Cristian Ibarez Vargas

Expediente 504/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
504/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • Cristian Ibarez Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL. 504/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil veintitrés. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en el que se acusa recibo de los autos de este expediente; asimismo, se advierte que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada a su favor, radicándolo con el juicio de amparo ********************. 2. Aspecto previo al archivo del cuaderno de antecedentes. Por otra parte, previo a establecer lo procedente sobre el archivo del cuaderno de antecedentes, comuníquese a las partes que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 3. Archivo del cuaderno de antecedentes. Ante ello, y como en este expediente y en la caja de valores de este Juzgado no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este cuaderno de antecedentes como definitivamente concluido. 4. Destino. Con fundamento en el artículo 21, inciso j), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual, transcurridos tres años a partir de la fecha en que se ordenó el archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, y remítase en su momento el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Instrucción a la secretaria de la adscripción. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificara que en el expediente electrónico fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    P. 351/2022-mesa 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Solicita copia parte quejosa. Agréguese el escrito signado por la quejosa ********************, por el que solicita copia de la sentencia emitida el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés; al respecto, se provee: Hágase del conocimiento de la parte quejosa que, como se le dijo en acuerdo de fecha dos de diciembre del año anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integran únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, de modo que ya no obran físicamente los acuerdos emitidos en los juicios de amparo e incidentes de suspensión, en razón de que se firman electrónicamente y son vinculados al expediente electrónico; esto es, ya no se encuentra impreso el acuerdo cuya copia requiere. Por tanto, como los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes y, así, a través del usuario autorizado para ello, se estará en condiciones de consultar todas las actuaciones que se integrarán al expediente electrónico con firma electrónica y descargar los documentos que requiera, pues la evidencia criptográfica de la firma respectiva se considera como copia certificada electrónicamente, tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico, como así lo dispone el segundo párrafo del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; pero considerando que dicha parte procesal no cuenta con el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, se ordena descargar el archivo que contiene la sentencia de amparo dictada en este expediente e impresión para su entrega a la parte solicitante; previa razón y constancia que de su recibo se deje en autos. Por lo cual, la parte quejosa podrá comparecer ante este órgano jurisdiccional en un horario de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos de lunes a viernes hábiles. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL. 504/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida el veinticuatro de mayo de este año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada en este Juzgado en la misma fecha, promovida por ****, por propio derecho, contra actos de la magistrada de la Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado Oaxaca y otra autoridad; fórmese el expediente 504/2023. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que en el expediente electrónico sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 3. Incompetencia. Por ser un presupuesto procesal que trasciende al orden público, previamente, se debe considerar si el acto que se reclama en este juicio da motivo para que este Juzgado continúe conociendo del mismo y pueda analizarse su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin que obste que el análisis de la competencia se realice en este momento, pues antes de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto debe resolverse si este Juzgado tiene o no competencia para conocer del asunto; de no hacerlo así, es inconcuso que se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo, al no tener competencia plena para resolver, lo que puede conllevar a la reposición del procedimiento, en perjuicio de la parte quejosa y en contravención a la pronta administración de justicia, que prevé el artículo 17 constitucional. Es aplicable la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En consecuencia, se procede a examinar si, en el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, es legalmente competente, POR RAZÓN DE TERRITORIO, para analizar la constitucionalidad o no de los actos reclamados por la parte quejosa, pues ello es un presupuesto procesal de orden público y preferente. El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la interpretación del artículo 37 de la Ley de Amparo, transcrito, se advierten tres supuestos básicos para que los jueces de Distrito conozcan de un juicio de amparo, a saber: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será legalmente competente el juez de Distrito de esas jurisdicciones que prevenga en el conocimiento del asunto, es decir, ante quien el gobernado presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. De lo anterior se colige que lo que distingue a las dos primeras reglas competenciales, es que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material. En efecto, la primera regla se refiere al supuesto en que la ejecución se produzca en una jurisdicción; mientras que la segunda se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes, al precisar que el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro. Finalmente, la tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Luego, al ser el tema de la ejecución el factor a considerar, es inconcuso que para establecer la competencia de los jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto por razón de territorio, debe analizarse si el acto reclamado, por su naturaleza, tiene o no ejecución material. Caso concreto. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridad ordenadora: 1) Magistrada de la Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Autoridad ejecutora: 2) Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Pochutla, Oaxaca. Actos reclamados: (Imagen escaneada) De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el tribunal de segunda instancia 1) declaró la nulidad parcial de la audiencia de catorce de febrero del año en curso, dictada por el juez del proceso penal y 2) ordenó la reposición del procedimiento en la causa penal ****, para el efecto de que el juez natural emita una nueva resolución. En consecuencia, como la causa penal **** se tramita ante el Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Pochutla, Oaxaca, y los efectos del acto reclamado se trasladan directamente al proceso penal; por ello, tiene ejecución material en dicho lugar donde ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca; ello, conforme a lo establecido por el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito que, en lo sustancial, establece: "ACUERDO GENERAL 3/2013: XIII. DÉCIMO TERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." (Lo resaltado es propio) Por tanto, el Juzgado de Distrito, en turno, en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, es legalmente competente para conocer del asunto, en términos del artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Volumen 217-228, Séptima Parte, página 88, registro 245025, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". Por las consideraciones expuestas, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca no es competente legalmente para conocer de la demanda de amparo en cita; en consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo envíese este juicio de amparo 504/2023 y las seis copias de demanda que acompaño, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca, para que lo remita al juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz, a fin de que determine si acepta o no el conocimiento del asunto; solicitándole atentamente el acuse de recibo respectivo. 4. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias relativas. 5. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en el escrito de demanda; asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tienen por autorizados en términos de ese numeral, a ****(cédula profesional 3661962), **** (cédula profesional 5853855), ****(cédula profesional 4654558) y ****(cédula profesional 8929680), por haberse encontrado registradas sus cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesionistas. 6. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 7. Publicación de versión pública de sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; pero tratándose de la resolución o sentencia que llegue a dictarse, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia haya sido integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado, de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 8. Medios tecnológicos y soluciones digitales aplicables a expedientes. Atendiendo a los artículos 252, 253, 261 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente, se comunica a las partes que a partir del siete de noviembre del dos mil veintidós este órgano jurisdiccional tramitará e integrará este asunto a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por tanto: 1º Cuando se inicie un asunto y se tramite a través de documentos físicos, sólo se imprimirán las actuaciones que resulten indispensables, como las constancias de notificación, y servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, pues los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes; y, 2º La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, y no se imprimirán ni agregarán al expediente impreso; que será aplicable a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós. 3º Ello, bajo ninguna circunstancia se obstaculiza la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. 4º Las partes podrán consultar este expediente mediante el uso de los dispositivos electrónicos respectivos. 5º Se privilegiará el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. 6º En caso de que alguna de las partes acuda físicamente a este Juzgado o cuando deseen asistir personalmente a consultar los expedientes por no ser posible a través de los dispositivos electrónicos, sólo se llevará a cabo a través del uso del equipo de cómputo que se tiene destinado para el efecto. 7º Y la atención en este órgano jurisdiccional por parte del personal únicamente se realizará a través del teléfono colocado en el área de atención al público, en el que estarán a la vista las extensiones de los servidores públicos para el contacto relativo. 9. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al(la) secretario(a) de guardia o al(la) actuario(a) adscrito(a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente; en el entendido que, conforme a los lineamientos establecidos en el multicitado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna; tomando en consideración que la firma electrónica da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Dos firmas ilegibles". Lo que transcribo para su conocimiento y fines legales consiguientes. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés.

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