suspendieron plazos y términos procesales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al esquema trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid- 19; por lo que se suspendieron plazos y términos procesales en el presente asunto, dado que el acto reclamado no se ubica dentro de los calificados como urgentes. Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informó que el ordenamiento aplicable a partir del doce de enero del año en curso, para la operación de los órganos jurisdiccionales, con excepción de la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; por lo que a partir de esa fecha se ordenó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales. En consecuencia, se reanuda el presente asunto; en el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por tanto, vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en la que se negó el amparo y protección constitucional, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE NEGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de los documentos originales ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos.
- Principal
QUEJOSO NO ATENDIO A CITATORIO POR LO QUE SE LE NOTIFICA POR LISTA LA SENTENCIA DE 26/11/2020 UE EN SINTESIS DICE: Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 292/2020, promovido por. contra un acto del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zongolica, Veracruz, que consideró violatorio en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido el seis de julio de dos mil veinte, por el Secretario de Guardia de este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y la autoridad que a continuación se precisan. AUTORIDADES RESPONSABLES. IV. ACTO RECLAMADO. SEGUNDO. PREVENCIÓN, ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de dieciséis de julio de dos mil veinte, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, previo cumplimiento a la prevención formulada, admitió la demanda registrada bajo el número 292/2020; en consecuencia, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, ordenó emplazar a la tercero interesada y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERO INTERESADA. Por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se tuvo por emplazada a la tercero interesada. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. debido a que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General. del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo. de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama. Del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zongolica, Veracruz. La resolución de once de junio de dos mil veinte, dictada en el expediente. mediante la cual se declaró fundada la reclamación interpuesta por. contra la medida de convivencia decretada en auto de veintiocho de mayo anterior. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zongolica, Veracruz, así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que, además, se corrobora con las copias certificadas de las constancias deducidas del expediente. remitidas por la responsable en apoyo a su informe, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos. del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal. ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para mejor comprensión del asunto, resulta pertinente reseñar algunos antecedentes relevantes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias remitidas por la autoridad responsable en vía de informe, relativas al expediente 137/2020, a saber. Mediante escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil veinte, ante la Secretaría de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zongolica, Veracruz. promovió consignación de pago por concepto de alimentos, en favor de su menor nieta de apellidos. y solicitó se decretara un régimen de convivencia entre ella y dicha infante. Por acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veinte, el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zongolica, Veracruz, admitió a trámite la solicitud mencionada bajo el número. y decretó como medida cautelaruna convivencia entre la promovente. y su menor nieta, en los términos ahí indicados. En contra de dicha determinación, el tres de junio de dos mil veinte. interpuso recurso de reclamación. Por auto cuatro de junio de dos mil veinte, se ordenó dar trámite al recurso de reclamación hecho valer, y vista a la contraparte por el término de tres días para que manifestara lo que a su interés conviniera. El once de junio de dos mil veinte, la responsable declaró fundada la reclamación interpuesta contra la medida de convivencia decretada a favor de. en consecuencia, dejó sin efectos la misma, por los motivos ahí expuestos. Esta última determinación constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. QUINTO. QUINTO PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso no se hizo valer ni se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación formulados en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia. SÉPTIMO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Son infundados por una parte, e ineficaces por otra, los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Por razón de técnica, los conceptos de violación serán analizados en un orden distinto al en que fueron planteados en la demanda de amparo, y algunos de ellos de forma conjunta dada su estrecha vinculación; lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 76 de la citada Ley de Amparo. En principio, resulta infundado el argumento en el que la inconforme manifiesta, en esencia, que se viola en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene la garantía de debido proceso, dado que el Juez responsable no cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento. Para corroborar dicho aserto, en principio, es pertinente citar el contenido del citado numeral constitucional, que en su párrafo segundo establece. De la transcripción anterior se advierte que el constituyente reconoció, en la Carta Magna, la llamada garantía de audiencia, relativa a las formalidades esenciales del procedimiento, que integran el debido proceso legal, referida al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional. A ese respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como formalidades esenciales del procedimiento las siguientes. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. Oportunidad de alegar. Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En el asunto que nos ocupa, el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de reclamación interpuesto por la aquí tercera interesada, contra la medida de convivencia decretada en el sumario natural, recurso que se encuentra previsto en el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. El Juez responsable, por auto de cuatro de junio de dos mil veinte, admitió la reclamación planteada por. contra la medida de convivencia decretada a favor de. por ende, entre otras cosas, dio vista a la contraparte por el término de tres días para que manifestara lo que a su interés conviniera; y seguido el trámite, el once de junio de dos mil veinte, resolvió la reclamación planteada. En tal contexto, no se advierte violación alguna por parte del juzgador de origen por cuanto hace a las formalidades del procedimiento del que deriva el acto reclamado. No obsta a lo anterior, que la quejosa señale que la responsable no le notificó personalmente la admisión del recurso de que se trata; lo anterior, dado que dicha actuación no requiere notificarse personalmente, pues no se ubica en alguna de las hipótesis que a ese respecto establece el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad. Luego, contrariamente a lo alegado por la accionante de amparo, en el caso sí se cumplió con dichas formalidades esenciales del procedimiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la Carta Magna y por el diverso 162 