Cristina Guadalupe Hernandez Barbosa
Expediente 1337/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1337/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cristina Guadalupe Hernandez Barbosa
- Junta Tres de la Local de Conciliacion Y Arbitraje, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, a diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Como de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término previsto por el artículo 86, de la Ley de la Materia, para que las partes legitimadas recurrieran la sentencia de doce de abril de dos mil veintitrés, en la que en una parte se sobreseyó y en otra se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitada; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de la autoridad responsable, en virtud de que no está legitimada para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Por otra parte, como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente de dictar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es DEPURABLE toda vez que por una parte se sobreseyó y en otra negó el amparo y protección de la justicia federal solicitada por la parte quejosa; de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 18.- Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. Además, se precisa que no se ordenó la apertura del incidente de suspensión; asimismo, que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número V-1337/2022-2; y.. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 35, 37, 75, 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, únicamente respecto de los actos precisados en el considerando tercero de la presente resolución, por los motivos ahí precisados. SEGUNDO. La justicia federal NO AMPARA NI PROTEGE a -, en contra del acto que reclamó de la autoridad responsable precisada, por las razones expuestas en el diverso considerando cuarto de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, a diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio de cuenta signado la Presidencia en cita, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en auto de ocho de marzo del año en curso, informa que la actora al no cumplir con lo requerido le hizo efectivo el apercibimiento decretado en los autos de origen, en el sentido de que comenzó a correr el plazo de cuarenta y cinco días que prevé el numeral 772 de la Ley Federal del Trabajo para la caducidad, lo que será tomado en consideración al resolver el presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial que antecede se aprecia que el acto reclamado consiste, entre otro la omisión de la responsable de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de Ley en el plazo de quince días; y, el de no realizar el emplazamiento de la parte demandada, dentro del juicio ordinario laboral número -; empero, que de las constancias remitidas por la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, como complemento a su informe justificado, se aprecia que en auto de veintidós de febrero del año en curso, certificó que no es posible la celebración de la audiencia de ley, al no poderse emplazar a la demandada; que además, previa solicitud de la parte actora se le otorgó un término de tres días hábiles, para que proporciones el domicilio actual y correcto de la parte demandada en el natural. Por tanto, requiérase a la junta responsable en cita, a fin de que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído informe si la actora cumplió con lo requerido, y lo actuado con relación a ello, para lo cual deberá remitir las constancias de donde ello se acredite, apercibida que de no hacerlo o no informar el impedimento que tenga para ello, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el artículo 260 fracción II, de la Ley de la Materia. Para dar margen a lo anterior, se DIFIERE la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, para su verificativo. Notifíquese.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
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