Cristina Catalina Castellanos Angel
Expediente 79/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 79/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 16/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- CRISTINA CATALINA CASTELLANOS ANGEL y Otros.
- Cristina Catalina Castellanos Angel
- agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos se aprecia que el pasado doce de febrero, se dispuso devolver las documentales que el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, remitió en apoyo de su informe justificado; sin embargo, de una revisión exhaustiva de los autos se aprecia que tales constancias ya fueron devueltas, pues así consta en el acuse de recibo del oficio 22204/2020 dirigido a esa responsable; por tanto, se tiene por satisfecho lo ordenado en la referida determinación. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que el plazo de quince días con el que las partes contaban para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo contra el auto de siete de diciembre de dos mil veinte, en el que se declaró cumplido el fallo protector ha transcurrido sin que hicieran valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara consentida tal determinación. En ese orden, con fundamento en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, dado que resulta innecesaria la retención de las documentales remitidas por el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca en apoyo de su informe justificado, devuélvanse esos instrumentos mediante oficio que al efecto se elabore. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en el presente asunto se encontraban suspendidos los plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha circular tuvo como objetivo el salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del citado Consejo, en la cual se determinó adoptar como medida especial el regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, a partir del veintiuno de diciembre de veinte y hasta el once de enero pasado, lo cual ya aconteció; por ende, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo. En ese tenor, es necesario destacar que de conformidad a lo establecido en dicha circular, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; es decir, los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En el entendido de que la reanudación de plazos y términos decretada, operará hasta que se notifique la presente determinación, por lo cual, una vez que transcurra el plazo de ley, se proveerá sobre la firmeza del auto que declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Finalmente, se hace la precisión que este acuerdo deberá notificarse por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a que la suspensión se decretó en la ya citada circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, que se publicó en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal y obedeció a un problema de salud -pandemia- cuyo conocimiento es de dominio público nacional; por lo que su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del código procedimental citado y, por ende, permite a los justiciables tener plena certeza que a partir del doce de enero de este año, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo y se reactiva el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, con las salvedades ahí expuestas. Lo anterior sin perjuicio de que, de constar en autos una vía de contacto remoto con alguna de las partes (correo electrónico y servicios de mensajería instantánea), pueda hacerse de su conocimiento el contenido de este auto, mediante esa vía; lo cual es acorde con lo establecido en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que de existir esa vía de contacto con las partes, se conmina al actuario judicial adscrito, levante la razón correspondiente para que se agregue a los autos. Además, por cuanto hace a las autoridades responsables, de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a ellas deberá notificarse por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable al que se le notificará de manera personal dicho acuerdo (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos; por lo que, si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia, se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo, con inclusión del diferimiento de la audiencia, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio, lo que en el caso no ocurre. A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente a ello, se remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios, para que estas las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita; amén de la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos de los que se advierte que dentro del plazo concedido a las partes no hicieron manifestación alguna. En atención a lo anterior, se procede a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Como consta en autos, la protección constitucional se otorgó para que la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, cumpliera la ejecutoria, en los siguientes términos: Deje insubsistente la resolución de trece de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en la causa penal 156/2016 de su índice; y En su lugar, con plenitud de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad, emita una nueva resolución que puede ser en el mismo sentido o en otro, pero purgando los vicios formales apuntados en el apartado que antecede. En acatamiento a lo anterior, el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, procedió como sigue: Mediante resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dejó insubsistente la diversa resolución de trece de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 156/2016, del índice del Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro. En dicha resolución de resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de la aquí quejosa, por considerar que no se encontraba acreditado el cuerpo del delito y, por ende, tampoco la probable responsabilidad, toda vez que no se acreditó la intención de la inculpada, de conducirse como propietaria del bien inmueble usurpado materialmente (ánimus). En ese orden, por lo que hace al delito de despojo agravado y ordenó girar oficio al Director del Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Por lo que hace al diverso delito de robo calificado con violencia, la responsable realizó un nuevo análisis, de la denuncia de la ofendida, así como los testimonios de Carmen Pacheco Ramírez y Sylvia Esther Morales Velásquez, a efecto demostrar el ilícito de robo calificado con violencia, corrigiendo la fecha en la ocurrieron los hechos materia de la denuncia. En cuanto al dictamen de avalúo de lo robado, la responsable estableció que los motivos por los cuales considera que tiene valor probatorio indicio, fue en base a la operaciones que practicó, así como los experimentos que su ciencia o arte le sugirieron y que el monto total a lo que asciende lo robado, lo consiguió al realizar el estudio de mercado correspondiente y al cotizar el valor de los objetos hurtados. La responsable estableció la forma en que se acreditó la violencia moral para perpetrar el delito de robo, pues manifestó que los activos ingresaron al domicilio de la pasivo sin permiso, que iban armados, pues cada uno llevaba un arma de fuego, y con dichas armas amedrentaron y amenazaron a la quejosa, logrando así apoderarse de los inmuebles perpetrados. Al subsanar dichas deficiencias, dictó auto de formal prisión contra Cristina Castallenos Ángel o Cristina Catalina Castellanos Ángel, por el delito de robo con violencia moral, cometido en perjuicio de Hermila Germán Canseco, por considerarla coautora material. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, toda vez que la autoridad responsable acató los efectos dictados en la sentencia sin exceso ni defecto. Una vez que cause estado esta determinación, remítase al archivo este asunto como definitivamente concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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