Cristian Federico Antunez Britez
Expediente 1532/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1532/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/11/2022
Partes del expediente
- Cristian Federico Antunez Britez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Adquiere firmeza. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de las resoluciones en las que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al Capítulo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Incidente. Sin que en el caso se haya tramitado incidente de suspensión. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a siete de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, los oficios y anexos, remitidos por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad; por medio de los cuales informa que otorgó la salida definitiva del país al quejoso *****, a partir del uno de noviembre de dos mil veintidós. Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. ****De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia que textualmente dice: ****En el caso, la parte quejosa (1) Cristhian Federico Antúnez Britez, en su escrito inicial demanda -el cual fue ratificado mediante diligencia de dieciséis de septiembre del año en curso- solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que a continuación se transcriben: ****Lo anterior en virtud de que desde el día que fuimos detenidos y privados de nuestra libertad en esta ciudad, por personas que ahora se son funcionarios de la autoridad responsable sin encontrarse justificada mi detención, no me han informado de mis derechos y tampoco el motivo, por lo que al encontrarme privado de mi libertad considero que fui objeto de un ilegal detención además de que se me ha restringido la comunicación y mi derecho al debido proceso considerando con tales autoridades responsables tratan en nuestra contra mi deportación o expulsión del país, motivo por el cual es que acudimos a solicitar el amparo y protección de la justicia federal. Esto es así en razón que a este momento no nos han notificado o indicado cuál es nuestra situación legal en estas instalaciones donde estamos detenidos y privados de mi libertad. b) De igual forma se reclama que se ha violado el DEBIDO PROCESO, LOS DERECHOS HUMANOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN CONTRA DEL HOY QUEJOSO, esto debido que desde el día que fuimos detenidos, nos tienen privados de nuestra libertad e incomunicado en las instalaciones de la estación migratoria de Mexicali, Baja California, del Instituto Nacional de Migración (INAMI), ubicado en la garita ubicada en el centro de la ciudad. c) Las autoridades responsables han omitido proporcionar a los quejosos información de la que tenemos derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en términos del artículo 13 fracción III, de la Ley de Migración que a letra dice: ****De lo anterior, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que la quejosa esencialmente, se duele de la incomunicación, privación de la libertad y/o detención en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad. Ahora, de la constancias enviadas por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el uno de noviembre del año en curso, se otorgó a **** la salida definitiva del país. En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. ****Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las once horas con cuarenta minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese personalmente al promovente de la demanda *****
- Principal
Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA ******, NO ATENDIO EL AVISO QUE LE FUE DEJADO EL 19 DE OCTUBRE DE 2022, SE LE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL MISMO Y SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Oficio. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, mediante el cual remite las constancias que le fueron requeridas en relación al cumplimiento del fallo protector. Vista. Con fundamento en el artículo 196, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista y correr traslado a la parte quejosa y parte tercero interesada, con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinte de octubre de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por ****, en su carácter de apoderado de la parte tercero interesada ***** en el presente juicio de amparo; y en atención a su proveído se acuerda lo siguiente. Alegatos. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que hace la parte tercero interesada en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional respectiva. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional respectiva. Requerimiento. Ahora bien, respecto a las diversas pruebas que ofrece, en especial la testimonial a cargo de ****, y toda vez que con su desahogo pudiera actualizarse una causal de improcedencia, la cual es de orden público y estudio preferente por este Juzgado de Distrito, previo a proveer al respecto, requiérase al licenciado *****, en su carácter de apoderado de la parte tercero interesada ****, para que dentro del término de tres días, contados a partir de notificación del presente proveído, aclare a este Órgano Jurisdiccional si el juicio de amparo 86/2018 a que hace referencia en la parte conducente del ofrecimiento de dichas pruebas, pertenece al índice del Juzgado Primero de Distrito de este Circuito, o al índice de este Juzgado Sexto de Distrito, toda vez que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que corresponde al índice de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y no al órgano que menciona en su escrito; lo anterior, toda vez que con ello se advierte la existencia de indicios de que se surte alguna causal de improcedencia en el ejercicio de la acción constitucional intentada con la presentación de la demanda de amparo. Sustenta lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor siguiente: *******Notifíquese; y, personalmente al licenciado ****, en su carácter de apoderado legal de la parte tercero interesada ****.
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