Cristina Estefany García Carbajal

Expediente 331/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
331/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Cristina Estefany García Carbajal

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que aducen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES ... Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; En atención a lo anterior, se estima que este expediente es susceptible de destrucción, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo, aunado de que no es considerado como relevancia documental. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicio Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por medio del cual, devuelve sin diligenciar el exhorto 120/2021-V, del índice de este Juzgado Federal, por el cual se encomendó notificar a la quejosa ---------el auto de veintiocho de abril del presente año. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, sin que se acuse recibió de la comunicación oficial, al haber sido remitida vía electrónica. En tales circunstancias, con fundamento en la fracción III, inciso a), del artículo 27, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, el aludido proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el presente auto y los subsecuentes acuerdos por medio de lista electrónica que se pública en internet y copia que de la misma se deja en la entrada de acceso al edificio donde se ubica este juzgado federal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este Juzgado. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa, el presente acuerdo, así como el diverso de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL DIVERSO DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio con 6097/2021, procedente del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, conresidencia en Toluca, al cual anexa la demanda promovida por-------------------------, por derecho propio y en representación de la menor de iniciales M.B.L.G., misma que registró ese órgano jurisdiccional con el número de amparo 273/2021; lo anterior, puesto que por acuerdo de diecinueve de abril pasado, se declaró legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3o. de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 331/2021-V. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. En mérito de lo anterior y una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, este Juzgado Federal, acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto que remite. Atento a lo anterior, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por -------------------------, por derecho propio y en representación de la menor de iniciales M.B.L.G., se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, expedida en el expediente 1625/2019 del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por el cual negó su petición de establecer un régimen de convivencia entre -------------------------, con su menor hija de iniciales M.B.L.G. Precisado lo anterior, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4 publicada en la página 890, tomo VII, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Precisado lo anterior, se estima que respecto de la determinación adoptada por el Juez Tercero de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dentro del expediente 1625/2019, por el cual negó su petición de establecer un régimen de convivencia entre -------------------------, con su menor hija de iniciales M.B.L.G, opera la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, relativa a que para que sea procedente el juicio de amparo, previamente debieron agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame (principio de definitividad), salvo las excepciones que la misma establece, numeral que en lo que interesa, señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Del dispositivo transcrito se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: a) Que el acto reclamado constituya una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que, por virtud de dicho medio de defensa o recurso, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada.1 Consecuentemente, si se actualizan esos supuestos, entonces agotar el medio de defensa ordinario, resulta una carga ineludible para la parte quejosa, aun cuando se pretenda interponer el juicio de amparo contra actos que puedan producir un perjuicio irreparable y aun cuando en la contienda jurídica se encuentre involucrado un menor de edad (como es el caso); tal como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 1Es aplicable la jurisprudencia I. 4o. C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 361, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224800, que establece: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. 113/2013 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, de rubro y texto: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." No obstante lo anterior, la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la diversa contradicción de tesis 139/2013, refirió una excepción para la actualización de la causal de improcedencia en estudio, cuando estuviera involucrado un menor de edad: en términos del artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [.] será posible dejar de observar la regla de la definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrada una persona menor de edad (desde la perspectiva de su interés superior), cuando el recurso ordinario que deba ser agotado no admita suspensión y, por ende, no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o a la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre y cuyo riesgo, para el caso de ejecutarse la resolución impugnada, sea alegado por cualquiera de las partes Lo cual busca el objetivo de que haya un órgano jurisdiccional que valore de manera inmediata las circunstancias del caso y que decida lo pertinente, no solamente para evitar un perjuicio al menor sino para lograr su mayor beneficio al estar en condiciones de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado Dicha excepción puede constatarse en el texto de la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 990, de rubro y texto: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada. Por