Cristian Pacheco Solano
Expediente 700/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 700/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Cristian Pacheco Solano
- Juez del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido para los efectos legales procedentes, el oficio de la actuaria judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por medio del cual acusa recibo del escrito de expresión de agravios relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, así como juicio de amparo 700/2022 y un tomo de pruebas, e informa que se admitió a trámite el recurso citado, el cual quedó registrado con el número ********************/2023, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintitrés. Se remite recurso Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que el juicio de amparo en que se actúa se encuentra debidamente integrado; en tales condiciones, en cumplimiento a lo ordenado en autos; remítanse impresión por duplicado del escrito de expresión agravios -en virtud de haberse recibido electrónica-, así como un tomo de pruebas -que obra por cuerda separada- y original del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para la sustanciación del recurso de revisión hecho valer por la quejosa. Se instruye al Oficial Judicial "A" (Analista Jurídico "SISE") adscrito a este órgano jurisdiccional, para que habilite la vinculación electrónica en el presente juicio de amparo, a fin de que la Superioridad se encuentre en aptitud de substanciar el medio de impugnación de mérito. Se autoriza a la Secretaria Judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de abril de dos mil veintitrés. Visto el escrito recibido en línea, con evidencia criptográfica, de ********************, autorizado en términos amplios de la quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida en el presente juicio. Con fundamento en los artículos 80, 81, 84, 86 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase una impresión del escrito de agravios entre las demás partes. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase impresiones por duplicado del escrito de agravios recibido en línea, con evidencia criptográfica de recurrente, así como el original del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para la sustanciación del referido recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias necesarias relativas a este asunto. Se le tiene reiterando domicilio y usuario para oír y recibir notificaciones; respecto de lo cual, se acordó lo conducente en auto de inicio de este juicio. Se autoriza a la Secretaria Judicial a firmar el oficio que derive de esta determinación. Notifíquese, personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita; y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 700/2022; R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintidós (fojas 2 a 9), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Samnia Laura Solano Pozos, en su carácter de apoderada legal de CRISTIÁN PACHECO SOLANO solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se precisarán. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LA PARTE QUEJOSA ESTIMA VIOLADOS. La parte quejosa estableció los antecedentes del acto reclamado; y manifestó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 6). TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE. Mediante proveído de veinte de junio del año actual, se radicó la demanda de amparo con el número 700/2022; y se desechó de plano (fojas 15 a 21). Inconforme con esa determinación, la parte promovente interpuso recurso de queja, en el cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en sesión ordinaria virtual de catorce de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente 334/2022, lo declaró fundado (fojas 41 a 50). En cumplimiento a lo anterior, en auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós (fojas 51 a 54), se admitió la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 57); y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y. CUARTO. CITA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. El once de enero de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede, sin que los quejosos solicitaran el diferimiento o la suspensión de ésta, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO COMPETENCIA. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. Lo anterior, porque este órgano de control constitucional conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; los actos reclamados son de naturaleza civil y se le atribuyen a un Juez que se encuentra dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO FIJACION DEL ACTO RECLAMADO. Con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio constitucional. Atento a lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como del informe justificado y las constancias que acompañó con justificación, se advierte que la parte quejosa reclama de la Jueza de Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, el acto consistente en: La determinación de doce de mayo de dos mil veintidós, en el juicio sucesorio testamentario 72/2020, de su índice donde la Jueza familiar tuvo por no interpuesto el recurso de apelación contra el diverso proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós por considerar que no es apelable y carecer de fuerza de definitivo. TERCERO EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable Jueza Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, pues al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama (foja 60). Lo que se corrobora con la documental consistente en la copia certificada del juicio sucesorio testamentario 72/2020, de su índice (obra por separado en un tomo) que remitió como apoyo a su informe con justificación; medios de convicción que alcanzan pleno valor probatorio en términos de lo que establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. CUARTO. ANTECEDENTES. Para una mejor comprensión es oportuno conocer los antecedentes del juicio sucesorio testamentario 72/2020, del índice de la Jueza responsable, que se advierten del contenido de la copia certificada que acompañó a su informe con justificación, de la cual esencialmente se observa lo siguiente: El quince de abril de dos mil veinte, CRISTIÁN PACHECO SOLANO denunció juicio sucesorio testamentario a bienes de los de cujus Emilio Pacheco Rojas y Judith del Carmen López Velazco o Judith del Carmen López Velasco o Judith López Velasco o Judith López de Pacheco o Judith del Carmen