Cristian Levi Torres Silva

Expediente 324/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
324/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Cristian Levi Torres Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio que remite el Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del diverso 16697, de dieciocho de septiembre pasado, mediante el cual se le informó que causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, asimismo, se le devolvieron dos discos y un tomo de pruebas que ofreció como prueba de su parte; de lo que se toma de conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra de la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó el juicio de amparo; con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado acuerdo. Es destruible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20 del citado Acuerdo General, fracción I, razón por la que, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del citado acuerdo. Asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, respecto a las documentales remitidas por la responsable Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán con residencia en Morelia, consistente en el los autos originales del toca penal número ********************y dos discos que contienen audio y video así como registros electrónicos del cual se ordenó formar el tomo I de pruebas, de los mismos resulta innecesaria su retención, por tanto devuélvase los mismos a dicha responsable, solicitando comedidamente se sirva acusar la recepción del mismo. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    Uruapan, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado de autos, y tomando en consideración que se ordenó el archivo definitivo en los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno incidental, se acuerda: Toda vez que en el expediente en que se actúa se evidencia que en resolución interlocutoria de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Consecuentemente, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se precisa que: El original del presente cuaderno es conservable, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, se transferirá al depósito documental respectivo. Lo anterior, hágase constar en la carátula respectiva, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del citado acuerdo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Uruapan, Michoacán a las once horas del veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la Jueza Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, licenciada Esthela Pedroza Díaz, asistida de la licenciada Iliana Guzmán Cárcamo, Secretaria que da fe, se declara abierta la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 324/2023, promovido por Cristian Levi Torres Silva por conducto de su defensor privado Salvador Sánchez Suárez, contra actos que atribuye a la Cuarta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente, pese a haber sido debidamente citadas. Acto continuo, la Secretaria hace constar que en los presentes autos obra: Escrito de demanda de amparo. Auto admisorio de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Notificación en la que se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Emplazamiento de la tercera interesada Leticia Barocio Amezcua y Edwin Octavio Domínguez Juárez agentes del Ministerio Público encargados de la causa penal 186/2021 de veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Emplazamiento de la tercera interesada víctima de identidad reserva cuyo nombre y apellido corresponden a las iniciales D.M.G.C., representada por su asesor jurídico Mauricio Antonio Guzmán Mendoza de veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Asimismo, se cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO 1 Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán con residencia en Morelia. Cierto Asimismo, se hace constar que la parte quejosa no manifestó si se oponía o no, a que se publiquen sus datos personales. A lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede, asimismo, tómense en consideración el informe justificado de la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior se cierra esta etapa y se ordena la apertura de periodo probatorio. Abierta la etapa probatoria: La Secretaria hace constar que la autoridad responsable Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán con residencia en Morelia, ofreció como pruebas las documentales las siguientes: Los autos originales del toca penal número XI-44/2023 y dos discos que contienen audio y video así como registros electrónicos. Con el que se ordenó formar un tomo de pruebas. Al efecto la Jueza acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas relacionadas con antelación; a las demás partes, se les tiene por perdido su derecho para ofrecer pruebas, al no haberlas presentado por escrito, previo a esta audiencia, ni haber comparecido a la misma a exhibirlas, con lo que se cierra la etapa probatoria. Se ordena la apertura de la etapa de alegatos. Abierto el periodo de alegatos: La secretaria certifica que ninguna de las partes formuló alegatos. Al efecto la Jueza acuerda: con la certificación anterior, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos, al no haberlos presentado por escrito con anterioridad a esta audiencia, cerrándose así este período. La Jueza: Con lo anterior, se consideran agotadas las etapas procesales de la audiencia constitucional, y se procede a dictar resolución. Vistos; para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto 324/2023, que promovió Cristian Levi Torres Silva por conducto de su defensor privado Salvador Sánchez Suárez, por su propio derecho, contra actos de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, Cristian Levi Torres Silva, por conducto de su defensor privado promovió demanda de amparo, contra la autoridad y acto siguientes: III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: C. Magistrado de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. IV. ACTO RECLAMADO. La resolución de veintiuno de abril del año en curso, por la que se resolvió el recurso de apelación, tramitado en el toca penal número XI44/2023, que confirmó el auto que declaró improcedente el cambio de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa solicitada por la defensa del justiciable dictado en audiencia de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, por la Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Región Uruapan, Estado de Michoacán de Ocampo, dentro de la causa penal 186/2021, instruida al quejoso. Asimismo, el quejoso narró bajo protesta de decir verdad los antecedentes del caso y señaló que se violan en su perjuicio los derechos humanos y sus garantías que contemplan los artículos 1, 29, 14, 16, 17, 20, y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Incompetencia. En auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declaró carecer de competencia en razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo, al considerar que el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio donde este juzgado quejoso ejerce jurisdicción, toda vez que el quejoso se encuentra detenido en el centro penitenciario Lic. Eduardo Ruiz, de esta ciudad de Uruapan. CUARTO. Admisión, trámite y audiencia constitucional. En auto de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado radicó la demanda de amparo, registrándose con el número 324/2023, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; además, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo, en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución material en esta ciudad, de Uruapan, donde reside y ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados; para lo cual, se tomará en consideración los criterios del Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación de títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y, "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que Cristian Levi Torres Silva, por conducto de su defensor privado Salvador Sánchez Suárez, reclama de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán: La resolución de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal número XI-44/2023 en la cual se confirmó el auto que declaró improcedente el cambio de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa solicitada por la defensa del justiciable, en audiencia de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, por la Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Región Uruapan, Estado de Michoacán de Ocampo, dentro de la causa penal 186/2021, instruida al aquí quejoso. