Cristian Romano Meza
Expediente 249/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 249/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Cristian Romano Meza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
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HA CAUSADO EJECUTORIA...Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En la inteligencia de
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PERSONAL QUEJOSA Y ELECTRONICA MP... ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por********************, en contra de las autoridades, por los actos precisados en el considerando segundo de esta resolución y por los motivos expuestos en el último punto considerativo de la presente sentencia...
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NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, del auto de fecha 29-JULIO-2022, esto por no comparecer en las instalaciones del Juzgado, no obstante el AVISO y/o CITATORIO, que se dejo en su domicilio: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 249/2022, promovido por Cristian Romano Meza contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito recibido vía electrónica el catorce de febrero de dos mil veintidós, turnado al día hábil siguiente a este Juzgado de Distrito, Cristian Romano Meza solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS QUE SE LES RECLAMAN EN LA DEMANDA DE AMPARO. La demanda de amparo se promovió contra los actos y las autoridades que se señalan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES "1. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 2. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión 3. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 4. El Comisionado de Autorización Sanitaria de la COFEPRIS. ACTOS RECLAMADOS "1) El acto de autoridad desplegado en mi perjuicio consistente en UN ATAQUE A LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO de los prohibidos en el artículo 15 de la LEY DE AMPARO, en contra del libre desarrollo de la personalidad en mi agravio, por la omisión de todas las autoridades responsables de legislar respecto a los derechos correlativos al "autoconsumo" de marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana, excluyendo los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma. Es decir, por parte de: I. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos la omisión de legislar y expedir normas para ejercer mis derechos correlativos al "autoconsumo" de marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana, excluyendo los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma. II. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión la omisión de legislar y expedir normas para ejercer mis derechos correlativos al "autoconsumo" de marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana, excluyendo los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma. III. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la omisión de legislar y expedir normas para ejercer mis derechos correlativos al "autoconsumo" de marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana, excluyendo los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma. IV. Comisionado de autorización sanitaria de la COFEPRIS la acción de prohibir mis derechos correlativos al "autoconsumo" de marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana, excluyendo los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma." TERCERO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. El solicitante del amparo narró los antecedentes del acto reclamado, expuso los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados en su perjuicio, el contenido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil veintidós, al no desahogar la prevención formulada en auto de dieciséis de febrero del mismo año, se dejó de tener como acto reclamado "La acción de prohibir mis derechos correlativos al "autoconsumo" de marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana, excluyendo los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma.", atribuido al Comisionado de Autoridad Sanitaria de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios. Así, en auto de la propia data, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó informe justificado a las autoridades responsables; dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; y, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, fracción II, en relación con el 217 de la Ley de Amparo y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclama conta la omisión de emitir una norma administrativa, atribuida a autoridades administrativas con residencia en la jurisdicción que corresponde a este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con apoyo además en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de dos mil, visible en la página 32, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se precisa que de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que obran en el expediente, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: ? La omisión de legislar respecto a los derechos correlativos al "autoconsumo" de marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana, excluyendo los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma. TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTOS. No son ciertos los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la omisión de legislar respecto a los