Cristian Javier Morales Collazo

Expediente 876/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 39 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
876/2021
Año
2021
Actuaciones
39
Última actuación
06/10/2022

Partes del expediente

  • Cristian Javier Morales Collazo
  • Cristian Javier Morales Collazo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a seis de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obren en autos los acuses de recibo de las notificaciones a las autoridades responsables, toda vez que éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, pues su sentido no les causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...Vistos, para dictar sentencia ...SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: - La orden de deportación. - La orden de detención y su ejecución. 08/12/23 19:24:38 TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, 1. Subdirectora de Juicios de Amparo en ausencia del Sub Comisionado Jurídico y del Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México; 2. Sub representante Zona Sur de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula; 3. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos y Atención al Migrante por ausencia del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en Tapachula; 4. Representante Local, Encargada de la Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en Villahermosa; 5. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con sede en Veracruz; 6. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla, Puebla; 7. Subdirector de Control y Verificación Migratoria en suplencia por ausencia del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo; 8. Sub representante Local y Encargado del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo; 9. Sub Representante Federal en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, en suplencia por ausencia del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua; 10. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México; 11. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, con sede en Toluca; 12. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca; 13. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representantes del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, San Luis Potosí; 14. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional en el Estado de Querétaro, Querétaro; 15. Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey; 16. Titular de la Oficina de Representación en Guanajuato del Instituto Nacional de Migración, con sede en León y 17. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, Zacatecas; al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados. Los quejosos no aportaron prueba alguna tendente a desvirtuar tal negativa; en consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También es aplicable la jurisprudencia número I.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por 1. Cristian Javier Morales Collazo; 2. Carlos Daniel Morales Collazo; 3. Claudia Aguilar Collazo; 4. Haydelen Morales Collazo, 5. Miguel Ángel Álvarez Peña, 6. Yanarys Alonso Hernández; 7. Félix Orlando Aldaz Rodríguez; 8.Ariel Mayo Cabrera; 9. Chayanne Rizo Alloroa; 10. Chailin Rizo Quevedo; 11. Arlyn Quevedo Toro; 12.Yeisnel Hernández Suarez y; 13. Norbiel Miranda Martínez, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando tercero de este fallo y por los motivos ahí expuestos

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, a diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el 8. Sub representante Local y Encargado del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, respecto a los quejosos. en atención al requerimiento de quince de julio del año en curso; por tanto, dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación del presente. Notifíquese.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, a quince de julio de dos mil veintidós. Agréguese el informe justificado rendido por el 8. Sub representante Local y Encargado del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, respecto de los quejosos 1. Cristian Javier Morales Collazo; 2. Carlos Daniel Morales Collazo; 3. Claudia Aguilar Collazo; 4. Haydelen Morales Collazo, 6. Yanarys Alonso Hernández; 7. Félix Orlando Aldaz Rodríguez; 8.Ariel Mayo Cabrera; 9. Chayanne Rizo Alloroa; 10. Chailin Rizo Quevedo; 11. Arlyn Quevedo Toro y; 12.Yeisnel Hernández Suarez; dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo. Por otra parte, del citado oficio, se advierte que la autoridad antes citada, pretende dar cumplimiento al requerimiento realizado el veintinueve de junio del año en curso, pues refiere rendir su informe justificado solicitado respecto de 5. Miguel Ángeles Álvarez Peña y 13. Oribel Miranda Martínez; sin embargo, los nombres correctos de los quejosos son 5. Miguel Ángel Álvarez Peña y 13. Norbiel Miranda Martínez. Por tanto, requiérase vía telegráfica, sin perjuicio de hacerlo por la ordinaria, al 8. Sub representante Local y Encargado del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio por el que se le comunique el presente proveído, aclare el contenido de su informe respecto a los quejosos 5. Miguel Ángel Álvarez Peña y 13. Norbiel Miranda Martínez. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa que podrá ir de cien a mil Unidades de Medida de Actualización, conforme a su valor diario, en términos de lo dispuesto por el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

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