Cristian Omar Granados Navarro
Expediente 591/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 591/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cristian Omar Granados Navarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos, el escrito firmado electrónicamente por Valente Álvarez Reyes, apoderado jurídico de la parte quejosa Cristián Omar Granados Navarro; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, aclara el escrito presentado el quince de este mes -noviembre-, mediante el cual se amplía la demanda de amparo promovida por el citado Álvarez Reyes, en cuanto apoderado jurídico de Cristián Omar Granados Navarro, asimismo, en relación a la prevención realizada, textualmente refiere: "Solicitando, se tenga por reproducida la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; a efecto de que sean emplazadas las autoridades señaladas, por los conductos legales." De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, tomando en consideración que del escrito de ampliación de demanda -registro 18384-, se desprende que se señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES l) Presidenta e integrantes del Comité de Comunicación Social del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo m) Titular de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo n) Presidenta e integrantes del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo ñ) Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Todas, con domicilio en avenida Francisco I. Madero, número noventa y siete, Centro Histórico, en Morelia, Michoacán, C.P. 58000. IV. IV. ACTOS RECLAMADOS La omisión de videograbar la Sesión Extraordinaria, de data primero de junio de dos mil veintitrés, en la que, supuestamente, se discutió, votó y aprobó el decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo el Estado, por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto actividad institucional del Congreso que de oficio se debe publicar, por ser parte del proceso intra-legislativo, bajo los principios de transparencia y equidad; impidiendo que la población pudiera conocerla públicamente." Consecuentemente, téngase a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo y respecto de las mencionadas responsables y por los actos reclamados precisados. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Acuérdese lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión provisional que se solicita a través del escrito con registro 18460, reservado de acordar. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles. El cual se computará a partir del día siguiente a aquel en que reciban el oficio de notificación del presente proveído; en el entendido que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado: en la inteligencia que de no hacerlo o no acompañar copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, la omisa se hará acreedora a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción II y 238 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir su informe al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx; o bien, por oficio ordinario. En esa medida, indíquese a las responsables que basta con que den cumplimiento al presente requerimiento por correo electrónico, dicho de otro modo, por ejemplo, si informan lo peticionado por dicha vía, resultará innecesario que lo hagan también por ordinaria. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE REMITA COMO APOYO AL INFORME JUSTIFICADO. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en caso de que dentro de la información que remitan como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe información que se encuentre clasificada como reservada, deberán remitir copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria de clasificación correspondiente. Se apercibe a las responsables que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información remitida será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. INTEGRACIÓN DEL JUICIO. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expedites de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, para que al momento de que rindan su informe justificado proporcionen a éste órgano federal algún correo electrónico oficial, para garantizar a las partes el derecho fundamental a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resulto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante diversa promoción. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". PARTE TERCERA INTERESADA. Sin que en el caso sea dable reconocer el carácter de tercero interesado a persona alguna, en virtud de que no se advierte que con la tramitación del juicio en que se actúa se pudiera causar daño o perjuicio a persona diversa. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley que rige el juicio constitucional, ténganse como pruebas de la parte quejosa las documentales agregadas al escrito de ampliación de demanda, las cuales se admiten y desahogan en razón de su propia y especial naturaleza jurídica; sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. COMPULSA DE DOCUMENTOS. De oficio obténgase copia de las documentales exhibidas con el escrito de ampliación de demanda y procédase a su compulsa, a efecto de que obren en el incidente de suspensión y surtan sus efectos legales correspondientes. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia P./J. 71/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 163758, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES". REQUIERE A LAS PARTES COMUNIQUEN LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley de la materia, se requiere tanto a las autoridades señaladas como responsables, así como a la parte quejosa y en su caso, tercero interesado, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, cuando por alguna cuestión tengan conocimiento de ello y; de ser posible acompañen las constancias que acrediten tal extremo. MULTA. En el entendido que de hacer caso omiso al presente requerimiento, si en el trámite o resolución del juicio se advierte una posible causal que las partes hayan sido omisas en comunicarlo a éste órgano, se les impondrá multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LA AUTORIDAD. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a las que, en su caso, tengan carácter de terceras interesadas, a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia debe asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley, corriéndole traslado con la copia de la demanda. En el entendido de que, al tratarse de un juicio de amparo contra normas generales, en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), de la ley de la materia, las notificaciones que se hagan a dicho representante social, practíquensele por medio de oficio. DIFERIMIENTO. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintiún minutos de este día -veintidós de noviembre en curso-, se difiere y en su lugar se programan LAS NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para su celebración. Sin que lo anterior implique demérito alguno al principio de justicia pronta y expedita el señalamiento de la audiencia constitucional, pues se estima que es el estrictamente indispensable para dar oportunidad a que se lleve a cabo el emplazamiento a juicio de la totalidad de las partes; ello, tomando en consideración las cargas de trabajo y los periodos vacacionales por parte del personal de este Tribunal, dejando, por tanto, la apreciación al criterio de esta Juzgadora. Al respecto, se invoca la tesis de la anterior conformación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIX, página 2638, del rubro siguiente: "AUDIENCIA, SEÑALAMIENTO TARDIO DE LA". FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.