López de Pacheco o Judith López o Carmen Judith López o Judith López de Pacheco, radicado con el expediente 72/2020, del índice de la autoridad responsable (fojas 1 a 9 y 35, del tomo de pruebas que obra por separado). El once de enero de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de los herederos (fojas 37 y 49, ibídem). Una vez emplazados los herederos de la sucesión, en proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se tuvo apersonados a Margarita Leticia, Mari Cruz, Judith del Rosario, Yolanda Violeta, Emilia, Marco Antonio, Adrián, todos de apellidos Pacheco López, quienes fueron coincidentes en manifestar que se inició procedimiento sucesorio testamentario a bienes de los citados de cujus ante el Notario Público Número Ochenta y dos (82) en el Estado de Oaxaca, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, (foja 115, ibídem) a la cual acudieron todos los herederos, incluido el aquí quejoso; que ya estaba concluida la primer sección, donde fueron reconocidos todos los indicados en el testamento y se nombró albacea; y que ya estaba en curso la segunda sección de inventarios y avalúos, del cual no se iba a excluir a alguno de los herederos. Asimismo, se tuvo por apersonados a María Antonia y Aristóteles, ambos de apellidos Pacheco López, quienes adujeron que ante el Notario Público Número Cuarenta y seis (46), en el Estado de Oaxaca, (foja 116, ibídem) se radicó el procedimiento a que refiere el artículo 882 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, y que su intención era que se siguiera el trámite en ese juzgado (fojas 114 a 117 y 120 idem). En consecuencia, el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se requirió a dichos fedatarios para que remitieran copia certificada de todo lo actuado en el trámite que llevaron a cabo con motivo del testamento otorgado a bienes de los de cujus multicitados (fojas 132 y 141 ídem). El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la Jueza responsable tuvo al Notario Público Número Ochenta y dos (82) en el Estado de Oaxaca, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, rindiendo el informe solicitado en el cual señaló que en su protocolo solo se radicó la testamentaria para realizar inventarios y avalúos, y posterior adjudicación de los bienes, pero no se había cumplimentado lo anterior, porque los interesados se encontraban en proceso técnico de recabar las constancias de identificación de los inmuebles que forman parte del acervo hereditario; por ello, adujo que no se había hecho ninguna diligencia notarial de la que se debiera expedir copia alguna (fojas 144 y 145, ídem). El cuatro de agosto de dos mil veintiuno, la apoderada del quejoso solicitó que no se tuviera por cumplido el requerimiento del Notario Público Número Ochenta y dos (82) en el Estado de Oaxaca, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, y que se le requiriera nuevamente para que remitiera copia de todo lo actuado en relación a la primera sección, ya que no remitió copias certificadas de la misma, ni de todo lo actuado; ante lo cual, se le dijo que no era procedente su petición dado que dicho notario ya había informado que no se había hecho ninguna diligencia de la que se debiera expedir alguna copia (fojas 146 y 147 ídem). En auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, la Jueza responsable tuvo al Notario Público Número Cuarenta y seis (46) en el Estado de Oaxaca, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, rindiendo el informe solicitado y remitiendo las constancias conducentes (fojas150 vuelta y 152 a 162, ídem). En proveído de veintiséis de abril dos mil veintidós, se tuvo a la apoderada legal del quejoso, realizando idéntica petición a la que ya había hecho mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, ante la Jueza responsable, para que no tuviera por cumplido del requerimiento al Notario Público Número Ochenta y dos (82) en el Estado, y le requiriera en idénticos términos; por lo que la responsable reiteró lo que ya había acordado en el proveído de once de agosto de dos mil veintiuno, esto es, que no era procedente requerir nuevamente al citado Notario, ya que mediante oficio de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, informó que no se había realizado diligencia notarial de la que deba expedir alguna copia; por lo que se dejó a salvo los derechos del quejoso para intervenir en la citada sucesión, al haber indicado que tenía el carácter de heredero dentro de aquel testamento (fojas 163 y 164, ídem). Contra esa determinación, mediante escrito fechado de diez de mayo de dos mil veintidós (fojas 167 a 169 ídem) la parte promovente interpuso recurso de apelación, el cual fue acordado por la responsable en auto de doce de mayo de dos mil veintidós, en el sentido de determinar que no era dable tenerle interponiendo el citado recurso, en virtud que esa determinación no era apelable, al no tener fuerza de definitiva y tampoco le causaba un gravamen irreparable en el asunto (foja 166, ídem). -Resolución que constituye el acto reclamado en el asunto-. QUINTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Por ser cuestión de orden público y estudio preferente, debe analizarse la procedencia del juicio constitucional, sea que la invoquen las partes, o se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, de oficio se advierte que en relación con el acto reclamado a la Jueza de Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, consistente en la determinación de doce de mayo de dos mil veintidós, en el juicio sucesorio testamentario 72/2020, de su índice donde tuvo por no interpuesto el recurso de apelación contra el diverso proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós por considerar que no es apelable y carecer de fuerza de definitivo; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, los cuales establecen. "(.