Cristina Isela Batun Medina

Expediente 689/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
689/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • Cristina Isela Batun Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la materia, en contra del acuerdo de veintinueve de julio del presente año, en el cual se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ya transcurrieron los cinco días otorgados a la quejosa CRISTINA ISELA BATÚN MEDINA, en proveído de catorce de julio de dos mil veintidós, a fin de que precisara si la demanda de amparo la promueve por sí o a favor del menor con iniciales J.R.O.B., o bien, por ambos; y en caso de que fuese a favor del citado menor, señalara si la promueve como su representante legal, y de ser así, exhibiera el documento que demuestre esa representación. Ahora bien, considerando que no hizo manifestación alguna, y que en el particular no se actualiza alguno de los supuestos del artículo 8 de la Ley de Amparo, para considerar que el menor referido al no poder acudir por conducto de alguno de sus progenitores o de su representante legal, promueve por su propio derecho la presente demanda, al no haber indicio alguno que así lo permita presumir; luego, se tiene por presentada la demanda de la quejosa CRISTINA ISELA BATÚN MEDINA, únicamente por su propio y personal derecho. Seguidament,e se provee lo que legalmente corresponde en el presente asunto. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por CRISTINA ISELA BATÚN MEDINA, en contra de los actos que reclama, según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, como facultad exclusiva del juzgador federal, esencialmente lo siguiente: ACTOS RECLAMADOS De la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Yucatán (PRODENNAY), (en su actual denominación); Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE), todos con sede en esta ciudad. La falta de contestación al escrito de catorce de julio de dos mil veinte, que presentó el veintisiete siguiente. Del Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de la Agencia Vigésima Tercera de la Fiscalía General del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán. Como consecuencia de lo anterior, la permanencia del menor J.R.O.B. en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE). DESECHAMIENTO Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL PUNTO 1) En el caso, respecto al acto señalado en el punto 1); esto es, la falta de contestación al escrito de catorce de julio de dos mil veinte, que presentó el veintisiete siguiente, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en mérito de las razones que se exponen. El precepto legal invocado, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, en el presente asunto se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama medularmente la omisión de dar respuesta a su escrito de fecha catorce de julio de dos mil veinte, dirigido a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, recibido en la Oficialía de Partes de la autoridad citada, el veintisiete de julio del mismo año, mediante el cual solicitó se fije fecha y hora a efecto de llevar a cabo el reporte psicológico y la investigación de trabajo social a la quejosa. Sin embargo, de la documental que en copia certificada remitió la entonces Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, autoridad responsable, se advierte que mediante oficio DIF/PRODEMEFA/DIR.2780/2020, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, signado por la citada procuradora, se dio contestación a su escrito presentado por la aquí quejosa ante dicha autoridad, en el sentido que programó fecha y hora para la entrevista psicológica y la intervención de trabajo social, la cual fue notificada a la parte quejosa el veinticinco de agosto de dos mil veinte; lo que acreditó dicha autoridad con las constancias que anexó a su informe de ley. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Actos de autoridad que acontecieron después de la presentación del presente juicio de amparo, considerando que la demanda constitucional se presentó el catorce de agosto de dos mil veinte; lo que actualiza a plenitud la causa de improcedencia invocada. Por lo antes expuesto, se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues en este momento, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante, la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce del derecho humano que estimó violado, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR la demanda de amparo promovida por CRISTINA ISELA BATÚN MEDINA, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL PUNTO 2) Por otra parte, como de autos se advierte que la quejosa CRISTINA ISELA BATÚN MEDINA, reclamó la permanencia del menor J.R.O.B. en el Centro de Atención Integral del Menor en Desamparo (CAIMEDE), por orden de la autoridad investigadora y su ejecución por las restantes. En el caso, por las razones que a continuación se expresan, dada la actualización manifiesta e indudable de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". Resulta procedente su análisis con independencia de que la parte quejosa, no acreditara