derechos correlativos al "autoconsumo" de marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana, excluyendo los actos de comercio, como la distribución, enajenación y transferencia de la misma. Lo anterior, pues aún y cuando fue omiso en rendir el informe con justificación solicitado, no se actualiza la presunción de certeza prevista en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, pues en términos de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, la única autoridad obligada a legislar en el sentido que pretende el quejoso es el Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores; de ahí que, sea inexistente el acto atribuido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime que el quejoso no exhibió material probatorio alguno con el que acredite que dicha autoridad cuente con facultades para intervenir en el proceso de creación de la norma que por esta vía se pretende. Por tanto, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad en comento, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo por lo que a ésta se refiere, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CERTEZA DE ACTOS. Son ciertos los actos reclamados a la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión, consistentes en la omisión de legislar respecto a los derechos correlativos al "autoconsumo" de marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana, excluyendo los actos de comercio, como la distribución, enajenación y transferencia de la misma. Lo anterior, pues aún y cuando negaron el acto a ellas atribuido del contenido de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que están obligadas a legislar respecto del derecho al autoconsumo recreativo de cannabis y tetrahidrocannabidol (THC); de ahí que, se considere como cierto el acto a éstas atribuido. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Examinada la existencia de los actos reclamados, previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida en que el principio de relatividad de las sentencias se ha reinterpretado y modulado a la luz del marco constitucional imperante a partir de la reforma en materia de amparo de once de junio de dos mil once, en concreto, respecto de los efectos de las sentencias de amparo cuyo acto reclamado analizado sea una omisión legislativa que permite que, de concederse el amparo y protección de la Justicia Federal, indirectamente y de manera eventual pueda llegar a beneficiar a terceros ajenos a la controversia constitucional, pero esto será posible únicamente cuando se reclame la misma omisión legislativa. Para demostrar esta afirmación, conviene hacer referencia al contenido de los citados preceptos legales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) II.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda." (.)" De la lectura al primer artículo se observa un supuesto abierto de improcedencia que remite a aquellos casos en que la improcedencia derive de alguna otra disposición de la Constitución Federal, de los Tratados Internacionales o de la Ley de Amparo, ya sea porque se actualice alguno de los supuestos de improcedencia expresamente previstos o bien, porque no se cumpla alguno de los requisitos establecidos para hacer procedente el juicio de amparo. El segundo precisa que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solamente se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda. En este punto, en el amparo en revisión 1359/2015 (fojas 29 y 30 de la ejecutoria), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha delineado que el principio de relatividad de las sentencias sigue vigente y debe ser observado por los jueces de amparo, es decir, no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo. No obstante, ha reinterpretado y modulado este principio para entender que cuando se reclaman omisiones legislativas como sucede en el caso: ".es perfectamente admisible que al proteger a los quejosos, indirectamente y de manera eventual, se beneficie a terceros ajenos a la controversia constitucional.", lo que en concepto de esta juzgadora supone la posibilidad de declarar que un precedente judicial en el que se resolvió que una omisión legislativa o reglamentaria es inconstitucional, irradia a terceros como puede ser un quejoso diferente que ha promovido un diverso juicio de amparo impugnando idéntica omisión legislativa a la declarada contraria a la Constitución Federal o a un tratado internacional que contenga un derecho humano. Pero para identificar si esta regla excepcional y específica resulta aplicable a otro caso, es necesario verificar cautelosamente que el precedente del Alto Tribunal se adecue al asunto nuevo, esto es, que se trate de idéntico acto omisivo reclamado. Si es así, entonces resultaría ocioso, impráctico, inútil e ineficaz conceder un diverso amparo para ordenar a las autoridades legislativas competentes que emitan la norma que han omitido crear, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo decretó previamente y la obligación de cumplimiento es ineludible por constituir cosa juzgada, porque al final de día la pretensión del quejoso en el juicio de amparo pendiente de resolver estará satisfecha con lo decidido y ordenado por el Máximo Tribunal del país. En conclusión, si existe un precedente judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se haya declarado la inconstitucionalidad de una omisión legislativa, cuyo efecto del amparo sea que la autoridad o