Cristian Ruiz Cano

Expediente 504/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
504/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2022

Partes del expediente

  • Cristian Ruiz Cano

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. QUEDA FIRME AUTO Vista la certificación secretarial de la que se hace constar que la parte quejosa no impugnó el diez de mayo de dos mil veintidós, mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto queda firme. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. CLASIFICACIÓN Y DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, diez de mayo de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo firmada por María Dolores Cano Cuevas, en representación de Cristian Ruiz Cano contra actos reclamados al Subsecretario de Centros Penitenciarios del Estado de Puebla y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 504/2022. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, del contenido de la demanda de cuenta se desprende que quien promueve en esencia reclama la orden de traslado de su hijo Cristian Ruiz Cano del Centro de Reinserción de Tepexi de Rodríguez, Puebla a uno diverso. Actos que de la propia lectura de la demanda de amparo se reclaman a autoridades administrativas. Ahora bien, debe puntualizarse que el Juez de Distrito esta constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Como se precisó, el acto que se reclama es la orden de traslado del directo quejoso del centro penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla a uno diverso, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 113 de la Ley de Amparo ya citado, mismo que debe leerse de manera armónica con el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo pues se actualiza la causal de improcedencia ahí prevista, ordenamiento que para mayor claridad se cita: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.). Conforme al texto transcrito se advierte que previo a instar el presente juicio de amparo, por imperativo legal, los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deben ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación de los inconformes se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso hagan valer los gobernados, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Para ello, debe precisarse que lo que se reclama es el traslado de un centro penitenciario a otro, atribuida a autoridades administrativas. Por tanto es dable concluir que se trata de un traslado de tipo urgente o excepcional, regulado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo que es así, pues ese tipo de traslados se ordenan de forma unilateral por parte de las autoridades administrativas, y posterior a ello el juez lo autoriza, pero una vez ejecutado este. Así, cuando se presenten casos como el presente, en que los familiares de las personas privadas de su libertad, reclaman un traslado del que no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el juez de ejecución, lo procedente será que promuevan una controversia judicial, a fin de que sea el juez de control o de ejecución competente, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III en relación con el 108, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad o sus familiares podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del juez de ejecución, sin perjuicio de que dicha resolución pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales correspondientes. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 53/2021 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo texto y rubro son los siguientes: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL QUE LO CONTEMPLA, NO VIOLA EL DERECHO DE AUDIENCIA. Hechos: La autoridad administrativa de un centro penitenciario ordenó y ejecutó el traslado de una persona privada de su libertad a otro diverso, actuando conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; el Juez correspondiente calificó de legal dicha determinación. En su contra, la parte afectada promovió juicio de amparo indirecto alegando que dicho precepto normativo vulnera el derecho de audiencia, pues faculta a la autoridad penitenciaria, para que, con sólo una resolución administrativa, pueda ordenar y ejecutar el traslado de personas; el Juez de amparo estimó que la norma era constitucional. En contra de esta resolución se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al prever órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, no contraviene el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional. Justificación: El artículo 52 mencionado establece una de las excepciones al traslado voluntario, en el cual no existe una autorización judicial previa para que las autoridades penitenciarias lo lleven a cabo. Lo anterior, obedece a la peculiaridad de los supuestos de urgencia en que procede -cuando se ponen en peligro bienes como la vida, la integridad, la salud, la seguridad, etcétera- ya que, tomando en cuenta que las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios, están bajo el cuidado del Estado, se les debe proteger respecto de conductas o situaciones que las pongan en peligro. Lo que no significa que la autoridad judicial esté excluida de este procedimiento, ya que como se consagra en el mismo precepto, es esta autoridad la que debe determinar su legalidad, calificando las razones que motivaron a la autoridad penitenciaria a llevarlo a cabo, esto es, examinando minuciosamente que el traslado atienda a las causas invocadas; y que con la medida se respeten los derechos humanos de las personas trasladadas (control judicial ex post). En efecto, esta Primera Sala ya ha determinado que la norma impugnada entraña un procedimiento, que inicia con la determinación de traslado por parte de la autoridad penitenciaria, -primera fase administrativa- y culmina cuando el Juez se pronuncie sobre la legalidad de ésta -segunda fase judicial-; en ese sentido, el derecho de audiencia está garantizado, con independencia de que se pueda ejercer hasta la segunda etapa. Además, en la propia norma se prevén dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida la determinación de traslado, ya que una vez que se haga la calificación de legalidad y se notifique al afectado, éste tendrá la oportunidad de impugnarla mediante el recurso de apelación; y, en el caso de que no se hiciera la calificativa, se podrá interponer la controversia respectiva. En ese tenor, no es dable sostener que se viola el derecho de audiencia contemplado en el artículo 14 constitucional; porque éste tendrá efectos plenos al momento en que se convalide el traslado y, en su caso, se impugne en los términos señalados. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso aludido por parte de quien instó el presente juicio de amparo a favor del quejoso directo, es evidente se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a desechar de plano la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que se precisa de la demanda de amparo. Así mismo, por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Guillermo Arturo Gutierrez Gayosso y Cándido Cano Gutierrez, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Finalmente, por autorizada únicamente para recibir notificaciones la persona precisada en la demanda de amparo. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO De igual manera, se tiene por señalado correo electrónico y número telefónico para la práctica de comunicaciones informales. