Cristina Gonzalez Diaz
Expediente 1550/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1550/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Cristina Gonzalez Diaz
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. ...Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio signado por el Tesorero municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, al efecto, remite copia de la impresión del reporte de transferencia en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, del depósito por la cantidad de $172.59 (ciento setenta y dos pesos 59/100 moneda nacional), por concepto de actualización del derecho de alumbrado público, en favor de la moral quejosa *****. De lo anterior se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes; y, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio de cuenta y la documental que anexa, relativas al acatamiento de la ejecutoria de amparo, para que dentro del término de tres días expresen lo que a su interés corresponda. En la inteligencia que, de no realizar manifestación alguna, este juzgado de distrito con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, que dice: Juicio de amparo: 355/2023 Quejoso: José Manuel Rincón Salas Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 355/2023. R E S U L T A N D O Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintitrés, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido el diez de marzo siguiente, por razón de turno, en este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, José Manuel Rincón Salas, por conducto de su asesor jurídico particular Diego Armando Ruíz Pérez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra Luis Guillermo Ortega Castillo, Juez de Primera Instancia del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, por el acto reclamado siguiente: "V. ACTO RECLAMADO: A.- El proveído de fecha nueve de febrero de la anualidad, en el que la responsable declaró extemporáneo (sic) la solicitud de declaratoria de nulidad realizada por el ahora quejoso." 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Desechamiento, queja y admisión de la demanda, trámite del juicio. Por auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, este juzgado desechó la demanda de amparo, por considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, relativa a la improcedencia del juicio contra actos que no sean de imposible reparación, pues consideró que lo reclamado no afectaba derechos sustantivos del quejoso, sino únicamente de carácter adjetivo o procesal. En ese mismo auto, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso el recurso de queja que fue registrado con el número de expediente 81/2023 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, el cual se declaró fundado en sesión de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, por considerar la superioridad que la causa de improcedencia invocada no resultaba manifiesta ni indudable, pues requería contar con el informe justificado y las pruebas que ofrecieran las partes, para tener certeza de que el acto combatido no resultaba de imposible reparación, por lo que revocó el auto recurrido a fin de que se admitiera a trámite la demanda, sin perjuicio de que con vista en los informes justificados, en el momento procesal oportuno, se dictara la resolución que procediera. En cumplimiento a lo determinado en el recurso de queja de referencia, mediante auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés este juzgado admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y la requirió para que informara si Diego Armando Ruíz Pérez, tenía reconocido el carácter de asesor jurídico particular del quejoso, y si dicho carácter no le había sido revocado, reservó ordenar el emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado, dio intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, fijó día y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. En el informe justificado rendido por el juez responsable, hizo del conocimiento de este juzgado que Diego Armando Ruíz Pérez tenía reconocido el carácter de asesor jurídico particular del quejoso, el cual contaba con cédula profesional número 11267522 -cuya constancia de aceptación del cargo obra a foja 757 de la carpeta penal, remitidas a este juicio en copia certificada-; por lo que mediante auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido dicho informe y se reconoció personalidad al asesor jurídico particular del quejoso, en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo. Por otro lado, en proveídos de cinco de junio y once de julio, ambos de dos mi veintitrés, este juzgado ordenó emplazar con el carácter de terceros interesados al imputado Jorge Octavio Anaya Montes, así como a María Eugenia Hernández Tablas, Agente del ministerio público adscrita a la Fiscalía Especializada en Homicidios de la Región Oriente -quienes fueron emplazados, el veintidós de junio y trece de julio siguiente, respectivamente-, sin que comparecieran al juicio. El catorce de agosto de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado asentado en el acta de