autoridades competentes queden obligadas a emitir la norma ausente; entonces, no existe razón objetiva, práctica ni válida que lleve a considerar que si se promueve un diverso juicio de amparo por igual acto, aunque promovido por diverso quejoso, deba concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que el creador de la norma quede obligado a aquello que ya le fue ordenado a realizar por parte del Alto Tribunal, ya que como lo determinó la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, cuando se reclaman omisiones legislativas el efecto del amparo, "indirectamente y de manera eventual", beneficia a terceros ajenos a la primera declaración de inconstitucionalidad. Sobre esta base, el presente juicio de amparo resulta improcedente en contra de la omisión de legislar respecto a los derechos correlativos al "autoconsumo" de marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana, excluyendo los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma. Lo anterior es así porque el Pleno la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 57/2019, en sesión de catorce de agosto de dos mil diecinueve, declaró inconstitucional la omisión de armonizar los reglamentos y la normatividad correspondiente con el fin de regular el uso terapéutico del tetrahidrocannabinol de los isómeros 6a (10a), 6a (7), 7, 8, 9, 10, 9 (11) y sus variantes estereoquímicas, de conformidad con lo establecido en el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, por resultar contrario a los derechos fundamentales de seguridad jurídica, legalidad y salud; acto omisivo que guarda relación con el acto reclamado del que se duele el quejoso en este asunto. Los efectos concretos del precedente judicial mencionado, en la parte conducente, son los siguientes: "8. EFECTOS DE LA SENTENCIA 466. En consecuencia, al resultar fundados los argumentos contenidos en el único concepto de violación expuesto por el quejoso -respecto a la omisión reglamentaria en la que incurrieron las autoridades responsables al incumplir con el mandato contenido en el artículo cuarto transitorio del Decreto que restringió el derecho a la salud de Carlos- y a fin de restituirlo en el pleno goce de su derecho, esta Segunda Sala determina los siguientes efectos: 467. (1) A la Secretaría de Salud, que cumpla con la obligación establecida en el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete y, en consecuencia, proceda a armonizar, en los términos expuestos en el apartado 6 de esta resolución, los reglamentos y normatividad en el uso terapéutico de la cannabis y sus derivados, entre los que se encuentran el THC de los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas. 468. A la COFEPRIS por conducto del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y del Coordinador General Jurídico y Consultivo, que despliegue sus facultades para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, en términos de lo dispuesto por los artículos 10 y 18, fracciones II y XIX, del Reglamento de la COFEPRIS. 469. Estas autoridades darán cumplimiento a lo anterior, dentro de los ciento ochenta días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación de esta sentencia. 470. Para cumplir con la obligación establecida en el artículo cuarto transitorio del Decreto, las autoridades deberán regular los actos a que hace referencia la Ley General de Salud en los artículos 235, 235 Bis, 245 y 290." Luego, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, sobre la inconstitucionalidad del sistema de prohibiciones administrativas previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud1, que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, por considerarlo violatorio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue admitida a trámite y en sesión de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, fue 1 En su texto previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete. resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la ejecutoria de dicha declaratoria, el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, precisó que el órgano emisor de las disposiciones consideradas como inconstitucionales era el Congreso de la Unión, ya que fue quien expidió la Ley General de Salud; por lo que, el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, le notificó la jurisprudencia derivada de las ejecutorias dictadas en los amparos en revisión 237/2014, 1115/2017, 623/2017, 547/2018 y 548/2018; notificación a partir de la cual el órgano legislativo quedó obligado a corregir la inconstitucionalidad del sistema de prohibiciones administrativas mencionado en el párrafo precedente. Máxime que en el punto 77. de dicha ejecutoria, nuestro más Alto Tribunal estimó que el problema de constitucionalidad advertido en la jurisprudencia de la Primera Sala, consistente en la prohibición absoluta para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, prevista en el sistema de prohibiciones administrativas establecido en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud2, no había sido superado mediante las reformas a la Ley General de Salud publicadas el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Y, que si bien era un hecho notorio que el Congreso de la Unión está considerando una serie de cambios legales para superar el sistema de prohibiciones que dio lugar a la jurisprudencia precisada, hasta este momento no ha concluido el proceso legislativo. 