Cristina Hernádez Martínez

Expediente 905/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
905/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Cristina Hernádez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley reglamentaria del juicio de garantías en vigor, en contra de la sentencia constitucional dictada el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en la que por una parte de decretó el sobreseimiento y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de amparo, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Consecuentemente, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días cumpla con la sentencia ejecutoriada de mérito; apercibida que en caso de no acatar lo aquí ordenado, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 905/2023-IX, promovido por la parte quejosa********************, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintitrés, ante este Juzgado Federal,******************** promovió juicio de amparo indirecto, en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. 2.- Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Ambos con sede en esta ciudad. "ACTOS RECLAMADOS: 4.1 De la autoridad señalada en el numeral 3, se reclama la omisión del señalamiento de fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial del juicio laboral en términos de lo expuesto por el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, y la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, dilatando la substanciación del juicio sin razón legal. 4.2. De la autoridad señalada en el numeral 3.1, se reclama la omisión del emplazamiento a juicio de la persona moral TRIDONEX, S. DE R.L. DE C.V., y las notificaciones personales que deba realizar durante todo el procedimiento." Asimismo, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 8, 14, 16 y 123 constitucionales. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. Mediante auto emitido el cuatro de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 905/2023-IX; se admitió a trámite la misma; se requirió a las autoridades responsables sus informes con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y una vez integrado el expediente tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Es de destacarse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención de la peticionaria de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado consiste en: La omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en administrar justicia en los plazos y términos que para tal efecto fija la Ley Federal del Trabajo, al no señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial dentro del expediente administrativo laboral ********************; y, La omisión de ordenar el emplazamiento de la parte demandada ********************. c) La omisión de la actuaria adscrita a la Junta responsable en llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada dentro del citado juicio laboral. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO PRECISADO EN EL INCISO C). El Actuario adscrito a la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta localidad, fue omiso en rendir su informe justificado en el plazo de quince días que se le dio para tal efecto, no obstante de estar debidamente notificado para ello como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos (foja 6). Sin embargo, no se actualiza la presunción de certeza del acto que señala el artículo 117, segunda parte del cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso, la parte quejosa reclama del referido actuario la omisión de llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada dentro del expediente administrativo laboral ********************. Empero, a la actuaria responsable no puede atribuírsele la omisión que se le reclama, pues desde que se presentó la demanda de amparo que fue el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, la Junta a la cual se encuentra adscrita no ha señalado fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente administrativo laboral ********************, y no existe en autos constancia alguna que haga presumir lo contrario; por lo tanto, no existía ninguna notificación que realizar de su parte, de ahí que sea inexistente el acto que se le imputa y, en consecuencia, procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que a dicha autoridad se refiere. CUARTO. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN LOS INCISOS A) Y B). La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado en el plazo de quince días que se concedió para tal efecto, no obstante de estar debidamente notificada para ello, como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja seis, por lo que, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se le atribuyen. QUINTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En ese sentido, es de destacarse que las partes no hacen valer causas de improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza. SEXTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No obstante que la demanda de origen fue presentada ante la junta responsable con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, en la presente sentencia se atienden dispositivos legales vigentes antes de esa fecha, ello en atención a lo estipulado en el artículo Octavo Transitorio, el cual prevé que los procedimientos iniciados con posterioridad a su publicación se tramitarán conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes de su entrada en vigor. Por lo que, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Así las cosas, se advierten fundados los conceptos de violación formulados por la agraviada, suplidos en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en la medida necesaria para ello, por ser la impetrante del amparo la parte trabajadora en el juicio laboral de origen y, en consecuencia, suficiente para conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitada. Es aplicable al caso la jurisprudencia 105/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 63 del tomo XXVIII, octubre de 2008, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su rubro y texto dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Al establecer el artículo 76 bis de la Ley de Amparo las hipótesis en que se aplica la suplencia de la queja deficiente en cada una de las materias en las que procede el juicio de amparo, precisa que en materia de trabajo dicha suplencia sólo opera a favor del trabajador. Así, para establecer cuándo en un juicio de amparo en esta materia debe suplirse la queja deficiente de los planteamientos formulados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, o bien, de los agravios expresados en el recurso correspondiente, debe atenderse preferentemente a dos elementos, a saber: 1) a la calidad del sujeto que promueve el amparo o interpone el recurso, quien debe ser trabajador; y, 2) a la naturaleza jurídica del acto reclamado materia de la controversia en el juicio de garantías, que se determina por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto, es decir, debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. De esta manera, para que el órgano de control constitucional esté obligado a aplicar la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja, sólo debe atenderse a los dos elementos anteriores, sin importar el origen del acto reclamado, es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, por lo que si en el caso, un trabajador impugna un acto que afecta un bien jurídico o interés fundamental consagrado en su favor por las normas constitucionales, como lo son las garantías mínimas de seguridad social previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe concluirse que procede suplir la deficiencia de la queja." En efecto, debe destacarse que no obstante que la parte quejosa invoca como derechos humanos violados los contenidas en los artículos 14, 16 y 123 constitucionales, en sus conceptos de violación se duele de transgresión a la pronta impartición de justicia misma que se encuentra contenida en el artículo 17 de la Constitución y no en los preceptos que menciona. Cierto, al efecto refiere que dentro del expediente administrativo laboral ********************, no ha señalado fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el término que establece la Ley Federal del Trabajo; por lo que, es a la luz del último de los preceptos constitucionales mencionados en el párrafo que antecede, que se efectuará el estudio del presente asunto. Para el caso, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, dice: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.]". El mandato contenido en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de impartir justicia, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial; en cuyo cumplimiento deben concurrir, por una parte, el legislador, al establecer normas adecuadas para esos propósitos y, por otra, toda autoridad que realice actos materialmente jurisdiccionales; es decir, todos aquellos órganos del Estado que tienen encomendada la tarea de resolver controversias, declarando el derecho entre las partes. El derecho fundamental en comento también tiene como propósito que los gobernados puedan acudir ante los tribunales con el propósito de que se les imparta justicia, esto es, para que mediante la aplicación de normas jurídicas a casos concretos, resuelvan una situación jurídica, declarando el derecho aplicable, o bien, la existencia de una obligación y, en su caso, la hagan efectiva. Esta prerrogativa a favor de los gobernados implica el disfrute de diversos derechos relacionados con la impartición de justicia, a saber: 1. Prontitud, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de impartir justicia, de resolver las controversias que les sean planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes aplicables. 