Cristian Leyva López y Otros.
Expediente 468/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 468/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Cristian Leyva López y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez que transcurran tres años- al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de demanda presentado por ... por propio derecho, contra actos de Luis Rico Patiño, Director de la Unidad de Gestión Judicial Siete del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno con el número 468/2022 e intégrense los respectivos expedientes -físico y electrónico-. Visto el escrito de demanda presentado por ... por propio derecho, contra actos de Luis Rico Patiño, Director de la Unidad de Gestión Judicial Siete del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno con el número 468/2022 e intégrense los respectivos expedientes -físico y electrónico-. DESECHAMIENTO: De un análisis integral del escrito de demanda de cuenta, se obtiene en lo que interesa, lo siguiente: Que el nueve de abril de dos mil veintidós, en los autos de la carpeta judicial 007/0940/20222, se celebró audiencia inicial para formular imputación en contra de los aquí quejosos por el delito que la ley señala como robo a transeúnte en vía pública. No obstante lo anterior, al establecerse que existió tortura en la detención de los justiciables, el juez de control determinó calificar de ilegal su detención. Posteriormente, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa refiere que el diecinueve de abril de dos mil veintidós, a través de su defensor, se les notificó vía correo electrónico el acuerdo de audiencia inicial sin detenido dictado en la referida carpeta judicial. Establecido lo anterior, se torna inconcuso que concretamente el acto por el cual la parte quejosa pretende accionar la vía de amparo es el acuerdo por el cual se les cita a comparecer a la audiencia inicial sin detenido, en los autos de la carpeta judicial ... Acto que reclama de las siguientes autoridades: 1. De Luis Rico Patiño, Director de la Unidad de Gestión Judicial Siete del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, y; 2. De Ignacio Aguilar Romero, Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México. Establecido lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a criterio del suscrito se actualiza de manera plena e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV, del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, pues la citación para la audiencia inicial, se trata de un acto fuera de juicio que no afecta la libertad personal de la quejosa, como se muestra a continuación. Las referidas disposiciones normativas, textualmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás cosos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.] Esta última disposición, señala que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales realizados fuera de juicio. Sin embargo, ello no es suficiente para concluir que procede el amparo, ya que en este caso, esos actos deben afectar de manera directa y actual a la libertad de la quejosa. En términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la citación para audiencia inicial no conlleva, por sí misma, afectación a la libertad personal del citado, como se desprende de lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 141 de ese ordenamiento, que establecen: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y [.] De lo anterior, se colige que, la citación a la audiencia inicial consiste en la comunicación que dirige el juez al imputado, a petición del Ministerio Público, mediante la cual se le informa que éste ha solicitado una audiencia en la que se requiere su presencia, con la finalidad de formalizar una investigación seguida en su contra y formularle imputación en términos del artículo 309 de ese ordenamiento procesal. En este sentido, la citación para audiencia inicial, por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. No es obstáculo a lo anterior, el que la fracción II del artículo 141 en comento, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: La inasistencia del citado; Que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y, Que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al juez que ordene la comparecencia forzada del citado. Por tanto, y de una lectura sistemática de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por ende, este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de dos mil dieciocho, tomo I, página 239, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. No se inadvierte que la parte quejosa refiera en los antecedentes de su demanda de amparo que el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós fue informado de la citación combatida; sin embargo, de requerirle que aclare ese punto, únicamente se estaría prolongando de manera innecesaria lo aquí resuelto, pues no cambiaría en nada el sentido de la determinación. Bajo esta tesitura, procede desechar la demanda planteada, por su notoria e indudable improcedencia, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la parte quejosa. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado y por autorizados a las personas que refiere en los términos solicitados. Exhorto a tramitar el asunto "en línea" y requerimiento de algún medio de comunicación Se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se requiere propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Autorización de medios digitales Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. Publicación de datos personales Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. Habilitación al actuario Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
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