lo tanto, en el caso en concreto, para estimar que se actualiza la causal de improcedencia referida, se debe constatar que se cumplan los primeros cuatro criterios generales; y además, al estar involucrado el interés superior de la menor de identidad reservada M.B.L.G., es preciso además, constatar que el medio ordinario de defensa no sea inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse; es decir, también debe constatarse que no se actualice la excepción al principio de definitividad. Pues bien, como se adelantó, en contra del acto reclamado consiste en la determinación adoptada por el Juez Tercero de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dentro del expediente 1625/2019, por el cual negó su petición de establecer un régimen de convivencia entre Cristina Estefany García Carbajal, con su menor hija de iniciales M.B.L.G, en principio, procede el recurso de revocación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5.2 y 5.74, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que establecen lo siguiente: Artículo 5.2. Se sujetarán a estas controversias: I. Las que se susciten con motivo de alimentos, guarda y custodia, convivencia, régimen patrimonial, patria potestad, parentesco, paternidad, nulidades relativas a esta materia y las demás relacionadas con el derecho familiar; II. Las relativas al estado civil de las personas; y III. La petición de herencia después de la adjudicación respectiva. Quedan exceptuadas, las controversias relacionadas con el derecho sucesorio. "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales De los artículos citados se advierte que las controversias relativas, entre otras, a los alimentos, guarda y custodia, convivencia, patria potestad, parentesco y las demás relacionadas con el derecho familiar relativas a esta materia, como lo sería el juicio de origen que versa sobre el juicio oral familiar se tramitarán respecto al libro quinto, donde se señala que los autos y decretos dictados fuera de audiencia se podrán revocar conforme a las reglas generales estatuidas en el referido Código. Luego, si en el caso se reclama el proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, donde el juez responsable negó la petición de establecer un régimen de convivencia entre -------------------------, con su menor hija de iniciales M.B.L.G; al ser una actuación emitida fuera de audiencia, es revocable conforme a las reglas de las controversias sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar. En efecto, en primer lugar, el acto reclamado fue dictado por el Juez Tercero de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el expediente 1625/2019, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes precisados, al provenir de un tribunal judicial. El segundo y tercero de los requisitos antes señalados también se colman en el caso a estudio, si se tiene en consideración el contenido del artículo 5.74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, del cual se advierte la procedencia de un medio de impugnación dentro del propio procedimiento familiar, que debió interponer la parte quejosa en el procedimiento de origen, previo a la promoción del juicio de amparo. Aunado a lo anterior, el recurso de revocación previsto en el artículo 5.74, del citado Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en relación al diverso 5.44, resulta un medio idóneo, a través del cual se pudo haber modificado, revocado o nulificado las determinaciones reclamadas, con lo cual se colma el cuarto de los requisitos precisados en párrafos precedentes. Es decir, era exigible que la quejosa, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agotara el recurso ordinario previsto por la Ley que rige la contienda de origen, el cual se encuentra a su alcance, dado que se trata de una de las partes formales dentro de la controversia de origen. Aunado a lo anterior, se estima cumplido también el cuarto requisito, porque no se actualiza la excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo aun cuando en el caso, sí está involucrada una menor de edad, el acto reclamado no tiene una ejecución inmediata, siendo que aún y cuando pueda ser de imposible reparación, la parte quejosa se encuentra obligada a agotar dicho medio ordinario. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 1a./J.44/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, del tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2012, Décima Época, con número de registro 2001155, que establece: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo Por tanto, este juzgado, estima que la peticionaria del amparo tiene el deber de agotar el recurso ordinario, previamente a promover el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo por su notoria improcedencia. En diverso aspecto, y toda vez que la quejosa señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle María Curié, número 108, colonia San Juan Buenavista, código postal 50070, en el municipio de Toluca, Estado de México; en consecuencia, con fundamento en los artículos 298 a 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicación supletoria a la Ley de Amparo y el Acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación con los diversos artículos 28 y 31 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de esta anualidad, así como con los numerales 79 a 82 y 96 del diverso Acuerdo General 12/2020, del propio Pleno, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, gírese atento exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito tenga a bien notificarle esta determinación a la quejosa -------------------------, corriéndole traslado con copia de la misma. Asimismo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, deberá requerirlo, para que en el término de tres días computados legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en alguno de los municipios ubicados dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Apercibiéndola que de no hacerlo en el plazo señalado, sin necesidad de posterior acuerdo, de conformidad con el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de le Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la ley en comento, se faculta al homólogo federal para que habilite al funcionario judicial que habrá de realizar la diligencia encomendada, aún en días y horas inhábiles. Hecho que sea, a efecto de racionalizar los recursos materiales con que cuenta el Consejo de la Judicatura Federal, se solicita respetuosamente a la autoridad exhortada, que únicamente remita a este órgano jurisdiccional de manera electrónica, el oficio mediante el cual devuelva el exhorto de mérito y la constancia de notificación encomendada. Ahora bien, se tiene por autorizado de la parte quejosa a el profesionista ------------, toda vez que la cédula profesional que lo acredita para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, se encuentran debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que a los demás se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, quienes podrán gozar de amplias facultades una vez que acrediten tener registrada su cédula profesional en el referido sistema. Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Igualmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese por exhorto a la quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio con 6097/2021, procedente del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, al cual anexa la demanda promovida por -----------, por derecho propio y en representación de la menor de iniciales -.-.-.-., misma que registró ese órgano jurisdiccional con el número de amparo 273/2021; lo anterior, puesto que por acuerdo de diecinueve de abril pasado, se declaró legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3o. de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 331/2021-V. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. En mérito de lo anterior y una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, este Juzgado Federal, acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto que remite. Atento a lo anterior, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por ------------, por derecho propio y en representación de la menor de iniciales -.-.-.-., se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, expedida en el expediente 1625/2019 del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por el cual negó su petición de establecer un régimen de convivencia entre ------------, con su menor hija de iniciales -.-.-.-. Precisado lo anterior, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4 publicada en la página 890, tomo VII, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Precisado lo anterior, se estima que respecto de la determinación adoptada por el Juez Tercero de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dentro del expediente 1625/2019, por el cual negó su petición de establecer un régimen de convivencia entre ------------, con su menor hija de iniciales -.-.-.-, opera la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, relativa a que para que sea procedente el juicio de amparo, previamente debieron agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame (principio de definitividad), salvo las excepciones que la misma establece, numeral que en lo que interesa, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Del dispositivo transcrito se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: Que el acto reclamado constituya una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que, por virtud de dicho medio de defensa o recurso, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Consecuentemente, si se actualizan esos supuestos, entonces agotar el medio de defensa ordinario, resulta una carga ineludible para la parte quejosa, aun cuando se pretenda interponer el juicio de amparo contra actos que puedan producir un perjuicio irreparable y aun cuando en la contienda jurídica se encuentre involucrado un menor de edad (como es el caso); tal como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 113/2013 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." No obstante lo anterior, la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la diversa contradicción de tesis 139/2013, refirió una excepción para la actualización de la causal de improcedencia en estudio, cuando estuviera involucrado un menor de edad: "(.) en términos del artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [.] será posible dejar de observar la regla de la definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrada una persona menor de edad (desde la perspectiva de su interés superior), cuando el recurso ordinario que deba ser agotado no admita suspensión y, por ende, no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o a la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre y cuyo riesgo, para el caso de ejecutarse la resolución impugnada, sea alegado por cualquiera de las partes". Lo cual busca el objetivo de que haya un órgano jurisdiccional que valore de manera inmediata las circunstancias del caso y que decida lo pertinente, "no solamente para evitar un perjuicio al menor sino para lograr su mayor beneficio al estar en condiciones de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado". Dicha excepción puede constatarse en el texto de la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 990, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Por lo tanto, en el caso en concreto, para estimar que se actualiza la causal de improcedencia referida, se debe constatar que se cumplan los primeros cuatro criterios generales; y además, al estar involucrado el interés superior de la menor de identidad reservada -.-.-.-., es preciso además, constatar que el medio ordinario de defensa no sea inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse; es decir, también debe constatarse que no se actualice la excepción al principio de definitividad. Pues bien, como se adelantó, en contra del acto reclamado consiste en la determinación adoptada por el Juez Tercero de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dentro del expediente 1625/2019, por el cual negó su petición de establecer un régimen de convivencia entre ------------, con su menor hija de iniciales -.-.-.