Cristian Joshep Zamudio Betancourt
Expediente 642/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 642/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Cristian Joshep Zamudio Betancourt
- Fiscal Regional de la Zona Sur Poniente del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 642/2021-II-B, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Por otra parte, toda vez que el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Robo de Vehículo y Delitos contra la Salud de la Fiscalía Regional Sur Poniente en el Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las nueve horas con veinte minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, día y hora señalados en el juicio de amparo 642/2021-II, promovido por ******************** por su propio derecho, para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, quien actúa asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia sin la comparecencia de ninguna de las partes en observancia con el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por el diverso 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS, en concordancia con la tesis aislada 2ª. XLVI/98, con registro 196531, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998, página 254, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SU FALTA DE RELACIÓN EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA, POR SÍ SOLA, NO CAUSA AGRAVIO A LAS PARTES.", el Secretario da cuenta las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito inicial y de alegatos y la autoridad responsable a su informe justificado. El Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten la pruebas relatadas por el Secretario, que se desahogan por su propia y especial naturaleza jurídica y que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. CERRADO EL PERIODO DE PRUEBAS Y ABIERTO EL DE ALEGATOS. El Secretario hace constar que sólo parte quejosa formulo alegatos, a lo anterior el Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: téngase por vertidos los alegatos que formula el peticionario de amparo y en virtud de que no existe cuestión pendiente por proveer, se da por concluida la etapa de desahogo de pruebas y alegatos y se ordena dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Doy fe. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 642/2021-II, promovido por ******************** por su propio derecho. RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito depositado el siete de junio de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado al siguiente día a este órgano jurisdiccional, ******************** por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Robo de Vehículo y Delitos contra la Salud de la Fiscalía Regional Sur-Poniente en el Estado de Morelos y ********************. SEGUNDO. Por auto de veintiséis de mayo del presente año, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que inició al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; donde radican las autoridades responsable a quien se le atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Robo de Vehículo y Delitos contra la Salud de la Fiscalía Regional Sur-Poniente en el Estado de Morelos y ********************: La omisión de dar contestación al escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno en la carpeta de investigación ********************. TERCERO. Inexistencia del acto. Es inexistente el acto atribuido al ********************; pues así lo manifestó dicha autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado. Se afirma lo anterior, puesto que la parte quejosa no acreditó haber elevado pretensión alguna a la autoridad señalada como responsable, en la que haya cumplido con las exigencias mínimas a que se refiere el artículo 8° Constitucional, esto es, solicitud por escrito, en la que le haya pedido, requerido o demandado algo. Ello es así, toda vez que si bien es cierto, del acuse que acompañó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, se advierte que en su parte superior izquierda dice "C. Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Unidad de Delitos Contra la Salud y Robo de Vehiculos de la Zona Sur Poniente del Estado de Morelos"; también lo es, que únicamente se advierte el sello de recibido correspondientes a la Unidad de Delitos Contra Salud y Robo de Vehículos, lo que denota que no fue presentado ante la autoridad ********************; sin que la parte impetrante haya exhibido documental alguna que probara su dicho. Por ende, resulta incuestionable que la parte quejosa no realizó manifestación que revistiera el carácter de petición que alude el arábigo 8° de la Carta Magna, el cual establece: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.- A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.". Del precepto legal transcrito, se constata que el derecho de petición es consagrado en la Constitución como uno de los derechos públicos subjetivos fundamentales del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales, para dar contestación por escrito y en breve término a las solicitudes formuladas por los justiciables. El ejercicio del indicado derecho tiene como presupuesto, que el gobernado eleve por escrito, de manera pacífica y respetuosa, la petición correspondiente al funcionario o empleado titular del órgano del Estado, para que éste tenga el deber ineludible de darle respuesta a las peticiones que de esa manera le formule todo gobernable, por ser éste el titular de la potestad jurídica de petición derivada de la norma constitucional como derecho subjetivo público individual; por tanto, no obstante que la parte quejosa haya manifestado que autoridad Fiscal Regional interviene a través de un visto bueno; sin embargo, atendiendo al acto que por esta vía constitucional se combate -omisión de dar contestación al escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno- no podría exigirse de dicha autoridad atienda lo solicitado en el mismo, si el impetrante no demostró que haber cumplido con los requisitos señalados, es decir, haberle realizado por escrito, de manera pacífica y respetuosa, la petición correspondiente. De esta forma, si de autos se aprecia que la parte quejosa, reclamó del ********************, la omisión de dar contestación al escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en el que solicitó la entrega de la copia física cotejada de la orden de devolución del vehículo ********************, así como de la identificación de la persona que compareció y documento con el cual acreditó su propiedad del vehículo relacionado con la carpeta de investigación ********************, sin que se haya demostrado que efectivamente se exhibió el aludido ocurso ante la responsable antes precisada, es inconcuso que al no existir una petición formal realizada a la autoridad señalada como responsable, ésta no se encontraba obligada a emitir respuesta alguna; de ahí que se evidencie aún más, la inexistencia del acto por esta vía reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 42/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el página ciento veintiséis, Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de dos mil uno Novena Época, que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." En ese sentido, se repite, estamos ante la inexistencia del acto reclamado. Por ende, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, en relación con el acto reclamado aquí analizado y autoridad precisada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número IV.3o.72.K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible a página 254, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, de Enero de dos mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías.". