Cristian Josue Muñoz Roblero

Expediente 557/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
557/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/11/2021

Partes del expediente

  • Cristian Josue Muñoz Roblero

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la presente fecha ha transcurrido el término legal de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de desechamiento. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 2 Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través del acuerdo dictado en este asunto, se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha desechado la demanda respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 3 ??????????????? transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, no ha lugar a pronunciarse en relación a la devolución de documentos, toda vez que en el presente asunto no fueron exhibidos por la parte quejosa con su escrito de demanda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial que inmediatamente antecede, de la que se advierte la imposibilidad de notificar a la parte quejosa Cristian Josué Muñoz Roblero y otros, el proveído dictado el veintiocho de octubre del año en curso, por la razón asentada en la actuación actuarial que antecede. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación de dicho auto, y las subsecuentes determinaciones aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija diariamente en este juzgado. Notifíquese por lista. Así lo proveyó y firma el licenciado Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido del licenciado Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    EXPEDIENTE Y REGISTRO Vista la demanda promovida por Cristian Josué Muñoz Roblero, Martha Silvia de León Maldonado, Amador Vázquez Díaz y Andrés Velázquez Orozco, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Fiscal General del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, y de otra autoridad; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 557/2021 III-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo vigente, estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El transcrito dispositivo legal autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda cuando exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia. (...) En esencia, la citada tesis señala que se debe entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal de orden público, de estudio preferente y oficioso, en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. Pues bien, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: La omisión de la autoridad responsable al no judicializar y solicitar el ejercicio de la acción penal correspondiente a la carpeta de investigación número 00020-101-1301-2021. Ahora bien, contra dicho acto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, ya que no se observó el principio de definitividad a que se sujeta la procedencia del juicio de amparo, en tanto que previo a su promoción, se debió combatir el acto reclamado a través del medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así es, el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. [...]". Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado es pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y, en su contra procede algún recurso, juicio o medio de defensa a través del cual puede ser revocado, anulado o modificado. En el caso, el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.". El indicado dispositivo legal del código de enjuiciamiento penal, establece que la víctima u ofendido, en los procedimientos previstos en ese código, tendrán, entre otros derechos, el de impugnar las determinaciones, omisiones o determinaciones que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código y en las demás disposiciones legales aplicables. Para lo cual prevé en su numeral 258 trascrito, que las determinaciones del Ministerio Público las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sea notificada de dicha resolución. Que en estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. En ese sentido, acudir ante el Juez de Control respectivo, constituye un recurso o medio legal (ordinario) que permite remediar a la parte quejosa la actuación del fiscal del Ministerio Público, que reclama en esta vía constitucional, ya que puede acudir a promover el medio de impugnación indicado. Ello es así, porque si la quejosa pretende accionar este medio de control constitucional con la finalidad de reclamar la negligencia del Ministerio Público al negarse o no pronunciarse respecto de la integración de la carpeta de investigación iniciada por los aquí quejosos, debe decirse que, primero, no es el medio idóneo para tales efectos pues esa declaración compete solamente a los juzgados del fuero común (juez de control); y en segundo lugar, está en aptitud de acudir ante el juez de control competente a ejercer la inconformidad ante el juez correspondiente, actualizándose con ello la causal de improcedencia de la acción constitucional. Cobra aplicación al caso, la tesis jurisprudencial 27/2018 (10a.), relativa a la contradicción de tesis 233/2017, que al rubro, dice: (...) De la misma forma resulta aplicable la tesis jurisprudencial 28/2018 (10a.), relativa a la contradicción de tesis 233/2017, que al rubro, dice: (...) En esas tesis, se afirma que la actuación del Fiscal del Ministerio Público en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, reclamada en esta instancia de control constitucional, no cumple con el principio de definitividad del juicio de amparo, al no haberse agotado el medio de impugnación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ante la instancia correspondiente (juez de control). Mismo criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al resolver el recurso de queja 1/2019, relatico al juicio de amparo 1305/2018 de nuestro índice. Bajo esas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia en trato, con apoyo en el ordinal 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de referencia. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que dice: (...) DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a la parte demandante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que nombra en su demanda de amparo Edgar Nájera Guerrero y Roger Roblero Orella, hasta en tanto acrediten que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. RESERVA DE INFORMACIÓN (...) DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA OBTENCIÓN Y USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (...) DATOS DE CONTACTO Y/O LOCALIZACIÓN (...) Notifíquese personalmente...

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