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Por otra parte, resultan ineficaces los motivos de disenso en los que la peticionaria de amparo sostiene lo siguiente. Que la responsable resolvió la reclamación planteada basándose únicamente en suposiciones formuladas por la reclamante. Que la responsable viola su garantía contemplada en el artículo 16 constitucional, pues realizó un estudio deficiente de las probanzas que obran en sumario natural. Que no existe justificación alguna para que la responsable la considere como no apta para realizar los depósitos de pago por alimentos y, en consecuencia, minimice su derecho de convivencia. La ineficacia de dichos motivos de inconformidad deriva de que no están encaminados a controvertir de manera frontal y directa las consideraciones expuestas por la autoridad responsable en la resolución que constituye el acto reclamado en este juicio. Para justificar dicha tesis, es pertinente indicar que el Juez responsable basó su determinación en los siguientes razonamientos jurídicos. De lo anterior, se advierte que los razonamientos torales que rigen el sentido del acto reclamado y que sirvieron de base para que la responsable declarara fundada la reclamación interpuesta por. contra la medida de convivencia decretada a favor de. son esencialmente los siguientes. Que la medida decretada. debía quedar sin efectos, porque se vulneró el interés superior de la menor involucrada, en razón de que no fue escuchada para que expresara su opinión al respecto, por sí misma o por conducto del Fiscal adscrito; lo anterior, se dijo, en términos de la jurisprudencia de rubro. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL DERECHO DE LOS MENORES A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTA SU ESFERA JURÍDICA NO PUEDE ESTAR PREDETERMINADO POR UNA REGLA FIJA EN RAZÓN DE SU EDAD. Que en razón de que quien instó el derecho de convivencia, forma parte de la familia ampliada de la menor de que se trata, resulta imperativo que, previo a decretarse dicha medida, se realicen diversos estudios sociológicos, psicológicos y económicos; ello, con el fin de contar con elementos necesarios que permitan valorar y tutelar el derecho de convivencia pedido y determinar el mayor beneficio al menor involucrada. Luego, al realizar un ejercicio comparativo entre las consideraciones que rigen el sentido del acto reclamado y los conceptos de violación formulados por la quejosa, se advierte que tales motivos de disenso no están dirigidos a combatir de manera directa los razonamientos torales contenidos en la resolución combatida, por lo que es evidente que sus motivos de disenso expuestos resultan ineficaces. Es pertinente indicar que, con independencia de lo anteriormente dicho, la decisión de la responsable se estima ajustada a derecho, pues ciertamente, acorde con el contenido del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. los Estados Partes deben garantizar al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones de éste en función de su edad y madurez; y para ello, debe dársele oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en concordancia con las normas que rijan el procedimiento respectivo. En otras palabras, todo menor tiene el derecho de ser escuchado cuando en un procedimiento se dilucidan cuestiones referentes a él, lo cual constituye una formalidad esencial del procedimiento a su favor, cuya tutela debe observarse siempre y en todo tipo de procedimientos que puedan afectar sus intereses, debiendo tenerse en consideración que este derecho se debe ejercer de forma progresiva, sin que ello dependa de una edad predeterminada que pueda aplicarse en forma generalizada a todos los menores, sino que debe analizarse en cada caso, según la madurez del menor. Máxime que, en acato al interés superior del menor, el infante tiene derecho a expresar su opinión, el cual en un proceso jurisdiccional debe respetarse, inclusive en temas en los que aún no esté preparado para manifestarse. En el mismo sentido, resulta correcto que si el juzgador primigenio no cuenta en autos con las pruebas que le permitan resolver respecto de la convivencia provisional solicitada, debe recabar las necesarias a fin de estar en condición de proteger el interés superior del menor involucrado. Si bien las medidas cautelares se rigen, entre otros principios, por los de inaudiencia, urgencia y peligro en la demora, se considera que, tratándose del régimen de convivencia provisional cuyo objetivo es fortalecer los vínculos afectivos del menor mediante la interacción periódica con el progenitor no custodio, y no necesariamente salvaguardar al infante de un peligro presente o inminente; es del todo necesario que, si el Juez carece de información relativa al entorno familiar y social en el que el menor de edad se desenvuelve, se allegue de elementos que le permitan informarse al respecto y así dotar a dicho régimen de un contenido que garantice el desarrollo armónico e integral del menor; de lo contrario, se corre el riesgo de establecer un régimen de convivencia genérico, en el que no se tomen en cuenta detalles que podrían resultar necesarios para proteger la salud física y mental del menor, lo que podría afectar su salud integral. En ese sentido se pronunció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión. de su índice. En tales condiciones, al resultar infundados e ineficaces los conceptos de violación formulados por la impetrante de amparo, sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto en el artículo. de la Ley de Amparo, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. OCTAVO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que por auto de dieciséis de julio de dos mil veinte, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se. ÚNICO. La Justicia de la unión NO AMPARA a. contra el acto que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zongolica, Veracruz, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando séptimo de la presente resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
- Principal
En Córdoba, Veracruz, a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 292/2020, promovido por. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la licenciada. Jueza Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, quien actúa con el Licenciado Edrei Morelos Sánchez, Secretario que autoriza y da fe, declaró abierta la audiencia sin la presencia de las partes. Acto seguido, el Secretario relaciona las constancias que obran en el expediente: Demanda de amparo y escrito aclaratorio signados por. informe justificado rendido por la autoridad responsable, Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zongolica, Veracruz; y las constancias que acompañó a dicho informe. Asimismo, el Secretario hace constar que en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se tuvo por emplazada a juicio a la tercero interesada. A lo que la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio: El Secretario da cuenta con las constancias remitidas por la autoridad responsable, en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente. de su índice administrativo. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por relacionadas y desahogadas las documentales ofrecidas por la responsable, dada su propia y especial naturaleza. Luego, al no haber más pruebas que relacionar, se da por concluida esta etapa. Abierto el periodo de alegatos: El Secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos en el juicio de amparo en que se actúa. A lo anterior la Jueza acuerda: Al no existir alegatos formulados por las partes, ni pedimento planteado por el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, se da por concluido este periodo procesal. Con lo que concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional, y se levanta el acta para debida constancia.
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