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." Numeral que debe ser interpretado, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan [.]" De los normativos transcritos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo, por lo que al interpretar en sentido contrario el artículo 107 de la carta magna se tiene que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos que los actos que se pretendan reclamar no sean de imposible reparación. Asimismo, la Ley de Amparo precisa lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", al establecer que son los que afecten materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo, previo agotamiento de los recursos ordinarios, en contra de la sentencia dictada en el procedimiento respectivo. Este criterio se plasmó en la jurisprudencia P./J. 24/92 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". Asimismo, debe entenderse como derecho adjetivo aquél que sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que incide dentro del procedimiento de acuerdo con su desarrollo, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de la sentencia; por lo que si esto se logra, ese tipo de actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Así, los actos dentro de juicio tendrán una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan instantáneamente alguno de los derechos sustantivos como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse aun cuando el quejoso obtenga una sentencia favorable en el juicio natural. De este modo, la procedencia del amparo indirecto se actualiza excepcionalmente contra algún acto dictado dentro del juicio o procedimiento ordinario, en el caso de que su ejecución afecte materialmente derechos sustantivos, de manera directa e inmediata, de modo tal que dicha afectación no podría repararse aún mediante la obtención de una sentencia favorable en el proceso o juicio de origen y, en sentido contrario, no procede cuando únicamente afecte derechos adjetivos, instrumentales o procesales. Tal afectación material debe ser directa e inmediata y no mediata, esto es, no debe ser secundaria o futura, ni requerir de un acto posterior, porque entonces el que causa la ejecución de imposible reparación es el acto que los produce y no su antecedente. En ese contexto, los actos materia de la litis no causan una afectación a la esfera jurídica del disidente que lo legitime para ejercer la acción constitucional, en virtud que en el caso a estudio lo que se pretende reclamar es el acto procesal por medio del cual determinó que no era dable tenerle interponiendo el recurso de apelación, en virtud que esa determinación no era apelable, al no tener fuerza de definitivo y tampoco le causaba un gravamen irreparable en el juicio sucesorio testamentario 72/2020 del índice de la Jueza responsable. Actuación que no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación teniendo un efecto negativo instantáneo dentro de la esfera jurídica del quejoso, pues como se ha precisado previamente, este tipo de actos tienen el carácter de intraprocesales por lo cual afectan únicamente derechos adjetivos de quien se duela resultando en que esa afectación sean susceptibles de repararse en caso de que obtenga una sentencia favorable en el juicio sucesorio testamentario antes indicado, o en su caso, podrán ser reclamados a través del medio ordinario de defensa con el que cuente en caso de que le sea desfavorable el fallo, e incluso a través del juicio de amparo que contra la resolución definitiva se promueva. Es así, porque sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, y no sustantiva, toda vez que el proveído de doce de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio sucesorio testamentario 72/2020, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, que determinó no admitir a trámite el recurso de apelación hecho valer por el quejoso, por ser procedente uno diverso, no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, verbigracia, el derecho a la vida, dignidad humana, el patrimonio, la libertad personal o cualquiera de los reconocidos en la Constitución o los tratados internacionales ratificados por México; sino sólo aspectos procesales vinculados al juicio de origen. Pues al no proceder el recurso de apelación que hace valer -por ser el recurso de revocación el correcto-, dejó firme el auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente 72/2020; en el cual, en lo que interesa, se proveyó que no era procedente requerir nuevamente al Notario Público Número Ochenta y dos (82) en el Estado de Oaxaca, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, para que remitiera las constancias pretendidas por el actor aquí quejoso; pues, mediante oficio de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, el fedatario público citado informó que no se había realizado diligencia notarial de la que deba expedir alguna copia; por lo que, se dejaban a salvo sus derechos para intervenir en la citada sucesión; lo que se estima, sólo tiene efectos intraprocesales, pues el juicio de origen continuará para integrarse y resolverse. En ese sentido, es evidente que el dejar firme la aludida determinación, únicamente produce efectos procesales, en tanto que la consecuencia de no allegarse de las documentales que, en concepto del quejoso, debió remitir el notario público será precisamente que no se integren dichos documentos al juicio; sin embargo, la transcendencia de esas documentales es alfo que podrá evaluarse al dictar la sentencia que ponga fin al juicio; pues puede ocurrir, incluso, que sin dichas documentales obtenga sentencia favorable. De modo que, se insiste, los resultados que pudieran arrojar el desahogo del requerimiento pretendido, afecta únicamente derechos adjetivos que pueden repararse, pues si el quejoso obtiene una sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si la sentencia fuera desfavorable, podría reclamar la violación en el amparo directo. En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado por lo que a dicho acto respecta, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de actos que han quedado sin efecto y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." En las relatadas consideraciones lo procedente es sobreseer en el juicio constitucional en que se actúa. Publicación de sentencia. Como las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo: En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por CRISTIÁN PACHECO SOLANO contra los actos señalados en el considerando segundo y por las razones, así como fundamentos expresados en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 8,475 expedientes
- Cristian Camilo Cuevas Ramírez956/2017
- Cristian Daniel Rios Jarquín129/2017
- Cristián de Jesús Márquez Jiménez y Otros.668/2020
- Cristian Fermin Doctor Mendez1172/2018
- Cristian Manuel Cruz Santiago527/2018
- Cristian Omar Bravo Olachea118/2019
- Cristian Vasquez Monter6/2018
- Cristián Vásquez Montier1217/2017
- Cristiano Calderon Alfaro y Otros.1049/2016
- Cristina Carmela Soriano Sánchez831/2022
- Cristina Feria Ramírez64/2017
- Cristina Jiménez Vásquez828/2019