antecede. C O N S I D E R A N D O Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se reclama el auto en el que se inadmitió la solicitud de nulidad de todas las actuaciones y resoluciones de la carpeta judicial, atribuido a una autoridad en materia penal, con residencia en el lugar en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio, consiste en: Autoridad responsable Actos reclamados Luis Guillermo Ortega Castillo, Juez de Primera Instancia del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla. El acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintitrés, emitido por el juez responsable en la carpeta judicial JCC/176/2022, que se instruye en contra del imputado Jorge Octavio Anaya Montes -aquí tercero interesado-, por el hecho delictivo de lesiones calificadas, cometido en agravio de la víctima José Manuel Rincón Salas -aquí quejoso-, que resolvió inadmisible la solicitud de nulidad de todas las actuaciones y resoluciones de la carpeta judicial, en virtud de considerarla extemporánea. III. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a Luis Guillermo Ortega Castillo, Juez de Primera Instancia del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, pues así lo manifestó en su informe justificado. Además, se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran la carpeta judicial JCC/176/2022, entre las que obra el acuerdo reclamado, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar la existencia del acto reclamado. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. El juicio de amparo se promovió oportunamente pues el quejoso, fue notificado del acuerdo reclamado el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés (foja 805 del amparo indirecto); notificación que, conforme al artículo 82 del citado ordenamiento legal, surtió efectos el día hábil siguiente al en que fue practicada, esto es el diecisiete de febrero del año citado y en ese mismo día empezó a contar el plazo, en términos del artículo 94 del referido Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del diecisiete de febrero al nueve de marzo de dos mil veintitrés, descontando el dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de febrero, cuatro y cinco de marzo, todos del año citado, por ser inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo; por tanto, si la demanda de amparo se presentó el nueve de marzo de dos mil veintitrés, último día del plazo, es concluyente su oportunidad. V. Procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes; en el caso, no se hizo valer alguna de ellas, y de oficio no se advierte su actualización, por lo que se procede al estudio del fondo del asunto. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio del asunto, es pertinente hacer una relación de las actuaciones que integran la carpeta judicial JCC/176/2022, que se instruye en contra del imputado Jorge Octavio Anaya Montes -aquí tercero interesado-, por el delito de lesiones calificadas, cometido en agravio de la víctima José Manuel Rincón Salas -aquí quejoso-, que en lo que interesa, se advierte lo siguiente: El doce de marzo de dos mil veintidós, la Agente del ministerio adscrita a la Fiscalía Especializada en Homicidios de la Región Oriente, formuló imputación en contra de Jorge Octavio Anaya Montes -aquí tercero interesado-, por el hecho delictivo de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en contra de la víctima José Manuel Rincón Salas -aquí quejoso-, diligencia en la que el imputado solicitó la ampliación del término constitucional a ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se le decretó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. En continuación de la audiencia inicial, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, el Juez de Control de Primera Instancia del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, dictó en vía de reclasificación jurídica, auto de vinculación a proceso en contra de Jorge Octavio Anaya Montes -aquí tercero interesado-, por el hecho delictivo de lesiones calificadas, previsto por el numeral 121, fracción III, en relación con el 126, fracción II, inciso b), del Código Penal vigente en el Estado de Morelos, cometido en agravio de la víctima José Manuel Rincón Salas -aquí quejoso-. Inconformes con dicha resolución, la víctima José Manuel Rincón Salas, mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, así como la Agente del ministerio público adscrita a la Fiscalía Especializada en Homicidios de la Región Oriente, a través del escrito presentado el veintitrés de marzo siguiente, respectivamente, interpusieron recurso de apelación del cual correspondió conocer a la Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, mismo que fue registrado con el número de toca penal oral 62/2022-CO-1, el cual fue resuelto en sesión de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en donde se determinó confirmar el auto de vinculación a proceso de diecisiete de marzo de dos mil veintidós. En contra de dicha resolución del tribunal de alzada, el aquí quejoso presentó el amparo indirecto registrado con el número 