Cristian Fernando Parra Esparza
Expediente 1815/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1815/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Cristian Fernando Parra Esparza
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración la constancia de fecha veintitrés de noviembre pasado, levantada por la actuaria de la adscripción, de la que se advierte que por los motivos que expuso, no le fue posible notificar y emplazar al presente juicio al tercero interesado José Vicente Mosqueda Espitia, al presente juicio constitucional. En mérito de lo anterior, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste si conoce el domicilio actual y correcto del nombrado tercero interesado, y en su caso, lo proporcione a este juzgado, a fin de estar en aptitud de emplazarlo al presente juicio. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, las notificaciones y emplazamientos de mérito se harán por edictos a su costa, tal como lo dispone el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; previo dictado de las medidas que se estimen pertinentes, con el propósito de averiguar el domicilio de aquella. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veintinueve minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe, se procede a celebrar la audiencia incidental, sin contarse con la asistencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas. La Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos y se da cuenta con el informe previo rendido por el Magistrado Tercero y Presidente de la Primera Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia, recibida en este Juzgado Federal el día hábil anterior, cuya promoción fue registrada con el número 18034; asimismo, se da cuenta con la razón actuarial de fecha veintitrés de noviembre pasado, de la que se advierte que por los motivos expuestos en dicha razón, no fue posible notificar al tercero interesado José Vicente Mosqueda Espitia, el contenido del proveído de veintiuno de noviembre del presente año, dictado en estos autos, en el que se concedió la suspensión provisional a la parte quejosa. A lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede, por rendido en tiempo y forma el informe previo de cuenta y atento a lo informado por la Secretaría, en el sentido de que aún no ha sido notificado el citado auto de veintiuno de noviembre pasado al tercero interesado José Vicente Mosqueda Espitia; sin que ello sea obstáculo para la celebración de la audiencia incidental, pues la suspensión provisional y la definitiva, son dos estadios diferentes y por ende tienen autonomía jurídica propia. Tiene aplicación, por analogía, la Jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 190667, que a la letra dice: "SUSPENSION PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEIDO QUE LA CONCEDE. La segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si esta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión". en tal virtud, celébrese la presente audiencia. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS, no se da cuenta, con promoción alguna. A lo que el Juez acuerda: en atención a lo informado por la Secretaria, SE DECLARA CERRADO EL PERIODO DE PRUEBAS. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS, la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: en atención a lo informado por la Secretaría, SE DECLARA CERRADO EL PERIODO DE ALEGATOS. A continuación, no habiendo diligencias por desahogar, ni pedimento formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, el Juez declara visto el incidente y procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1815/2023-V-B, promovido por ******************** por conducto de su defensor Juan Pablo Aké Chan; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, promovida por ******************** por conducto de su defensor Juan Pablo Aké Chan, solicitó la suspensión definitiva respecto del acto que reclama de la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Formación del cuaderno incidental. Por acuerdo dictado en el juicio principal el veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos mediante proveído de esa propia fecha, se ordenó notificar a las partes, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se proceden a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, que hizo consistir en: La resolución de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en el toca 225/2023 en la que revocó la aprobación de la suspensión condicional a proceso en la causa penal 212/2023 del índice del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado. SEGUNDO. Certeza de los actos. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado pues así lo manifestó expresamente en su representación el Magistrado Tercero y Presidente de la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado al rendir su informe previo. TERCERA. Análisis respecto de la suspensión definitiva solicitada. Ahora bien, en cuanto a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén; por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que el otro se cumpla, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado precepto de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. En ese tenor, para resolver sobre la suspensión debe examinarse, en primer lugar, si la parte quejosa la solicitó y si acredita cuando menos, su interés suspensional, ya que tal interés se encuentra vinculado con la afectación que los actos reclamados pudieran ocasionar en la esfera de la parte quejosa. De ahí que, si tales actos reclamados no afectan el interés o no causan un perjuicio o agravio a la parte quejosa, es innecesario el análisis de tal medida suspensional, pues es menester abordar en primer lugar, si dichos actos pueden causar o no un perjuicio al impetrante del amparo, esto es, si el solicitante de la medida cautelar cuenta con un interés tutelado que le pueda ser afectado con la ejecución o continuación de la ejecución de tales actos reclamados. Ahora bien, con fundamento en los artículos 128 interpretado en sentido contrario, y 138, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el acto reclamado tiene el carácter de acto consumado, con efectos positivos, pues atendiendo a su naturaleza ya se emitió, sin embargo respecto a sus efectos y consecuencias es válido hacer pronunciamiento. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el número de registro 917546, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Atendiendo a lo anterior, al encontrarse reunidos los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, respecto de las consecuencias de la resolución reclamada en la que se revocó la suspensión condicional del proceso 212/2023, aprobada por el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justica Penal Acusatorio y Oral del Estado, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que no se ejecute el acto reclamado y por tanto no se dicte el auto de apertura a juicio; lo anterior, hasta en tanto reciba notificación en la que se resuelva el fondo del asunto en el cuaderno principal de donde derivaron estos autos incidentales. La presente medida suspensiva se concede con las más amplias facultades que la Ley concede al suscrito, y para conservar la materia del juicio de amparo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE CONCEDE la suspensión definitiva solicitada por ********************, contra el acto que reclama de la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en la tercera consideración de esta resolución incidental. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio de cuenta signado por la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación adscrita a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, el cual remite en relación con el requerimiento que se le hizo por auto de nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Al respecto informa el estado que guarda la ejecución de las multas relacionadas en acuerdo de cuatro de agosto de la presente anualidad, señalando que además del mandamiento de ejecución, con número de control 331753Z1204647 de doce de septiembre de dos mil veintitrés, a fin de ubicar posibles bienes susceptibles de embargo para, en su caso, hacer efectivo el cobro del adeudo encomendado, giró oficios a las autoridades que precisó y remite copia certificada de los mismos. Por otra parte, indicó que se encuentra en vías de emisión del oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para conocer información de cuentas bancarias a nombre de la contribuyente relacionada con las multas impuestas. Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional se da por enterado para los efectos legales conducentes. Ahora bien, respecto a la petición de apoyo por parte de este juzgado, a fin de proporcionarle más información de Diana Isabel Dzul Leo (Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán), dígasele que los datos que se le han precisado en los oficios correspondientes, son los únicos con los que cuenta este órgano de control constitucional. En consecuencia, requiérase nuevamente a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de cinco días contados a partir de la notificación del presente auto, informe los actos posteriores a lo aquí comunicado, tendentes a lograr el eficaz cobro de las multas impuestas. Apercibida que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo establece la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la ley de la materia, equivalente a $5,187.00 (cinco mil, ciento ochenta y siete pesos, con cero centavos, moneda nacional). Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio de cuenta signado por la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación adscrita a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, el cual remite en relación con el requerimiento que se le hizo por auto de nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Al respecto informa el estado que guarda la ejecución de las multas relacionadas en acuerdo de cuatro de agosto de la presente anualidad, señalando que además del mandamiento de ejecución, con número de control 331753Z1204644 de doce de septiembre de dos mil veintitrés, a fin de ubicar posibles bienes susceptibles de embargo para, en su caso, hacer efectivo el cobro del adeudo encomendado, giró oficios a las autoridades que precisó y remite copia certificada de los mismos. Por otra parte, indicó que se encuentra en vías de emisión del oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para conocer información de cuentas bancarias a nombre de la contribuyente relacionada con las multas impuestas. Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional se da por enterado para los efectos legales conducentes. Ahora bien, respecto a la petición de apoyo por parte de este juzgado, a fin de proporcionarle más información de Diana Isabel Dzul Leo (Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán), dígasele que los datos que se le han precisado en los oficios correspondientes, son los únicos con los que cuenta este órgano de control constitucional. En consecuencia, requiérase nuevamente a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de cinco días contados a partir de la notificación del presente auto, informe los actos posteriores a lo aquí comunicado, tendentes a lograr el eficaz cobro de las multas impuestas. Apercibida que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo establece la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la ley de la materia, equivalente a $5,187.00 (cinco mil, ciento ochenta y siete pesos, con cero centavos, moneda nacional). Notifíquese y cúmplase.
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