Cristina Gónzalez Cárdenas
Expediente 27/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Cristina Gónzalez Cárdenas
Actuaciones
- Principal
La parte quejosa no impugnó la resolución dictada en autos. En consecuencia, se declara que esa resolución causó estado. Archívese el presente juicio como asunto concluido.
- Principal
Se recibe la demanda de amparo indirecto que suscribe Cristina Gónzalez Cárdenas, contra actos que atribuye a la oficina 377 en Tecomán, del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI). ? Formación de expediente, registro y seguimiento. Conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo (en adelante: la ley), fórmese expediente tanto impreso como electrónico, identifíquese el juicio con el número 27/2021-3. Dese seguimiento de su estado procesal en los registros oficiales correspondientes (Libros de Gobierno y SISE). ? Análisis de la demanda. Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama, en esencia, la negativa para entregarle la cantidad de $3,238.78 (tres mil doscientos treinta y ocho pesos 78/100 moneda nacional), así como la posible disposición que realice de esa cantidad de dinero el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito. ? Desechamiento de la demanda. En este contexto, precisa destacar que el artículo 113 de la ley, impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese entendido, este juzgado advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo ?????????61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, ambos de la ley, ya que el juicio biinstancial es improcedente contra actos dictados por particulares o entidades que no les revista el carácter de autoridades para efectos del amparo. Para demostrar lo anterior, conviene destacar el contenido de los artículos citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De la interpretación sistemática de estos preceptos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos de un órgano del Estado que no tenga el carácter de autoridad para efectos del amparo. Bajo ese tenor, se desprende que con independencia de su naturaleza formal, es autoridad la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o en su caso, omita un acto que de realizarse produciría estas situaciones, ello con independencia de si dicho acto es desplegado por una autoridad en sentido material, o bien, lo realiza un particular de forma equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, las características que distinguen a una autoridad para los efectos del amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular;????????????? b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Las consideraciones expuestas tienen sustento en la jurisprudencia 2a./J 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089; que señala: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De acuerdo con lo anterior, para que el acto de un órgano sea conceptualizado como de autoridad para los efectos de este medio procesal de tutela constitucional debe originarse con motivo de una relación de supra a subordinación; es decir, entre sujetos colocados en diferentes planos, por un lado, los particulares y, por otro, el Estado investido con su imperio. Así, para identificar si un acto se generó dentro de una relación de supra a subordinación deberá tener las características siguientes: 1. Ser unilateral, porque para su existencia y eficacia no requiere del concurso o la colaboración del gobernado frente al cual se ejerce; esto es, su emisión sólo depende de la voluntad de la autoridad. 2. Ser imperativo, lo cual implica que la voluntad del gobernado quedará sometida a lo dispuesto por el ente????????????? público, esto es, el acto se impone aun en contra de la voluntad del particular. 3. Ser coercitivo, ya que podrá constreñir al gobernado para hacer respetar el mandato de la autoridad; en otras palabras si el acto no se acata en forma voluntaria se podrá lograr su cumplimiento de manera coactiva a través de los mecanismos que la ley establezca, incluso mediante el uso de la fuerza pública en ciertos casos. Así, las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo, caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En términos de estas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten los derechos fundamentales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que derivan de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de este juicio constitucional. Bajo esas premisas es inconcuso que no cualquier acto proveniente de un ente público o privado será susceptible de ser reclamado en el juicio constitucional, sino sólo aquél por medio del cual se afecten situaciones jurídicas abstractas - norma general- o concretas con efectos particulares -acto ????????????? en estricto sentido u omisión-, que es imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de tal forma que se evidencien las características descritas. En ese sentido, es necesario atender a la naturaleza de los actos que se impugnan para determinar si provienen o no de una autoridad para los efectos del juicio de amparo. Luego, si en el caso la quejosa reclama de la institución bancaria señalada como responsable la negativa para entregarle la cantidad de $3,238.78 (tres mil doscientos treinta y ocho pesos 78/100 moneda nacional), así como la posible disposición que se realice de esa cantidad de dinero; es indiscutible que dicho acto no tiene naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo. Análisis que se formula atendiendo a la naturaleza propia de los actos reclamados y no a los calificativos que en su enunciación formula la parte promovente. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 159, Tomo 18 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro número 239,099, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD." Se dice lo anterior, debido a que el particular constituido en institución de crédito, tiene la facultad para establecer requisitos y condiciones para la apertura de cuentas por parte de los solicitantes, con lo cual se establece una relación de coordinación entre particulares y no de subordinación entre aquella y la aquí quejosa, pues no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria. De ahí que todos los actos derivados de la prestación del servicio como un ente financiero se emiten en un plano de igualdad entre particulares. Se advierte lo anterior debido a que la promovente refiere en su escrito de demanda ser titular de la cuenta número 1172582932, de la institución bancaria que señala como responsable, en la que recibe depósitos de un programa de apoyo de gobierno federal y que también utiliza para realizar ahorros. