Cristian Michael Sánchez Torres

Expediente 331/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
331/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
19/06/2019

Partes del expediente

  • Cristian Michael Sánchez Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de treinta de abril de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla (foja 36): a). Dicte el acuerdo correspondiente en el que provea lo conducente respecto del escrito que el actor, hoy peticionario de amparo, presentó el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral D-2/486/2018; y b). Ordene al actuario de su adscripción que realice la notificación de dicho acuerdo en los términos de ley Asimismo, mediante oficio recibido el cuatro de junio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que remitió copia certificada de la audiencia del juicio especial de declaración de beneficiarios, de seis de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral D-E-2/486/2018 y resolución en la que se determinó que los promoventes, aquí parte quejosa Cristian Michell Sánchez Torres, por su propio derecho y en representación de Abigail Rojas Sánchez, probaron su acción ejercitada de declaración de beneficiarios, consecuentemente se declararon como únicos y legítimos beneficiarios de los posible derechos laborales que le puedan corresponder a la extinta trabajadora. Asimismo, la autoridad oficiante manifiesta que ordenó el archivo (fojas 49 a 52). Por auto de cinco de junio de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con tales documentos, mismo que se les notificó el once del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que remitió copia certificada de la audiencia del juicio especial de declaración de beneficiarios, de seis de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral D-E-2/486/2018 y resolución en la que se determinó que los promoventes, aquí parte quejosa Cristian Michell Sánchez Torres, por su propio derecho y en representación de Abigail Rojas Sánchez, probaron su acción ejercitada de declaración de beneficiarios, consecuentemente se declararon como únicos y legítimos beneficiarios de los posible derechos laborales que le puedan corresponder a la extinta trabajadora. Asimismo, la autoridad oficiante manifiesta que ordenó el archivo. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual remite copia certificada de la audiencia del juicio especial de declaración de beneficiarios, de seis de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral D-E-2/486/2018 y resolución en la que se determinó que los promoventes, aquí parte quejosa Cristian Michell Sánchez Torres, por su propio derecho y en representación de Abigail Rojas Sánchez, probaron su acción ejercitada de declaración de beneficiarios, consecuentemente se declararon como únicos y legítimos beneficiarios de los posible derechos laborales que le puedan corresponder a la extinta trabajadora. Asimismo, la autoridad oficiante manifiesta que ordenó el archivo. Ahora, la concesión del amparo dentro del presente juicio de amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable: a). Dicte el acuerdo correspondiente en el que provea lo conducente respecto del escrito que el actor, hoy peticionario de amparo, presentó el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral D-2/486/2018; y b). Ordene al actuario de su adscripción que realice la notificación de dicho acuerdo en los términos de ley. En esas condiciones, se le tiene dando cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo. Con las referidas documentales, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual remite copia certificada de la audiencia del juicio especial de declaración de beneficiarios, de seis de mayo de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral D-E-2/486/2018 y resolución en la que se determinó que los promoventes, aquí parte quejosa Cristian Michell Sánchez Torres, por su propio derecho y en representación de Abigail Rojas Sánchez, probaron su acción ejercitada de declaración de beneficiarios, consecuentemente se declararon como únicos y legítimos beneficiarios de los posible derechos laborales que le puedan corresponder a la extinta trabajadora. Asimismo, la autoridad oficiante manifiesta que ordenó el archivo. Ahora, la concesión del amparo dentro del presente juicio de amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable: a). Dicte el acuerdo correspondiente en el que provea lo conducente respecto del escrito que el actor, hoy peticionario de amparo, presentó el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral D-2/486/2018; y b). Ordene al actuario de su adscripción que realice la notificación de dicho acuerdo en los términos de ley. En esas condiciones, se le tiene dando cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo. Con las referidas documentales, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°., se declara que la sentencia que sobresee en el juicio y ampara ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a través del Presidente Enrique Martínez Arellano, Representante de los Trabajadores José Jaime Sánchez Cuevas y Representante de los Patrones Emma Montiel Carrasco, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, realice los actos precisados en la sentencia de amparo. Se apercibe a la mencionada autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente de cien a mil unidades de medida y actualización, y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo del Sexto Circuito para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo. Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Sin que sea el caso de realizar diverso requerimiento en razón a que la junta responsable no tiene superior jerárquico, por lo que transcurrido el término de tres días previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se procederá a la remisión del expediente para el trámite de inejecución señalado en el párrafo que antecede.

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