promover en representación del citado menor. Lo anterior es así, ya que de las copias certificadas que adjuntó al oficio DIF/PRODENNAY/DIR.5009/2022, de veintidós de julio de dos mil veintidós, la autoridad Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, se advierte la diligencia de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, dictada en el expediente 223/2020, en la cual se resolvió lo siguiente: "(.) PRIMERO. Se accede a la solicitud del C. RICARDO OLAYO PEDRAZA por lo que a partir de la presente fecha, con el objeto de restituir al menor de edad JHONATAN RICARDO OLAYO BATUN su derecho de vivir en familiar y por considerarlo más adecuado para su interés superior, se resuelve concluir el acogimiento residencial, e integrar al niño JHONATAN RICARDO OLAYO BATUN, con su progenitor el C. RICARDO OLAYO PEDRAZA, priorizando la integración con su progenitor, ante el Acogimiento Residencial, por lo que el mencionado menor de edad, deja de estar bajo la Tutela Pública del Estado, recuperando en éste Acto el progenitor, la Tutela sobre el citado niño, y asumiendo la Representación Originaria del mismo ante cualquier autoridad administrativa, judicial o jurisdiccional, para los fines legales conducentes. SEGUNDO: Se informa al C. RICARDO OLAYO PEDRAZA de las obligaciones que contrae al reintegrar al niño JHONATAN RICARDO OLAYO BATUN a su núcleo familiar a partir de la presente fecha, entre ellas se compromete a dar puntual cumplimiento a lo siguiente: Se obliga a que el niño JHONATAN RICARDO OLAYO BATUN residirá ininterrumpidamente en su domicilio ubicado en la calle cincuenta y tres (53), número ochocientos treinta y cinco (835) letra "A" entre ciento seis (106) letra "A" y ciento ocho (108) del Fraccionamiento Centenario, Cámara de Comercio, Ciudad Caucel, Yucatán; y del mismo modo se obliga a permitir el contacto del personal de la Procuraduría con el menor de edad JHONATAN RICARDO OLAYO BATUN siempre que le sea solicitado. Se obliga a presentar al niño JHONATAN RICARDO OLAYO BATUN, cuando las autoridades administrativas o judiciales soliciten su comparecencia; Se obliga a presentar al niño JHONATAN RICARDO OLAYO BATUN, en las instalaciones de la Procuraduría o en el lugar que ésta institución determine, para el seguimiento necesario para verificar que se está proveyendo al menor de edad el cuidado y el trato adecuados; Se obliga a proporcionar vivienda, alimentación, atención médica y en general a proveer todo lo necesario para garantizar el bienestar y la integridad del niño JHONATAN RICARDO OLAYO BATUN, de acuerdo con la legislación aplicable; Se obliga a comunicar de inmediato a este Procuraduría, las situaciones que requieran la intervención de esta o que constituya un riesgo inminente para la integridad física o emocional del menor de edad, así como a dar parte a las autoridades correspondientes en caso de que se trate de hechos que pudieran ser constitutivos de un ilícito penal. Asimismo se EXHORTA al compareciente, el C. RICARDO OLAYO PEDRAZA a realizar las adecuaciones necesarias en su vida cotidiana para proveer las atenciones y cuidados que el menor de edad necesita, en aras de proteger primordialmente su derecho a la salud y al debido desarrollo, así como en salvaguarda del interés superior del menor de edad, de acuerdo con la legislación aplicable; de igual forma, se hace de conocimiento del compareciente que es obligación primordial y originaria de los miembros de la familia asegurar su sano desarrollo, con especial importancia en no realizar conductas que generen violencia familiar o que atenten contra la integridad física, psíquica o sexual del menor de edad. Se hace saber al compareciente que la falta de cumplimiento al contenido de esta acta constituye una infracción a las leyes que protegen los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado, por lo tanto, si tales hechos son puesto de conocimiento de esta Procuraduría, la institución debe proceder a la imposición de las sanciones y al dictado de las medidas legalmente conducentes. Se apercibe al compareciente de que la falta de cumplimiento a los compromisos contraídos en el resultando SEGUNDO de esta acta dará lugar a que esta Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia le imponga las sanciones contempladas en los artículos 90 y 92 de la Ley para la Protección de la Familia del Estado de Yucatán, así como 28, 30 y 31 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, consistentes en amonestación por escrito, multa de tres a cincuenta unidades de medida y actualización, y arresto inconmutable hasta por treinta y seis horas, así como multa de una a mil quinientas unidades de medida y actualización, respectivamente. Lo que anterior sin perjuicio de que el incumplimiento se haga del conocimiento de las autoridades judiciales del ámbito penal y/o familiar, según corresponda. Para finalizar esta diligencia, en uno de la voz el C. RICARDO OLAYO PEDRAZA manifiesta que recibe al niño JHONATAN RICARDO OLAYO BATUN en un adecuado estado de salud, por lo que en esta acto libera de toda responsabilidad civil, penal y de cualquier otra índole