1537/2022, del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, el cual se resolvió en sentencia de siete de marzo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el juicio, por virtud del desistimiento ratificado por el quejoso, lo cual constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, ya que puede ser consultado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. El veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, el Fiscal Regional Oriente de la Fiscalía General del Estado de Morelos, presentó escrito de acusación en contra de Jorge Octavio Anaya Montes -aquí tercero interesado-, por el delito de lesiones calificadas, previsto por el numeral 121, fracción III, en relación con el 126, fracción II, inciso b), del Código Penal vigente en el Estado de Morelos, cometido en agravio de la víctima José Manuel Rincón Salas -aquí quejoso-. Mediante acuerdo de veintinueve de septiembre siguiente, Luis Guillermo Ortega Castillo, Juez de Primera Instancia del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, tuvo por formulada la acusación, señaló día y hora para el verificativo de la audiencia intermedia, determinación que ordenó notificar personalmente a las partes, corriéndoles traslado con copia del escrito de acusación -con excepción de la fiscalía-, le hizo saber a la víctima que dentro de los tres días siguientes a la notificación de la acusación, mediante escrito podría ejercer los derechos de: constituirse como acusador coadyuvante, señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección, ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del ministerio público y, solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto. Asimismo, hizo saber al acusado y a sus defensores, que dentro de los diez días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, mediante escrito, podían señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante, y si lo consideraban pertinente, requerir su corrección, lo que también podían señalar en la audiencia intermedia; asimismo, podían ofrecer los medios de prueba que pretendieran desahogar en el juicio, solicitar la acumulación o separación de acusaciones y manifestarse sobre los acuerdos probatorios. De igual forma, apercibió a las partes que de ser omisas con lo antes señalado, durante el plazo concedido, se les tendría por precluido su derecho; asimismo, requirió al fiscal para que realizara el descubrimiento probatorio, y en caso de que la defensa o el asesor jurídico pretendieran desahogar pruebas en la etapa de juicio oral, debían hacer el descubrimiento de dichos medios probatorios. Mediante escrito presentado el diez de octubre de dos mil veintidós, José Manuel Rincón Salas -aquí quejoso-, señaló los estrados y correo electrónico como medios para oír y recibir notificaciones, autorizó asesores jurídicos particulares, solicitó se le tuviera por constituido como coadyuvante acusador, señaló los vicios formales del escrito de acusación y requirió su corrección, ofreció los medios de prueba que estimó necesarios para complementar la acusación del ministerio público y solicitó el pago de la reparación del daño, respecto de la cual cuantificó su monto. En auto de doce de octubre de dos mil veintidós, el juez responsable tuvo a la víctima constituido como acusador coadyuvante, por ofrecidos los medios probatorios, cuya admisión se debatiría en la audiencia intermedia señalada y por realizadas sus manifestaciones en torno al pago de la reparación del daño, ordenando correr traslado a las demás partes, con el escrito de coadyuvancia. Asimismo, tuvo por señalados los estrados y medios especiales de notificación, así como por designados a los asesores jurídicos particulares indicados, sin que se les reconociera tal carácter hasta que aceptaran y protestaran el cargo conferido ante el órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El diez de noviembre de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia intermedia, a la cual compareció la fiscalía y la defensa particular del acusado, los que solicitaron fuera diferida tal audiencia y se notificara al asesor jurídico, por lo que se señalaron las once horas con treinta minutos del catorce de diciembre de dos mil veintidós para su verificativo. Asimismo, se apercibió al fiscal que en caso de incomparecencia y no cumplir con el numeral 200 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se haría acreedor a una multa; a la defensa particular, que en caso de incomparecencia, se tendría por abandonada la defensa y se designaría la defensa pública, y se ordenó notificar por conducto de la actuaria adscrita en los medios especiales proporcionados, al asesor jurídico particular, en que caso de incomparecencia se tendría por abandonada la asesoría jurídica y se asignaría al asesor jurídico público, para que representara los intereses de la víctima. Por escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintidós, la víctima José Manuel Rincón Salas, por conducto de su asesor jurídico particular, manifestó su imposibilidad para comparecer a la audiencia programada para esa data, por motivos de salud y, adjuntó nota médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. En atención al escrito de referencia, en auto de quince de noviembre siguiente, se tuvo por justificada la incomparecencia de la víctima, señalando que debía estarse a lo determinado en la audiencia de diez de noviembre del año citado. Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintidós, la defensora particular del acusado, solicitó se ajustara la fecha señalada para la audiencia por una más cercana, en consideración a la salida alterna solicitada por la defensa en la audiencia de diez de noviembre del referido año -suspensión condicional del proceso-. En proveído de dieciséis de noviembre siguiente, se señalaron las trece horas con treinta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, para el verificativo de la audiencia de suspensión condicional del proceso, ordenando citar a las partes técnicas y procesales, quedando subsistentes los apercibimientos decretados el diez de noviembre del año citado. Por escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, la víctima y su asesor jurídico particular, exhibieron constancias médicas en las que el médico tratante estableció que la víctima José Manuel Rincón Salas, presentaba crisis hipertensiva y vértigo severo, por lo que se le indicó tratamiento para su control y recomendó reposo absoluto. En dicho escrito, los promoventes también manifestaron al juez de origen que desde ese momento se presentaba oposición a la salida alterna solicitada por la defensa particular. Mediante acuerdo de veinticinco de noviembre siguiente, el juez responsable tuvo por justificada la incomparecencia de la víctima, determinando que debía estarse a lo resuelto en audiencia de diez de noviembre de dos mil veintidós (en donde apercibió al asesor jurídico particular, que caso de incomparecencia se tendría por abandonada la asesoría jurídica y se asignaría al asesor jurídico público, para que representara los intereses de la víctima). En esa misma data tuvo verificativo la audiencia de suspensión condicional del proceso, en la que ante la incomparecencia de la víctima y su asesor jurídico particular, se hizo efectivo el apercibimiento ordenado en auto de diez de noviembre del año citado, y se llevó a cabo la audiencia con la presencia del asesor jurídico oficial, en representación de los intereses de la víctima. Asimismo, en la referida audiencia, la defensa particular del imputado Jorge Octavio Anaya Montes, solicitó la suspensión condicional a proceso a favor de dicho imputado, la cual se acordó procedente y se impuso como condiciones las establecidas en el artículo 195, fracciones I, II, VII, VIII, IX y X, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en: Residir en el domicilio que para tal efecto se señaló; La prohibición de frecuentar a la víctima y su domicilio; Que el imputado se sometiera a un tratamiento psicológico, debiendo informar el nombre del tratamiento y el periodo de las citas; Que el imputado debía tener un trabajo o empleo, informando de manera bimestral a la Unidad de Medidas Cautelares para Adultos (UMECA), el cual desarrollaría en el domicilio laboral que fue proporcionado. La firma periódica del imputado cada quince días, los primeros cinco días de cada mes; y No portar ni poseer armas de ningún tipo. Se le dio al imputado un plazo de cinco días hábiles para realizar el depósito de la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de reparación del daño a favor de la víctima. Estableciendo que las condiciones impuestas debían cumplirse por el plazo de doce meses. Por tanto, el juez responsable ordenó levantar la medida cautelar decretada y ordenó la inmediata libertad del imputado, única y exclusivamente por la causa penal de origen, en el entendido que una vez que culminara la suspensión condicional del proceso, daría lugar a la extinción de la pretensión punitiva y con efectos de sobreseimiento de la causa penal; y, en caso de no cumplir con al menos alguna de las fracciones impuestas, daría lugar a su revocación. A través del escrito de trece de diciembre de dos mil veintidós, la víctima José Manuel Rincón Salas -aquí quejoso-, designó asesores jurídicos particulares y solicitó la revocación de los autorizados con anterioridad, señaló medios electrónicos de notificación (correo electrónico y números telefónicos) y solicitó copias simples de la carpeta judicial, así como de los audios y videos de la totalidad de las audiencias. En proveído de catorce de diciembre siguiente, se tuvieron por designados como asesores jurídicos particulares a los profesionistas señalados, sin que se les tuviera reconocida personalidad hasta que aceptaran y protestaran ante el órgano jurisdiccional el cargo conferido, y se tuvieron por autorizados los medios especiales de notificación, así como las copias solicitadas. Mediante comparecencia de siete de febrero de dos mil veintitrés, Diego Armando Ruíz Pérez aceptó el cargo de asesor jurídico particular de la víctima y, en esa misma data, presentó escrito en el que solicitó la declaración de nulidad de todas las actuaciones y