Cristina Arreguín Reyes
Expediente 114/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 114/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/09/2023
Partes del expediente
- Cristina Arreguín Reyes
- Juan Hernández Chávez
Actuaciones
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Santiago de Querétaro, Querétaro, siete de septiembre de dos mil veintitrés. I. Se acuerdan promociones en diverso orden al que fueron recibidos. Vistas las constancias con que se dio cuenta, se advierte que, por razón de método, es necesario que las mismas se acuerden en distinto orden al que fueron recibidas: II. Comparecencia ratificación de dictamen -folio 15109-. Vista la comparecencia de cuenta, de la cual se desprende que *****, en su calidad de perito de la parte quejosa ******, ratificó su peritaje exhibido ante este órgano; por tanto, téngase por ratificado su dictamen en materia de topografía y agrimensura, presentado en este Juzgado. Consecuentemente, téngase por emitido el dictamen pericial en materia de topografía y agrimensura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, con el contenido del citado dictamen, dese vista a las partes, para que en el improrrogable término de tres días hábiles contados a partir de la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; hágase relación del mismo en la celebración de la audiencia constitucional, lo anterior para los efectos legales conducentes. III. Requerir perito del quejoso -folio 15059-. Agréguese a los autos, el escrito signado por *******, mediante el cual manifiesta su inconformidad con el dictamen pericial exhibido en autos; por tanto, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, requiérase a ********* perito de la parte quejosa, para efecto de que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la notificación del presente proveído, remita de nueva cuenta su dictamen pericial bajo la totalidad de los puntos propuestos y admitidos en autos, pues la parte oferente refiere que fue omiso en desahogar los que obran en el diverso ocurso que para tal efecto se le remitió. Finalmente, como lo solicita la parte quejosa, se ordena notificar el presente proveído al perito designado por su parte *********** por medio de lista que se publique en los estrados de este recinto judicial. Notifíquese; personalmente a las partes y por medio de lista al perito de la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Por este medio se notifica al perito de la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. I. Se recibe oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo ... de su índice, al haberse declarado incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ..., por las razones que expone. Acúsese de recibo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto declinado y se provee: II. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, así como del Juez Noveno de lo Familiar del Distrito Judicial de Querétaro. III. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 114/2023. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. IV. Desechamiento. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En el caso, según se advierte del análisis de la demanda de amparo, se señala como autoridades responsables al Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, así como al Juez Noveno de lo Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, de quienes se reclama: ? Sentencia veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo indirecto ..., del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. ? Auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ..., del índice del Juzgado Noveno de lo Familiar del Distrito Judicial de Querétaro. Actos respecto de los que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, el cual, a la letra, dispone: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. [.]." El artículo transcrito, establece la improcedencia del juicio de amparo, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. En el caso, la parte quejosa reclama, por un lado, la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto..., del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro; determinación que, de conformidad con el precepto legal invocado, no es susceptible de combatirse mediante el trámite del presente juicio de amparo, sino que, en su caso, debió impugnarse mediante recurso de revisión, en términos del artículo 81, fracción I, inciso e) de la ley de la materia. Luego, con relación a al auto de veinticuatro de enero del año en curso, emitido por el Juez Noveno del Orden Familiar dentro del expediente ...; mediante dicho proveído se ordenó a la ahora quejosa respetar el derecho de propiedad en cuanto al bien mueble que defiende, es decir, la motocicleta que ampara la factura número ..., y entregue dicho vehículo a su propietario ..., ello en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el citado juicio de amparo ...; es decir, se tiene que dicha resolución se dictó en cumplimiento a la ejecutoria dictada en un juicio de amparo, por lo que se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Así es, en la contienda constitucional indicada se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión para los efectos siguientes: "1. Respete el derecho de propiedad del quejoso, en cuanto al bien inmueble que defiende, es decir, la motocicleta que ampara la factura número ... de veinticinco de enero de dos mil veintidós, expedida en favor del quejoso por "....". 