- Incidental
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en proveído de esta fecha, con copia de los escritos con registro 18384, 18460 y 18569, acuérdese lo conducente respecto de la suspensión provisional del acto reclamado, solicitada por la parte quejosa en relación a la ampliación de demanda -registro 18384-. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan LAS DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con la fracción II, del artículo 138 de la Ley de Amparo vigente. Sin que lo anterior implique demérito alguno al principio de justicia pronta y expedita, el señalamiento de la audiencia incidental, se estima que es el estrictamente indispensable para dar oportunidad a que la autoridad responsable allegue el informe previo respectivo considerando el lugar de su residencia, cuestión que desde luego no se encuentra normada en el ordinal 141 de la Ley Amparo, dejando por tanto, la apreciación al criterio del Juzgador. A efecto, se invoca por identidad de razones la tesis de la anterior conformación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIX, página 2638, del rubro siguiente: "AUDIENCIA, SEÑALAMIENTO TARDIO DE LA" INFORME PREVIO. Con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, pídase el informe previo a las autoridades señaladas como responsables, el cual deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, enviándole al efecto copia simple de la demanda de amparo, en el que expresarán si es cierto o no el acto reclamado que se les atribuye y las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir su informe de ley vía correo electrónico oficial 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. INTEGRACIÓN DEL INCIDENTE. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expedites de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, para que al momento de que rindan su informe previo proporcionen a éste órgano federal algún correo electrónico oficial, para garantizar a las partes la agilidad a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. APERCIBIMIENTO. Además, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe previo, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción I y 238 de la Ley de Amparo. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LA AUTORIDAD. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable y a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deban asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, del escrito de ampliación de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES l) Presidenta e integrantes del Comité de Comunicación Social del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo m) Titular de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo n) Presidenta e integrantes del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo ñ) Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. IV. ACTOS RECLAMADOS. La omisión de videograbar la Sesión Extraordinaria, de data primero de junio de dos mil veintitrés, en la que, supuestamente, se discutió, votó y aprobó el decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo el Estado, por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto actividad institucional del Congreso que de oficio se debe publicar, por ser parte del proceso intra-legislativo, bajo los principios de transparencia y equidad; impidiendo que la población pudiera conocerla públicamente." EFECTOS PARA LOS QUE SOLICITA LA MEDIDA CAUTELAR. La parte promovente solicita la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo, con el fin de evitar que se aplique a la parte quejoso lo establecido en Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el dos de junio de dos mil veintitrés, materia del acto reclamado. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA NEGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Ahora bien, el acto reclamado constituye un acto negativo, pues implica la negativa de la autoridad responsable a actuar de determinada manera. En ese orden de ideas, los actos negativos se clasifican de la siguiente manera: a) abstenciones; b) negativas simples; c) actos prohibitivos; Las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por tanto, no existe materia para conceder la suspensión. Por su parte, las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular y, dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar. Finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. Delimitado el acto reclamado, y teniéndose por precisada la naturaleza de éste, en lo que respecta al incidente en el que se actúa es procedente analizar si en la especie es jurídicamente factible conceder la suspensión definitiva del acto reclamado. Al respecto, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece que la suspensión se decretará, siempre que concurran los requisitos siguientes: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.". Como se aprecia de la transcripción, el artículo 128 de mérito establece las exigencias para que opere la suspensión provisional, las cuales se pueden sintetizar en los siguientes aspectos: que quien solicita la suspensión sea el agraviado; que no se siga perjuicio al interés social con el otorgamiento de la medida, ni se contravengan disposiciones de orden público; y que con la ejecución de los actos reclamados se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación al solicitante de amparo; aspectos que resultan necesarios para que, como se adelantó, se surtan los