a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, así como al Centro de Asistencia Social o al Centro Hospitalario donde el menor de edad estuvo resguardado; asimismo, manifiesta quedar enterado de los derechos y obligaciones que contrae al suscribir el presente acuerdo. No habiendo nada más que manifestar, se tiene por terminada la presente actuación y previa su lectura en voz alta, el compareciente firma e imprime la huella digital de su pulgar derecho para ratificar que queda debidamente enterado y acepta el contenido de la presente acta." De la transcripción que antecede, se advierte que el menor de edad de iniciales J.R.O.B., fue entregado a su padre Ricardo Olayo Pedraza, asumiendo la Representación Originaria del mismo, ante cualquier autoridad administrativa, judicial o jurisdiccional, con lo que cesó la Tutela Pública del Estado. En virtud de lo anterior, es claro que durante la secuela del presente juicio, ha cambiado la situación jurídica del acto reclamado, consistente en la permanencia del menor de edad de iniciales J.R.O.B. en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE), puesto que actualmente el citado menor, fue entregado a su padre progenitor, de ahí que deban considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones reclamadas en este juicio. Bajo esa circunstancia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo respecto al acto reclamado en el punto 2) en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2ª. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, de diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." De igual manera resulta aplicable al caso, la jurisprudencia sostenida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Tomo XX, Septiembre de 2004, Tesis I.7o.P. J/3, en la página 1600 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, agréguese el oficio signado por la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que el menor de iniciales *****fue entregado a su padre *****con lo que cesó la Tutela Pública del Estado, que dicha dependencia ejercía sobre el menor. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes y se reserva hacer mayor pronunciamiento hasta que transcurra el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de catorce de julio del año en curso. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: se tienen por recibidos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, estos autos que devuelve y remite testimonio de la resolución pronunciada en el amparo en revisión 69/2021, relativo al recurso interpuesto en contra de la sentencia firmada el treinta de octubre de dos mil veinte, ejecutoria cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- SE REVOCA la sentencia que se revisa. - - - SEGUNDO.- SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO en el juicio de amparo número 689/2020-I, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, promovido por CRISTINA ISELA BATÚN MEDINA, en los términos precisados en el último considerando de esta ejecutoria." Acúsese recibo vía interconexión y hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha ejecutoria, remitiéndoles para tal efecto copia autorizada de la misma. Glósense a estos autos las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del aludido recurso de revisión y deséchense las copias certificadas que lo originaron para evitar la voluminosidad del presente expediente. Ahora bien, en estricto cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, se deja insubsistente la audiencia constitucional de veintitrés de octubre de dos mil veinte y la correspondiente sentencia dictada el treinta de octubre posterior. Además, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente, para que dentro del improrrogable término de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación que se le haga del presente proveído, aclare su demanda en los términos siguientes: Precise si promueve la demanda de amparo por sí o a favor del menor con iniciales J.R.O.B., o bien, por ambos; En caso de que sea a favor del citado menor, señale si la promueve como su representante legal, y de ser así, exhiba el documento que demuestre esa representación. APERCIBIMIENTO En la inteligencia que cumplido el requerimiento ordenado en líneas precedentes, este Juzgado acordará lo que en derecho corresponda en relación con los puntos 3 y 4 de la ejecutoria de amparo. Asimismo, se apercibe a la promovente que en caso de no hacer manifestación alguna, este juzgado determinará lo que en derecho proceda. REQUERIMIENTO DE COPIAS En la inteligencia que deberá además, acompañar cinco copias de su escrito aclaratorio, a fin de correrle debido traslado a todas las partes, de conformidad con el invocado artículo 110 de la ley de la materia. Lo anterior, en razón de que cuatro serán para las autoridades responsables y la restante para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Apoya lo anterior, la tesis P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 79, registro 189977, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Notifíquese personalmente y cúmplase.

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