Cristina González Zamora
Expediente 48/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 48/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/06/2016
Partes del expediente
- Cristina González Zamora
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, siete de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibida la demanda de amparo signada por la quejosa ***, por derecho propio, contra actos del: 1. Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan del Rio, Querétaro. 2. Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en: a. Todo lo actuado en el expediente número ***, del índice del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan del Rio, Querétaro, y, en especial, los autos de treinta de marzo de dos mil cinco y veintisiete de abril del mismo año, por medio de los cuales en el primero, no acuerda de conformidad la solicitud ***, en el sentido de tener por manifiesta la voluntad de la aquí quejosa a repudiar los derechos hereditarios que le corresponden respecto del acervo hereditario de ***, y en el segundo, admite el recurso de apelación que hiciera valer **¨*, en contra del auto de treinta de marzo de dos mil cinco. b. La resolución emitida el ocho de julio de dos mil quince, por la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, dentro del toca civil ***, mediante la cual modifica el auto impugnado de treinta de marzo de dos mil quince, y tiene a ***, ambas de apellidos ***, repudiando los derechos hereditarios que les corresponden respecto del acervo hereditario de ***, ostentándose la aquí quejosa tercera extraña al procedimiento. Lo anterior por considerar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al diverso 107 fracción VI del citado ordenamiento, interpretado a contrario sensu, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; A fin de evidenciar que se actualiza el motivo de improcedencia invocado, es oportuno destacar que el análisis íntegro de la demanda revela que la quejosa acudió a este juicio de garantías señalando como actos reclamados los precisados en los incisos a y b, ostentándose como tercera extraña ha dicho procedimiento del que emanan los actos que cita. En este tenor, respecto de dichos actos se aprecia manifiesta e indudablemente que, como se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia señalada en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al diverso 107 fracción VI del citado ordenamiento, interpretado a contrario sensu. Del precepto legal señalado en segundo término, se advierte que el juicio de amparo en la vía indirecta, procede contra aquellos actos suscitados dentro o fuera de juicio, que produzcan afectación a quien siendo parte en él, no fue oído en defensa por no haber sido emplazado, o si bien sucedió, fue de manera incorrecta, lo que implica que no se encuentre obligado a agotar el principio de definitividad previsto en la Ley de Amparo. En oportuno destacar que la fracción VII del artículo 107 Constitucional establece que para los terceros extraños no opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo porque al no haber sido parte en el procedimiento de origen es obvio que tampoco pudieron hacer uso de aquellos recursos o medios de defensa previstos por la ley de la materia, para lograr su intervención en dicho procedimiento, en el entendido que dicho principio operará siempre y cuando de las constancias del sumario se aprecie que sea eficaz el planteamiento correspondiente, lo que en la especie no acontece porque la promoverte no tiene tal carácter. Lo anterior es así porque de una lectura integra al escrito inicial de demanda, se obtiene que la quejosa señala bajo protesta de decir verdad que mediante escrito de veintiuno de abril de dos mil cuatro, señaló en el juicio de origen, domicilio para oír y recibir notificaciones, e incluso refiere que el mismo fue ratificado ante la responsable el veintitrés de noviembre de dos mil catorce, estimando que en dicho domicilio es donde debió habérsele hecho saber sobre el contenido del auto reclamado de treinta de marzo de dos mil cinco; asimismo, indica que los integrantes de la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, al momento de dictar la resolución que por esta vía reclama, hicieron una grave omisión dado que no analizaron que compareció ante el juez primario señalando domicilio donde oír y recibir notificaciones. En este orden de ideas, si en términos del artículo 107 fracción VI de la ley de la materia, persona extraña es aquélla que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de su tramitación o en la ejecución de las resoluciones correspondientes, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, o bien aquella persona que alega no haber sido citada al procedimiento de origen, porque no fue llamada conforme a las formalidades legales correspondientes; es inconcuso que en el caso no se actualiza dicha hipótesis pues al menos desde la fecha en que la promovente acudió ante el juez de origen mediante escrito de veintiuno de octubre de dos mil cuatro y ratificado ante la misma el veintitrés de noviembre de dos mil cuatro, por el cual señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, dejó de tener el carácter de tercera extraña, máxime que estuvo en aptitud legal de hacer valer los medios ordinarios de defensa que estimó pertinentes a fin de controvertir las actuaciones que pretende impugnar mediante esta vía, como lo son las órdenes o actos tendentes a privarla de sus derechos hereditarios que refiere. De ahí que el juicio de garantías intentado con el carácter de extraña al procedimiento resulta improcedente, lo que además es acorde con la parte conducente de la Jurisprudencia P./J.39/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, abril de 2001, foja noventa y tres, que establece: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. No pasa inadvertido que respecto de los actos reclamados por la quejosa también pudiera actualizarse la improcedencia de la demanda por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 17 y 61, fracción XIV, del propio ordenamiento, pues de conformidad con la tesis citada con antelación, resulta de mayor amplitud la causal analizada, ya que ésta se actualiza incluso en el supuesto que la demanda de garantías se promueva antes que transcurra el plazo referido en los citados preceptos y en tal supuesto no cabría desechar por inoportunidad de la demanda, porque seguiría en pie la otra causal. En consecuencia, se desecha la demanda presentada por *** DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en: *** Ahora bien, toda vez que la quejosa señala domicilio para oír y recibir citas y notificaciones fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito; con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena notificar en forma personal el presente proveído y requerirla, para que en la propia diligencia o dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente en que surta sus efectos la notificación de este proveído, señale domicilio y persona en la residencia de este Juzgado de Distrito; esto es, en el Municipio de Santiago de Querétaro, Querétaro, para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por lista de estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de la materia. El anterior requerimiento, se encuentra precisado en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 29/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 11 de abril de 2014, página 507, de rubro y texto siguientes: PROMOCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "LUGAR DEL JUZGADO O TRIBUNAL", A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El artículo 25 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que cuando alguna de las partes resida fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio o del incidente de suspensión, se tendrán por hechas en tiempo las promociones si aquélla deposita los escritos u oficios relativos, dentro de los términos legales, en la oficina de correos o telégrafos que corresponda al lugar de su residencia. En esa tesitura, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que por "lugar del juzgado o tribunal" debe entenderse el Municipio o ciudad en que se encuentre el domicilio de dichas autoridades y no la circunscripción geográfica correspondiente a la entidad federativa o circuito judicial en que se encuentren. Por tanto, para que se actualice el mencionado requisito basta con que el promovente, al depositar su escrito correspondiente en la Oficina del Servicio Postal Mexicano, se encuentre en una ciudad o Municipio distinto al del órgano jurisdiccional que conozca del procedimiento. Asimismo, se tiene por autorizado con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, ***, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a ***, únicamente para el efecto de oír y recibir notificaciones, lo anterior, hasta en tanto acredite contar con el registro correspondiente de su cédula profesional en el sistema en comento. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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