2 En su texto previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete. En ese sentido, se puede afirmar que, por una parte, existe una ejecutoria constitucional que ha ordenado a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección conta Riesgos Sanitarios que procedan a emitir la normativa correspondiente con la finalidad de armonizar los reglamentos y normatividad en el uso terapéutico de la cannabis y sus derivados, entre los que se encuentran el THC de los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas, de conformidad con lo establecido en el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de diecinueve de junio de dos mil diecisiete; y por la otra, que fue dictada una declaratoria general de inconstitucionalidad por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga al Congreso de la Unión a que legisle para corregir el sistema de prohibiciones administrativas previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud. Luego, si la Primera Sala del Alto Tribunal ha determinado que cuando se reclama una omisión legislativa y se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, el efecto es el de proteger al quejoso en estricto cumplimiento al principio de relatividad de las sentencias, y si también ha decretado que dicha concesión permite ".indirectamente y de manera eventual.", beneficiar a tercero ajenos a la controversia constitucional; entonces, en concepto de este órgano de control constitucional, la declaratoria de inconstitucionalidad adoptada en el amparo en revisión 57/2019; así como la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, de manera excepcional y concreta, benefician a la parte quejosa promovente del presente juicio para la protección de derechos fundamentales, al haberse determinado en dichas ejecutorias, la omisión por parte de las autoridades en emitir pronunciamiento alguno en relación a la obligación con que cuentan para legislar en el tema aquí abordado. De no considerarlo así, se estaría desconociendo la interpretación que ha definido el Alto Tribunal en el sentido de que cuando se concede un amparo en contra de una omisión legislativa o reglamentaria, cuyos efectos si bien por regla general benefician al quejoso, lo cierto es que irradian a terceros que como en la especie reclaman igual acto omisivo; aunado a que el amparo no lograría materializar el efecto útil como característica propia de este mecanismo de control constitucional, ni se lograría un fin práctico o se tendría una razón objetiva o justificada para concederle el amparo para idénticos efectos que aquellos que ha determinado el Máximo Tribunal del país y que no pueden cambiar al constituir cosa juzgada, más aún cuando la pretensión del quejoso es precisamente que se legisle en términos de lo que dispuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los amparos en revisión 237/2014, 1115/2017, 623/2017, 547/2018 y 548/2018. Máxime, que como quedó precisado en el numeral 79. De los efectos de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, la Suprema Corte tiene vastas facultades para apreciar e imponer, caso por caso, las medidas que considere necesarias para garantizar que la declaratoria de que se trata, cumpla cabalmente su cometido. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida en que el principio de relatividad de las sentencias se ha reinterpretado y modulado para entender que cuando se conceda un amparo por omisión legislativa o reglamentaria, el efecto no solo beneficia a la parte quejosa que promovió el amparo previo, sino indirectamente y de manera eventual a terceros ajenos a la controversia constitucional, como puede ser un diverso quejoso que promovió distinto juicio de amparo en contra de idéntico acto omisivo, lo procedente el sobreseer en el juicio en contra de la omisión reglamentaria impugnada, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. La decisión anterior no implica dejar en estado de indefensión a la parte quejosa; por el contrario, simplemente permite que se vea beneficiada con una decisión adoptada por el Máximo Tribunal de la Nación y que pone de manifiesto lo ocioso que sería concederle un amparo para igual efecto que el que ya se ha definido y que únicamente está pendiente de cumplimentar por parte de las autoridades a las que corresponde legalmente la emisión de la norma ausente. Para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios por los que se dé a conocer la presente resolución, se encuentren gozando de su correspondiente período vacacional y por tal motivo hayan suspendido sus labores; comisiónese al actuario adscrito a este Juzgado para que precisamente en el día en que las reanuden, entregue los oficios notificatorios sin necesidad de ulterior acuerdo; mismos que deberán quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad hasta en tanto sean entregados a sus receptores. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además los artículos 61, 62, 63, fracción V, 74 y 75, de la Ley de Amparo, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Cristian Romano Meza, en contra de las autoridades, por los actos precisados en el considerando segundo de esta resolución y por los motivos expuestos en el último punto considerativo de la presente sentencia.
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requiérase a la autoridad responsable que cumpla con lo ordenado en el termino que se indica, se apercibe
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