requisitos de procedencia de aquella medida que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo. Asimismo, de la interpretación armónica de la fracción I del artículo 128, en relación con el artículo 144, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Por su parte el artículo 131 del ordenamiento invocado, señala: "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. --- En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda.". Del precepto en comento, se desprende que el quejoso que solicite la suspensión con base en un interés legítimo, deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión; en tanto que, se dispone que la suspensión de los actos reclamados no conlleva efectos constitutivos ni restrictivos de derechos, de lo que se sigue que en todo caso el promovente del amparo debe acreditar, al menos de forma indiciaria que cuenta con una prerrogativa necesaria para la obtención de la medida cautelar. Finalmente, el numeral 147 de la referida legislación, prevé en lo que interesa: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. --- Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. [.]" Del referido numeral se desprende que cuando la suspensión resulte procedente, se fijará la situación en que habrán de quedar las cosas, tomando las providencias necesarias para conservar la materia del amparo. Asimismo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y, de ser material y jurídicamente posible, restituir provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora bien, como se advierte de la narrativa efectuada por la parte quejosa en su demanda, así como de sus anexos, se desprende que lo reclamado a las autoridades legislativas responsables, consiste en una conducta de naturaleza omisiva; consecuentemente es improcedente conceder la medida cautelar. Efectivamente, con fundamento en los preceptos legales antes invocados, SE NIEGA la medida cautelar solicitada, respecto del acto reclamado, en virtud de que se trata de actos omisivos o negativos, en contra de los cuales es improcedente conceder la suspensión, porque de así hacerlo se le darían efectos restitutorios, lo cual es propio de la sentencia que, en su caso, recaiga en el juicio principal. Así, como se desprende de la interpretación teleológica de los artículos 125, 138 y 139 de la Ley de Amparo, se desprende que serán materia de suspensión los actos de una autoridad responsable, es decir, aquéllos que deriven de una conducta de hacer y que, por ende, puedan ejecutarse en perjuicio de la quejosa, pues su finalidad tiene un doble propósito, a saber, la de mantener las cosas en el estado que se encuentran al momento de la presentación de la demanda a fin de no violentar los derechos fundamentales del quejoso, así como conservar la materia del juicio; en consecuencia, las omisiones, así como los actos negativos o prohibitivos, no son materia de la medida cautelar en el juicio de amparo y por ende, su concesión resulta improcedente, en virtud de que no conllevan ejecución, ni son susceptibles de paralizarse y de estimarse lo contrario se dejaría sin materia el juicio en contravención a las disposiciones analizadas en cita. Apoya lo antes expresado, la tesis I.14o.C.8 K (10a.) del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro 2016409, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA OMISIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El acto de autoridad es la manifestación externa y unilateral de la voluntad del Estado, ejecutada por un órgano competente, que se realiza con la intención de producir consecuencias jurídicas y suele clasificarse, según su naturaleza y efectos que produce, en positivos, negativos y omisiones. Los de carácter positivo son aquellos que se traducen en un "hacer" o en la ejecución de una determinación, en tanto que los negativos se caracterizan porque la autoridad se rehúsa a hacer o conceder al quejoso su petición, mientras que las omisiones son aquellas que se materializan en una abstención de "hacer" de la autoridad responsable. Ahora bien, el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo prevé la procedencia del juicio de amparo contra normas generales, actos u omisiones de autoridad; sin embargo, ello no implica que pueda concederse la suspensión en su contra, porque dicha medida cautelar tiene por objeto paralizar actos de carácter positivo o negativo con efectos positivos, mas no omisiones en sentido estricto, puesto que equivaldría a dar efectos restitutorios a la suspensión y, por ende, implicaría dejar sin materia el juicio de amparo; por tanto, si bien es verdad que en términos de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo, así como en los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el órgano de amparo al proveer sobre la suspensión del acto reclamado debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, también lo es que dicho proceder está condicionado a que la naturaleza del acto reclamado permita su paralización porque, de otra manera, se desnaturalizaría la medida cautelar, cuyo objeto primordialmente consiste en mantener viva la materia del amparo hasta el dictado de la sentencia en que se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. Por ende, de concederse la medida cautelar en los términos solicitados por la parte quejosa, como ya se adelantó, se dejaría sin materia el juicio de amparo del que emana la presente incidencia, por lo que en ese aspecto se agotaría la materia del amparo del que deriva el presente incidente. Es así pues si bien nuestro Máximo Tribunal, ha determinado que la naturaleza de los actos reclamados, por sí misma no impide la procedencia de la suspensión, también lo es que la medida cautelar no puede coincidir exactamente, agotar o dejar sin materia una eventual sentencia de amparo. Lo anterior, encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 1096, visible a foja setecientos cincuenta y nueve, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "ACTOS NEGATIVOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.