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Robo de Vehículo y Delitos contra la Salud de la Fiscalía Regional Sur-Poniente en el Estado de Morelos, pues no obstante de que al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, de su lectura se advierten manifestaciones que evidencian su certeza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de número de registro digital 211004, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Lo anterior también se corrobora con las fotocopias certificadas de la carpeta de investigación ********************, que remitió la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Robo de Vehículo y Delitos Contra Salud de la Fiscalía Regional Sur Poniente en el Estado de Morelos. Constancias a las que se les concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación que esgrimen los impetrantes, debe verificarse la procedencia de este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; pues de resultar acreditada alguna causa de improcedencia, advertida por el juzgador o mencionada por las partes, habría imposibilidad para examinar la constitucionalidad de los actos reclamados. En ese sentido, respecto del acto reclamado a la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Robo de Vehículo y Delitos Contra la Salud de la Fiscalía Regional Sur Poniente en el Estado de Morelos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Dicha causal de improcedencia se actualiza cuando durante la substanciación del juicio, el acto reclamado queda insubsistente y las cosas han regresado al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, realice la acción que se le reclama, en el caso de las de índole negativo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto negativo ya no agravie al quejoso. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo vigente, es decir, la restitución al solicitante de amparo en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Situación que se actualiza en la especie, pues el acto de autoridad por el cual la parte quejosa acudió a esta instancia, dejó de existir en la realidad jurídica y por ende, no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad de los mismos, dado que ya no hay derecho fundamental que reparar, en virtud que la parte quejosa reclamó en este juicio biinstancial la falta de respuesta del escrito de petición presentado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, ante la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Robo de Vehículo y Delitos Contra la Salud de la Fiscalía Regional Sur Poniente en el Estado de Morelos; mediante el cual solicitó la entrega de la copia física cotejada de la orden de devolución del vehículo ********************, así como de la identificación de la persona que compareció y documento con el cual acreditó su propiedad del vehículo relacionado con la carpeta de investigación ********************. Cabe destacar que la autoridad responsable remite la constancia de notificación realizada el dieciocho de junio de dos mil veintiuno practicada al aquí quejoso respecto del acuerdo emitido el veinticinco de mayo del año en curso en la carpeta de investigación ********************, por lo que no puede estimarse como resarcida la transgresión a la garantía de acceso a la justicia alegada, a la fecha de presentación de la demanda, al no haberse satisfecho en todos sus extremos la omisión combatida; puesto que la existencia del acto impugnado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, en el caso el siete de junio del año que transcurre; por ello, no obstante de que a esa fecha ya se había pronunciado respecto al escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, la conducta omisiva deriva de que no había sido enterada la parte quejosa de dicha determinación. En consecuencia, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable ya se había pronunciado sobre el escrito de mérito, pero la parte quejosa no tenía conocimiento de tal determinación; por lo que debe considerarse que a la fecha de la presentación de este juicio de amparo la omisión atribuida a la responsable, sí existía. De lo anterior, adviértase que la molestia en la garantía contemplada en el artículo 8° Constitucional, reclamada por la parte quejosa, ha cesado, ya que la autoridad responsable dio respuesta a lo solicitado por la quejosa mediante escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, y se lo notificó el dieciocho de junio del mismo año y al efecto, remitió copias certificadas de las constancias que acreditan su dicho. Documentales a las cuales se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, al tratarse de documentos públicos expedidos por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, las cuales no fueron objetadas por alguna de las parte en el presente juicio de amparo. Luego, de lo anterior se obtiene que ya se dejó sin efectos la falta de trámite a la petición presentada el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación ********************, del índice del Ministerio Público responsable que constituyó el acto reclamado, con motivo de la emisión del acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, el cual fue notificado al aquí quejoso el dieciocho de junio del año que transcurre; lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ante la imposibilidad de analizar actos que ya no están surtiendo sus efectos. En consecuencia, es palmario que en la especie, han cesado los efectos del acto reclamado, pues se dejó sin efectos la falta dar contestación a su escrito presentado el veintiuno de mayo del año en curso, por lo que puede estimarse como resarcida la transgresión al derecho de petición alegado, al haberse satisfecho en todos sus extremos la omisión combatida por ende, es evidente que en el caso se actualiza la causa de improcedencia en análisis, la cual, a su vez, provoca el sobreseimiento en el presente juicio conforme a lo que dispone la fracción V del artículo 63, de la ley de la materia. Apoya la presente determinación, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, página 605, Novena Época, bajo el registro 168189, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Así también resulta aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1988, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En consecuencia al haberse decretado el sobreseimiento respecto del acto reclamado releva a este órgano de control constitucional del estudio de los conceptos de violación -esgrimidos contra la infracción reclamada-. En apoyo de lo anterior es de invocarse la jurisprudencia sin número, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Séptima Época, con número de registro 239006 de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Consecuentemente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de amparo, y se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ********************, respecto del acto y autoridad precisada en el considerado segundo por los motivos expuestos en el tercero y último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo resolvió y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante Jorge Manuel Díaz Carranza, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito signado por la parte quejosa CRISTIAN JOSHEP ZAMUDIO BETANCOURT, mediante el cual ofrece pruebas documentales y realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos en relación al informe justificado rendido por la autoridad responsable; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes. En atención al contenido, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la parte promovente en vía de alegatos; asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las documentales que exhibe, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza y de las que se hará relación en el momento procesal oportuno. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Cartier Roberto Arroyo Pineda, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a quince de julio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito de la parte quejosa CRISTIAN JOSHEP ZAMUDIO BETANCOURT, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en relación al informe justificado rendido por la autoridad responsable; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda. En atención a su contenido, se tienen hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, de los que se hará relación en el momento procesal oportuno, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Gabriela Tirado Ruiz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular autorizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y comunicada mediante oficio CCJ/ST/2059/2021 de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.
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