Cristina Edith Valenzuela González
Expediente 1167/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1167/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/12/2018
Partes del expediente
- Cristina Edith Valenzuela González
Actuaciones
- Principal
Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En razón de lo anterior, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se desechó la demanda de amparo. Finalmente, toda vez que resulta innecesario que permanezca en este juzgado el documento exhibido por la parte quejosa con el escrito inicial de demanda, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recibirlo dentro del plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Apercibido que de no acudir por éstos, en el plazo indicado, serán destruidos junto con el expediente. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así lo establecen los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, toda vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, el Acuerdo General 41/2018 relativo al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; la conclusión de funciones de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; el cambio de denominación de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el mismo Estado y residencia; así como, las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicados; y que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales; de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho; en cuyo artículo 2, textualmente señaló lo siguiente: "2. Los Juzgados de Distrito a partir del dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, cambiará su denominación, competencia, y conservará la residencia, domicilio y jurisdicción territorial que tienen asignados, conocerán de los asuntos a que refieren los artículos 52, 53, 54, y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y sus nuevas denominaciones serán las siguientes . Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan" [El énfasis es añadido] En consecuencia, cumpliendo con el supracitado Acuerdo General 41/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, la denominación de este órgano jurisdiccional será: Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, y como lo ordena el canon 2, del pluricitado Acuerdo General 41/2018, este juzgado de Distrito ejercerá jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa y respecto de las materias que establecen los numerales 52, 53, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Notifíquese personalmente.
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aviso. por este medio de lista se notifica al quejoso el auto que dice: El doce de noviembre de dos mil dieciocho, Héctor Hugo Ordaz Arredondo, secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, doy cuenta al juez con el escrito registrado con el número de orden 17301 Doy fe. El secretario. Zapopan, Jalisco, a doce de noviembre de dos mil dieciocho. I. Cumple prevención. Téngase por recibido el escrito signado por Cristina Edith Valenzuela González, mediante el cual en atención a la prevención contenida en proveído de seis de noviembre de dos mil dieciocho, expresa bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: a. No compareció al juicio de génesis a interponer medio de defensa alguno. b. El expediente de origen es una jurisdicción voluntaria y sólo se admitió. c. El tercero interesado es Leonardo Torres Sahagún. En consecuencia, téngase por cumplida la prevención de que se trata. II. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y del escrito de cuenta, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a) Por definitividad. Ahora se procede a explicar por qué en el caso se actualiza una causa de improcedencia: El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] --- XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. --- Se exceptúa de lo anterior: --- a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; --- b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; --- c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. --- Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El principio de definitividad rector del juicio de amparo, a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo y, consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que ella establezca. Así se desprende de la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo. Luego, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 83 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, las resoluciones judiciales son clasificadas en "decretos" las cuales constituyen determinaciones de mero trámite, "autos" aquellas actuaciones que contengan orden de ejecución, ya sea provisional o definitiva, que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio o procedimiento, como lo son entre otros aquellos ordenan, admiten o desahogan pruebas, y sentencias definitivas o interlocutorias, según que decidan el negocio principal o un incidente, un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia. Ahora, de la impresión del boletín judicial consultable en la página http://cjj.gob.mx/consultas/v_boletin?valor=3&paso=3&juzgado=C12&exp=816/2018&tipo=., se advierte que la quejosa es parte en la jurisdicción voluntaria de origen, por lo que puede comparecer debido a que únicamente se admitió. Por tanto, está en aptitud de hacer valer los recursos o medios de impugnación procedentes, contra las resoluciones o actuaciones judiciales que estime violatorias de sus garantías. En esas condiciones, se considera que el acto reclamado consistente en la desocupación o interpelación para desocupar el inmueble que tiene en posesión, en la jurisdicción voluntaria 816/2018, radicado en el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en el que únicamente se admitió a trámite la solicitud del aquí tercero interesado --como se advierte de la impresión del boletín judicial--, encuadra en el supuesto de la fracción segunda del referido artículo, esto es, los denominados como "autos". En ese sentido, los artículos 422, 424 y 961 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, señalan lo siguiente: "Artículo 422. En los juicios y procedimientos regulados por este Código, para impugnar las resoluciones judiciales o los actos procesales, sólo se concederán los recursos de revocación, apelación y queja" "ARTÍCULO 424. Los recursos de revocación y apelación, tendrán por efecto el que se confirmen, revoquen o modifiquen las resoluciones impugnadas; y el recurso de queja, que se confirmen o revoquen los actos procesales efectuados con exceso o defecto en la ejecución de una resolución" "TITULO DÉCIMO TERCERO De la Jurisdicción Voluntaria CAPITULO I Disposiciones Generales . Artículo 961. Las providencias de jurisdicción voluntaria serán apelables en ambos efectos si el recurso lo interpusiere el promovente de las diligencias y sólo en el efecto devolutivo cuando el que recurre hubiere venido al expediente voluntariamente o llamado por el Juez o para oponerse a la solicitud que haya dado motivo a su formación" De la interpretación gramatical de los artículos transcritos, se advierte que los recursos procedentes para impugnar resoluciones judiciales reguladas por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, son revocación, apelación y queja. Asimismo expresan que los recursos de revocación y apelación, tendrán por efecto confirmar revocar o modificar las resoluciones impugnadas. A su vez establece en el numeral 961, que las providencias de jurisdicción voluntaria serán apelables en ambos efectos si el recurso lo interpusiere el promovente de las diligencias y sólo en el efecto devolutivo cuando el que recurre hubiere venido al expediente voluntariamente o llamado por el Juez o para oponerse a la solicitud que haya dado motivo a su formación. En ese orden de ideas, se advierte que al haber sido llamada la quejosa a la jurisdicción de origen --como se aduce en el apartado de "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO" y de "HECHOS" del libelo constitucional-- procede el recurso de apelación en términos de lo previsto en el numeral 961 aludido, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto que se combate. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo. "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, con apoyo en el precepto 113, se desecha la demanda de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Édgar Estuardo Vizcarra Pérez, Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, ante Mónica Alejandra Vargas Domínguez, secretario que autoriza y da fe. EEVP/HHOA/rbb El juez. El secretario. MÓNICA ALEJANDRA VARGAS DOMÍNGUEZ, secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco certifico: que la presente es parte integrante del auto dictado el doce de noviembre de dos mil dieciocho, en autos del juicio de amparo indirecto 1167/2018. Doy fe. En esta fecha se tomaron los oficios para los efectos legales conducentes.
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Notifíquese personalmente.
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