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones, la tesis I.6o.C.59 C (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 3389 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, registro 2016459, de texto siguiente: "INSTITUCIONES DE CRÉDITO. LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA Y CUENTA DE CHEQUES, NO ES UN ACTO DE ?????????????? AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La determinación de dar por terminado el contrato de depósito de dinero a la vista y cuenta de cheques, no es un acto de autoridad, para efectos del juicio constitucional, porque de conformidad con los artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; asimismo, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad, para efectos del juicio de amparo, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; empero, la decisión de no prestar los servicios bancarios al cliente, tiene su origen en disposiciones del orden privado, toda vez que ambas partes celebran el contrato bancario voluntariamente y en un mismo plano; además, no obstante que la determinación de no prestar servicios se traduce en un acto unilateral, sin embargo, lo relevante es que esa decisión se presenta en ejercicio del margen discrecional con el que las instituciones de crédito cuentan para establecer a quiénes prestan sus servicios financieros. En efecto, las instituciones de crédito no están obligadas a dar sus servicios a todas las personas que así lo soliciten, porque es un hecho notorio que, en la práctica de las operaciones bancarias, cuando una persona solicita aperturar una cuenta o pretender obtener una tarjeta o solicita una terminal para cobrar bienes y servicios a otros clientes, la institución bancaria primero investiga al solicitante y verifica si cubre el perfil respecto de los requisitos necesarios para autorizar la operación. Es decir, la institución bancaria está facultada para analizar cada caso concreto y determinar si presta o no los servicios financieros. Asimismo, tampoco se afectan los derechos de los usuarios a contar con servicios financieros, toda vez que ante la negativa de parte de una institución financiera, aquéllos están en posibilidad de analizar la competencia bancaria y celebrar un contrato con alguna otra institución que se adapte a sus necesidades; de ahí que tampoco se afecten derechos de libertad comercial, competencia ni de concurrencia." (Lo destacado es propio), Asimismo, por analogía, la tesis I.9o.C.18 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 2863 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III Décima Época, registro 2017684, de rubro siguiente: ?????????????? "INSTITUCIONES BANCARIAS. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA DE CHEQUES, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LO QUE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Así como la tesis I.10o.A.106 A (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2019, Décima Época, registro 2020007, de rubro siguiente: "INSTITUCIONES DE CRÉDITO. HIPÓTESIS EN LAS QUE TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD EQUIPARADA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Y la tesis (II Región)1o.5 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2019, Décima Época, registro 2020006, de rubro siguiente: "INSTITUCIONES BANCARIAS. NO REALIZAN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO INMOVILIZAN LAS CUENTAS RESPECTIVAS CON BASE EN EL CLÁUSULADO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS BANCARIOS CELEBRADOS ENTRE AQUÉLLAS Y SUS CLIENTES." En consecuencia, se concluye que la institución bancaria señalada en este juicio carece de los atributos establecidos en la fracción II del artículo 5° de la ley, motivo por el cual es imposible tenerla como responsable. Por otra parte, es pertinente mencionar, que al tratarse de relaciones de coordinación, como la existente entre la parte quejosa y la autoridad que señala como responsable, la legislación prevé los procedimientos ordinarios para ventilar las controversias que se susciten entre las partes; con la finalidad de que éstas se resuelvan estando las partes al mismo nivel. En tales condiciones, procede el desechamiento de la demanda, dada la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción II, del diverso 5°, ambos de la citada legislación, respecto de los actos imputados a la autoridad responsable. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, y que el motivo de improcedencia seguiría subsistiendo. En tal virtud, con fundamento en lo previsto en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 5, fracción ???????II de la ley, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Cristina Gónzalez Cárdenas. ? De los autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la ley, se tienen como autorizado(s) únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a quien(es) señala el escrito de cuenta. En la inteligencia que se tendrá tal autorización con todas las atribuciones que establece el mencionado precepto, a quien: 1) haya sido así señalado por la parte autorizante y el asunto no verse en materias civil, mercantil, laboral (tratándose del patrón), administrativa y penal; o, 2) haya sido así señalado por su autorizante y que, por tratarse de un asunto en las referidas materias, acredite que al momento de su intervención cuenta con autorización para ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho o abogado. ? Acceso al expediente electrónico y notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 3 de la ley, así como los numerales 96 y 97 en relación con los artículos 55, 57 y 60 del Acuerdo General 12/2020, se autoriza a la parte promovente el usuario "Lunam04" para que consulte el expediente electrónico de este juicio; a su vez, se autoriza que las notificaciones que deriven de este juicio se realicen de manera electrónica al citado usuario. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial que corresponda, realizar las notificaciones de carácter personal, por vía electrónica, e indíquesele al Analista Jurídico SISE haga las anotaciones correspondientes, a efecto de que mediante dicho usuario, se tenga acceso al expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
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