2. Exhaustividad, esto es, que la autoridad que conoce el asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de la totalidad de los temas debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución sustentada en la ley aplicable al caso concreto. 3. Imparcialidad, que implica que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismos respecto de alguna de las partes, ni arbitrariedad en su sentido. 4. Gratuidad, que significa que los órganos del Estado encargados de impartir justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así pues, todas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución de dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, están obligadas al cumplimiento de los principios mencionados, con independencia de si son órganos formalmente administrativos, legislativos o judiciales. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J.192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 209, que dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". En ese orden de ideas, es menester señalar lo que dispone el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." (lo resaltado es de este tribunal). En el caso concreto, se advierte que en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad refirió que la Junta responsable dentro del expediente administrativo laboral ********************, promovido por la aquí agraviada, ha sido omisa en señalar fecha para el efecto de que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y como consecuencia de ello, se hace evidente que tampoco ha ordenado el emplazamiento de la parte demandada ********************; con lo cual se trasgredió lo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en perjuicio del doliente. Tales circunstancias, hacen evidente que la responsable no ha acatado los términos legales para la prosecución del juicio de origen, lo que implica que no ha cumplido con las obligaciones jurídicas que le impone la Ley Federal del Trabajo. No se desatiende la excesiva carga de trabajo del tribunal laboral; sin embargo, ello no es justificable para fijar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones fuera del plazo previsto por la norma laboral. Consecuentemente, al resultar fundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la impetrante********************, para que la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad: a) Dentro del expediente administrativo laboral ********************, de no existir impedimento legal alguno, provea lo conducente respecto del señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el entendido de que deberá ajustarse al plazo a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; y, b) En su caso, ordene al actuario de su adscripción realice el emplazamiento de la parte demandada ********************. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en lo establecido por los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por********************, en cuanto al acto reclamado a la actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, contra la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que la celebración de la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; asimismo, que ha precluido el plazo otorgado a las autoridades responsables Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y Actuaria adscrita a la misma, ambos con sede en esta ciudad, para que rindieran su informe justificado; habida cuenta que quedaron notificadas de los oficios 20822/2023 y 20823/2023, derivados del proveído de cuatro de agosto del año en curso, con el que se ordenó su emplazamiento a esta contienda constitucional y se les requirió su informativa correspondiente, tal y como se advierte del acuse de recibo visible a foja 6; en tales condiciones, se hace necesario recabar de oficio las pruebas que obren en poder de dichas autoridades, con el propósito de que este órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de practicar el análisis adecuado del acto reclamado y estar en aptitud de resolver el fondo del presente asunto. Ahora bien, en atención a que este Juzgado de Distrito no puede obligar a las autoridades responsables omisas a rendir su informe justificado, en virtud de que expresamente hay una consecuencia y una sanción por esa omisión, conforme al cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la misma legislación, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que en el improrrogable término de tres días, remita copias certificadas de la totalidad de las constancias que integran el expediente 918/E06/2019. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el indicado plazo o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100) moneda nacional. Por tener consideraciones inherentes al caso, se cita la tesis jurisprudencial V.1º. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 712, tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "PRUEBAS. LA OMISION DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS OFICIOSAMENTE, OCASIONA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El Juez de amparo en cumplimiento al último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, está obligado a requerir a la autoridad responsable para que remita las pruebas o constancias que sean necesarias a efecto de practicar el análisis adecuado del acto reclamado, de tal manera que la infracción a dicho precepto ocasiona la reposición del procedimiento del juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 91 de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario diferir la audiencia constitucional programada para esta propia fecha, y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con veinte minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, debiendo comunicar lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; regístrese en el libro respectivo con el número 905/2023-IX. Por otro lado, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al no advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de derechos fundamentales. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia, dése la intervención que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este tribunal. No se tramita incidente de suspensión en atención a que del contenido del escrito de demanda de cuenta no se advierte el capítulo correspondiente para ello, aunado a que el acto reclamado no se encuentra en los supuestos para decretarla de oficio en términos de los preceptos 126 y 127, ambos de la Ley de Amparo. En términos del artículo 117 de la legislación en cita, pídanse los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la parte quejosa, remitir las constancias necesarias; apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se harán acreedoras a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a la parte agraviada y a las autoridades responsables, para que informen oportunamente a este tribunal, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con sustento en el numeral 251 de la legislación de la materia, se les impondrá una multa por la cantidad de $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos con veinte centavos, moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor diario de la indicada unidad de medida. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con treinta minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte agraviada para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de la ley en cita, a los profesionistas que refiere en su ocurso, por tratarse de la parte trabajadora en materia laboral. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

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