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Precisado el acto reclamado, corresponde determinar su existencia o inexistencia, con apoyo en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis aislada de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". Es cierto el acto reclamado, pues así lo reconoció la autoridad responsable al rendir su informe justificado. La existencia del acto reclamado, se corrobora con el toca penal número XI-44/2023 que remitió la autoridad responsable junto con su informe justificado, al que se otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su precepto 2°, y con apoyo en las jurisprudencias emitidas por el Pleno del Máximo Tribunal del país de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Improcedencia. Se analiza la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. El defensor privado del quejoso en su escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintitrés, informó que habían cesado los efectos del acto reclamado debido a que en audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva de diecinueve del mismo mes y año, el Juez de control resolvió levantar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, imponiéndole ahora medidas cautelares menos lesivas contenidas en el artículo 155, fracciones VI, VII, VIII y XIII del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, este Juzgado considera que el presente juicio de amparo es improcedente por haber dejado de existir la materia del acto reclamado, por tanto, la causa que se actualiza es la prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de Amparo. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, estableció que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII, (antes XVII de artículo 73 de la anterior Ley de Amparo), en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". En el caso, el acto reclamado es la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal XI-44/2023 en la que se confirmó el auto que declaró improcedente el cambio de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa solicitada por la defensa, que se dictó en audiencia de dieciséis de marzo del año en curso, por la Juez del Tribunal de Enjuiciamiento de la región de Uruapan, dentro de la causa penal número 186/2021 instruida quejoso; por tanto, el objeto o materia de dicha resolución en esta instancia constitucionalidad, consistía materialmente en que confirmó el auto que declaraba improcedente el cambio de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Ahora bien, el Juez de Control y Enjuiciamiento Sistema Penal, Acusatorio y Oral región Uruapan, Michoacán, en cumplimiento con lo requerido en auto de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, remitió copias certificadas del acta de audiencia sobre revisión, sustitución o modificación de medidas cautelares celebrada el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 186/2021 instruida a Cristian Levi Torres Silva en la cual en lo que interesa se resolvió lo siguiente: "Juez Resuelve: se declara procedente la incidencia planteada por la defensa privada [.] se decreta el cese de la prisión preventiva oficiosa impuesta al acusado [.] Se imponen las medidas cautelares señaladas en las fracciones VIII.- Prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la víctima y testigos: XIII- Resguardo domiciliario, el cual será en el domicilio ubicado en la calle Fresno numero 237 colonia Infonavit Aguacates, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, así mismo, trabajara en la empresa denominada Toro Constructores, ubicada en la calle Michoacán, número 38 de la colonia Ramón Farías de Uruapan, Michoacán y por último realizara sus estudios en la institución educativa Instituto ICEP Uruapan, ubicado en Avenida M. Pérez Coronado, número 5 de la colonia La Magdalena de Uruapan, Michoacán, dicho resguardo quedara a cargo de la Unidad de Medidas Cautelares de esta ciudad; informándose que el acusado, únicamente podrá salir del domicilio para los efectos respetivos de fuente laboral educativa y médicas, no podrá salir sin causa justificada y deberá estar el mayor tiempo posible en el domicilio. (.)". Asimismo, el Juez responsable remitió la boleta de libertad con número de oficio 4026/2023 de diecinueve de julio de dos mil veintitrés en la que se advierte que ordenó la inmediata libertad del aquí quejoso Cristian Levi Torres Silva, en atención a que se declaró el cese de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al acusado, para imponerse las medidas contenidas en el artículo 155 fracciones VIII y XIII del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las documentales exhibidas por el citado Juez de Control, adquieren el carácter de documental pública con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º, por haber sido realizadas y emitidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, además de que no fue objetada por las partes. Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del país: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Bajo las apuntadas consideraciones, en atención a que en la causa peal de origen el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, el Juez responsable dictó una resolución en la que declaró procedente la incidencia planteada por la defensa privada, decretó el cese de la prisión preventiva oficiosa impuesta al acusado aquí quejoso e impuso diversas medidas cautelares tales como: prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la víctima y testigos y el resguardo domiciliario; siendo la resolución de segunda instancia que había confirmado aquella prisión preventiva oficiosa, la que constituye el acto reclamado. Por tanto, se impone concluir que la materia de la resolución de segunda instancia de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, aquí reclamada, ha dejado de existir, esto es la prisión preventiva oficiosa decretada al quejoso y, por ende, dicha resolución (que declaró improcedente el cambio de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa) ya no podrá concretarse en perjuicio del aquí quejoso, debido a que con motivo de diverso incidente promovido por la defensa privada del acusado, el Juez de Control emitió una nueva resolución el diecinueve de julio de del presente año, en la que dejó sin efectos dicha prisión preventiva. En vista de lo anterior, se impone concluir que la resolución reclamada de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, que aquí se reclama, no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 63 fracción V, de la ley de la materia. Apoya lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia e la Nación: Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76, 79, y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Cristian Levi Torres Silva contra los actos que reclama de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. NOTIFÍQUESE. Y por oficio a la autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes).

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