resoluciones de la carpeta judicial. Por acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintitrés, el juez responsable resolvió inadmisible la solicitud de nulidad de todas las actuaciones y resoluciones de la carpeta judicial, en virtud de considerarla extemporánea. Lo anterior, esencialmente porque, estimó que una vez analizadas de forma preliminar las constancias de la carpeta administrativa, se desprendía que el veintidós de marzo de dos mil veintidós, la víctima José Manuel Rincón Salas -aquí quejoso-, presentó un escrito al cual le recayó el número de cuenta 00214, mediante el cual interpuso recurso de apelación en contra de la resolución de vinculación a proceso de diecisiete de marzo del año citado, en el que designó asesor jurídico particular, medios especiales de notificación y expuso sus agravios, por lo que de ese escrito se desprendía que tuvo conocimiento de la situación jurídica del imputado, así como del estadio de la carpeta judicial, del nombre del asesor jurídico particular y medios especiales de notificación; recurso que fue firmado por la víctima, de ahí que la solicitud de nulidad presentada por el asesor jurídico particular el siete de febrero de dos mil veintitrés, resultaba notoriamente extemporáneo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que dicha solicitud de nulidad debe presentarse por escrito dentro de los dos días siguientes a aquél en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación pretende. Además, precisó el juez responsable, que el hecho de haber realizado nueva designación de asesores jurídicos particulares, no implicaba que se activaran nuevos plazos jurídicos, ya que la fijación de esos plazos asegura el acceso a la justicia y seguridad jurídica, impidiendo que quede al arbitrio de quien promueve el retardar o postergar indefinidamente la posibilidad de ejecutar una resolución judicial que cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento. La determinación establecida en el acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintitrés, que declaró inadmisible por extemporánea la solicitud de nulidad de actuaciones y resoluciones de la carpeta judicial, constituye el acto reclamado en este juicio. VII. Estudio de los conceptos de violación. En los conceptos de violación expuestos, el quejoso aduce que se vulnera en su perjuicio lo establecido en los artículos 1, 14, 16 y 20, apartado C, numeral primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a su derecho de acceso a la justicia, debido proceso, fundamentación y motivación, esencialmente porque el juez responsable tiene la obligación de proteger a la víctima del delito y dotarla de mecanismos para que estuviera en condiciones de comparecer ante dicha autoridad, así como de asegurarse que tenga conocimiento de la carpeta judicial. Sin embargo, aduce el quejoso que en el acuerdo reclamado, se declaró inadmisible la solicitud de nulidad de todas las actuaciones y resoluciones de la carpeta judicial, por considerarla extemporánea, con lo cual se resolvió el fondo de lo solicitado, sin considerar todos los argumentos expuestos en tal solicitud, entre ellos, que no firmó ningún escrito durante el procedimiento y no tuvo conocimiento del mismo ni compareció. En ese sentido, refiere que: 1) no se expuso razonamiento del porqué se estimaba que la firma del escrito del recurso de apelación que citó el juzgador en el acuerdo reclamado, correspondía a la víctima; 2) que el juez debió allegarse de los medios necesarios para constatar la autenticidad de la firma del quejoso en los escritos por los que compareció; y, 3) que nunca fue notificado del procedimiento y tampoco se verificó que el lugar o el medio electrónico señalado para ser notificado fuera del quejoso. Son infundados los conceptos de violación, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, por los motivos que se precisan a continuación. De conformidad con lo previsto en el artículo 20, apartado C, fracciones I, II, IV y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la víctima u ofendido, tienen en lo que aquí interesa, derecho a ser informados del desarrollo del procedimiento penal, a coadyuvar con el ministerio público e intervenir en el juicio y a que se les repare el daño, que en los casos en que dicha reparación sea procedente, el ministerio público estará obligado a solicitarlo, sin menoscabo de que la víctima u ofendido pueda hacerlo directamente. Asimismo, establece que el ministerio público deberá garantizar la protección de las víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso, correspondiendo a los jueces vigilar el buen cumplimiento de esta obligación. En el caso, se advierte que el juzgador responsable declaró inadmisible la solicitud de nulidad de todas las actuaciones y resoluciones de la carpeta judicial, promovida por el asesor jurídico particular de la víctima -aquí quejoso-, en virtud de considerarla extemporánea, esencialmente porque una vez analizadas de forma preliminar las constancias de la carpeta administrativa, se desprendía que el veintidós de marzo de dos mil veintidós, la víctima