Cristina Contreras Juárez
Expediente 857/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 857/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Cristina Contreras Juárez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el proveído de veintiocho de julio del año en curso; en consecuencia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto concluido. Finalmente, procédase a la DESTRUCCIÓN del presente expediente, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de la quejosa ***, a través del cual, en cumplimiento al proveído de diecinueve del mes en curso, exhibe dos copias más de su escrito de demanda y desahoga la prevención efectuada en dicho auto, para los efectos legales respectivos. En ese sentido, vista la diligencia que antecede, se tiene a la nombrada quejosa ratificando la huella que calza el escrito inicial de demanda, firmando a su ruego ***, atento a lo cual, se provee lo siguiente: Vista de nueva cuenta, la demanda de amparo que promueve ***, contra las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables: - Magistrados de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, Tercera Ponencia. - Diligenciario de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Actos reclamados: - La resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del toca ***, del registro de dicho órgano jurisdiccional, consistente en la interlocutoria que resolvió el incidente de nulidad de notificaciones hecho valer dentro de los autos del expediente ***l registro del Juzgado Civil y Familiar del Distrito de Ocampo. - La notificación de la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós, precisada en el párrafo que antecede. Actos que estima violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Ahora bien,procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Asimismo, se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Así las cosas, este órgano de control constitucional estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; en virtud de que, al tratarse de una actuación dentro de juicio, el amparo indirecto únicamente procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Los artículos 107, Constitucional, fracción III, inciso b), 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Lo dispuesto en el segundo artículo trascrito, debe interpretarse en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las veintidós fracciones anteriores del artículo 61 de la ley de la materia, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Asimismo, de los diversos artículos transcritos se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo promovido contra actos judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, será procedente únicamente contra actos que producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en la instancia constitucional no se reclamen actos ocurridos dentro del juicio, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; habida cuenta que el juicio de amparo indirecto contra actos dentro del proceso es de carácter excepcional. Ahora bien, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que la propia Ley de Amparo en vigor establece que son aquellos actos dictados dentro del juicio que afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que no tienen tal característica los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Esto significa que los actos en juicio tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. En este apartado, conviene precisar que las violaciones procesales ocurridas dentro del juicio son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva o laudo final. Luego, si llegado el momento de dilucidar si es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, no se actualiza alguno de los enunciados supuestos, el juicio de derechos fundamentales será improcedente y, en tal condición, el peticionario de amparo deberá esperar hasta que se dicte la resolución definitiva, entendida ésta como la que decida el juicio en lo principal, y respecto de la cual las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificado o revocado; así, una vez emitida la resolución que revista tal característica, estará en aptitud de controvertir la posible violación cometida a través de la vía directa del juicio de amparo, conforme a las reglas previstas en los artículos 170 a 172 y 174 de la Ley de Amparo en vigor. En otras palabras, cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados dentro de un procedimiento que aún no se ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos sean de imposible reparación, esto es, que incidan inmediatamente en alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Federal y tratados internacionales y no en los adjetivos. Debiéndose entender por los primeros, aquéllos que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en la Constitución Federal y tratados internacionales, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son aquéllos que solamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal de acuerdo a cómo se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con la finalidad de obtener una sentencia favorable, por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del particular. Bajo este óptica, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia definitiva fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. En efecto, estos actos en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino que tan sólo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el tribunal colegiado, siempre que, como ya se mencionó, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Ahora bien, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad manifiesta la quejoso, se advierte lo siguiente: El veinticinco de septiembre de dos mil veinte, ***, presentó demanda de incumplimiento de contrato de compra-venta en contra de la aquí quejosa, la cual, quedó radicada en el Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo con el número de expediente ***. En consecuencia, la parte quejosa dio contestación a la demanda instaurada en su contra, y no obstante, el nueve de noviembre de dos mil veinte, interpuso incidente de nulidad de notificaciones en contra del emplazamiento que se le efectuó dentro del referido juicio ***. En interlocutoria de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, el Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, resolvió el incidente de nulidad de notificaciones dentro del juicio *** de su registro, dictando una resolución no favorable a sus intereses. Inconforme con tal determinación, el quince de marzo de dos mil veintidós, la quejosa interpuso recurso de queja ante la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la cual quedó radicada con el número de toca ***. El veinticuatro de junio de dos mil veintidós, la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, emitió la resolución respectiva, la cual constituye el acto reclamado, junto con su notificación, la cual se realizó el veintisiete de dicho mes y año. Bajo esa guisa, resulta evidente que la determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales, esto es, no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, precisamente porque se trata de violaciones a las leyes que rigen el procedimiento reclamables a través del juicio de amparo directo, siempre y cuando trasciendan al resultado del fallo. Lo anterior es así, porque de existir alguna infracción en el auto por el que ordena a emplazar a la ***, conforme a las formalidades que establece la ley respecto a la reglas de las notificaciones personales, constituiría una violación al procedimiento, susceptible de ser reparada en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen si esta resulta conforme a los intereses de la quejosa. Consecuentemente, la resolución reclamada no es uno de los casos en contra de los cuales proceda el amparo indirecto ante el juez de distrito, porque no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Por tanto, con dicho acto solo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión del que resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes de admitirse la demanda de amparo. En las relacionadas condiciones, se concluye que la actuación que por esta vía constitucional se reclama, es un acto emitido dentro del juicio que no tiene el carácter de imposible reparación. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto que reclama el inconforme, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en cuestión. Asimismo, con relación a la notificación reclamada, también resulta improcedente el juicio de amparo, por surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.); XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúan de lo anterior: a).- Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (...)". En la norma transcrita se encuentra consagrado el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por cuanto hace a las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, pues si una resolución de esa naturaleza constituye el acto reclamado y en su contra procede algún recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, debe agotarse previamente esa instancia, antes de acudir a la vía constitucional, para que de esa manera sea respetado aquél principio que implica que el juicio de amparo sólo sea admisible contra actos definitivos, excepción hecha de los terceros extraños al juicio y los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, de los cuales no se surte ninguno en este caso. En el caso, no se actualiza la excepción a dicho principio; es decir, la relativa a que cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. En tal virtud, si no se actualizan las excepciones que contempla dicho numeral para agotar tal principio pues, por una parte, el acto reclamado no encuadra en las hipótesis previstas en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que quedaron precisadas con antelación, y por otro lado, del escrito de cuenta, se advierte que el promovente es parte dentro del expediente de origen. En ese sentido, respecto del acto que se reclama del Diligenciario de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, consistente en la notificación de la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del toca ***, del registro de dicho órgano jurisdiccional, consistente en la interlocutoria que resolvió el incidente de nulidad de notificaciones dentro de los autos del expediente*** del registro del Juzgado Civil y Familiar del Distrito de Ocampo, se actualiza la referida causa de improcedencia, ya que dicho acto es impugnable mediante el incidente de nulidad de notificaciones, previsto en el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, el cual dispone: "Artículo 109.- Las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida en este capítulo serán nulas; y son aplicables a ellas las reglas siguientes: I.- La parte agraviada podrá promover ante el Juez o Tribunal que conozca del negocio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación hecha indebidamente; II.- Son aplicables a este incidente, lo dispuesto por las fracciones II a V del artículo 41. III.- Si se declara nulo lo actuado, se declarará también que el principal no se encuentra en estado de dictar sentencia; IV.- De igual manera se procederá en caso de omisión o falsedad de las notificaciones; V.- El secretario que hubiere hecho mal u omitido la notificación será civil y penalmente responsable, independientemente de la sanción disciplinaria que le imponga el Juez o Tribunal; VI.- La sentencia que decida el incidente de nulidad de notificaciones no es recurrible cuando sea dictada por el Tribunal Superior; VII.- Contra la sentencia que decida, en primera instancia, sobre la nulidad de notificaciones procede el recurso de queja; pero cuando esa resolución decida también la cuestión principal en una sola sentencia; ésta es apelable y el recurso versará sobre ambas cuestiones." Como se observa del numeral en cita, el incidente de nulidad de notificaciones procede en contra de las notificaciones hechas indebidamente u omitidas, y cuyo resultado puede ser el de nulificar la notificación que no se haya hecho conforme a la ley de la materia, o en su defecto, ordenarla cuando no se haya realizado. De lo anterior, se concluye que, el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio, satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular las actuaciones que agravian los intereses del quejoso, el cual se encuentra establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado y tiene determinado un procedimiento para su resolución, a fin de que el juzgado o tribunal responsable se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que no se practiquen o que se realicen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Por tanto, al no haber agotado la quejosa dicho medio de defensa, consistente en el incidente de nulidad respecto de la notificación que impugna, es obvio que la parte quejosa no observó el principio de definitividad, atento a lo cual se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Máxime que en el caso, atendiendo a las manifestaciones de la promovente bajo protesta de decir verdad, se advierte que tiene la calidad de parte en el juicio de origen, y que fue ella quien interpuso el medio de defensa del cual derivó el acto que se reclama. En las relatadas circunstancias, lo que procede es desechar la demanda de amparo, por cuanto hace al acto que se reclama del diligenciario adscrito a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.
- Principal
DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN DE ESCRITO
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte TERCERO INTERESADO, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el CITATORIO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO ADMISORIO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, ASÍ COMO LOS DIVERSOS ACUERDOS DE CUATRO y OCHO AMBOS DE JULIO, TODOS DE DOS MIL VEINTIDÓS, de los cuales ya existen síntesis publicadas con anterioridad.
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