Cristian Fernando Sánchez Patiño
Expediente 1060/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1060/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/05/2023
Partes del expediente
- Cristian Fernando Sánchez Patiño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación de cuenta, así como el estado de autos, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días hábiles previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra del acuerdo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Ahora bien, ya que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. Ahora, en conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/drm
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRES; Tijuana, Baja California, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese1 a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo que remite el Director del Centro Penitenciario "El Hongo ll", mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de tres de abril del año en curso. Luego, de las constancias remitidas con el oficio que se atiende, consistente en copia de la orden de liberación dentro de la causa penal 419/2011, instruida ante el Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el siete de febrero del año en curso, se dejó en 1 Constancia a la que se otorga pleno valor probatorio en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, véase la jurisprudencia 1a./J. 27/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30, tomo XXV, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de marzo de 2007, Novena Época, registro 173071, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." libertad al aquí quejoso Cristian Fernando Sánchez Patiño. Por lo expuesto, se estima que en la especie se actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, debido a un cambio en la situación jurídica del quejoso. Para avalar la postura que antecede, es pertinente destacar el contenido del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica [...]" Del numeral transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento administrativo, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica; lo que se considera acontece en el presente asunto. En efecto, de las constancias que integran el presente juicio de derechos fundamentales, se desprende que el quejoso Cristian Fernando Sánchez Patiño, reclamó de la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución en Tecate, Baja California, la omisión de la autoridad responsable de proveer de conformidad respecto de la solicitud del día dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del incidente del beneficio de libertad preliberacional y le fije fecha de audiencia para que se resuelva dicho incidente y hasta el momento de la presentación de la demanda, no había tenido solución alguna. Sin embargo, de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable, consistentes en la orden de liberación agregada el día de hoy, derivadas de la causa penal 419/2011, instruida ante el Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129, 197, 202, 207 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y que se analizan en este momento procesal en términos de la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprende que el siete de febrero del presente año, Cristian Fernando Sánchez Patiño, obtuvo su libertad. En ese sentido, es claro que al haberse decretado la libertad del quejoso en la causa penal 419/2011, quedaron consumadas en forma irreparable las violaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda; ello en virtud del cambio de situación jurídica que operó en la persona de Cristian Fernando Sánchez Patiño, por no poderse decidir en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de la libertad decretada por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate. Sustenta lo anterior, por las razones que la conforman, la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cincuenta, tomo XXVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 171841, que señala (énfasis añadido): "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos. Contradicción de tesis 143/2006-PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito (actual Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito) y el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito (actual Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del mismo circuito). 9 de mayo de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. Tesis de jurisprudencia 95/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha trece de junio de dos mil siete." Consecuentemente, resulta inconcuso que en el caso se surte la hipótesis de improcedencia invocada y, por ende, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto del quejoso Cristian Fernando Sánchez Patiño. En consecuencia, se ordena dejar sin efecto la audiencia constitucional señalada en autos, debiéndose hacer la anotación correspondiente en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Finalmente, atento a la constancia actuarial de trece de febrero de dos mil veintitrés, de la que se desprende la imposibilidad de la fedatario judicial para notificar personalmente al quejoso Cristian Fernando Sánchez Patiño, en razón de que éste fue puesto en libertad, y al no contar en autos con diverso domicilio en que pueda ser notificado, notifíquesele por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio del cual se desprende que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, a la fecha se advierte no fue posible notificar al quejoso Cristian Fernando Sánchez Patiño el proveído de diecisiete de enero del año en curso, toda vez que fue informado por el Asesor Jurídico del Centro de Reinserción Social "El Hongo 2" con sede en Tecate, Baja California, que el peticionario de amparo fue puesto en libertad. Ahora bien, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo 2" con sede en Tecate, Baja California, para que dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de que reciba el oficio que se gire con motivo del presente proveído, informe la fecha y hora en que el aquí quejoso Cristian Fernando Sánchez Patiño, fue puesto en libertad y remita copia certificada y legible de las constancias que así lo acrediten, o bien, manifieste la imposibilidad legal que tuviere para ello. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa consistente en cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de esta misma fecha; lo anterior, con fundamento en los numerales 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se fijan las trece horas con veinte minutos del tres de mayo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/drm
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