Cristina Isabel Herrera Moreno

Expediente 1317/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1317/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
16/12/2022

Partes del expediente

  • Cristina Isabel Herrera Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de uno de diciembre de dos mil veintidós por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Cristina Isabel Herrera Moreno, contra los actos del Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres (Dulce Adriana Hernández Salas) y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1317/2022. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa Cristina Isabel Herrera Moreno reclama de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres (Dulce Adriana Hernández Salas) y otra autoridad, la medida de protección emitida el treinta de octubre de dos mil veintidós dentro de la carpeta de investigación *** través de la cual se decretan medidas de protección en contra de la aquí quejosa y en favor de la agraviada, en específico, la consistente en la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o personas relacionadas con ellos, prohibición de realizar actos o conductas intimidantes y de molestia a Javier Figueroa Reyes, de forma personal o por cualquier medio telefónico (llamadas o mensajes de texto), y redes sociales. Lo anterior en uso de las facultades que le confiere el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales1 Conforme a lo anterior, respecto a la medida de protección decretada en favor de la agraviada dentro del procedimiento de origen y en contra de la aquí quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respectivamente establecen: ... De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro o fuera de juicio, así como después de concluido, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto de los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, notocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia siguientE: ... En la especie, el acto reclamado no es de imposible reparación, debido a que los agentes del Ministerio Público señalados como autoridades responsables al haber decretado una medida de protección en contra de la aquí quejosa, consistente en la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o personas relacionadas con ellos, prohibición de realizar actos o conductas intimidantes y de molestia a Javier Figueroa Reyes, de forma personal o por cualquier medio telefónico (llamadas o mensajes de texto), y redes sociales, dentro dela carpeta de investigación F****2, no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental de la quejosa, pues la afectación a su esfera jurídica, en su caso, está sujeta a factores cuya verificación se desconocen. Pues como se precisó, los actos de imposible reparación se conciben como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos los cuales se entienden como aquéllos que lesionan derechos fundamentales como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, susceptible de ser analizados mediante juicio de amparo indirecto; en tanto los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesales puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste. La distinción entre un derecho sustantivo y uno adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, lo constituye la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En ese sentido, debe concluirse que el acto reclamado no es de imposible reparación, pues no afecta por sí mismo de manera directa un derecho sustantivo del quejoso, pues la medida de protección concedida tuvo como fin el que no se realicen a la parte agraviada actos o conductas intimidantes y de molestia, sin que ello cause un perjuicio de forma directa al impetrante, dado que no transgredió alguno de sus derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; por tanto, al no ser un acto del procedimiento que lo deje sin defensa, ni tiene el carácter de irreparable, el amparo es improcedente. En tales condiciones, al advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, esta última en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 del mismo cuerpo legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizadas únicamente para oir y recibir las mismas, a las personas que cita en su escrito inicial de demanda. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITAR DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Cristina Isabel Herrera Moreno, contra los actos del Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres (Dulce Adriana Hernández Salas) y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1317/2022. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa Cristina Isabel Herrera Moreno reclama de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres (Dulce Adriana Hernández Salas) y otra autoridad, la medida de protección emitida el treinta de octubre de dos mil veintidós dentro de la carpeta de investigación *** través de la cual se decretan medidas de protección en contra de la aquí quejosa y en favor de la agraviada, en específico, la consistente en la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o personas relacionadas con ellos, prohibición de realizar actos o conductas intimidantes y de molestia a Javier Figueroa Reyes, de forma personal o por cualquier medio telefónico (llamadas o mensajes de texto), y redes sociales. Lo anterior en uso de las facultades que le confiere el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales1 Conforme a lo anterior, respecto a la medida de protección decretada en favor de la agraviada dentro del procedimiento de origen y en contra de la aquí quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respectivamente establecen: ... De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro o fuera de juicio, así como después de concluido, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto de los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, notocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia siguientE: ... En la especie, el acto reclamado no es de imposible reparación, debido a que los agentes del Ministerio Público señalados como autoridades responsables al haber decretado una medida de protección en contra de la aquí quejosa, consistente en la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o personas relacionadas con ellos, prohibición de realizar actos o conductas intimidantes y de molestia a Javier Figueroa Reyes, de forma personal o por cualquier medio telefónico (llamadas o mensajes de texto), y redes sociales, dentro dela carpeta de investigación F****2, no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental de la quejosa, pues la afectación a su esfera jurídica, en su caso, está sujeta a factores cuya verificación se desconocen. Pues como se precisó, los actos de imposible reparación se conciben como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos los cuales se entienden como aquéllos que lesionan derechos fundamentales como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, susceptible de ser analizados mediante juicio de amparo indirecto; en tanto los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesales puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste. La distinción entre un derecho sustantivo y uno adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, lo constituye la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En ese sentido, debe concluirse que el acto reclamado no es de imposible reparación, pues no afecta por sí mismo de manera directa un derecho sustantivo del quejoso, pues la medida de protección concedida tuvo como fin el que no se realicen a la parte agraviada actos o conductas intimidantes y de molestia, sin que ello cause un perjuicio de forma directa al impetrante, dado que no transgredió alguno de sus derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; por tanto, al no ser un acto del procedimiento que lo deje sin defensa, ni tiene el carácter de irreparable, el amparo es improcedente. En tales condiciones, al advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, esta última en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 del mismo cuerpo legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizadas únicamente para oir y recibir las mismas, a las personas que cita en su escrito inicial de demanda. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITAR DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada

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