-, en principio, procede el recurso de revocación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5.2 y 5.74, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que establecen lo siguiente: "Artículo 5.2. Se sujetarán a estas controversias: I. Las que se susciten con motivo de alimentos, guarda y custodia, convivencia, régimen patrimonial, patria potestad, parentesco, paternidad, nulidades relativas a esta materia y las demás relacionadas con el derecho familiar; II. Las relativas al estado civil de las personas; y III. La petición de herencia después de la adjudicación respectiva. Quedan exceptuadas, las controversias relacionadas con el derecho sucesorio. "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales". De los artículos citados se advierte que las controversias relativas, entre otras, a los alimentos, guarda y custodia, convivencia, patria potestad, parentesco y las demás relacionadas con el derecho familiar relativas a esta materia, como lo sería el juicio de origen que versa sobre el juicio oral familiar se tramitarán respecto al libro quinto, donde se señala que los autos y decretos dictados fuera de audiencia se podrán revocar conforme a las reglas generales estatuidas en el referido Código. Luego, si en el caso se reclama el proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, donde el juez responsable negó la petición de establecer un régimen de convivencia entre ------------, con su menor hija de iniciales -.-.-.-; al ser una actuación emitida fuera de audiencia, es revocable conforme a las reglas de las controversias sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar. En efecto, en primer lugar, el acto reclamado fue dictado por el Juez Tercero de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el expediente 1625/2019, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes precisados, al provenir de un tribunal judicial. El segundo y tercero de los requisitos antes señalados también se colman en el caso a estudio, si se tiene en consideración el contenido del artículo 5.74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, del cual se advierte la procedencia de un medio de impugnación dentro del propio procedimiento familiar, que debió interponer la parte quejosa en el procedimiento de origen, previo a la promoción del juicio de amparo. Aunado a lo anterior, el recurso de revocación previsto en el artículo 5.74, del citado Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en relación al diverso 5.44, resulta un medio idóneo, a través del cual se pudo haber modificado, revocado o nulificado las determinaciones reclamadas, con lo cual se colma el cuarto de los requisitos precisados en párrafos precedentes. Es decir, era exigible que la quejosa, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agotara el recurso ordinario previsto por la Ley que rige la contienda de origen, el cual se encuentra a su alcance, dado que se trata de una de las partes formales dentro de la controversia de origen. Aunado a lo anterior, se estima cumplido también el cuarto requisito, porque no se actualiza la excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo aun cuando en el caso, sí está involucrada una menor de edad, el acto reclamado no tiene una ejecución inmediata, siendo que aún y cuando pueda ser de imposible reparación, la parte quejosa se encuentra obligada a agotar dicho medio ordinario. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 1a./J.44/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, del tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2012, Décima Época, con número de registro 2001155, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Por tanto, este juzgado, estima que la peticionaria del amparo tiene el deber de agotar el recurso ordinario, previamente a promover el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo por su notoria improcedencia. En diverso aspecto, y toda vez que la quejosa señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ---------------, en el municipio de Toluca, Estado de México; en consecuencia, con fundamento en los artículos 298 a 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicación supletoria a la Ley de Amparo y el Acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación con los diversos artículos 28 y 31 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de esta anualidad, así como con los numerales 79 a 82 y 96 del diverso Acuerdo General 12/2020, del propio Pleno, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, gírese atento exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito tenga a bien notificarle esta determinación a la quejosa ------------, corriéndole traslado con copia de la misma. Asimismo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, deberá requerirlo, para que en el término de tres días computados legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en alguno de los municipios ubicados dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Apercibiéndola que de no hacerlo en el plazo señalado, sin necesidad de posterior acuerdo, de conformidad con el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de le Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la ley en comento, se faculta al homólogo federal para que habilite al funcionario judicial que habrá de realizar la diligencia encomendada, aún en días y horas inhábiles. Hecho que sea, a efecto de racionalizar los recursos materiales con que cuenta el Consejo de la Judicatura Federal, se solicita respetuosamente a la autoridad exhortada, que únicamente remita a este órgano jurisdiccional de manera electrónica, el oficio mediante el cual devuelva el exhorto de mérito y la constancia de notificación encomendada. Ahora bien, se tiene por autorizado de la parte quejosa a el profesionista Julio César Gálvez Galindo, toda vez que la cédula profesional que lo acredita para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, se encuentran debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que a los demás se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, quienes podrán gozar de amplias facultades una vez que acrediten tener registrada su cédula profesional en el referido sistema. Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Igualmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese por exhorto a la quejosa.

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