Cristina García Zavala

Expediente 1659/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1659/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
18/01/2018

Partes del expediente

  • Cristina García Zavala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de tres de enero de dos mil dieciocho (fojas 17 a 22), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Se hace constar que no obran documentos originales ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica. Notifíquese por medio de lista a las partes. (V)

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.(V)

  3. Principal

    Se notifica por lista a la quejosa, proveído de tres de enero dos mil dieciocho...Como puede advertirse el acto reclamado es la sentencia interlocutoria dictada en el incidente de reducción de pensión alimenticia, la que de acuerdo con el artículo 574, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, admite el recurso de queja. En efecto el artículo antes mencionado dispone lo siguiente: "ARTICULO 574.- Contra la resolución en que se otorguen los alimentos provisionales, no habrá recurso alguno y contra el que los deniegue procederá el de queja. El monto de la pensión provisional y aún la definitiva podrá ser modificado en vía incidental, y contra la resolución procederá el recurso de queja". Énfasis añadido. Del numeral transcrito, se despende que en contra del acto reclamado, procedía el recurso de queja, en virtud de que no se trata de una sentencia que niegue alimentos, ya sea por cesación, terminación o anulación, sino que solamente los modifica; por tanto, el citado medio recurso constituye un medio de defensa a través del cual podía ser subsanada la actuación de la autoridad combatida en esta vía; consecuentemente, este órgano de control constitucional estima que en el caso se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque previamente a la promoción del juicio constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio de defensa aludido, lo que en la especie no ocurrió, incumpliendo así con el principio de definitividad que rige, entre otros principios fundamentales, en el juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV, mayo de 2002, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Asimismo, apoya lo aquí expuesto, por las razones que la contienen, la jurisprudencia PC.XXX. J/2 C (10a.), Plenos de Circuito, visible en la página 2473, tomo III, enero de 2014, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "RECURSO DE QUEJA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DICTADA EN EL INCIDENTE RELATIVO A LA CESACIÓN, TERMINACIÓN O ANULACIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA POR LO QUE, EN SU CASO, AQUÉLLA DEBE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). De una interpretación literal del artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, se concluye que el recurso de queja que prevé es improcedente contra la sentencia interlocutoria dictada en el incidente relativo a la cesación, terminación o anulación de la pensión alimenticia, en tanto establece claramente que dicho medio de defensa sólo procede contra la resolución que deniegue los alimentos provisionales o que llegue a modificar el monto de los otorgados de manera provisional o definitiva -entendido esto último como su aumento o disminución, pero no como su supresión absoluta-. En ese sentido, quien se considere afectado por la emisión de ese tipo de decisiones, puede combatirlas a través del juicio de amparo indirecto inmediatamente después de su emisión y dentro del plazo legal que al efecto establece la Ley de Amparo". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de garantías promovida. Como corolario, debe decirse que admitir y dar trámite al juicio de amparo a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 921, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Además, si bien del contenido de los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que privilegian el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que no tienen el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance -que en la especie se traduce en la promoción del juicio de amparo indirecto, contra actos definitivos-. Estimar lo contrario, equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen la función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, aunado a que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Tiene aplicación, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012 Tomo 2, décima época, página 1587, con el siguiente texto: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables".(V)

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.- (V)

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