Cristian Mireles Pérez

Expediente 1095/2014 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1095/2014
Año
2014
Actuaciones
11
Última actuación
27/10/2015

Partes del expediente

  • Cristian Mireles Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 21349 signado por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual acusa de recibo del oficio 34464, de veinticuatro de septiembre del año en curso, proveído en que se tuvo por consentida la ejecutoria de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el tercer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veinticinco de agosto de dos mil quince, en el cual se declaró cumplido el fallo protector. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo a la parte quejosa, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  3. Principal

    Se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la Secretaria General de Acuerdos del 2. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, acusa recibo del oficio 31103/2015, con el que se le notificó el contenido del proveído de veinticinco de agosto del año en curso (fojas 415 a 420), emitido dentro del presente asunto. Circunstancia que este órgano jurisdiccional toma conocimiento.

  4. Principal

    En veintiséis de agosto de dos mil quince, notifico personalmente a la parte tercero interesada MARÍA GUADALUPE GARCÍA IGLESIAS, EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJO, JAFET CARO GARCÍA el auto de veinticinco de agosto de dos mil quince, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, de conformidad a lo ordenado mediante proveído de diez de diciembre de dos mil catorce, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, que dice: Se ordena agregar a los autos el telegrama de cuenta, enviado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, por medio del cual acusa recibo del oficio 27750/2015, con el que se le hizo de su conocimiento el proveído de veintiuno de julio del presente año, emitido en el presente juicio (foja 395); circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficios registrados con los números de folio 18002 (fojas 333 a 345), 18560 (foja 353), y 19891 (fojas 361 a 394), las autoridades responsables manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables al 1. Juez Tercero de lo Penal de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, y a los 2. Magistrados Integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, de quienes reclamó lo siguiente: "La resolución de quince de junio de dos mil doce, pronunciada en el Toca Penal 1763/2012, del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por medio del cual se confirmó el auto de formal prisión dictado el ocho de marzo de dos mil doce, dentro de la causa penal 88/2012, del índice del Juzgado Tercero de lo Penal, en contra de Cristián Mireles Pérez, por el delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja." Ahora bien, mediante resolución de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual fue confirmada en data cuatro de junio de dos mil quince por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Cristian Mireles Pérez, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la resolución de quince de junio de dos mil doce, y dicte una nueva en la que ordene al Juez Tercero de lo Penal del Partido Judicial de Ensenada, reponer el procedimiento a partir de la preinstrucción y recabe nuevamente la declaración preparatoria del aquí quejoso, en diligencia en la que, de no designar defensor particular, deberá serle nombrado defensor de oficio diverso del que asistió a su inculpado; hecho que sea, con libertad de jurisdicción determine de nueva cuenta su situación jurídica. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos impugnados a la autoridad ejecutora, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a la ordenadora, respecto del cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio 013844, la Secretaria General de Acuerdos del 2. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, informó haber dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues emitió la resolución de seis de julio de dos mil quince, dentro del toca penal 1763/2012 de su índice; asimismo, el 1. Juez Tercero de lo Penal, con residencia en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector, lo que acreditó con el oficio 1687-II (foja 353), así como con el diverso oficio 1777-II, al cual anexó copia certificada de la resolución de doce de julio del año en curso (fojas 361 a 394); documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, los 2. Magistrados Integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante resolución de seis de julio de dos mil quince, emitida dentro del toca penal 1763/2012 de su índice, dejaron insubsistente la sentencia de quince de junio de dos mil doce, y ordenaron al Juez de la causa decretar la reposición del procedimiento de origen a partir de la preinstrucción, para que recabara nuevamente la declaración preparatoria al aquí quejoso Cristian Mireles Pérez; por su parte, el 1. Juez Tercero de lo Penal, con residencia en esta ciudad, mediante oficio 1687-II, informó que en data ocho de julio del año en curso recabó la declaración preparatoria al quejoso, misma en la que designó como defensor particular a Ricardo Escobar Magaña; asimismo, mediante resolución de doce de julio del actual (fojas 364 a 394) resolvió de nueva cuenta la situación jurídica del quejoso. De ahí que al haber dejado insubsistente la autoridad responsable 2. Magistrados Integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, la resolución materia del acto reclamado, ordenando al Juez de la causa reponer el procedimiento natural a partir de la preinstrucción -en los términos señalados en la sentencia dictada en el presente juicio-, y al haber recabado el 1. Juez Tercero de lo Penal, con residencia en esta ciudad, de nueva cuenta la declaración preparatoria al aquí quejoso, misma en la que designó defensor particular, resolviendo posteriormente su situación jurídica, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo, quedó subsanada. Sin que pasen desapercibidas para esta juzgadora las manifestaciones realizadas por el autorizado del quejoso en su escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintiocho de julio del año en curso (fojas 405 a 407), en el sentido de que si bien la autoridad responsable recabó la declaración preparatoria al aquí quejoso, la misma no reúne los requisitos a que se refieren los artículos 255, 268 y 269, todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California; asimismo, que la autoridad responsable no desahogó la prueba testimonial a cargo de Francisca Pérez, y que al momento de resolver la situación jurídica del quejoso fue omisa en expresar el alcance demostrativo de los medios de prueba, careciendo dicha resolución de fundamentación y motivación, por los motivos que expone, las cuales no deben ser abordadas en el presente cumplimiento. Lo anterior es así, debido a que dichos argumentos se apartan del núcleo esencial de la ejecutoria de amparo, en la que expresamente se concedió el amparo para el efecto de que la ad quem dejara insubsistente el acto reclamado y ordenara al a aquo reponer el procedimiento a partir de la preinstrucción, asimismo, recabara la declaración preparatoria del aquí quejoso, debiendo designar defensor, y en caso de no hacerlo, se le nombrara uno de oficio diverso al que lo asistió, y con libertad de jurisdicción resolviera su situación jurídica; máxime que los planteamientos que pretende sean analizados en el presente cumplimiento, se apartan de los efectos para los cuales se concedió la protección, y si bien es verdad que se dejó libertad de jurisdicción, también lo es que las autoridades responsables, acataron los lineamientos sin que transgredieran derechos diversos del ahora quejoso. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CX/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

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