Cristian Paola Quintero Martínez y Otros.
Expediente 512/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Cristian Paola Quintero Martínez y Otros.
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de veinte de agosto último, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************,********************,********************,********************,********************,******************** y********************; en tales condiciones, se declara que el mismo causó estado. Por ende, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto concluido.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL PROMOVENTE, EL PROVEIDO DE 20 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Visto el escrito de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Cristina Paola Quintero Martínez, María de Lourdes López Carmona, Araceli Calvillo Sánchez, Ana Laura Castro Hernández, Alma Ivonne Mora, Esperanza Flores Campos y Yolanda Villanueva González, por propio derecho, contra actos de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Así las cosas, del análisis oficioso e integral del ocurso de demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia del juicio de garantías. En efecto, a juicio de este juzgador, esta vía resulta improcedencia por surtirse plenamente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el diverso 107, fracciones V y VII, de la Ley de Amparo, este último, interpretado en contrario sensu. Estos preceptos legales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] VII. Contra las omisiones del ministerio público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; [.]". De la interpretación de estas ordenanzas legales se deduce que el juicio de amparo indirecto es procedente contra las omisiones del Ministerio Público en investigación de los delitos, el desistimiento de la acción penal y la suspensión del procedimiento, cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Asimismo, que el juicio de garantías es procedente contra actos en juicio, siempre y cuando sus efectos sean de imposible reparación. Cabe resaltar que la actual Ley de Amparo establece el alcance de la expresión "actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación", al señalar que por ellos se entienden: ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De igual forma, debe precisarse que de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende, entre otros, la etapa de investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación, de ahí que este resolutor estime las actuaciones y omisiones de la representación social como actos en juicio. Ahora bien, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. A guisa de ejemplos, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etcétera, pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada no podrá volver a su secreto, etcétera, y en todos estos supuestos, la posible violación de derechos fundamentales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva. Por otro lado, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. De tal manera que si se combaten actos intraprocesales, diversos a los establecidos en la propia norma, el juicio de amparo será improcedente. En efecto, por principio, debe puntualizarse que, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto es procedente cuando los actos en el juicio lesionen de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate. Por tanto, no hay duda de que para efecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto, los actos reclamados deben tener una ejecución de imposible reparación, lo que se surte cuando el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma actual o presente, sin duda, antes del dictado del fallo definitivo y, a su vez, la afectación recae sobre derechos que revisten la característica de sustantivos. De tal manera que si se combaten actos intraprocesales diversos a los establecidos en la propia norma, el juicio de amparo será improcedente. Resulta aplicable al caso las tesis 2a. L/2015 (10a.) y 2a. XLVIII/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, junio de 2015, Tomo I, Páginas 1069 y 1070, respectivamente, cuyos rubros y contenido son del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales". "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen". En el caso concreto, se tiene que el acto reclamado no afecta de forma cierta e inmediata a la parte quejosa en alguno de los derechos fundamentales establecidos en la carta magna, pues de ningún modo es constitutivo de derechos ni de condena, sino que simplemente es una actuación en el procedimiento dirigida exclusivamente a la integración de la carpeta de investigación, es decir, ese acto únicamente se relaciona con un tema netamente procesal, mas no con derechos sustantivos, lo que, desde luego, genera que sus efectos no se identifiquen con el artículo 107, fracción V, ni que encuadre en las hipótesis previstas en la fracción VII, de la ley de la materia. Efectivamente, en el presente asunto, la parte quejosa reclama la determinación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, de tramitar la carpeta de investigación NA/CDMX/SDHPDSC/1116/2017 en la Ciudad de México y no en esta localidad. En el contexto aquí descrito, es claro que cuando el acto consiste en la determinación de la autoridad de investigar la posible comisión de un ilícito y la subsecuente integración de la carpeta relativa en una sede especializada -Ciudad de México-, dado los antecedentes narrados por la propia parte quejosa, es un acto que, por su naturaleza, sólo se relaciona con las etapas procesales del juicio natural, esto es, atañe únicamente a derechos adjetivos y no sustantivos, cuyo único efecto no es otro sino el que continué la indagatoria por parte de la autoridad ministerial, para la obtención de medios de prueba aptos y suficientes para ejercer acción penal. De igual modo, queda de manifiesto que este acto -tramitar la carpeta de investigación en la Ciudad de México-, por sí solo, no implica una omisión de la fiscalía responsable al respecto, ni el desistimiento de la acción penal o la suspensión del procedimiento sin haberse satisfecho la reparación del daño; de ahí que tampoco se actualicen las hipótesis previstas en la fracción VII del numeral 107 de la Ley de Amparo. En conclusión, válidamente puede concluirse que el acto atacado en este juicio no constituye una actuación de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía, porque sus consecuencias no afectan de forma material, inmediata y cierta uno de los derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, ni ocasionan a la parte quejosa un perjuicio actual, real y presente. Lo que encuentra sustento en la tesis aislada XXVII.3o.48 P (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigesimoséptimo Circuito, disponible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, página 1947; criterio que este órgano jurisdiccional comparte y que es del tenor siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión". En consecuencia, no hay duda de que se actualiza la causal de improcedencia del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones V y VII, de la Ley de Amparo, aplicados en contrario sensu, precisamente, porque el acto reclamado de que se trata, atento a su naturaleza jurídica, efectos y consecuencias que genera, no corresponde a una omisión efectuada por la autoridad ministerial y, además, carece de una ejecución de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía. En congruencia con todo lo anterior lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Ejército Nacional 4230 de la colonia Arciniega en esta ciudad. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias, incluso certificadas, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En el entendido de que tal autorización excluye la reproducción que documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Con apoyo en los artículos , 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II, y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en vigor a partir del siete de febrero de dos mil catorce. Asimismo, que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia.
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