- CONTRA ELLOS ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN. Los actos negativos, para efectos del juicio de garantías son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa a hacer algo y contra ellos es improcedente conceder la suspensión" Asimismo, tiene aplicación, por los motivos que la exponen, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal, con registro 2021263 del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior.". Además, de concederse dicha medida cautelar se analizarían cuestiones que deben ser materia de estudio en la sentencia que recaiga al expediente principal, lo que constituye el acto reclamado, según se advierte del escrito de demanda y esas circunstancias no son factibles analizarlas en el incidente de suspensión, ya que son relativas al fondo del asunto que se decidirá en la sentencia definitiva del juicio constitucional. Lo anterior es así, ya que las resoluciones de suspensión no deben prejuzgar en forma alguna, las cuestiones sobre las que ha de versar la sentencia que se dicte en cuanto al fondo, en el juicio de derechos fundamentales, pues en su momento abarcará todos los elementos aportados a dicho juicio, para concluir si, en efecto, los actos reclamados afectan derechos de la parte quejosa e implican alguna violación de derechos humanos, y esa amplitud de estudio no es necesaria, tratándose del incidente de suspensión En apoyo a lo anterior, cabe citar la tesis VI.2o.J/12, publicada en la página 368, tomo I, junio de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla, y no en el de restituirlas al que tenían antes de existir el acto reclamado. Lo que sólo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al fondo." Apoya lo anterior, la tesis número cuarenta y uno, publicada en la página sesenta y siete, del informe de labores rendida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de mil novecientos ochenta y seis, que dice: "SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Con fundamento en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, no debe en suspenderse la ejecución de los actos reclamados cuando se pretenda que el Juez de Distrito se substituya a la autoridad administrativa con motivo de la suspensión, otorgando ésta en los casos en el que el particular quejoso no cuenta con una autorización prevista en un reglamento, ya que así lo impone el interés público.". En ese sentido, no es factible otorgar la suspensión con efectos restitutorios, para obligar a la responsable a actuar conforme a la pretensión de la parte quejosa, porque como se adelantó, ello es materia del fondo del asunto en la sentencia de amparo en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo. Pues será en dicho momento procesal en el que esta Juzgadora cuente con los elementos necesarios para determinar si el acto reclamado es inconstitucional o no. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis I.6o.T.3 K de la Décima Época, con número de registro 2004810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." Asimismo, se invoca la tesis XXI.2o.11, de la Novena Época, con número de registro 199059, de rubro y texto: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Se estima conveniente destacar que el acto cuya suspensión se solicita, se traduce en la omisión de videograbar la sesión extraordinaria, de uno de junio de dos mil veintitrés, en que se discutió, votó y aprobó el decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo el Estado, por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto actividad institucional del Congreso; empero, como se observa, la omisión materia de reclamo, constituye precisamente el fondo del juicio de amparo (ampliación de la demanda). De tal suerte que una hipotética concesión de la medida cautelar para los efectos que solicita la parte quejosa, no lograría preservar la materia del juicio de amparo [como lo estipula el arábigo 147 de la Ley de Amparo], sino por el contrario, extinguiría la misma, pues es éste el fin perseguido en la demanda de mérito. De esa guisa, se contravendría el espíritu del propio ordinal, pues es claro en señalar que puede establecerse una restitución en el goce del derecho violentado, pero también es enfático en señalar que ésta debe ser provisional, lo que no sucedería en la especie, puesto que el efecto para el cual solicita la suspensión, no restituiría provisionalmente al impetrante, sino que lo haría de forma definitiva (en caso que fuese procedente conceder la medida cautelar). Así las cosas, se concluye que la omisión reclamada no es un acto respecto del cual opere la restitución provisional a que refiere el artículo 147 de la Ley de Amparo, dado que la restitución que se solicita no sería provisional sino definitiva, pues lo que pretende obtener la parte quejosa con la suspensión, es la videograbación de la referida sesión extraordinaria, de uno de junio de dos mil