José Manuel Rincón Salas -aquí quejoso-, presentó un escrito al que le recayó el número de cuenta 00214, mediante el cual interpuso recurso de apelación en contra de la resolución de vinculación a proceso de diecisiete de marzo del año citado, en el que además, designó asesor jurídico particular, medios especiales de notificación y expuso sus agravios. Por tanto, consideró el juzgador responsable que de ese escrito se desprendía que la víctima tuvo conocimiento de la situación jurídica del imputado, así como del estadio de la carpeta judicial, y del nombre del asesor jurídico particular y medios especiales de notificación, pues el recurso fue firmado por la víctima; de ahí que la solicitud de nulidad presentada resultaba notoriamente extemporánea de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que dicha solicitud de nulidad se debe presentar por escrito dentro de los dos días siguientes a aquél en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación pretende. Además, precisó el juez responsable en el acuerdo reclamado, que el hecho de que la víctima hubiere realizado nueva designación de asesores jurídicos particulares, no implicaba que se activaran nuevos plazos jurídicos, ya que la fijación de esos plazos asegura el acceso a la justicia y seguridad jurídica, impidiendo que quede al arbitrio de quien promueve, el retardar o postergar indefinidamente la posibilidad de ejecutar una resolución judicial que cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento. Determinación que se estima adecuada, puesto que atendiendo al principio de seguridad y certeza jurídica que debe prevalecer en cualquier procedimiento, el hecho de que la víctima designara diversos asesores jurídicos, no implicaba que estuviera nuevamente en posibilidad de impugnar actos que hubieren adquirido dicha certeza legal, pues como lo refirió el juzgador responsable, de las constancias de la carpeta judicial se advierte que la víctima tuvo conocimiento de las actuaciones. Ello, puesto que no únicamente hizo valer el recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso, cuyo escrito de agravios destacó el juez responsable, sino que además promovió el juicio de amparo indirecto registrado con el número de expediente 1537/2022, del que correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, el cual se resolvió en sentencia de siete de marzo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el juicio, por virtud del desistimiento ratificado por el quejoso, lo cual constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, ya que puede ser consultado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, como se precisó en párrafos que anteceden, de conformidad con el apartado C del artículo 20 constitucional, la víctima tiene, entre otros, el derecho a ser informada del desarrollo del procedimiento penal, a coadyuvar con el ministerio público e intervenir en el juicio, y a que se le repare el daño, derechos que pueden ser garantizados mediante actuaciones que atañen al ministerio público, sin que se impida que, en determinados casos, sea la víctima quien los ejercite directamente. Entonces, se considera que respecto de la formulación de imputación y vinculación a proceso, atendiendo a los fines de tales etapas de la audiencia inicial, no se vulneran los derechos que aduce el aquí quejoso, puesto que tales actos se pueden o no llevar a cabo con la presencia de la víctima. Es decir, atendiendo a que respecto a la formulación de imputación y vinculación a proceso, se establece un plazo constitucional de setenta y dos horas para resolver la situación jurídica del imputado, el cual puede ampliarse a ciento cuarenta y cuatro horas, a solicitud de dicho imputado, en términos de lo previsto en el artículo 19 constitucional, para la emisión del citado auto de vinculación a proceso, no necesariamente se requiere la presencia de la víctima, por virtud de dicho término fatal; pues sería incuestionable que en caso de no lograr la notificación o comparecencia de la víctima, éste no puede prorrogarse, en el entendido de que los derechos de la víctima se encuentran protegidos y salvaguardados por el agente del ministerio público, que es el representante social. Lo que además se considera así, atendiendo a la finalidad de cada etapa de la audiencia inicial, pues la formulación de imputación tiene por objeto garantizar el derecho del imputado a ser informado de los hechos por los cuales se le investiga, lo que a su vez permite garantizarle del derecho de defensa, como se desprende de lo previsto en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, respecto de la víctima u ofendido, los derechos y principios implicados en la vinculación a proceso, es el relativo al ejercicio de la acción penal, que corresponde al ministerio público de conformidad con lo establecido en el artículo 21 constitucional; y, respecto del imputado, se debe garantizar la exacta aplicación de la ley penal, la seguridad jurídica, la presunción de inocencia y la libertad personal. Entonces, como se dijo, con relación a dichos actos, no se requiere la presencia