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el Consejo de la Judicatura Federal, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese y personalmente en el domicilio señalado en la demanda de amparo.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, diez de mayo de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo firmada por María Dolores Cano Cuevas, en representación de Cristian Ruiz Cano contra actos reclamados al Subsecretario de Centros Penitenciarios del Estado de Puebla y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 504/2022. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, del contenido de la demanda de cuenta se desprende que quien promueve en esencia reclama la orden de traslado de su hijo Cristian Ruiz Cano del Centro de Reinserción de Tepexi de Rodríguez, Puebla a uno diverso. Actos que de la propia lectura de la demanda de amparo se reclaman a autoridades administrativas. Ahora bien, debe puntualizarse que el Juez de Distrito esta constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Como se precisó, el acto que se reclama es la orden de traslado del directo quejoso del centro penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla a uno diverso, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 113 de la Ley de Amparo ya citado, mismo que debe leerse de manera armónica con el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo pues se actualiza la causal de improcedencia ahí prevista, ordenamiento que para mayor claridad se cita: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.). Conforme al texto transcrito se advierte que previo a instar el presente juicio de amparo, por imperativo legal, los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deben ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación de los inconformes se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso hagan valer los gobernados, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Para ello, debe precisarse que lo que se reclama es el traslado de un centro penitenciario a otro, atribuida a autoridades administrativas. Por tanto es dable concluir que se trata de un traslado de tipo urgente o excepcional, regulado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo que es así, pues ese tipo de traslados se ordenan de forma unilateral por parte de las autoridades administrativas, y posterior a ello el juez lo autoriza, pero una vez ejecutado este. Así, cuando se presenten casos como el presente, en que los familiares de las personas privadas de su libertad, reclaman un traslado del que no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el juez de ejecución, lo procedente será que promuevan una controversia judicial, a fin de que sea el juez de control o de ejecución competente, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III en relación con el 108, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad o sus familiares podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del juez de ejecución, sin perjuicio de que dicha resolución pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales correspondientes. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 53/2021 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo texto y rubro son los siguientes: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL QUE LO CONTEMPLA, NO VIOLA EL DERECHO DE AUDIENCIA. Hechos: La autoridad administrativa de un centro penitenciario ordenó y ejecutó el traslado de una persona privada de su libertad a otro diverso, actuando conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; el Juez correspondiente calificó de legal dicha determinación. En su contra, la parte afectada promovió juicio de amparo indirecto alegando que dicho precepto normativo vulnera el derecho de audiencia, pues faculta a la autoridad penitenciaria, para que, con sólo una resolución administrativa, pueda ordenar y ejecutar el traslado de personas; el Juez de amparo estimó que la norma era constitucional. En contra de esta resolución se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al prever órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, no contraviene el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional. Justificación: El artículo 52 mencionado establece una de las excepciones al traslado voluntario, en el cual no existe una autorización judicial previa para que las autoridades penitenciarias lo lleven a cabo. Lo anterior, obedece a la peculiaridad de los supuestos de urgencia en que procede -cuando se ponen en peligro bienes como la vida, la integridad, la salud, la seguridad, etcétera- ya que, tomando en cuenta que las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios, están bajo el cuidado del Estado, se les debe proteger respecto de conductas o situaciones que las pongan en peligro. Lo que no significa que la autoridad judicial esté excluida de este procedimiento, ya que como se consagra en el mismo precepto, es esta autoridad la que debe determinar su legalidad, calificando las razones que motivaron a la autoridad penitenciaria a llevarlo a cabo, esto es, examinando minuciosamente que el traslado atienda a las causas invocadas; y que con la medida se respeten los derechos humanos de las personas trasladadas (control judicial ex post). En efecto, esta Primera Sala ya ha determinado que la norma impugnada entraña un procedimiento, que inicia con la determinación de traslado por parte de la autoridad penitenciaria, -primera fase administrativa- y culmina cuando el Juez se pronuncie sobre la legalidad de ésta -segunda fase judicial-; en ese sentido, el derecho de audiencia está garantizado, con independencia de que se pueda ejercer hasta la segunda etapa. Además, en la propia norma se prevén dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida la determinación de traslado, ya que una vez que se haga la calificación de legalidad y se notifique al afectado, éste tendrá la oportunidad de impugnarla mediante el recurso de apelación; y, en el caso de que no se hiciera la calificativa, se podrá interponer la controversia respectiva. En ese tenor, no es dable sostener que se viola el derecho de audiencia contemplado en el artículo 14 constitucional; porque éste tendrá efectos plenos al momento en que se convalide el traslado y, en su caso, se impugne en los términos señalados. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso aludido por parte de quien instó el presente juicio de amparo a favor del quejoso directo, es evidente se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a desechar de plano la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que se precisa de la demanda de amparo. Así mismo, por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Guillermo Arturo Gutierrez Gayosso y Cándido Cano Gutierrez, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Finalmente, por autorizada únicamente para recibir notificaciones la persona precisada en la demanda de amparo. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO De igual manera, se tiene por señalado correo electrónico y número telefónico para la práctica de comunicaciones informales. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el Consejo de la Judicatura Federal, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese y personalmente en el domicilio señalado en la demanda de amparo.

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