Cristina Lorena Contreras Jaimes

Expediente 1616/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1616/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
12/01/2017

Partes del expediente

  • Cristina Lorena Contreras Jaimes

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de enero de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio de la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite los autos del juicio de amparo indirecto 1616/2016 y testimonio de la ejecutoria emitida en la queja 186/2016, en la que se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Cristina Lorena Contreras Jaimes en contra del auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo indirecto 1616/2016, por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México con residencia en esta ciudad en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal." Acúsese el recibo correspondiente; glósense sólo las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes motivo del recurso de queja. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó y firma José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/8623/2016, de trece de diciembre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido del Secretario Fernando Saldaña Meneses, que da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; catorce de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de queja contra el auto de veintiséis de octubre del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso que hace valer la quejosa, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, remítase el original del escrito de agravios junto con el sumario en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, con copia para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano colegiado. Finalmente, en atención a lo establecido en los artículos 101, párrafo segundo en relación con el 97, fracción I, incisos a) y e), de la Ley de Amparo, se rinde informe justificado en el que se acepta la existencia del auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, sosteniendo la legalidad del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Yamín Dávalos Rosas, que da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia dictada en el sumario en que se actúa, mediante la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Oscar Ramírez Calzada; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Conclusión a la que se arriba, sin que obste que no se encuentra notificada de la sentencia en la que se otorgó la protección constitucional en el presente juicio, la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, pues carece de legitimación para promover el recurso de revisión en su contra. Apoyan a lo anterior, el criterio que a continuación se identifica y transcribe : "Novena Época. Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Julio de 2003. Página: 23. Tesis: P./J 22/2003Jurisprudencia. Materia(s): Común. REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir. Ahora, atendiendo a que se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria, lo que deberá acreditar en el mismo lapso con las constancias respectivas, la cual se otorgó para el efecto de que: "[.]1. Dejar sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente 19/2016 del índice de la responsable y ordenar la reposición del procedimiento a partir del auto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, mediante el cual proveyó respecto al escrito presentado por el quejoso el veinticinco del mismo mes y año. 2. Requiera al quejoso Oscar Ramírez Calzada, para que dentro del término de tres días, nombre defensor que lo asista durante el procedimiento, designándole entre tanto al defensor público o de oficio, con el propósito de que el justiciable no quede en estado de indefensión; lo anterior, en la inteligencia que si el sentenciado omite designar abogado particular, el público o de oficio continuará en la defensa de los derechos del sentenciado durante todas y cada una de las fases del procedimiento de origen, debiendo otorgarse al defensor correspondiente, todas las facultades legales que dicho encargo le irroga. 3. Y, para el caso de que en función de los beneficios a los que pudiera tener derecho Oscar Ramírez Calzada, alguno de ellos incida o requiera como presupuesto indispensable para su concesión el que esté cubierta la reparación del daño, entonces igualmente deberá darle la intervención correspondiente a quien tiene derecho a la reparación del daño en relación con el proceso penal 184/2012 que es justamente en torno al cual el quejoso pide que se provea lo que corresponde en relación a la compurgación de la pena y respecto del que además la autoridad responsable consideró oportuno (sin prejuzgar en cuanto a lo correcto o incorrecto de dicha determinación) pronunciarse sobre el beneficio de remisión parcial de la pena. Concesión de amparo que se hace extensiva a la autoridad señalada como ejecutora; en virtud de que sus actos no se reclaman por vicios propios, sino como una consecuencia del acto atribuido a la ordenadora. [.]". Se apercibe a la autoridad responsable, que de no hacer lo requerido en el tiempo otorgado (tres días), o de no informar lo conducente conforme a la legislación de la materia, se le impondrá una multa de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz y texto: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. [10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I; página 7. P./J. 60/2014]. También se le apercibe que, en caso de no acatar el presente mandato, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo vigente. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se dará vista a las partes y con desahogo de la vista o sin ella, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Si no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de ley de la materia. Tiene aplicación la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, visible en la página 5, cuyo rubro dice: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Ahora, devuélvanse a la Jueza de Ejecución de Sentencias de la Región Tenancingo, Estado de México, el expediente 19/2016, al Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, copias certificadas del expediente 547/2005-II y al Jefe del Departamento de Control Jurídico de Internos, el original del expediente clínico criminológico del quejoso que obra en la causa penal 184/2012, que allegaron al presente juicio, de los cuales deberán acusar el recibo correspondiente; apercibidas que de ser omisas se les impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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