2. Ordene a quien a corresponda su devolución y entrega al quejoso; para lo cual podrá hacer uso de los medios de apremio que le faculta la legislación que rige el procedimiento de origen, asimismo, deberá ordenar al actuario de su adscripción que levante un acta pormenorizada de la entrega del citado bien mueble." Bajo esa tesitura, el diecinueve de enero del año en curso, el mencionado juzgado federal requirió al Juzgado Noveno de lo Familiar de Querétaro, para que, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, diera cumplimiento a la sentencia emitida en autos en términos de los efectos precisados en el fallo protector, de ahí que no se actualice la hipótesis de haberse dejado a la responsable en aptitud de emitir una resolución en libertad de jurisdicción para, en su caso, llegar a una conclusión diversa. Apoya a lo anterior el criterio aislado emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a. CVI/2017 (10a.), registro digital 2014516, Décima Época, fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1434, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL JUZGADOR DE AMPARO DEJA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN APTITUD DE EMITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. El precepto citado prevé que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución; no obstante, cuando el juzgador de amparo deja a la autoridad responsable con libertad de jurisdicción para emitir la nueva resolución con la cual dará cumplimiento al fallo protector, ésta puede combatirse a través de un nuevo juicio de amparo, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, toda vez que dicha determinación no podría considerarse cosa juzgada, considerando que esas decisiones no atienden a los lineamientos fijados por el órgano federal de amparo, por lo que es procedente el juicio constitucional contra los nuevos actos emitidos con libertad de jurisdicción por la autoridad responsable." Pues se reitera, en el caso específico, el auto combatido en el presente asunto, fue emitido en cumplimiento a una sentencia definitiva emitida en diverso juicio de amparo tramitado en ese órgano jurisdiccional. Entonces, al promoverse en contra de actos emitidos en cumplimiento de otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, ya que la ley no distingue, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de amparo; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en ejecución de otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; de ahí que no sea jurídicamente válido que en contra de resoluciones dictadas en los juicios de derechos fundamentales proceda otro amparo, porque de ser así se originaría una cadena interminable de juicios de esa naturaleza. De igual manera es aplicable la Tesis IV.1o./K sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 503, Tomo VII, Febrero de 1998,, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE REFIERE A QUE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE TRÁMITE O DEFINITIVA, DICTADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, ES INATACABLE MEDIANTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Si en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias emanadas de un juicio de garantías, la instancia resulta improcedente a la luz del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que dicha causa no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de garantías, inmersa en él, ya sea el auto admisorio de demanda o cualquier otro auto de tramitación, dado que no dejan de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional." Sin que con la anterior determinación se transgreda a la parte quejosa en su esfera de derechos, pues el hecho de que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una violación a los derechos de audiencia, debido proceso y acceso a la justicia. En consecuencia, ante la actualización de la causa de improcedencia contenida en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo de que se trata en términos del artículo 113 de la misma ley reglamentaria. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." V. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. VI. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la atención presencial en las instalaciones que ocupa el órgano jurisdiccional, así como la presentación de promociones en formato físico, deberá verificarse conforme a las disposiciones establecidas en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VII. Domicilio y autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, tiene como domicilio procesal el ubicado en "...."; asimismo, se tiene como autorizados de su parte, en términos restringidos las personas que refiere por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. VIII. Medio de contacto. Ahora, el promovente señala varios correos electrónicos para recibir notificaciones, sin embargo, no ha lugar a acordar de conformidad, tomando en consideración que dicho medio no se encuentra en los previstos por el artículo 27 de la Ley de Amparo, el cual establece que las notificaciones podrán realizarse en forma personal, por oficio, por lista o vía electrónica, en ésta última, obteniendo previamente la Firma Electrónica. Por lo que únicamente se le tiene proporcionando tales datos como medio de contacto, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. IX. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. X. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XI. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa
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