veintitrés, celebrada por las autoridades responsables, en la que, se discutió, votó y aprobó el decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo el Estado, por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto actividad institucional del Congreso; para lo cual se requieren de mayores elementos de convicción y de un análisis más concienzudo que es propio de la sentencia de amparo; de ahí que se niegue la medida cautelar solicitada. En ese sentido, la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA", establece que para la procedencia de la suspensión en tratándose de actos omisivos, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, lo cual se ponderó en los párrafos que anteceden. COMPULSA DE DOCUMENTOS. Como está ordenado en autos del juicio principal del cual deriva el presente incidente, agréguese copia certificada de las documentales que se compulsaron y que fueron allegadas por la parte quejosa a su escrito de ampliación de demanda, para los efectos legales procedentes. PRUEBAS. Ahora, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Amparo, agréguese las documentales que se compulsaron conforme a lo ordenado en autos del juicio principal, así como la diversa exhibida por la parte quejosa con su escrito registrado con el consecutivo 18460 -petición de suspensión provisional- y ténganse como pruebas de la parte quejosa; las cuales se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia incidental. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. SE AGREGAN ESCRITOS. Agréguense los escritos signados electrónicamente por Viridiana Mercado Gutiérrez, apoderada jurídica de la parte quejosa, a través de los cuales pretende ampliar su escrito de demanda en los términos que indica; asimismo, solicita la suspensión provisional. Ahora, del contenido del primero de los referidos ocursos -registro 18384-, se desprende que además de ampliar su demanda en relación con el acto reclamado a las autoridades que indica, consistente en "La omisión de videograbar la Sesión Extraordinaria, de data primero de junio de dos mil veintitrés, en la que, supuestamente, se discutió, votó y aprobó el decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo el Estado, por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto actividad institucional del Congreso que de oficio se debe publicar, por ser parte del proceso intra-legislativo, bajo los principios de transparencia y equidad; impidiendo que la población pudiera conocerla públicamente", también manifiesta lo siguiente: "Solicitando, se tenga por reproducida la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, en el entendido de que, derivado de lo narrado, se trata del ilegal aseguramiento, no así, de una orden de cateo; a efecto de que sean emplazadas las autoridades señaladas, por los conductos legales". (Énfasis añadido). REQUERIMIENTO. Atendiendo a dicha circunstancia, y a efectos de estar en condiciones de proveer lo conducente en relación con dicha ampliación y la suspensión que solicita -registro 18460-, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de tres días, computados legalmente, aclare cuál es el acto por el que pretende ampliar su escrito de demanda. APERCIBIMIENTO. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término establecido para tal efecto, únicamente se tendrá como acto reclamado respecto de la ampliación de demanda, el que precisa en el apartado relativo a los actos reclamados de su ocurso respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO. Agréguense los oficios de cuenta, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, rindiendo el informe justificado solicitado a las autoridades responsables siguientes: OFICIO QUE SE CONTESTAAUTORIDAD RESPONSABLE21787/2023 (15015/2023 EN QUE LE FUE SOLICITADO SU INFORME JUSTIFICADO) GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON RESIDENCIA EN MORELIA 21788/2023 (15016/2023 EN QUE LE FUE SOLICITADO SU INFORME JUSTIFICADO) SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON RESIDENCIA EN MORELIA Con los informes justificados, dése vista a las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Hace valer la prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sin que haya lugar a requerir constancia alguna. DELEGADOS. De conformidad con el artículo 9° de la Ley de Amparo, téngase como delegados de la autoridad responsable a Juan Luis Sánchez Velázquez, Feliciano Rangel Zavala, Fabiola Pérez Hincapié, Iris Hernández Rivera, Juan Pablo Quintero Rodríguez y Marco Aurelio Ocegueda Miranda. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo gestiona el promovente, con fundamento en el artículo 3°, en relación con el numeral 26, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, así como del precepto 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, instrúyase al encargado del área correspondiente para que realice lo concerniente al ingreso al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes los usuario "JUANQUIROY" y "FPEREZH", ÚNICAMENTE CON EFECTOS DE AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR VÍA ELECTRÓNICA EL JUICIO EN QUE SE ACTÚA, no así, para recibir notificaciones, puesto que esto último no lo solicitó expresamente -recibir notificaciones mediante el usuario proporcionado-; por ello, éstas -las notificaciones-, deberán seguírsele practicando de la forma indicada en auto de quince de agosto del año en curso NOTIFÍQUESE.
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