Cristina Alejandra Castañón Guzmán

Expediente 891/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 8 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
891/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
08/11/2018

Partes del expediente

  • Cristina Alejandra Castañón Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. I. Parte quejosa desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta y anexos presentados por Cristina Alejandra Castañón Guzmán, quien promueve en representación de sus menores hijos M. V. C. y A. R. V. C., personalidad que acredita con las actas de nacimiento de dichos infantes, que anexa a su ocurso de cuenta, a través del cual desahoga el requerimiento que se le formuló en acuerdo de veintiséis de octubre del año en curso (foja 19), y en atención a ello, se acuerda: II. Desechamiento. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la derogación de la fracción VIII, del artículo 21, y la fracción XXI, del tabulador de sanciones del Reglamento de Espectáculos y Festejos Públicos para el municipio de León, Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el dos de octubre del año en curso. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En tal virtud, analizando el acto reclamado descrito con antelación, se estima que no procede su estudio conforme al texto de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 1º, fracción I, 73 primer párrafo, 77, fracción I y 107, fracción II todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Artículo 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. (.).". Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;". De los citados preceptos se infiere que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos u omisiones de autoridades distintas a los tribunales judiciales, los cuales se estimen violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, que tratándose de los juicios de amparo en contra de actos u omisiones formalmente legislativos, los gobernados tienen la posibilidad de reclamar en amparo indirecto los actos u omisiones legislativos cuando estimen que a través de ellos se transgredan derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o las garantías otorgadas para su protección. En efecto, los gobernados pueden acudir ante la instancia constitucional a reclamar la inconstitucionalidad de un acto formalmente legislativo, es decir, la emisión o reforma de una ley; sin embargo, el juicio de amparo será procedente siempre y cuando pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, de tal forma que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. En ese sentido, la finalidad del juicio de amparo debe ser práctica, sin que pueda constituirse solo en un medio para realizar una actividad meramente especulativa. Lo anterior cobra relevancia en relación con el caso concreto, para lo cual es menester recordar que la derogación es la privación parcial de los efectos de una ley, esto es, la vigencia de algunos preceptos se concluye, pero no así de todo el ordenamiento jurídico en el que se contienen; esto es, implica que la disposición derogada pierde todos sus efectos jurídicos hacia el futuro, desincorporando de la esfera jurídica de los sujetos regulados por ella. Así, es dable sostener que cuando se deroga una ley ésta deja de existir jurídicamente. Ahora, se toma en cuenta que en la demanda de amparo que nos ocupa, no se reclaman actos de aplicación ni se refiere a un caso concreto en que la esfera jurídica de los menores de iniciales M.V.C. y A.R.V.C., se vea afectada, sino que la aplicación se relaciona a la derogación de una prohibición en forma general. En esa condición, la promovente sostiene que el propósito del reglamento debe ser la protección del interés superior del niño sobre cualquier otro, por lo cual considera que debe prohibirse el ingreso de menores de dieciocho años a las corridas de toros, al tratarse de espectáculos con alto contenido de violencia. Así, pretende que a través de la acción constitucional se continúe prohibiendo el ingreso de menores de dieciocho años a las corridas de toros, lo que permite advertir que el juicio de amparo resulta improcedente, pues en el hipotético caso de que se concediera la protección constitucional, conforme con las premisas expuestas, las cosas tendrían que volver al estado que guardaban, esto es, las normas volverían a existir jurídicamente. En ese escenario, restituida la prohibición para ingresar a los mencionados espectáculos, resulta que esa porción normativa del reglamento, dada su carácter general, aplicaría a toda la población, lo cual vulneraría el principio de relatividad de las sentencias de amparo, que implica que únicamente se puede ordenar la protección de las personas que hubiesen acudido al juicio constitucional. Dicho principio se encuentra previsto en el artículo 73, primer párrafo, de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. (.)". Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 36/2012 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1060, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD. La técnica del juicio de amparo permite desarrollar un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, con el propósito de visualizar si la restitución del quejoso en el goce del derecho violado se podría alcanzar, pues carecería de lógica y sentido práctico el análisis del acto reclamado, si anticipadamente se logra prever que la declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, como ocurre cuando se advierte que si se concede la protección federal, sus efectos vulnerarían normas o principios rectores del juicio de amparo, casos en los cuales la acción intentada resulta improcedente. En tales términos, si el juzgador observa que la sentencia estimatoria que llegara a dictar tendría efectos más allá del caso concreto enjuiciado y, por tanto, generales, ello provoca la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 76 y 80 (este último interpretado en sentido contrario), de ese mismo ordenamiento y con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, y de acuerdo con el artículo tercero transitorio del propio decreto de reformas), en tanto que la decisión de inconstitucionalidad beneficiaría también a sujetos distintos del quejoso, situación que provocaría transgresión al principio de relatividad que rige el dictado de las sentencias de amparo, lo que a su vez implicaría que la restitución en el goce del derecho violado llegara al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar.". Máxime que la inexistencia de la prohibición no afecta los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, pues la derogación de la norma no implica alguna obligación de hacer o no hacer para el impetrante, por lo que si considera que un espectáculo público no debe ser visto por su contenido violento, basta con que no asista, ya que no puede pretender que vía el juicio de amparo la prohibición subsista para la población de menores de edad en general. Por lo expuesto, al verificarse la causal de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción distinta los elementos que eventualmente se allegaran al sumario, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, 73 primer párrafo, 77, fracción I, 107, fracción II y 113 todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistida de la licenciada María Quiroz García, secretaria que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano