Cristian Giovanny Esquer Hernández

Expediente 614/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2020.

Datos del expediente

Expediente
614/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
22/07/2020

Partes del expediente

  • Cristian Giovanny Esquer Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    En la Ciudad de México, veintidós de julio de dos mil veinte. Vista la promoción recibida vía electrónica, en términos del artículo 75 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a través del cual acusa recibo del diverso oficio signado electrónicamente número 12817/2020 de dieciséis de julio de dos mil veinte, por el que éste Juzgado se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo, mismo que se remitió de manera electrónica, e informa que acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se agrega en autos para los efectos legales conducentes, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en que éste Juzgado declinó la competencia del mismo, a través del proveído de dieciséis de julio de dos mil veinte. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que este Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, ni se encuentra dentro de los supuestos que establece el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo aludido, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) Ni contra resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente y; 4) No contiene alguna resolución de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por lo tanto, procédase a su destrucción, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere el punto Vigésimo, último párrafo del acuerdo de mérito, contados a partir del presente archivo. Notifíquese vía electrónica a la parte promovente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, dieciséis de julio de dos mil veinte. por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, por el periodo del dieciséis de junio al quince de julio del año en curso, el cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en que se establece lo siguiente: "Artículo 2. Habilitaciones y casos en que se reanudan los plazos. Durante la vigencia del Presente Acuerdo, se habilitan lo días y horas que resulten necesarios para que: VI. Las personas justiciables promuevan, únicamente por vía electrónica, los escritos iniciales de todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020 y mediante el uso de la FIREL o de la e.firma (antes FIEL). Lo anterior dará lugar a la integración de los expedientes regulados por dicho instrumento normativo, sin perjuicio de que la inclusión de las constancias respectivas en los expedientes físicos se realice una vez que se normalicen las actividades en el Consejo de la Judicatura Federal. VII. Las Oficinas de Correspondencia Común realicen el turno de los asuntos nuevos recibidos a través del Portal de Servicios en Línea. IX. Las y los titulares radiquen los asuntos nuevos recibidos por medios electrónicos y los órganos jurisdiccionales prosigan su trámite únicamente por vía electrónica, utilizando en todo caso, videoconferencias para el desahogo de las diligencias que requieran la presencia de las partes, cuando se puedan salvaguardar los derechos de las partes y los principios que rijan el procedimiento respectivo, a reserva de lo previsto en este Acuerdo para la materia penal. Lo anterior implica que el personal de los órganos jurisdiccionales privilegie el uso de herramientas tecnológicas, como SharePoint y el correo electrónico institucional para el envío de documentos, incluyendo la circulación de proyectos de resolución o sentencia en tribunales colegiados de Circuito. (Énfasis añadido) De lo anterior se advierte que, por el periodo del dieciséis de junio al treinta y uno de julio del año en curso, las personas justiciables podrán promover juicios de amparo únicamente por vía electrónica, los cuales serán turnados por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a los órganos jurisdiccionales en dicha materia, a efecto de que se radiquen y se prosiga con su trámite. Por lo tanto, vista la demanda de cuenta electrónica, promovida por ******************** ********************; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 614/2020 y se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. En principio, es preciso destacar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio está obligado a efectuar el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías, lo que se traduciría en una violación que invalida el proceso en perjuicio de los derechos sustantivos de las partes. Situación jurídicamente inadmisible, porque, se insiste, la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 21/2009, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Abril de 2009, página 5, de rubro: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO." Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos, constitucional y legales, antes citados, se analiza la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no infringir las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." Se reitera, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y, de resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, en el caso concreto interesa destacar, el referente a la competencia por materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.14o.C.8 K, emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1773, tomo XVIII, Agosto de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 183,506, de rubro: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO." De esta forma, la naturaleza del acto ha sido fundamental para establecer la competencia de los juzgados o tribunales por materia, buscando con ello garantizar la prontitud en la tramitación y fallo de los juicios, atendiendo a que la resolución de los asuntos por materia, requiere del conocimiento y experiencia de los que se dedican a cada una de ellas. Puntualizado lo anterior, es oportuno destacar que los artículos 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen y regulan la competencia por materia de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa y Jueces de Distrito en Materia de Trabajo, que en lo que aquí interesa destacar, son del contenido siguiente: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En el caso, del estudio integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama, en esencia, lo siguiente: a).- De la Directora de Formación, Actualización Médica e Investigación de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México: a.1) El Oficio número SSCDMX/DGPCS/DFAMI/0946/2019, de once de noviembre de dos mil diecinueve, en el cual se designa a ******************** y ********************, como profesores del Curso de Especialización en Medicina Legal. a.2) El Oficio número SSCDMX/DGPCS/DFAMI/1105/2019, de once de junio de dos mil veinte, en el cual se designa a ******************** y ********************, como profesores del Curso de Especialización en Medicina Legal. b) De la Directora de Formación, Actualización Médica e Investigación y de la Responsable y/o Jefa de Enseñanza e Investigación del Hospital General de Xoco, ambas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México: b.1). La videoconferencia celebrada el veintitrés de junio de dos mil veinte, en la cual se hizo la designación formal de ******************** y ********************, como profesores del Curso de Especialización en Medicina Legal. c) De la Responsable y/o Jefa de Enseñanza e Investigación del Hospital General de Xoco, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México: c.1) La omisión de seleccionar profesores para el Curso de Especialización en Medicina Legal, conforme a las Normas Operativas del Plan Único de Especializaciones Medicas de la Facultad de Medicina y los Lineamientos de Organización del Cuerpo de Gobierno en Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; y que reúnan los requisitos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-SSA3/2012. De lo anterior se advierte que la parte quejosa reclama de manera destacada los actos relacionados con la designación de profesores del Curso de Especialización en Medicina Legal. En ese contexto, se impone destacar que en la demanda de amparo, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que se encuentra inscrito en el referido curso, derivado de su carácter de médico residente de la especialidad de Medicina Legal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, por lo que, para acreditar que los actos reclamados afectan sus derechos fundamentales, exhibió los recibos de pago para demostrar que sostiene una relación laboral con la mencionada secretaría. Entonces, toda vez que el quejoso aduce que los actos que ahora reclama tienen un impacto en su esfera de derechos porque tiene el carácter de médico residente; es necesario establecer la naturaleza de los actos relacionados con dicha residencia médica. Para lo cual, es oportuno destacar que, respecto del tema de la naturaleza de los actos que impliquen a los residentes médicos, al resolver la contradicción de tesis número 308/2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió lo siguiente: "SÉPTIMO.-Análisis de fondo. Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, la postura sustentada por esta Segunda Sala, conforme a la cual los médicos residentes adscritos a una unidad médica receptora tienen la calidad de trabajadores. A tal conclusión se llega tomando en cuenta las siguientes consideraciones: Por principio, la actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en la Ley Federal del Trabajo. Particularmente en el capítulo XVI del título sexto ("Trabajos especiales"), capítulo que justamente se denomina "Trabajos de médicos residentes en periodo de adiestramiento en una especialidad". El texto de las normas relativas es el siguiente: Asimismo, el artículo 10.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, "Educación en Salud. Para la Organización y Funcionamiento de las Residencias Médicas", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2013, dispone que entre los derechos que corresponden a los residentes médicos se encuentra: "10.1 Recibir las remuneraciones y prestaciones estipuladas por la institución de salud." Como se puede advertir, tanto del texto de la ley, como de la norma oficial y de la exposición de motivos correspondiente, la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales. Aun cuando el vínculo que se da entre los médicos residentes con la unidad médica en la que participan tenga como fin el adiestramiento de los profesionales para lograr una especialidad, lo que en cierta forma les da el carácter de "alumnos", ello no puede disolver la relación que tienen como trabajadores, pues la residencia es consecuencia de la contratación del profesional con ese fin específico; y tampoco se puede contar con una plaza de residente, si no se tiene como finalidad cursar la especialidad. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo: la subordinación en la prestación del servicio; pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la "residencia médica" tiene una naturaleza eminentemente laboral, que se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajador y patrón. Por lo que los actos de la unidad médica en la que se realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en tales relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por ende, dichos actos no pueden ser considerados como de autoridad para los efectos del juicio de amparo." Lo destacado es propio. De lo anterior se observa que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya determinó que la naturaleza de los actos de la unidad médica en la que se realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en tales relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; lo anterior, ya que la actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en la Ley Federal del Trabajo. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia número 2a./J. 2/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Materia Laboral, página 608, que dispone lo siguiente: "MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular." Por lo tanto, si bien es cierto que las actividades que tenga como fin el adiestramiento de los profesionales para lograr una especialidad, como en el caso concreto, el Curso de Especialización en Medicina Legal; en cierta forma otorgue a los médicos residentes el carácter de "alumnos", ello no puede disolver la relación que tienen como trabajadores, pues la residencia es consecuencia de la contratación del profesional con ese fin específico. En consecuencia, por las consideraciones emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es inconcuso que los actos reclamados en el presente juicio, relacionados con la designación de los profesores que deben impartir el Curso de Especialización en Medicina Legal, en el que se encuentra inscrito el quejoso como médico residente; son de naturaleza laboral. Al respecto, se impone destacar que toda controversia que apunte a la preservación de derechos laborales, se encuentra enmarcada en los objetivos del derecho del trabajo y; en consecuencia, constituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia laboral, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución, por la ley o por contratos particulares en favor de los trabajadores o de los sindicatos de trabajadores o de los miembros de éstos. En efecto, para que el juicio de amparo se considere en materia de trabajo el acto reclamado debe afectar de manera directa e inmediata algún derecho consagrado en los derechos y prerrogativas previstas por el artículo 123 de la Constitución Federal, que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. Así, los anteriores aspectos, calidad del sujeto que interviene como parte en el juicio de amparo y naturaleza jurídica del acto reclamado, son los que determinan la existencia de un juicio de amparo en materia laboral, sin importar el origen del acto reclamado; es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, pues basta que se afecte algún interés fundamental tutelado por las disposiciones constitucionales y legales antes citadas y que en el amparo intervenga un trabajador en defensa de aquél para que se esté en presencia de un conflicto en materia de trabajo. Precisado lo anterior, se concluye, que los actos reclamados inciden en el ámbito de la materia laboral, pues repercuten de manera directa en los derechos laborales del quejoso, pues como se señaló en líneas precedentes, éstos derivan de una relación laboral preexistente, razón por la que este Juzgado Federal, considera que carece de competencia legal por razón de materia para conocer de la presente demanda de amparo. Es aplicable, en lo conducente, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9 del Tomo 205-216 Primera Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: ACTOS DE CONTENIDO MATERIALMENTE LABORAL REALIZADOS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. (Séptima Época, 232057, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, Primera Parte, Materia Administrativa, Laboral, página 9.) En este sentido, se considera que la competencia para conocer del presente juicio le corresponde a un Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues el artículo en mención, dispone que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia de Trabajo conocerán de los juicios que se promuevan en contra de actos u omisiones por autoridades distintas de la autoridad judicial en materia de trabajo. Lo anterior encuentra sustento por analogía y en lo conducente, en la tesis I.14o.T.1 L, del tenor siguiente: ACTOS DE NATURALEZA LABORAL. ELEMENTOS QUE LOS DEFINEN PARA EFECTOS DE COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. Cuando surge la disyuntiva de si un acto es de naturaleza laboral o administrativa, para considerar lo primero no basta con que el acto de autoridad tenga sustento en un dispositivo de la Ley Federal del Trabajo, ni que éste sea aplicado por alguna de las autoridades previstas en el artículo 523 de esa legislación, sino que debe tomarse en cuenta que la materia laboral se sustenta en el artículo 123 constitucional, que tiene sentido ampliamente protector de los trabajadores, y que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo de 1931, supera la concepción individualista que sustenta la relación de trabajo en el contrato libre, para dar paso a una concepción social que niega como función de la relación de trabajo el simple intercambio de bienes patrimoniales como se concibe en la doctrina liberal al trabajo y al salario, para en la nueva tendencia valorar en la más amplia dimensión los derechos humanos de los trabajadores. Además, debe tenerse presente que concebido el derecho del trabajo en el artículo 123 de la Constitución de 1917 como un sistema de mínimos derechos en favor de los trabajadores y máximas obligaciones a su cargo, se dota a la clase trabajadora de herramientas de lucha para superar sus derechos y disminuir sus obligaciones legales, como son la sindicación, la huelga y la contratación colectiva, que le permiten nivelar su fuerza social con la fuerza económica del patrón, entonces, también las controversias que tengan que ver con la formación, registro, funcionamiento y dirección de sus organizaciones, esto es, los conflictos intergremiales o de los sindicatos con sus agremiados, quedan comprendidas dentro del marco de la materia laboral. Por tanto, toda controversia que derive de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a la preservación de los referidos derechos o a la consecución de esas mejoras que superen los mínimos y máximos constitucionales, o que se dé dentro del ámbito sindical, quedarán enmarcados en los objetivos del derecho del trabajo y, por consecuencia, constituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia laboral, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución, por la ley o por contratos particulares en favor de los trabajadores o de los sindicatos de trabajadores o de los miembros de éstos. En conclusión, para que un acto de autoridad pueda considerarse de contenido materialmente laboral, no bastará que sea emitido por una dependencia prevista como autoridad del trabajo, ni que su actuación se sustente en la facultad para aplicar la Ley Federal del Trabajo, para vigilar y hacer efectivas las normas de esa legislación, ya que si no se vincula con alguno de los campos anteriormente señalados, se quedará en el mero ámbito de la relación autoridad-gobernado y, por consecuencia, deberá considerarse que se trata de un acto materialmente administrativo, cuyo conocimiento será de la competencia de un órgano de amparo en materia administrativa.(Registro 180735, visible en la página 1714 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, septiembre de 2004, relativo a la Novena Época, sustentada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito) Lo anterior máxime que el promovente no se ubican en ninguna hipótesis de excepción a la aplicación del Apartado B del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al no tener el carácter de militares, marinos, agentes del ministerio público, peritos, personal del servicio exterior o miembros de alguna institución policial, quienes se regirán por sus propias leyes, lo cual genera una relación de naturaleza administrativa con el Estado. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que las autoridades señaladas como responsables pudieran tener naturaleza administrativa, pues los actos que se reclaman en esta vía, son eminentemente laborales, ya que derivan de una relación laboral que guarda con la institución para la cual labora, actos que deben ser analizados por un Juez de Distrito especializado en esa materia, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 55 de la ley Orgánica del poder Judicial de la Federación antes transcrito. Por los motivos antes señalados, se determina que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a este órgano jurisdiccional; por ello, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo y los artículos 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente por razón de materia, para conocer de la demanda de garantías y ordena remitir únicamente de manera electrónica, vía interconexión, el presente expediente, al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera competente para conocer del asunto. Se solicita al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, que por razón de turno le corresponda conocer de la presente demanda de garantías, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. En consecuencia, toda vez que únicamente se enviará de manera electrónica el presente expediente y, con la finalidad de ahorrar recursos materiales y evitar la duplicidad de actuaciones, no se forma cuaderno de antecedentes. Con fundamento en el artículo 3 de la ley de la materia, se autoriza la consulta del expediente electrónico a ********************, toda vez que es a quien corresponde el nombre de usuario ******************** registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se advierte que el promovente solicitó en su demanda que se le notificará de manera electrónica toda clase de resolución, se autoriza el nombre de usuario "********************el cual se encuentra registrado en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE 2.0); se ordena que las subsecuentes notificaciones, incluyendo la del presente proveído, aún las de carácter personal, sean realizadas vía electrónica. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Notifíquese, y electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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