de la víctima, además de que, en su caso, todavía se encontraría pendiente la investigación complementaria, en la que la víctima pudiera ejercer sus derechos de considerar que se hubieren vulnerado; de ahí que, para impugnarse tales actos, la ley prevé el recurso de apelación y en su caso, el juicio de amparo indirecto. Por tanto, en la formulación de imputación y vinculación a proceso no se vulneran los derechos de la víctima con el hecho de que ésta no hubiere comparecido personalmente, atendiendo, como se dijo, a los fines que se persiguen en tales etapas de la investigación inicial. Ahora bien, no se inadvierte que en la carpeta judicial de origen se aprobó a favor del imputado la salida alterna de suspensión condicional del proceso, en la cual conforme a su finalidad, se debe privilegiar el derecho de la víctima a la reparación del daño y a oponerse fundadamente, como lo señalan los artículos 191 y 192 del código nacional adjetivo ya citado, en el entendido de que tal oposición tiene que ser fundada, de lo contrario será improcedente. Entonces, tomando en consideración lo anterior, lo que en su caso pudiera causar algún perjuicio a la víctima, es la suspensión condicional del proceso, cuya procedencia a favor del imputado se aprobó en la audiencia de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, dado que respecto de esa salida alterna puede presentar oposición fundada, y porque atañe, entre otras cuestiones, a la reparación del daño. Sin embargo, de las constancias de la carpeta judicial de origen, se tiene que el aquí quejoso, con motivo de la acusación presentada por la fiscalía en contra del imputado, mediante escrito presentado el diez de octubre de dos mil veintidós, se constituyó como acusador coadyuvante y, entre otras cuestiones, designó asesores jurídicos particulares, así como los estrados y medios especiales para las notificaciones, por lo que en auto de doce de octubre siguiente, se le tuvo autorizando los estrados y medios especiales de notificación y por designados a los asesores jurídicos particulares propuestos, precisando que se les reconocería tal carácter hasta que aceptaran y protestaran el cargo conferido ante el órgano jurisdiccional. Por otro lado, ante la incomparecencia de la víctima y su asesor jurídico particular a la audiencia intermedia de diez de noviembre de dos mil veintidós, se determinó diferirla y, se apercibió al asesor jurídico particular que en caso de incomparecencia se tendría por abandonada la asesoría jurídica y se asignaría al asesor jurídico público, para representar los derechos de la víctima. Asimismo, a través del escrito presentado en esa misma fecha -diez de noviembre de dos mil veintidós-, el asesor jurídico designado por la víctima, justificó la inasistencia de ésta a la audiencia programada, la cual se tuvo por justificada, por lo que nuevamente se fijó día y hora para el verificativo de la audiencia de suspensión condicional a proceso -por virtud de que en la audiencia intermedia se solicitó por la defensa dicha salida alterna a favor del imputado-, dejando subsistentes los apercibimientos para el asesor jurídico particular, esto es, que en caso de incomparecencia se asignaría al asesor jurídico público, para representar los derechos de la víctima. Circunstancia que se advierte resultaba del conocimiento de la víctima y a su asesor jurídico -a quienes se notificó a través de los medios electrónicos autorizados para tal efecto-, pues el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós -data programada para el verificativo de la audiencia de suspensión condicional a proceso-, tanto la víctima como el asesor jurídico particular, presentaron escrito, a través del cual hicieron del conocimiento el impedimento de la víctima José Manuel Rincón Salas -aquí quejoso-, para comparecer a la audiencia, por motivos de salud. Entonces, del escrito antes señalado se tiene que, si bien se justificó la incomparecencia de la víctima a la audiencia de suspensión condicional a proceso, ello no ocurrió respecto del asesor jurídico particular, pues no se justificó el impedimento que tuviere para comparecer a dicha diligencia; en el entendido además, de que existía el apercibimiento decretado en auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, en el que se estableció, en primer término, que ante su incomparecencia se llevaría a cabo la audiencia sin su presencia y, en segundo lugar, que se asignaría al asesor jurídico público a efecto de que representara los intereses de la víctima José Manuel Rincón Salas, sin que a pesar de tal apercibimiento, el asesor jurídico particular compareciera a la audiencia. Así, contrario a lo afirmado por el quejoso, el juzgador responsable sí tomó las medidas necesarias para proteger sus intereses, puesto que se apercibió al asesor jurídico particular que en caso de incomparecencia a la audiencia programada, se asignaría al asesor jurídico público para representar los intereses de la víctima; y, de la constancia mínima de la audiencia de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se desprende que compareció, en