Cristina Díaz Reyes
Expediente 60/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 60/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Cristina Díaz Reyes
Actuaciones
- Principal
se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de veinticinco de febrero del presente año, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; sin que se hiciera valer, en consecuencia, el proveído de mérito ha quedado firme. De conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación; se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo concluyó, en tanto que desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Finalmente, la secretaria hace constar que en el presente asunto no obran documentos originales que deban ser devueltos a las partes. Notifíquese por lista en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
*CITATORIO* SE NOTIFICA POR LISTA A CRISTINA DIAZ REYES POR PROPIO DERECHO Y QUIEN SE OSTENTA REPRESENTANTE DE LA MENOR DE INICIALES P.M.S.D. EL AUTO DE 25/02/2021.
- Principal
el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Este órgano jurisdiccional considera, que en el presente caso, se surte la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo que se analiza, se advierte que la quejosa reclama la resolución de veinte de octubre de dos mil veinte emitida por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que revocó el proveído de seis de marzo de ese mismo año, en el que Juez Décimo Cuarto Familiar de la Ciudad de México desechó el incidente de ampliación de régimen de visitas y convivencias, derivado del expediente 419/2019, presentado por David Salinas Barragán; y en su lugar consideró que debería admitirse por lo que previno al actor incidental para que señalara domicilio de la demandada, bajo apercibimiento que de no hacerlo se desecharía la demanda. En efecto, se estima que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en perjuicio del quejoso algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ciertamente, el precepto legal aludido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: " a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)" Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" En efecto, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos jurisdiccionales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la constitución a través de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en la resolución que se emita, en el recurso de apelación, o en vía de amparo indirecto en contra de éste. El concepto de irreparabilidad expuesto, ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 189, del rubro y contenido siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Por otra parte, los artículos 172, fracción XII y 171 de la ley de la materia, en lo conducente establecen: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Sobre la base expuesta, se debe estimar que el acto reclamado, no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues no afectan directa e inmediatamente las prerrogativas fundamentales del gobernado (propiedades, posesiones o derechos) y las consecuencias de las posibles violaciones se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en la resolución que al efecto se emita; a través de la sentencia que se dicte en el recurso de apelación, o bien, en la vía de amparo indirecto en contra de ésta. Se insiste en lo anterior, ya que los actos reclamados deben considerarse como una violación a derechos adjetivos, entendidos como aquellos pasos que deben seguirse para hacer efectivos los derechos sustantivos, cuya finalidad es que las partes tomen la posición que les corresponde y estimen conveniente durante ese procedimiento, ya sea contestando escritos, desahogando vistas, aportando pruebas -ofrecimiento y desahogo- o recurriendo las resoluciones que afecten sus intereses, pero cuya transgresión sólo viola normas procesales, de ahí, que la violación a sus derechos sustantivos no sea inmediata, sino que dicha transgresión sólo será posible determinarse en la sentencia correspondiente, y entonces, podrá impugnarse la violación procesal. En ese sentido, se estima que en última instancia, la resolución combatida, puede ser impugnada como violación procesal en el recurso de apelación, y en su caso, en el juicio de amparo indirecto que en su oportunidad promueva contra la sentencia correspondiente, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso a) y V, inciso c), de la Constitución Federal y 171 y 172, fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues en esa hipótesis se patentizaría la trascendencia de la consabida violación procesal. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII y 171, de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contrario sensu, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en los artículos 108, fracción I de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la citada ley, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Tejocotes número doscientos dieciséis, despacho ciento dos, colonia del Valle Sur, código postal tres mil cien, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Por otra parte, se tienen por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones, imponerse de los autos y recibir documentos y valores a las personas que indica, de conformidad con lo establecido en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Autorización para obtener imágenes. Asimismo, hágase del conocimiento de la quejosa, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Transparencia. De conformidad con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 73, fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 113, de la Ley citada; así como para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6º del ordenamiento reglamentario en cita. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles, para que el actuario notifique a las partes todos los proveídos y resoluciones que se emitan en este juicio y que ameriten notificación personal. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a la promovente.
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