Cristian Iván Tamayo Meneses

Expediente 1105/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1105/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
13/05/2022

Partes del expediente

  • Cristian Iván Tamayo Meneses

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, trece de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y de la copia certificada que se ordenó agregar a los presentes autos, se advierte que el oficio 8175/2021, dirigido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, fue entregado, sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna. No obstante lo anterior, vista la consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la página http://sise.cjf.gob.mx/Sise/Consultas/BuscarPartesOrganosII.aspx, se aprecia que el juicio de amparo 1105/2021, del índice de órgano jurisdiccional, fue turnado al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, quien lo radicó bajo el número de amparo 21/2022, de su índice, como se advierte del acuerdo de siete de enero de dos mil veintidós, emitido por dicho juzgado federal, que en lo conducente adujo ".Agréguese a los presentes autos el oficio de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual remite el expediente del juicio de amparo 1105/2021 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Cristian Iván Tamayo Meneses y Eduardo Guadalupe Correa Rivero, por derecho propio, (.) en tales condiciones, este órgano jurisdiccional ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA y SE AVOCA al conocimiento del asunto.". Se solicita acuse de recibo. En consecuencia, dado que no obra el acuse de recibo, solicítese el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, para que a la brevedad posible y de no tener inconveniente legal alguno, acuse el recibo correspondiente, respecto del expediente 1105/2021, del índice de órgano jurisdiccional, por el que aceptó la competencia y se avocó el conocimiento; lo anterior, para proveer el archivo del presente expedientillo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional declinó su competencia para conocer del presente asunto, en favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno; situación por la cual, el original del expediente en que se actúa fue remitido a la citada autoridad mediante oficio 32822/2021. Ahora, toda vez que del comprobante de entrega de envío, a través del cual fue remitido el oficio 32822/2021 al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, fue recibido el tres de enero del año en curso, sin que a la fecha se tenga conocimiento del Juzgado de Distrito, al cual por razón de turno, fue remitido; requiérase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días posteriores a la recepción del oficio que contenga el presente auto, informe a qué juzgado de distrito, fue turnado el oficio 32822/2021, que contiene el auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de amparo 1105/2021-III del índice de este Juzgado, para lo cual, agréguese copa certificada del comprobante de entrega electrónico emitido por ESTAFETA. Apercibido que de no hacerlo dentro de la temporalidad concedida, o de no informar por escrito el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 260, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Se hace efectivo el apercibimiento Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido a los quejosos, mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós (fojas 8 a 13), sin que los quejosos dieran cumplimiento al requerimiento precisado en el auto señalado, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se provee al respecto: Se declina competencia Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, se toma en consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal de análisis previo a cualquier otra cuestión, por lo que se procede a examinar si en la especie se satisface este requisito. En el caso este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo presentada por las consideraciones que a continuación se exponen. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "... Del citado precepto legal se advierten tres hipótesis para fijar la competencia del juez de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: a) Es competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Al respecto, debe decirse que el acto reclamado encuadra en la hipótesis descrita en el inciso a), particularmente, en lo relativo a que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, pues el acto reclamado lo constituye la orden de aprehensión, por lo que para determinar la competencia debe establecerse en qué lugar tiene ejecución, trata de ejecutarse, se está ejecutando o se ha ejecutado dicha orden. Ahora, del estudio de la demanda de amparo se advierte que los quejosos atribuyen los actos reclamados a autoridades con residencia en el Estado de Puebla; esto es, se encuentran fuera del lugar donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción, por ello, es evidente que si la orden de aprehensión de los quejosos reclamada constituye actos que por su naturaleza requieren de ejecución material, ésta no se verificará en el Estado de Tlaxcala. En virtud de lo expuesto, y toda vez que se evidencia que el acto reclamado se intentara ejecutar en el Estado de Puebla, y se señalaron autoridades con residencia en dicha Entidad Federativa, de ahí que es incuestionable que el acto no tenga posibilidad de ejecución en esta Entidad donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. Sobre el tema de competencia se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la competencia penal 6/95, en cuya parte conducente sostuvo: "En efecto, de la íntegra lectura de la demanda de garantías se advierte que la peticionaria del amparo señaló como autoridades al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán y al Comandante de la Policía Judicial del Estado de Puebla del Tercer Subsector, en Tehuacán, ambos con residencia en el Estado de Puebla, a los que les reclamó la orden de aprehensión, que según manifiesta emitieron en su contra y su ejecución que pretende llevar a cabo el Comandante de la Policía citada. Por otra parte, también se desprende del ocurso de referencia que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que su domicilio particular lo es el ubicado en la calle Poniente 5, departamento 1, de la casa número 306, de la ciudad de Orizaba, Veracruz, y no sólo suscribió el escrito inicial de garantías, sino que además lo presentó ante el juzgado federal de la localidad, por razones de urgencia, lo que expresó para los efectos de la competencia del juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz. Ahora bien, con independencia de lo expresado en el párrafo anterior, en el caso concreto se estima que el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla es el competente para conocer y resolver del juicio de amparo, habida cuenta que dentro de su jurisdicción radican las autoridades que, según manifiesta la propia quejosa pretenden ejecutar el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, sin que de la lectura de la demanda de garantías se advierta que hubiese señalado alguna autoridad ejecutora con residencia en la jurisdicción del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. No es óbice para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que la promovente del amparo haya manifestado bajo la protesta legal, que su domicilio particular lo es en el Estado de Veracruz, toda vez que, la ejecución de la orden reclamada no puede presumirse por el simple hecho de que la agraviada haya signado y presentado su demanda, como lo hizo en Veracruz, Veracruz, ni porque haya manifestado tener su domicilio particular en aquel lugar, pues tal conclusión es meramente apreciativa, dado que para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad dentro de la jurisdicción del juez federal mencionado, no puede estimarse que la orden de aprehensión forzosamente deba ejecutarse en el lugar en donde la quejosa, aparentemente, tiene su domicilio particular, pues bien podría cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares. En tal tesitura, sirve de apoyo la tesis relacionada con la de Jurisprudencia número 413, citada en la página 702, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo Estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares". Asimismo, resulta aplicable la tesis relacionada con la de Jurisprudencia número 404, visible a páginas 695, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyo texto es del tenor siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO.- Si no se ha señalado por la autoridad responsable, a ninguna otra para que ejecute el acto que se reclama, es competente para conocer del juicio de garantías, el juez de Distrito del lugar en donde resida la autoridad de quien emana el acto". Por tanto, si la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo de que se trata emanó, según la quejosa, del Juez de Primera Instancia de Puebla y se pretende ejecutar por la Policía Judicial del mismo Estado, consecuentemente procede decidirse el conflicto competencial en favor del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, con residencia en la misma ciudad." De la citada ejecutoria derivó la jurisprudencia por reiteración consultable en la página 97, tomo II, septiembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." Aunado a lo expuesto, debe puntualizarse que el propósito del legislador fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que el afectado disponga de mejores posibilidades de defensa, por ello estableció las referidas reglas de competencia, para que el particular esté en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva, aunado a que si un Juez de Distrito resuelve un juicio de amparo respecto del cual carece de competencia, tal circunstancia constituye una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, por su idea jurídica, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 383, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto de dos mil trece, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En conclusión, si los quejosos señalaron como acto reclamado la orden de aprehensión, el cual no tendrá posibilidad de ejecución en esta Entidad donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, y de entre las autoridades responsables señalaron a las que tienen su residencia en el Estado de Puebla, es claro que corresponde conocer del presente juicio de amparo a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por ser el órgano que se estima competente para ese efecto, en términos de los artículos 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, por su exacta aplicación, la jurisprudencia PC.XI. J/2 K (10a.), sustentada por el Pleno del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 1024, Libro 39, Tomo II, en Febrero de 2017, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE ATRIBUYE AL JUEZ DE DISTRITO DEL CONOCIMIENTO, DEBE DECLARAR SU FALTA DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL ASUNTO Y DECLINARLA AL QUE ESTIME COMPETENTE, CONFORME AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación armónica de los artículos 38 y 51, fracción IV, de la Ley de Amparo que prevén, el primero, el supuesto de competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra actos de un Juez de Distrito y, el segundo, la hipótesis de impedimento cuando el Juez de Distrito tenga el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo por haber emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado, puede establecerse que la primera hipótesis corresponde al caso en el que el acto reclamado fue emitido por el juzgador federal en o con motivo de su actuación en el propio órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, de donde le resulta aplicable la regla especial de competencia contenida en esa disposición y, la segunda, se encuentra determinada para los casos en que el juzgador de amparo hubiese tenido la titularidad de la entidad pública a la que se atribuye el acto en la demanda de amparo indirecto que ahora es de su conocimiento. Por tanto, cuando el acto reclamado se encuentra atribuido al Juez de Distrito en o con motivo de su actuación en el órgano jurisdiccional que conoce de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, debe declarar su falta de competencia legal para conocer del asunto y declinarla al Juez de Distrito que estime competente". En tales condiciones, este Juzgado Tercero de Distrito en esta entidad, declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por Cristián Iván Tamayo Meneses y Eduardo Guadalupe Correa Rivero; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48, último párrafo de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente proveído, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el original del presente juicio, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de ese lugar, para los efectos legales conducentes, solicitándole que de no existir inconveniente alguno se sirva acusar recibo e informe si acepta o no la competencia planteada. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

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