Cristian Omar Talzinta Mendoza
Expediente 1136/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1136/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Cristian Omar Talzinta Mendoza
Actuaciones
- Principal
.....Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y otórguesele pleno valor, en virtud de que cuenta con cadena de firma electrónica vigente del remitente; a través del cual informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado en el juicio de amparo 1136/2019/IV-A del cual deriva este cuaderno de antecedentes, se avocó al conocimiento del asunto y radicó la demanda de amparo con el número de expediente 1126/2019 de su índice. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este juicio como concluido.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la diligencia actuarial suscrita por el licenciado Jorge Eder Castillo González, Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa Yaneth Castillo Espinoza, defensora particular de Cristian Omar Talzinta Mendoza, el proveído de doce de diciembre del año en curso, por los motivos ahí expuestos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación, así como las subsecuentes por lista de acuerdos. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe. EL AUTO DE DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE DICE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Yaneth Castillo Espinoza, defensora particular de Cristian Omar Talzinta Mendoza, contra actos del Juez de Enjuiciamiento Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz, y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1136/2019/IV-A. ACTO RECLAMADO. De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto lo constituye: ".el traslado de Cristian Omar Talzinta Mendoza del Centro de Reinserción Social de Jalacingo, Veracruz al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, que se llevó a cabo el quince de noviembre de dos mil diecinueve...". INCOMPETENCIA. Por lo anterior, a fin de proveer el presente asunto conforme a derecho, debe decirse que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.--- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.--- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de este artículo se advierten tres hipótesis: I. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente el Juez donde se haya presentado la demanda; y, III. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito donde se presente la demanda de amparo. Así, atendiendo a la primera hipótesis, se dice que para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, es el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente, se ejecuten o se hayan ejecutado, lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En ese orden de ideas, cabe señalar que el propósito del legislador fue hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, estableciendo normas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Ahora, es menester precisar que la orden de traslado es un acto de autoridad por medio del cual se autoriza el cambio de ubicación física del reo de un establecimiento de reclusión a uno diverso, con carácter definitivo. El cual, para que se lleve a cabo, dispone de tres momentos: 1. El primero, consiste en la emisión de la orden de traslado y su ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar en el que se encuentra recluido; 2. El segundo, en el traslado material, a un lugar distinto; y 3. El tercer momento que se da cuando se ingresa al sujeto al nuevo centro de reclusión, etapa en la que culmina la ejecución del traslado. Asimismo, su naturaleza es la de un acto de tracto sucesivo, en virtud de que desde su emisión hasta conclusión se suscitan una serie de hechos continuos tendentes al traslado del solicitante del amparo. Establecido lo anterior, debe destacarse que en el presente asunto el directo quejoso Cristian Omar Talzinta Mendoza, reclama su traslado a un diverso centro penitenciario del que se encontraba recluido. Por tanto, es incuestionable que la situación anterior encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual señala que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, ya que la orden de traslado ya se ejecutó el quince de noviembre de dos mil diecinueve, tal como lo manifiesta la defensora particular en el ocurso de cuenta. Expresiones las anteriores que para quien resuelve adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , de rubro: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." De lo anterior, es evidente que el acto reclamado se materializó fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, antes de la presentación de la demanda de amparo origen del presente asunto, esto es, durante el tiempo en que se efectuó el traslado en cuestión, no se presentó demanda alguna que fincara competencia a favor de este juzgado por haberse iniciado en Jalacingo, Veracruz, la ejecución de tal mandamiento y por ello no existe conocimiento a prevención por parte de este órgano; por lo que entonces, este órgano jurisdiccional considera que a quien compete conocer del juicio de amparo es al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno, con sede en San Bartolo Coyotepec, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, por ser quien ejerce jurisdicción sobre dicha localidad, de acuerdo a lo establecido por el artículo 48 de la Nueva Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Apoya la anterior determinación la tesis del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 4311, del Tomo V, Enero de 2012, Décima Época del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO. La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. No representa obstáculo a la postura anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", mediante la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del citado artículo 36, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado". Por sus consideraciones es aplicable también la Jurisprudencia II.3o. J/72, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 78, Junio de 1994, Octava Época, visible en la página 46, cuyo rubro y texto enuncian: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que de los reclamados tenga ejecución material". Asimismo, a contrario sensu la tesis II.1º.55/ P (10a), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO QUE AÚN NO SE MATERIALIZA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE RECLUIDO EL QUEJOSO." En consecuencia, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de garantías y con apoyo en los artículos 37 y 48, ambos de la Ley de Amparo vigente, remítase el presente asunto, al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en San Bartolo Coyotepec, para que determine al respecto, solicitándole atentamente una vez en su poder, acuse el recibo correspondiente vía interconexión, vía telegrama, vía fax al número 228 1 41 06 00 (extensión 2212) de este Juzgado, o bien, al correo electrónico institucional: 1jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. En mérito de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de la demanda y autógrafa de este acuerdo. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, dado que no encuadran en ninguna de las hipótesis que al efecto prevé el artículo 48 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de la demanda de este Juzgado y por autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Canseco García y Antonio Ortega Pérez, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que cuentan con el registro correspondiente en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se corrobora con las constancias de registros correspondientes que se anexan para tal efecto y con las restricciones que impone dicho precepto a las restantes que indica en su demanda, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. Por tanto, se encomienda al Actuario Judicial comisionado adscrito a este Juzgado, a fin de que notifique el contenido del presente proveído de manera personal a la parte promovente, sin que obste a lo anterior, lo previsto por el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, en relación a que los quejosos privados de su libertad, deberán ser notificados de manera personal en el local del juzgado o en el establecimiento en que se hallen recluidos; ya que en la demanda fue proporcionado un domicilio para oír y recibir notificaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Notifíquese; y, personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado Zoila Flor Juárez San Martín, que autoriza y da fe.
- Principal
Notifíquese; y, personalmente a la parte promovente.
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