representación de los intereses de la víctima, el asesor jurídico oficial. Por tanto, no se advierte la vulneración a los derechos que refiere el aquí quejoso en los conceptos de violación, toda vez que cuando se constituyó coadyuvante acusador, designó asesores jurídicos, los cuales se tuvieron por designados con tal carácter, reconociéndoles éste una vez que comparecieran ante el órgano jurisdiccional, sin que así lo hicieran; de ahí que, se les hicieron efectivos los apercibimientos decretados, teniendo por abandonada la asesoría jurídica; y, a efecto de no vulnerar los derechos de la víctima, se asignó al asesor jurídico público, para que representara los derechos del aquí quejoso. Asimismo, no se inadvierte que la víctima justificó su inasistencia por motivos de salud, lo que no impedía llevar a cabo la audiencia programada, ya que en términos de lo previsto en el artículo 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la incomparecencia de la víctima u ofendido, no impedirá que se resuelva sobre la procedencia y términos de la solicitud de suspensión condicional del proceso. Máxime que en el caso, previamente se habían realizado los apercibimientos correspondientes al asesor jurídico particular, a fin de salvaguardar los derechos de la víctima, circunstancias que se hicieron del conocimiento de la víctima y el asesor jurídico particular, a través de la correspondiente notificación del apercibimiento decretado. De ahí que se considere que, contrario a lo afirmado por el quejoso, el juzgador responsable sí salvaguardó sus derechos con las determinaciones emitidas. Ahora bien, por cuanto a lo señalado por el quejoso en el sentido de que en el acuerdo reclamado: 1) no se expuso razonamiento del porqué se estimaba que la firma del escrito del recurso de apelación que citó el juzgador en dicho acuerdo, correspondía a la víctima; 2) que el juez debió allegarse de los medios necesarios para constatar la autenticidad de la firma del quejoso en los escritos por los que compareció; y, 3) que nunca fue notificado del procedimiento y tampoco se verificó que el lugar o el medio electrónico señalado para ser notificado fuera del quejoso; dichos argumentos son infundados. Lo anterior, toda vez que como se precisó, de las constancias de la carpeta judicial de origen se advierte el conocimiento de la víctima respecto de ésta, pues incluso presentó demanda de amparo en contra de la resolución que emitió la Alzada en el recurso de apelación interpuesto contra el auto de vinculación a proceso, juicio de amparo del cual correspondió conocer a este juzgado, y que se sobreseyó en el juicio por virtud del desistimiento ratificado por el quejoso. Además, como lo establece el artículo 98, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la solicitud de declaración de nulidad deberá estar fundada y motivada; y, si bien la víctima, por conducto de su asesor jurídico particular, presentó dicha incidencia afirmando, entre otras cuestiones, que las firmas de los diversos escritos presentados a través de los cuales compareció, designó asesores jurídicos particulares y autorizó los estrados, así como medios especiales de notificación, no correspondían a la autoría de José Manuel Rincón Salas, dicha afirmación la sustentó en la protesta de decir verdad del asesor jurídico, quien no suscribió tales ocursos. No obstante, el juzgador responsable no se encontraba obligado a exponer en el acuerdo reclamado el razonamiento del porqué estimaba que la firma del escrito del recurso de apelación de veintidós de marzo de dos mil veintidós, correspondía a la víctima, ni estaba constreñido a allegarse de los medios necesarios para constatar la autenticidad o no de la firma del quejoso en los escritos por los que compareció, ni a constatar que la víctima nunca fue notificada, como aquí lo afirma el quejoso, pues en tal caso, correspondía al promovente de la solicitud acreditar dichas circunstancias, en términos de lo señalado en el artículo 98, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales -que se trataba de una solicitud fundada y motivada-; además de que tales cuestiones no son propias del estudio del acuerdo en el que se declara inadmisible la solicitud de nulidad de actos. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación en estudio, se niega el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se NIEGA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a José Manuel Rincón Salas, contra el acto reclamado a la autoridad responsable señalada, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe, el catorce de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,306 expedientes
- Cristina Anzurez Pérez1806/2014
- Cristina del Carmen Vargas Bustos2296/2015
- Cristina Escobar Perez1591/2015
- Cristina Gabriela Huerta Mendoza18/2015
- Cristina Garcia Rojas1214/2017
- Cristina Gomez Hernandez372/2017
- Cristina Gonzalez Sánchez858/2015
- Cristina Hernández Cervantes864/2014
- Cristina Irel Erazo Martinez1531/2022
- Cristina Isabel del Valle Macleod271/2022
- Cristina Labra Guerrero2512/2014
- Cristina María Bray2322/2014